Desde mi cátedra

LA CONCERTACIÓN SOCIAL PARA LA REFORMA LABORAL BAJO LA PRESIÓN MEDIÁTICA

2012-01-14T18:30:00.002+01:00

En los blogs amigos, Según Antonio Baylos y Metiendo Bulla de la rica esfera paparandiana se están intercambiando muy atinados y profundos puntos de vista sobre las nuevas formas del conflicto social. Una cosa que emerge en todos ellos es la enorme importancia que hoy tiene el tratamiento mediático. En esa línea, una reflexión se añade desde aquí, cual es que probablemente la importancia del tratamiento mediático sobre la eficacia del conflicto está en relación con la mayor o menor generalidad del mismo, partiendo siempre de que los medios, por lo general, son hostiles a todo conflicto y, por extensión a los sindicatos. Pero la presión mediática no solo afecta, como ya sabe, al conflicto social. Estos días, en concreto, estamos viendo cómo la presión mediática está pervirtiendo el sentido de la concertación social.

Como en alguna ocasión ha dicho nuestro querido maestro Umberto Romagnoli, la concertación social es una hermosa flor que crece en la campiña, libre, no es cultivada en un jardín bajo la atenta mirada y cuidados (abonos, insecticidas, podas) del jardinero que consigue incluso hacer minúsculos bonsáis de lo que podrían llegar a ser grandes árboles. Esa flor es hermosa porque mejora los mecanismos de representación de intereses de una gran parte de la población dentro de las democracias europeas y no solo europeas, que tienen el gran problema de ser poco representativas y con una gran distancia entre representantes y representados, de lo que es muestra la simpatía que despiertan movimientos como el 15 M. Es decir, mejora la democracia misma. Las reformas que se hacen a través de la concertación social gozan de una legitimidad mayor que las impuestas por leyes aprobadas en exclusiva por las cámaras legislativas.

Pero eso era hasta esta crisis. Desde 2010 los Gobiernos constriñen a las partes sociales a que concierten una reforma y les marca el guión y los plazos (un guión escrito, además, en organismos supranacionales). Es evidente que como son reformas que recortan derechos a los trabajadores, los Gobiernos con ese modo de proceder pretender evitar el desgaste que la impopularidad de la reforma conlleva. Pero ya no estamos ante una flor nacida en la campiña, sino en un estrecho “formal garden” que tiene en los medios de comunicación a uno de sus más implacables jardineros.

El caso presente es paradigmático. Se ha demostrado por activa, pasiva y perifrástica, que las reformas laborales ni crean ni destruyen empleo, sin embargo el nuevo gobierno conservador español, con potente estruendo mediático, lanzó a viento y marea, apenas tomó posesión, que era urgente una reforma laboral más profunda que la se acaba de hacer en 2010, y puso plazo. Ahora el guión estaba sugerido a través de la patronal. La última es la rebaja de nota de las agencias de calificación. ¿Qué es lo que destacan los medios de formación de la opinión? Que si no hay reforma laboral se seguirá rebajando la nota, cuando es un disparate lógico, es solo una descarada manifestación de chantaje. Los especuladores internacionales se sentirán más proclives a comprar deuda soberana española si los trabajadores españoles tienen menos derechos y los empresarios más poderes para disponer de la fuerza de trabajo. Pero ese fue el argumento en 2010 y 2011 y, a pesar de que se hicieron las reformas, los especuladores quieren más, no se sienten satisfechos y nunca lo estarán.

En estas condiciones el papel del sindicato confederal es muy delicado. Rechazar las negociaciones de plano, aún en esas condiciones, no parece la vía adecuada cuando están en juego condiciones de vida y trabajo de muchos trabajadores que pueden ver perjudicada su situación seriamente si se deja vía libre a una imposición unilateral por parte de Gobierno y patronos, pero si la reforma del 2010 ya fue contestada con una huelga general y la base de partida de la negociación actual es que los parados actuales son debidos a la timidez de la misma, y, además, se pone un plazo perentorio, no puede decirse que estemos ante una reforma, sino de un trágala con el que el gobierno busca una legitimación a sus impopulares recortes, ahora de derechos. Si los sindicatos no pactan, los bombardeos de los medios ya se ven venir con el previsible argumento de que son organizaciones caducas que defienden a los ocupados (insiders) frente a los desocupados (outsiders). Pero si pactan, esos mismos medios no dejaran muchas opciones a explicar los argumentos sindicales con claridad y acabarán sutilmente (y no tan sutil) pintándolos como colaboracionistas. Los sindicatos corporativos o de categorías, mejor tratados por los medios, lo tienen más fácil porque los intereses más amplios de los trabajadores y ciudadanos les son secundarios y de paso aprovecharán para lanzar las más gruesas descalificaciones a los sindicatos confederales. Con la reforma de la Seguridad Social ya hubo un claro ejemplo. Si de los que se trata en esta falsa negociación es de que los sindicatos contribuyan a legitimar un (todavía) mayor poder empresarial a cambio de una vana cuestión de fe de que algún día mejorará el empleo gracias a estos “sacrificios”, pues la verdad no parece que merezca la pena. Como diría Carlos Puebla: “Para la leche que da la vaca, que se la tome el ternero” y que cada palo aguante su vela.

EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR

2012-01-10T18:42:00.003+01:00

Como se ve en el magnífico artículo de Umberto Romagnoli (publicado en el diario Il Manifesto), el pensamiento de los juristas y economistas del capital es el mismo en todas partes. Son poco originales los empresarios españoles y sus ideólogos cuando piden eliminar el papel del juez en el control de la decisión de despedir, especialmente por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción y, más en general, los despidos objetivos. Si el diseño estratégico de los empresarios es supranacional, parece que las respuestas sindicales tendrían que ser una combinación de acciones nacionales, pero, sobre todo, supranacionales.

EL RETORNO DE LA LICENCIA PARA DESPEDIR [1]

Umberto Romagnoli

El trabajador puede legítimamente dimitir en todo momento sin ni siquiera decir por qué. Pero, si es despedido, puede obligar al empresario a que convenza al juez de que el despido es justificado y, si este no es capaz de hacerlo, será indemnizado. Es lo que he enseñado a mis estudiantes durante muchos lustros. Pero no antes del año académico de 1966-67. En efecto, fue en julio de 1966 cuando una ley rompió con una larga tradición jurídica, codificada en 1942, según la cual para extinguir el contrato de trabajo bastaba la voluntad de una de las partes, con la única obligación de preavisar; aunque el despido sea una medida que, mientras para quien realiza puede ser incluso un capricho, para quien lo sufre puede ser un drama.

Probablemente, sin embargo, durante el año académico 2011-2012 los estudiantes de los cursos de derecho del trabajo deberán metabolizar conceptos sensiblemente diversos. En efecto, parece inminente la revisión de la legislación vigente que presumiblemente equiparará la libertad económica del empresario a la libertad personal del trabajador a su servicio, en la medida en que el despido tendrá un tratamiento más próximo al previsto para la dimisión y menos penalizante que el actual.

Esa proximidad no exige la abrogación del art. 18 [2]. De hecho, ahora es impropio colocarla en el centro de la reforma; como por el contrario sucedió hace diez años, cuando la norma estatutaria recibió los dardos del gobierno Berlusconi por su dureza sancionatoria, que (como es sabido) toca el punto más alto con la reconstrucción, no solo formal de la relación de trabajo sino con la efectiva reintegración del trabajador sustituible por una indemnización de 15 meses a elección del trabajador injustamente despedido. Esta vez, no. La agresión no viene propuesta en estos términos. En parte porque es una insensatez desafiar de nuevo la ira popular y en parte porque en estos 40 años de experiencia se ha comprendido que la readmisión del trabajador injustamente despedido no es en absoluto automática: o es espontánea o no es.

Si se mira bien, el ataque a la regulación vinculante del despido ha cambiado de dirección. No es ya la radicalidad del aparato sancionatorio el dato normativo a eliminar. Más bien es la radicalidad de la revocación de la licencia para despedir sancionada en la ley del 1966. En realidad esta es la ley que desarrollando los input de la preexistente contratación colectiva interconfederal en el sector de la industria, prohíbe los despidos impuestos no solo por motivos ligados a comportamientos del trabajador reconducibles a “notables” incumplimientos contractuales, que el léxico jurídico define como “subjetivos”, sino también por motivos “inherentes a la actividad productiva, a la organización del trabajo y al regular funcionamiento de la misma”, que el mismo léxico define “objetivos”.

La extensión de la prohibición y la indeterminación de su formulación textual lo transforman en un vínculo destinado a retroactuar sobre la gestión de la empresa y, por lo tanto, a chocar con la garantía constitucional de la libertad de iniciativa económica, pero no es que la disposición legal sea anticonstitucional. Puesto que, según la constitución, la libertad de empresa “no puede desplegarse en contra de la utilidad social”, es pura ideología sostener que el despido –solamente porque sea impuesto por motivos objetivos- sea en si socialmente útil. Usado para hacer cuadrar las cuentas de la empresa, se constituye como el resultado de un cálculo de conveniencia que el empresario efectúa contrastando la utilidad económica de mantener al trabajador y las ventajas que le procuran su despido. Pero, de acuerdo con lo pensado por los autores de la ley del 1966, toca al juez -¿y a quien si no?- establecer la entidad del sacrificio que razonablemente impone a la empresa. Por esto los reflectores han estado siempre apuntando a la aplicación que los jueces hacen de la ley limitativa del despido.

Para apreciar de modo pleno el impulso que han tomado los propósitos revisionistas, de los que hoy están llenas las crónicas, con la mirada puesta en la praxis jurisprudencial, es suficiente referirse a la indulgencia de la casta empresarial (y de sus abogados de confianza) hacia la disposición legislativa de 2001 que consiente “la adición de un término a la duración del contrato frente a razones de carácter técnico, productivo, organizativo”. Sin embargo, también aquí se está en presencia de una definición legal del motivo justificado de la predeterminación de la duración del contrato de trabajo que, como en el caso del motivo justificado de despido, deja al juez una amplia discrecionalidad valorativa de resultado incierto. Aunque el efecto limitativo de aquella norma no puede decirse que se haya debilitado por el filtro judicial, se está de hecho produciendo bien sea porque el fenómeno de la precarización está alimentado por una impresionante cantidad de contratos estructurados de diverso modo por la ley de 2003 como alternativa a la figura clásica del contrato a término, bien sea porque son muchos los factores que impiden a los precarios acudir al juez, muchos más de los que pueda tener un trabajador despedido. En suma, el contencioso judicial relativo a la licitud de la imposición de un término final a la relación de trabajo, cuantitativamente inferior al de la controversia en materia de despido, no preocupa.

Esto significa que también la presión para re-regular el despido sería menos violenta si no hubiese decisiones acumuladas de los jueces (del pretor de provincia hasta la casación) que se las ingenian –con la sabiduría empírica de que son capaces y el patrimonio de conocimientos de que disponen- de buscar un aceptable equilibrio entre la tutela del interés de los ocupados a la conservación del puesto de trabajo y el interés del empresario a reducir los costes empresariales. Por esto, todo el problema nace del hecho de que la casta empresarial esperaba que la magistratura se limitase a aceptar la coherencia del nexo de causalidad entre la motivación del despido y la decisión de despedir, convalidando la valoración hecha por la empresa. Viceversa, ha asistido con creciente frustración a la formación de una orientación tendencialmente hostil a la idea de que despedir por motivos “objetivos” sea una medida de adecuación automática a las exigencias objetivas que solo la empresa es capaz de evaluar. Es decir, la jurisprudencia es considerada un obstáculo a la llamada flexibilidad de salida porque es propensa a considerar injustificados los despidos que, aún siendo adoptados por motivos objetivos, se han decidido sin tomar en adecuada consideración el interés sacrificado.

Una actitud de este tipo –hija de una concepción de la libertad de empresa alejada de la cultura tecnocrática dominante- no ha agradado jamás a los gobiernos Berlusconi, los cuales han comenzado pronto a manifestar su contrariedad: en principio en el Libro Blanco de 2001 y, de seguido, creando un conjunto de incentivos para la composición extrajudicial de los litigios de trabajo que expresa una incomprensible desconfianza hacia los jueces. En esta dirección va una norma contenida en el chapucero paquete legislativo denominado “ collegato lavoro” (relacionado con el trabajo) aprobado por el Parlamento en 2010, en donde se afirma que “en todos los casos en los cuales las disposiciones legales contengan cláusulas generales” –como en materia de despido o de contratación de trabajadores a tiempo determinado y, en general, de “ejercicio de poderes de dirección”- “el control judicial queda limitado exclusivamente a la comprobación del presupuesto de legitimidad y no puede extenderse al análisis de fondo sobre valoraciones técnicas, organizativas y productivas que competen al empresario”. Con este tono, tan profesoral y fuera de lugar, se imparte a los jueces la directiva hermenéutica de imitar el íter argumentativo querido a los sofistas: “post hoc ergo propter hoc”. Se puede también ironizar sobre el deseo del legislador de condicionar el proceso de formación del convencimiento del juez a fin de privilegiar a priori uno de los intereses en juego. Va dado, sin embargo, que la estrategia de deslegitimación y marginación del papel de los jueces (no solo) del trabajo, teorizada en la era berlusconiana, ha gozado siempre de consensos políticos transversales y son tantos los que comparten que, si se quiere en serio que el papel de estos jueces sea sustancialmente de estilo notarial, es necesario establecer netamente que el asunto del despido por causas “objetivas” quede fuera de cualquier control. No por casualidad el gobierno Monti mira con simpatía un proyecto de ley (que no es del Partido Democrático, pero está en la operación) presentado por un grupo de parlamentarios del PD (el primer firmante Pietro Ichino), donde se prefigura un singular acto civilmente licito y, no obstante esto, productivo de daños en alguna media resarcibles: como, por ejemplo, el despido por motivos “objetivos” que se convierte así en un instrumento ordinario y normal de gestión de la empresa fuera de control. En efecto, también este es un modo de celebrar la apología de la escuela de pensamiento que predica “más sociedad, menos Estado”. Un Estado cuyos jueces tienden a considerar el despido una extrema ratio, cohonestándolo solo si se persuaden que no hay otra alternativa.

Si al final viene a la luz esta especie de salvoconducto judicial de una de las más significativas manifestaciones del poder de directivo empresarial, la primacía de la empresa en la sociedad será reconfirmada y el proceso de restauración de la autoridad patronal acelerado. Pero sería arbitrario, porque la constitución atribuye al conjunto de los componentes de la Republica – sin exclusión alguna- la tarea de “promover las condiciones hacen efectivo el ejercicio del derecho al trabajo”: entre los cuales está comprendida una verificación del correcto ejercicio del poder de despedir.

[1] Traducción Joaquín Aparicio Tovar.

[2] Se refiere al art. 18 de Lo Statuto dei lavoratori que impone la reintegración al puesto de trabajo, como se explica más adelante, haciendo referencia a la ley del 66, la cual da al juez la facultad de declarar la nulidad del despido sin justa causa o motivo justificado (Nota del traductor).

ES EL TRABAJO, NO, EL EMPLEO, SEÑORA

2011-12-27T12:10:00.001+01:00

¡Arriba los de abajo!

Es muy significativo que, junto al nombramiento como Ministro de Economía del que fuera presidente para España y Portugal del Banco Lehman Brothers hasta el momento de su ruina, el Gobierno del PP haya decidido acabar con el Ministerio de Trabajo. Ahora se llamará Ministerio de Empleo (y Seguridad Social) a cuyo cargo ha puesto a la señora Báñez. Alguien puede pensar que en unos tiempos en los que las palabras se corrompen para ocultar la realidad da un poco lo mismo cómo se nomine un Ministerio, pero no es así. Si se corrompen las palabras es para corromper las ideas, para construir la realidad al gusto de quienes las pervierten o para expresar opciones valorativas determinadas, como es el caso de la desaparición del Ministerio de Trabajo. Este Ministerio se creó en 1920, cuando las clases dominantes de la restauración borbónica decidieron unificar desde este departamento la acción pública que respondiese con algunas reformas a la llamada “cuestión social”. Aquellos años estaban dejando en España una oleada de agitación social que no podía parar la mera represión. 1917 fue un año especialmente agitado en el que una gran huelga fue la respuesta de la clase obrera, harta de soportar la carestía y el aumento de precios de los alimentos que trajo consigo la exportación a los países contendientes en la Primera Guerra Mundial que con escarnio enriquecía a una élite.

Desde entonces el Ministerio de Trabajo, aún con otros nombres añadidos, ha existido siempre, cualquiera que fuese la forma que adoptase la estructura administrativa del Gobierno en todos los periodos y regímenes que desde aquel año han existido en España: la restauración borbónica en régimen caciquil , la dictadura de Primo de Rivera, la II República, el franquismo, la transición, la monarquía parlamentaria constitucional con sus diversos periodos de gobiernos de centro, socialistas, derechas, socialistas de nuevo. Hasta la semana pasada en la que lo que era una Secretaría de Estado de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo se ha convertido en el Ministerio eliminando el trabajo. Es un cambio que tiene que ver con un enfoque erróneo de la actual situación.

Nadie duda que el desempleo es el más grave problema de la sociedad española, pero es evidente que si los desempleados aspiran a trabajar es porque hacerlo es el modo de obtener una vida digna. Es el modo en el que la inmensa mayoría de los comunes mortales consiguen, no solo los recursos necesarios para la subsistencia, sino la sociabilidad que les hace gozar de los bienes de la ciudadanía. Los modos de trabajar pueden ser diversos, por cuenta propia o por cuenta ajena, pero siempre es necesario proteger a la persona que trabaja, porque la mercancía trabajo, objeto del contrato que lleva ese nombre, es tan delicada porque es inseparable de la persona que trabaja. No cualquier forma de trabajar vale, lo que quiere decir que es el trabajo el valioso y codiciado bien que es necesario proteger, que tiene que estar en el centro de la valoración social. Hacer evidente esta gran verdad ha costado titánicos esfuerzos a generaciones pretéritas que ahora parece que con el chantaje del empleo se quieren mandar al cubo de la basura de la historia.

Algo más del veinte por ciento de la población activa está hoy desempleada, lo que es un drama, pero eso quiere decir que el ochenta por ciento está ocupada ¿Es aceptable que en nombre de la noble lucha contra el desempleo desatendamos las tutelas que protegen a la persona que trabaja? ¿Es aceptable que la política de empleo tenga tal preeminencia que en la organización administrativa española desplace al trabajo? No es aceptable porque una política de empleo digna de ese nombre, es decir una política orientada al pleno empleo como nuestra constitución impone a los poderes públicos, solo puede hacerse desde orientación más general de la política económica y no con medidas ancilares de corte laboral. Ya se anuncia la degradación aún mayor del trabajo cuando el nuevo ministro de Economía ha fijado entre sus prioridades modificar “el mercado laboral”, es decir, reducir el trabajo a una mercancía mas maleable, como si los trabajadores fueran los causantes del desempleo. Es una hipocresía aplicar una política económica (control del déficit público, austeridad, debilitación de lo público y de los servicios sociales) que está demostrado no crea empleo, para a reglón seguido degradar las escasas garantías que protegen el trabajo con la excusa de mejorar el empleo. Hasta las personas más ingenuas se dan cuenta que de todo ello es aprovechar el miedo de los trabajadores al despido para aumentar la tasa de explotación en favor de las clases sociales que nos han llevado a esta crisis. Por eso, señora Ministra no es el empleo, sino el trabajo y su valoración el problema más grande que tenemos en España. Aún está a tiempo de mandar el BOE una rectificación de errores y volver a llamar a su Ministerio como de Trabajo. Cosas más gordas se han hecho otras veces.

LA EXTREMA DERECHA EN UN EJERCICIO DE PATRIOTISMO...

2011-12-18T16:08:00.005+01:00

... DESCUBRE QUE EL DERECHO SOCIAL NO PROTEGE AL TRABAJADOR. (PORQUE PARA HACERLO HAY QUE PROTEGER ANTES AL EMPRESARIO)

Los servicios de información de la República de Parapanda no descansan y en su afán por conocer las más señeras aportaciones científicas que aparecen en los medios de todo el mundo, dieron con unas revelaciones trascendentales sobre la función del derecho social, que si no han tenido la repercusión mundial que merecen solo se explica por las maquinaciones del contubernio judeo-masónico del comunismo internacional.

Esas grandes verdades se dijeron en un programa nocturno de una cadena televisiva de extremo patriotismo. Lo que algunos resentidos llaman de extrema derecha. En una tertulia en la que se dicen las verdades del barquero con el estilo popular de las barberías de pueblo de los años en los que el Caudillo guiaba los destinos de España, un grupo escogido de comunicadores, con la facundia propia de “sargentos avinados” lanzaban soflamas de cinco centímetros de profundidad a las que respondía el profesor Juan Antonio Sagardoy.

Fueron tres la grandes verdades que emergieron de esas profundidades. La primera: El Derecho del Trabajo no protege al trabajador sino al puesto de trabajo, como en la Rusia soviética y así, claro, el pobre empresario no tiene más remedio que despedir porque hace improductiva su empresa. Eso de buscar el equilibrio entre las partes contratantes desiguales, nada de nada, lo hay que hacer para proteger el trabajador es darle empleabilidad, que se vaya a otro sitio cuando el empresario considere que ya no le sirve. Pero tiene que estar formado para el nuevo trabajo, aunque sea muy distinto del que venía ejerciendo hasta ese momento. Se deducía de aquello que uno hoy puede trabajar de arquitecto y mañana de jardinero, todo es ponerse si se tiene preparación. ¿Cómo se crean esos nuevos trabajos? Evidente querido Watson, por la iniciativa libre del empresario cuando no tenga tantos obstáculos que le pone la legislación laboral.
Segunda verdad, los sindicatos actuales son un estorbo. En ese momento una pregunta que llamaba a la acción salió de la boca de una aguerrida señora “¿Qué hacemos con los sindicatos, profesor?” No hay que gasearles, eso nunca lo dijo el profesor Sagardoy. Hoy por hoy solo hay que quitarles algunas de las funciones que hacen, en concreto en materia de negociación colectiva. Hay que hacer acuerdos de empresa y para eso los sindicatos confederales estorban. Tampoco la CEOE debe tener “el poder” que tiene, porque esta organización y los sindicatos confederales se han convertido en monstruos burocráticos que solo justifican su existencia por la concertación social y por los convenios colectivos supraempesariales.

La tercera verdad, según el profesor Sagardoy, es que eso de que haya derechos sociales a la educación, a la asistencia sanitaria y en general a las prestaciones sociales de todos los ciudadanos, como si fueran “casi como un derecho natural” , eso es un disparate del que tuvo la culpa Olof Palme, quien hay que suponer que en su tumba se habrá sentido muy orgulloso de que se le atribuyan cosas que ya habían dicho William Beveridge, Herman Heller y tantos otros antes que él. Quién sabe si le mataron por creerse tales disparates e intentar llevarlos a la práctica. No señor, habrá prestaciones según se vea como van las cosas en cada momento, pero todo revisable.

Creemos que con esta revelación de los servicios informativos de la República de Paparanda hacemos una contribución para que brille la verdad frente a la conjura de izquierdistas trasnochados que lo que quieren es subir como ratas por el mástil que sostiene la bandera de la libre empresa y de la patria para roerlas. A última hora nos ha llamado el presidente de la CEOE, el sr. Rosell para felicitarnos por nuestra labor y decirnos que las discrepancias con lo dicho en ese programa son menores y que en poco tiempo se arreglaran de la manera que siempre se ha hecho.

¿DÉFICIT?: EL DE DEMOCRACIA EN LA UNIÓN EUROPEA

2011-11-17T17:16:00.001+01:00

La obsesión por el equilibrio presupuestario de la derecha europea se ha impuesto en España con una reforma de la Constitución sin que el titular de la soberanía, el pueblo, haya podido pronunciarse. Ha bastado un diktat de las élites que gobiernan la Unión Europea. En la tragedia griega un atropello ha ido detrás del otro. Ha bastado el anuncio de la intención de llamar en referéndum al pueblo para pronunciarse sobre las medidas de ajuste impuestas por la UE, para que los especuladores supranacionales, a quienes los medios de formación de la opinión denominan como “mercados” temblasen primero para, poco después, hacer que reaccionasen sus diligentes servidores (FMI, Comisión Europea, Sarkozy, Merkel). El resultado ya es conocido, en Grecia un gobierno elegido democráticamente ha presentado la dimisión. En Italia, aún con sus peculiaridades, ha ocurrido algo parecido. La pugna entre democracia y “mercados” se está decantando a favor de estos últimos. Las recetas de los organismos internacionales tienen que ser aplicadas por tecnócratas salidos de los intestinos de la gran banca, precisamente la que tanto ha contribuido a la generación de esta crisis. Es un escándalo que gente de Goldman Sachs sea la que tenga las riendas del gobierno económico de Europa. Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

No es extraño que los ciudadanos sientan una desafección de la integración europea, pero como desde la UE se imponen impopulares medidas a los Estados miembros, esa desafección se contagia también de las instituciones representativas de estos. La crisis no es ya económica y social, sino también política. Se ha producido una inversión importante porque muchos ciudadanos europeos podían estar razonablemente orgullosos de la integración europea, conseguida, aún con sus contradicciones y dificultades, hasta el Tratado de Amsterdam, en vigor desde 1999. Parecía en aquel tiempo que Europa estaba en el camino de llegar a ser un ejemplo para el mundo globalizado al ofrecer una fórmula de superación de los límites de los Estados nacionales mediante la creación de lazos de solidaridad entre los distintos pueblos en torno a los derechos fundamentales, en especial los de contenido social, que darían su rasgo distintivo a ese espacio de libertad. Pero la integración empezó su declive con el Tratado de Niza de 2001, la posterior ampliación a los países del este europeo y siguió con el Tratado de Lisboa. Si siempre ha habido una tensión entre las libertades económicas y los derechos fundamentales, a partir de 2001 la balanza se inclinó a favor de aquellas al tiempo que se iniciaba una regresión hacia la renacionalización. La derecha europea, y en concreto el presidente español de entonces, Aznar, volvió de Niza con el orgullo difícil de entender de haber impedido una Europa federal y ahora, de aquellos polvos, estos lodos, porque al estallar la crisis de 2008 las instituciones de la UE fueron incapaces de reaccionar, precisamente cuando más falta hacía la respuesta supranacional. A ellos hay que atribuir una parte de la responsabilidad de la lamentable situación actual.

Una situación en la que no solo se están cercenando derechos sociales, es decir, se está haciendo cargar con el peso de la crisis a los trabajadores, sino que también se están sacrificando las formas democráticas. El déficit democrático que tiene el funcionamiento de las instituciones de la UE se ha justificado como algo transitorio en tanto no emergiera un nuevo pueblo europeo, un demos titular de los poderes soberanos ante el que los dirigentes supranacionales europeos deberían de rendir cuentas. Es la justificación, por ejemplo, que hace el Tribunal Constitucional alemán para mantener sus reticencias a la atribución de competencias a la Unión. La forma de presentar la crisis por los medios de persuasión ha amedrantado a la ciudadanía, ha separado a los distintos pueblos, de lo que es muestra la inicua soledad en la que se ha dejado al pueblo griego, ha acentuado los egoísmos nacionales y alejado la formación de ese demos. Pero se da la paradoja de que, a pesar de la renacionalización que se impuso con el cambio de rumbo de Niza, los Estados nacionales son tan limitados que ahora no pueden dar respuestas eficaces, pero también son evidentes las limitaciones de la UE, lo que se está aprovechando por parte de Merkel y Sarkozy para imponer soluciones que favorecen a las clases sociales dominantes actuando al margen de los Tratados en una esfera intergubernamental de más que dudosa legalidad. No hay pues vuelta atrás a la supranacionalidad, pero la salida a esta crisis se está haciendo a costa de la democracia que si no se corrige puede tener efectos desastrosos.

Joaquín Aparicio Tovar

CON JOAN COSCUBIELA CONTRA LA XENOFOBIA

2011-10-16T12:50:00.000+02:00

Joaquín Aparicio Tovar

El candidato al Congreso de los Diputados Joan Coscubiela ha anunciado hace unos días que impulsará, si es elegido, la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que penalice la xenofobia y el racismo. Es una iniciativa necesaria en extremo ante la deriva que está tomando nuestra democracia. Es cierto que los problemas sociales, como algunos que subyacen a la xenofobia, no se arreglan solo con leyes, pero no lo es menos que las leyes, y en particular las leyes penales, deben de expresar la ética de nuestro tiempo que oriente el comportamiento de todo@ los ciudadan@s . Los desvalores más inaceptables en una convivencia civil son los que merecen el rechazo de la sanción penal, y el racismo y la xenofobia son algunos de esos desvalores. Hay que recurrir a la reacción penal cuando personas que ocupan cargos públicos hacen declaraciones xenofóbicas o abiertamente racistas y, al mismo tiempo, dicen estar ejerciendo un derecho democrático de libertad de expresión, así como dicen pertenecer a partidos democráticos que tienen la libertad como enseña (especialmente la libertad de mercado). Es una corrupción de la democracia, pues ante todo la democracia se basa en la igualdad y en la común dignidad de los seres humanos.

Las declaraciones que denigran a quienes son diferentes, las actitudes y las acciones violentas que de modo inevitable les siguen, son manifestación de un grave mal social que con la crisis amenaza con extenderse. No es incoherente que los que se niegan a recordar los horrores del fascismo que todavía hoy mantiene en fosas clandestinas a miles de asesinados por las tierras de España, sean los que amparen y alienten aquellas actitudes. Eso constituye la primera y taimada corrosión de los valores que deben iluminar una sana convivencia democrática.

Los que quieren olvidar aquellos horrores quieren evitar las preguntas ¿cómo pudo ocurrir? ¿cómo algunos seres humanos llegaron a tal grado de abyección? Mucho se ha escrito, pero ahora y aquí recordamos un párrafo del prólogo de la novela de Primo Levi Si esto es un hombre. Primo Levi era un ciudadano de Turín que fue deportado al campo de extermino de Auschwitz en 1944 y fue de los pocos que sobrevivió. En 1958 escribió estas palabras : “Este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con intención de formular nuevos cargos; sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen, más o menos conscientemente, que “todo extranjero es un enemigo”. En la mayoría de los casos esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente; se manifiesta sólo en actos intermitentes e incoordinados, y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el Lager. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro.”

LA CARTA SECRETA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

2011-10-15T12:16:00.003+02:00

La carta del BCE al Gobierno italianoEl texto, publicado (y traducido al Inglés) del "Corriere della Sera", enviado a Italia a principios de agosto con las medidas que deben tomarse como condición (aunque no declarada oficialmente) por el apoyo de las intervenciones del banco central.

Señor Primer Ministro,

El Consejo de Banco Central Europeo el 4 de agosto se ha discutido la situación en los mercados de bonos del gobierno italiano. El Consejo de Gobierno considera que la acción urgente es requerida por las autoridades italianas para restaurar la confianza de los inversores. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro-21 de julio 2011 llegó a la conclusión de que todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible para cumplir plenamente sus soberanos individuales y la firma de todos sus compromisos con las condiciones sostenible reformas fiscales y estructurales.

El Consejo considera que Italia tiene que fortalecer con urgencia la reputación de la soberana y su firma en su compromiso con la sostenibilidad fiscal y reformas estructurales.El Gobierno italiano ha decidido aspirar a un presupuesto equilibrado en 2014, y para ello, ha introducido recientemente un paquete de medidas. Son pasos importantes, pero no suficientes. En la situación actual, consideramos que las medidas esenciales:

1. Vemos la necesidad de medidas importantes para aumentar el potencial de crecimiento. Algunas decisiones recientes tomadas por el gobierno se mueven en esa dirección, así otras medidas que se están discutiendo con los interlocutores sociales. Sin embargo, se necesita más y es paso crucial en este sentido con la decisión. Los principales desafíos incluyen la creciente competencia, especialmente en los servicios, mejorar la calidad de los servicios públicos y el rediseño de los sistemas impositivos y regulatorios que son más adecuados para apoyar la competitividad empresarial y la eficiencia del mercado de trabajo.a) Se necesita una estrategia integral, la reforma radical y creíble, como la plena liberalización de los servicios públicos locales y los servicios profesionales.

Esto debería aplicarse en particular a la prestación de servicios locales a través de privatización a gran escala.b) Existe también la necesidad de proseguir la reforma del sistema de negociación colectiva sobre salarios, lo que permite acuerdos a nivel de empresa con el fin de reducir los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas y hacer que estos acuerdos más relevantes que otros niveles de negociación. El 28 de junio un acuerdo entre los principales sindicatos y asociaciones de la industria se están moviendo en esta dirección.c) se debe tomar un examen cuidadoso de las normas que rigen la contratación y despido de empleados, el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de políticas activas para el mercado de trabajo que son capaces de facilitar la reasignación de recursos para empresas y hacia sectores más competitivos.

2. El gobierno necesita tomar medidas inmediatas y decisivas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.a) Otras medidas son la corrección necesaria del presupuesto. Consideramos que es esencial para las autoridades italianas para anticipar al menos un año calendario de entrada en vigor de las medidas adoptadas en el paquete de julio de 2011. El objetivo debe ser un déficit mayor de lo esperado hasta ahora en el 2011, un requerimiento neto de 1% en 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013, principalmente a través de recortes de gastos.

Usted puede tomar medidas adicionales en el sistema de pensiones, el endurecimiento de los criterios de elegibilidad para la jubilación y traer de vuelta la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado rápidamente en línea con lo establecido para el sector público, con un importante ahorro en el año 2012. Además, el gobierno debería considerar una reducción significativa de los costes del empleo público, el fortalecimiento de las normas de facturación (la nota de sustitución) y, si es necesario, mediante la reducción de los salarios.b) Debe ser una cláusula de reducción automática del déficit, que especifica que cualquier desviación del déficit se compensa de forma automática con cortes horizontales en los gastos discrecionales. c) debe ser sometido a un estricto control de la asunción de la deuda, incluido el comercial, y los costos de las autoridades regionales y locales, de conformidad con los principios de la reforma en curso de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno. Dada la gravedad de la situación en los mercados financieros, consideramos crucial que todas las acciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se toman lo más pronto posible el decreto, seguida de la ratificación parlamentaria a finales de septiembre de 2011. Sería apropiado también una reforma constitucional que hace que las reglas presupuestarias más estrictas.

3. También alentamos al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar una revisión de la administración pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la capacidad para satisfacer las necesidades de las empresas. Los organismos públicos deben convertirse en el uso sistemático de indicadores de desempeño (especialmente en la salud, la justicia y la educación). Hay una necesidad de un fuerte compromiso para abolir o fusionar algunos niveles administrativos intermedios (tales como las provincias). Las acciones deben ser fortalecidas para aprovechar las economías de escala en los servicios públicos locales.Confiamos en que el Gobierno tomará las medidas adecuadas.

Mario Draghi, Jean-Claude Trichet

NI POR LA FORMA NI POR LOS CONTENIDOS. NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

2011-09-04T11:05:00.001+02:00

La democracia, es de sobra conocido, implica que el ejercicio del poder debe de someterse al respeto de ciertas formas establecidas en la Constitución . Esto es una exigencia primaria y necesaria que se resume en la fórmula de estado de derecho. Pero la experiencia de los años 30 del siglo XX en que los regímenes nazis y fascistas utilizaron los mecanismos del estado de derecho para masacrar la democracia llevó a que en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial se estableciera la necesaria vinculación del entero ordenamiento jurídico y de la acción de los poderes públicos a los principios superiores de justicia, libertad, igualdad, a los que nuestra constitución añadió el pluralismo político. Esas constituciones, y también la nuestra, fueron fruto de amplio consenso social y el constituyente no es otro que el pueblo en el reside la soberanía.

Ayer, sin embargo, los ciudadanos españoles y de todo el mundo pudieron asistir atónitos al espectáculo de unos representantes de la soberanía popular que emulando a los magníficos velocistas jamaicanos han consumado el primer acto de una reforma constitucional de la que nadie sabía nada apenas diez días atrás. Acabó con los representantes del PSOE cariacontecidos y silenciosos mientras los del PP aplaudían tan contentos. Muy significativo. Si esta reforma llega a consumarse en el Senado, como es probable, se habrá constitucionalizado la prohibición del déficit público de manera taxativa, desligado de otras consideraciones de política social o económica y de ese modo se limitará profundamente la capacidad de maniobra del Estado español para llevar a cabo en determinados momentos, según las circunstancias históricas lo demanden, las transformaciones sociales que permitan corregir desequilibrios tanto territoriales como entre los diversos grupos sociales, es decir, avanzar en el camino de la igualdad que es la esencia del Estado Social. El Estado Social, y por tanto las clases menos favorecidas de la sociedad, serán los que sufran las consecuencias de esta reforma. Lo serán porque esta modificación se produce en un momento en que se está propugnado la jibarización del Estado y, en consecuencia, se propugna una política impositiva regresiva. Como ya enseñaba el sr. Perogrullo el déficit se produce por un desequilibrio entre ingresos y gastos, pero si no se apuesta por una política tributaria redistributiva, entonces la contención del déficit solo puede venir por la reducción de los gastos sociales. Ya se está viendo de modo claro lo que pasa en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha, empezando Cataluña y siguiendo por Castilla-La Mancha.

Un cambio constitucional de esta naturaleza exigiría un amplio debate social porque los parlamentarios no son los titulares de la soberanía, que hay que recordar es el pueblo, por lo tanto no deberían ser ellos los llamados a una modificación tan grave del pacto social fundante de nuestra convivencia. Mucho más cuando se hecho en pleno periodo vacacional a espaldas de la ciudadanía. El truco de reformar el art. 135 para evitar el referéndum no es más que eso, un truco porque, como se acaba de decir, con esta reforma se compromete el art. 1.1 CE, lo que, de acuerdo con el el art. 168 CE exige la convocatoria de un referéndum para ratificarla.

Se ha dicho que esta modificación se ha emprendido para dar confianza a los especuladores (los mercados). Pero no parece que los partidos mayoritarios hayan tomado nota de que ese mismo argumento lo han usado para la reforma laboral o para la reforma de la Seguridad Social y no ha servido. Cuando se cae en la sumisión a los especuladores, estos nunca se darán por satisfechos, siempre querrán más.

Tampoco es una exigencia del art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni del protocolo sobre los déficits excesivos. De hecho el valor de referencia del 3 por ciento de déficit marcado en este último texto ha sido ampliamente superado por Alemania y Francia cuando les ha sido conveniente. El problema del déficit debe encuadrarse en el nivel infraconstitucional en el marco de la integración política, social y económica europea. Al llevarlo al la constitución se está atentando, no solo contra el Estado Social, sino contra el pluralismo político pues limita de modo extraordinario la puesta en prácticas de otras políticas económicas que no sean neoliberales. Esta reforma es, además, innecesaria porque ya el art. 40 CE impone la estabilidad económica pero compaginándola con la promoción del progreso social y económico y con una “distribución de la renta regional y personal más equitativa”.

El problema, como ha señalado el diputado Antonio Gutierrez de forma lúcida, está en la dimensión europea, no en la nacional. Es evidente que sin una fuerte unión política y económica es muy difícil que funcione la moneda única, sino es pagando precios durísimos como los que estamos pagando todos los países europeos, aunque unos más y otros menos, pero ahora ya Alemania tiene un crecimiento cero y sus clases trabajadoras han visto reducida su capacidad de consumo mientras que las acomodadas han aumentado sus beneficios. Una medida de este tipo, tomada del modo apresurado como se ha hecho e inspirada por una representante de la derecha alemana como la sra. Merkel, tendrá consecuencias a medio y largo plazo para la construcción, no solo de la Europa social, sino simplemente de Europa. El socialista italiano Guiliano Amato en una entrevista con Rossana Rossanda señala una que puede ser de suma importancia cual es que en el caso de que se decidiese la creación de los eurobonos, al estar incluida en la constitución alemana la cláusula de estabilidad podría plantearse la cuestión al tribunal constitucional de aquel país (que ya ha suscitado problemas con la normativa europea) sobre la base de que con dichos bonos se estaría asumiendo la garantía de los débitos de otros, atribuyendo un débito futuro a cargo del presupuesto alemán desequilibrándolo, lo que sería inconstitucional. Otra trampa jurídica.

En resumen, ni por el contenido, ni por la forma, ni por la oportunidad está reforma constitucional no debería llevarse a cabo, pero al menos ¿no habrá un diez por ciento de diputados o senadores que pida un referéndum en aplicación del art. 167.3 CE? A ellos apelamos. Si no existieren se habrá ampliado el alejamiento ya preocupante entre los representantes políticos y l@s comunes ciudadan@s.

Joaquín Aparicio Tovar

CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

2011-09-03T16:55:00.000+02:00

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Septiembre de 2011.

EN CONTRA DE ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

2011-09-02T12:12:00.001+02:00

Ante el anuncio de la reforma de la Constitución que se ha producido sorpresivamente en estos días, JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere manifestar públicamente su rechazo a la precipitada alteración de nuestra norma básica de convivencia.

Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas. Por ello, es fundamental que sean producto del consenso ciudadano. Su función no es sólo regular aspectos concretos de la organización política o económica, sino fundamentar esa propia organización, ser la fuente y el límite de futuras decisiones. Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales de representación democrática, pero no pueden pretender suplantar la totalidad de la participación social. Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales, son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Los debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente. Se ha propuesto una reforma por sorpresa, en período estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas sólo participadas por las cúpulas de dos partidos. Esos dos partidos ostentan legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos, pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron. Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado. Estas formas han impedido que conozcamos los motivos concretos de la reforma, el texto completo de la misma con tiempo para su análisis, y las opciones alternativas que se pudieran presentar. Ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones. El debate en las cámaras no tiene sólo la función de convencer a los grupos parlamentarios, permite que la totalidad de la sociedad contemple los argumentos que cada opción presenta. Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras. La democracia debe reconquistar la economía, la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas. Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida. Tras entregar grandes recursos públicos en rescate de instituciones privadas, la desmemoria se ha instalado a sorprendente velocidad. Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los Mercados exigen reformas que la población no puede discutir, que requieren sacrificios que no pueden cuestionarse. Decidir qué hacemos con las políticas presupuestarias, fiscales o económicas en general, permite múltiples respuestas. Pero lo propuesto no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia. Se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego, no por explicar los motivos contrarios a ellas, sino para contentar exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias ciegas e injusticias bien visibles. En consecuencia, JpD rechaza que se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica. Todo ello, con el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos Mercados.

El Secretariado, Madrid, a 29 de agosto de 2011

PEDAGOGÍA DEL LAPIDADO (Raúl Zaffaroni)

2011-08-15T12:29:00.000+02:00

Han llegado a mi conocimiento interpretaciones del hecho que me afecta vinculándolo con conflictos a los que soy por completo ajeno. En principio, a mi juicio no tiene esto nada que ver con cruces que puedan tener otros poderes del Estado con diferentes grupos empresariales o de medios ni con otros intereses. Las interpretaciones en ese sentido las respeto, pero corren por cuenta de quien las hace y no son la mía. Tampoco tienen nada que ver con este hecho personas a las que se pretendió vincular, como candidatos, dirigentes políticos y altas personalidades de la Iglesia. Todos ellos me merecen el mayor de los respetos que, por otra parte, es el mismo que he puesto de manifiesto en toda ocasión. Nos hallamos en una etapa electoral que, codazo más o menos, quienes recordamos tiempos oscuros, la vivenciamos como una fiesta de la democracia. En modo alguno debe permitirse que se mezcle con esto.
Aunque no sea sencillo, debemos calmarnos y observar con alguna distancia los hechos. Las difamaciones pasan, unos pocos las creen, otros pocos simulan que las creen, los más las repudian; las elecciones también pasan, unos las ganan y están felices, otros las pierden y quedan tristes, pero debemos todos juntos mantener las condiciones para que siempre vengan nuevas elecciones.
Para no confundir los hechos con el marco, prefiero elegir como tema para esta clase inaugural un análisis detallado del hecho en el marco de lo que en varias publicaciones vengo denominando criminología mediática.
- Observador participante. Las circunstancias han querido que me halle en la curiosa situación de un observador participante, cuyo rol es el de objeto de una tentativa fallida de construcción mediática de la realidad (en el sentido de Berger y Luckmann). No es posible asumir la función de observador participante sin estar involucrado en el hecho investigado, pero el éxito del método depende de la distancia que logre poner el observador a la hora de extraer las consecuencias.
- Caracterización del hecho. Estimo que el hecho puede caracterizarse como lapidación mediática. Sé que no faltan quienes prefieren linchamiento mediático, pero existe una diferencia sustancial, señalada por René Girard: en el linchamiento se toca materialmente a la víctima; en la lapidación se la persigue arrojando piedras hasta que ésta sucumbe o se precipita al vacío; los ejecutores son anónimos, nadie se atribuye el resultado y nadie se contamina físicamente con la víctima. En lo mediático, evitar la contaminación física es una coartada importante (¡Se mató solo! ¡Nadie lo tocó!). La lapidación responde al llamado de un empresario moral en el sentido de Bronislaw Malinowski, es decir, de alguien que llama la atención sobre un hecho e invita a arrojar piedras. Pero las motivaciones del empresario moral no necesariamente son las mismas de quienes se van sumando a la tarea lapidaria.
- Motivaciones. En este caso los lapidadores actúan con muy diferentes motivaciones. Veamos:
1
Una ONG en busca de promoción para desplazar a posibles competidoras.
2
Sectores minoritarios de seguridad afectados ávidos de venganza (y de advertir a otros) porque el lapidado promovió el secuestro de 4.000.000 de dosis de paco y el procesamiento de más de 100 personas.
3
Sectores de burócratas internacionales o de sus subordinados o lacayos locales, preocupados por lo que el lapidado discurre acerca del crimen organizado y en especial respecto del lavado de dinero. Tienen alcance internacional y se han ocupado de difundir el hecho.
4
Sectores vinculados a intereses locales a los que resulta molesta la actual composición del máximo tribunal y su prestigio nacional e internacional.
5
Sectores de los medios que difunden el discurso vindicativo y empujan hacia el Estado gendarme, molestos porque se les analizan y ponen de manifiesto sus técnicas y sus artimañas generadoras de pánico moral.
6
Personas con escaso éxito político –algunas sólo viven de la política y de la denuncia gratuita– a las que el hecho puede brindar un escenario que sus dotes no les ofrecen (Somos los únicos limpios, todos los demás son sucios).
7
Profesionales que ven afectados sus intereses por las sentencias del tribunal, sobre el cual no pueden ejercer poder.
8
Profesionales que ambicionan ocupar un día el lugar del lapidado y envidian su prestigio y conocimiento (¿Por qué él, si yo soy más?).
9
Empleados de empresas amarillistas que procuran obtener la noticia del año y ser premiados con algún emolumento complementario.
10
Personas vinculadas a la dictadura militar o a sus simpatizantes.
11
Quienes suponen que a través del lapidado pueden erosionar a otras instituciones o personas.
12
Personas ideológicamente enfrentadas (aunque este subgrupo por lo general es reducido, porque siempre quien tiene una ideología tiene también una cosmovisión y esto impone algunos límites éticos).
La lista de lapidadores puede extenderse, pues el enunciado anterior no es exhaustivo, aunque es suficientemente demostrativo de la pluralidad de motivaciones. Lo importante es destacar que sin un empresario moral no hay lapidación, pero que tampoco la hay si no existe una cantidad de personas dispuestas a escuchar su llamado y a lapidar, aunque sus motivaciones sean por completo diferentes.
- Perfil del agredido. El segundo elemento a tener en cuenta es el perfil del agredido. Ante todo debe elegirse a alguien al que se considera capaz de quebrarse o incapaz de resistir las pedradas. Cabe presumir que el perfil de quien por lo general tiende a resolver o minimizar conflictos lo hace porque es vulnerable. El lapidado piensa que la víctima tiene puntos débiles en su vida por los que puede entrar su ponzoña y, como no los conoce, proyecta sobre la víctima su propia inmoralidad como deducción. El apedreador arroja las piedras sin estar seguro de dar en el blanco y, con la esperanza de hallar alguna falla en la víctima, presume que ésta –al igual que él– sufre la misma carencia de escrúpulos y valores, por lo que puede equivocarse fácilmente.
Cuanto más inmoral es el apedreador, mayor es la inmoralidad que proyecta sobre la víctima, al imaginarla parecida a él. El lapidador imagina una combinación de morbosidad y ambición desmedida de poder y dinero. Aunque el lapidador no dé en el blanco sigue insistiendo sobre la víctima con la esperanza de golpear mejor, pero tampoco sabe muy bien si lo conseguirá, en especial cuando a la víctima no se le encuentran fallas reales escandalosas. El perfil respetable, conservador y solemne del agredido favorece los golpes del lapidador, pues puede más fácilmente tildar a la víctima de hipócrita, pero es mucho más difícil golpear a una víctima cuando ésta tiene perfil transgresor, como en este caso.
- Instrumento. El principal instrumento de lapidación es la prensa amarilla, que es una patología de la comunicación que por regla general tiene un público cautivo cercano al de la clientela de la pornografía. Esta empresa no conoce ningún límite ético. Si bien en la ética periodística existen muchas zonas grises, la empresa amarilla no reconoce ni siquiera los principios más elementalísimos de la ética, los viola todos. Si no hiciese esto carecería de capacidad de lesión al proyectar su propia inmoralidad sobre el lapidado.
Es interesante observar que la prensa amarilla se vale de un proletariado de jóvenes que cumplen las tareas menores y más desagradables, necesitados de su salario –que debe ser miserable– y que mientras arrojan piedras sobre el lapidado le piden disculpas porque están trabajando y hasta le envían mensajes más o menos anónimos de adhesión disculpándose por no aparecer públicamente en su defensa. Algo análogo suele suceder con algunos de quienes practican personalmente la tortura.
La inmoralidad de la prensa amarilla causa a estos jóvenes serios problemas de conciencia. Las consecuencias últimas de esta degradación del proletariado del amarillismo en la personalidad de los explotados no son menores, considerando que se trata de personas muy jóvenes y que conservan restos de dignidad y valores.
- Mecánica de la agresión. La mecánica de la lapidación mediática asumió en el caso una forma bastante compleja. Se abrió con la difusión de mails hackeados, adulterados e inventados, publicados en un sitio cuya dirección electrónica fue difundida por la prensa no amarilla. Primera tentativa de lesión a la autoestima de la víctima.
Previamente, la víctima fue sometida a un estudio completo a efectos de obtener información que pudiera ser material de extorsión. El resultado de esta investigación fue alertar al banco extranjero del que la víctima era cliente desde hacía veinticinco años y éste decidió cerrarle su cuenta en razón de ser una persona políticamente expuesta. (Cabe observar que si la víctima hubiese operado con un testaferro la cuenta no hubiese sido cerrada, lo que indica que algo anda mal en el mundo y no sólo en lo local.) El banco adoptó una actitud francamente discriminatoria con un cliente antiguo y con una cuenta cuyo movimiento era ínfimo y transparente. Se comunicó con el cliente y le informó poco menos que no quería problemas con un sudaca con un depósito despreciable. Segunda lesión a la autoestima de la víctima.
Sucesivos recados telefónicos eran dejados todos los días avisando lo que se publicaría en la prensa amarilla al día siguiente. Los llamados eran insistentes, reiterados varias veces al día, dejados en el contestador, remitidos a la cuenta de mail. El objetivo era mantener al hostigado en permanente estado de zozobra y alteración del sueño, induciendo una fijación persecutoria. Esto hubiese sido muy grave en caso de personalidad paranoide. También se buscaba que éste se preguntase permanentemente si había hecho algo errado. Frente a una personalidad culpógena esto podría acarrear una grave depresión e inducir errores de conducta. No fue el caso de la víctima de este hecho, que no tiene personalidad paranoide ni mucho menos culpógena, como máximo quizás un poco esquizoide.
Esos estados se potencian a través de los mismos métodos aplicados a todo el equipo de colaboradores, hostigados a distintas horas del día y de la noche. El objetivo fue desestabilizar a éstos, cada uno de los cuales tiene sus propias características conforme a las cuales reacciona y, en su afán por contener el avance del hostigamiento, desconciertan al hostigado, que se ve obligada a contenerlos. A ese efecto la prensa amarilla se agenció los teléfonos celulares de todo el equipo mediante procedimientos que no se conocen, pero no cabe descartar su carácter corrupto.
Paralelamente se procedió a instalar una guardia de fotógrafos en la puerta del domicilio particular del hostigado y a fotografiarlo cuando entraba y salía de la casa y a seguirlo cuando caminaba por la calle, como también a todas las personas que entraban y salían, a interrogarlas, a mostrar las fotos a los vecinos para que identificasen a cada uno, a fotografiarlo en el acto electoral, a interrogar al personal de servicio. Esto buscaba producir en la vida hogareña del hostigado el mismo efecto reproductor que con sus colaboradores, en forma tal de impedirle eludir la tensión y la zozobra en ningún momento del día ni de la noche.
Entre los hechos extraños que tuvieron lugar en forma contemporánea al hostigamiento se produjo la visita de una mujer, que intentaba entrar al domicilio del hostigado, con el pretexto de ejercer la prostitución y ofrecerse para armar una coartada. Si bien puede ser una coincidencia provocada por una persona desequilibrada, no cabe descartar otras hipótesis.
Con todo esto se busca que el hostigado esté fijado en el hecho en forma permanente, lograr que no piense en otra cosa, impedirle la distancia del hecho y la consiguiente reflexión y hasta el descanso. Si esto no doblega psicológicamente al hostigado, éste debe cargar con la pesada tarea de alertar constantemente a los colaboradores, convivientes, personal de servicio, vecinos, etcétera.
Uno de los objetivos del hostigamiento era individualizar al apoderado de la víctima, proyectando sobre ésta la propia inmoralidad en la idea de que esa persona era un testaferro encargado de sus negocios sucios. En realidad la desilusión debe haber sido absoluta. No dudo de que hayan acudido al Registro de la Propiedad y verificado que éste es un monotributista que sólo posee una casa prefabricada de fin de semana en una provincia y un automóvil. Otra pedrada sin eficacia.
Alertada la víctima por el llamado del banco extranjero y en pleno trámite de transferir el dinero de la cuenta al país en forma perfectamente legal, se mantenía atenta acerca de la posibilidad de manipulación deformadora de esta información, lo que llegó el día viernes, con el adelanto por recado de la noticia de que el sábado explotaría sobre ese hecho un segundo escándalo. Con seguridad que el banco no suministró información y la prensa amarilla volvió a proyectar su propia inmoralidad y presumió que había una cuenta oculta o una suma enorme e inexplicable de dinero. Por tal motivo el hostigado le abortó la maniobra con una conferencia de prensa en Santa Fe y expuso públicamente lo referente a la cuenta y a la actitud discriminatoria del banco. La prensa amarilla de inmediato desmontó el operativo del segundo escándalo.
Un periodista publicó la falsa noticia de que la víctima había mantenido en la Casa de Gobierno una reunión de alto nivel con ministros del Poder Ejecutivo. Esto tenía toda la intención de provocar una justificada indignación de la dirigencia política opositora contra el hostigado. Afortunadamente éste la pudo desmentir públicamente de inmediato y en general la actitud de los políticos fue sumamente mesurada y prudente.
Como parte del hostigamiento, un sujeto usó el nombre del hostigado en Twitter y después de enviar varios mensajes divulgó la noticia de que había renunciado, lo que desconcertó incluso a algún dirigente político y provocó una catarata de llamadas al tribunal y al interesado, creando mayor zozobra y tensión entre las personas que lo rodeaban en su trabajo y en su domicilio.
Provocada una reacción masiva de repudio contra la prensa amarilla, un diario publicó la noticia de que las muestras de apoyo y solidaridad del exterior son obtenidas por medio de una gestión oficial. El supuesto gestor oficial es absolutamente desconocido en todos los medios académicos y universitarios del exterior.
Un comunicador excedió el marco del poder mediático emplazando al hostigado a que comparezca ante alguno de los medios para los que trabaja a dar explicaciones, porque de lo contrario debería darlas en el Congreso de la Nación, exigencia curiosa y extraña por cierto, considerando que quien la formula carece de toda función pública o de representación popular.
La prensa amarilla, frente al desprestigio que le provocó una solicitada de numerosos periodistas de diferentes medios y colores, trató de descalificarla afirmando que una de las firmas correspondía a un periodista que no había autorizado su inclusión en la solicitada. Resultó ser la de un periodista homónimo.
Ante el fracaso de la lapidación frente a la reacción masiva de repudio, la prensa amarilla trató de poner distancia del hecho, afirmando que sólo se limitó a tomar una noticia de otro medio; lo cierto es que el otro medio es un diario que alcanza el punto máximo de impudicia e ictericia y que pertenece a la misma empresa. Esto puede obedecer a la tentativa de evitar una demanda civil, aunque no parece que le preocupe demasiado; cabe pensar que su preocupación finca en el repudio general y profesional y, en definitiva, en el ridículo, del que –como alguien dijo– no se vuelve.
Como ya no quedaba nada que aclarar ni agregar, un diario difunde supuestos enfrentamientos o malestares en el seno del tribunal, información que parece proceder de un personaje de triste figura y facies inexpresiva, que por lo general comunica trascendidos insólitos (usualmente llamados chismes) y que deambula escondiéndose detrás de las columnas del Palacio de Justicia.
- Objetivos de la agresión. Como las motivaciones que mueven a los lapidadotes no son las mismas, tampoco los objetivos coinciden: unos buscan destruir psíquicamente al hostigado, dese-quilibrarlo para que reaccione de modo erróneo, sorprenderlo en esa reacción y mostrarla como confirmación de su inadecuación a los reclamos del rol. Pero otros pueden buscar objetivos menos personales y más concretos: 1) obtener su alejamiento de la función y el desprestigio institucional; 2) inferirle el mayor daño posible; 3) generar una confusión política en medio de una campaña electoral; 4) provocar un enfrentamiento con los colegas del tribunal y desarmar la armonía y respecto que debe primar entre ellos; 5) desarmar el prestigio internacional de la víctima y anular su palabra en los foros extranjeros; 6) o simplemente causar confusión y afectar la vida democrática del país hasta donde les fuese posible.
- Razones por las que no fueron alcanzados los objetivos. Las razones por las que la lapidación no obtuvo el efecto deseado son varias, poniendo de manifiesto que la construcción mediática tiene límites.
En efecto: Si bien existió un problema de consorcio, la vinculación del hostigado con este problema nunca pasó de la firma de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles en que se practicaba, dado que no los administraba y tampoco firmaba los contratos de locación, todos a precios de plaza, nunca conoció a los inquilinos y en muchos casos ni siquiera los inmuebles. Como todo esto está perfectamente documentado, el hostigado no fue golpeado en su estabilidad emocional.
Por otra parte, las denuncias de trata de personas y de lenocinio no parecen tener fundamento en los hechos, pues hasta el momento lo que parecería haberse producido es la desnaturalización de los contratos de locación por violación de la prohibición de subalquilar y por la violación del reglamento de copropiedad en caso de eventuales molestias producidas por los subinquilinos.
Las afirmaciones de una diputada no han resultado fundadas y, además, ha admitido que conocía los hechos desde hace dos años, sin que lo notificara al hostigado, lo que indica su clara intención de reservarse la información y provocar el escándalo por la prensa amarilla durante la campaña electoral. La versión lapidaria no resulta convincente porque no puede mostrar cuál es la supuesta ventaja que alguien puede obtener de alquilar inmuebles al precio de plaza para que se ejerza la prostitución, cuando los puede alquilar al mismo precio para otro objetivo que no le acarrease problemas.
Menos aún lo hay para creer que un profesional que puede retirarse a la actividad privada y ejercer la profesión con buenos honorarios, incluso pagados por algunos de los que lo imputan (que lo quisieran a veces como abogado), emprenda una actividad absurda con su nombre y apellido y sin que le aporte ninguna renta mayor de la corriente.
Pero si bien la construcción de la realidad intentada excedía los límites de las posibilidades de ésta por inverosimilitud, en cuanto al hostigamiento lo que impidió que se alcanzase alguno de los posibles objetivos en el caso fue que el hostigado no carecía de experiencia política y mediática. Si el hecho se hubiese concretado contra una persona sin esa mínima experiencia, hubiese sido imposible evitar alguno de los objetivos dañinos propuestos. En síntesis: Por un lado se verifica que la construcción de realidad tiene el límite de la alucinación: una ilusión puede llegar a tener éxito, pero una alucinación nunca puede tenerlo. Por otro lado, se prueba que el hostigamiento tiene el límite que le pone la personalidad y la experiencia de la víctima.
- Consecuencias sociales del hecho. Evaluando el hecho en cuanto a sus consecuencias sociales negativas, podemos señalar tres diferentes niveles de efectos.
En el plano comunicacional, la generalización de esta metodología de hostigamiento crearía el grave riesgo de estimular a los que en toda sociedad tienen vocación de inquisidores para que un buen día impulsen una ley mordaza. Esto debe evitarse a cualquier precio; la única ley de prensa tiene ciento cincuenta y ocho años y es muy buena: es la Constitución nacional. No sólo no se necesita sino que es menester rechazar terminantemente cualquier intento de otra ley de prensa acerca de contenidos. El amarillismo no se combate con censura, sino con definiciones. Se lo combate evitando que los medios serios se mezclen con el amarillismo, aunque eso pueda arrojar algún rédito pasajero e inmediato. Esa mezcla venenosa debilita la credibilidad de los medios y fortalece a los partidarios de la censura.
Una vez aislado de los medios serios, el amarillismo no molesta, pues al igual que la pornografía tiene un público cautivo y hace su negocio, sucio pero tolerable, porque su público sabe lo que lee (este es el otro aspecto que lo asemeja a la pornografía).
En lo político, la generalización de estos hechos puede llevar a la opinión la impresión de que en la política y en la función pública nadie está limpio, que todos los candidatos son sucios, que todos se mueven por intereses bastardos, que no hay ideales ni vocación de servicio. Eso es la antipolítica y ésta es el campo de cualquier aventurero extrasistema y siempre fue el preludio de todas las dictaduras, con costos invariablemente muy altos para los pueblos.
En lo antropológico no puedo dejar de observar que para intentar destruir psíquicamente a una persona se requiere una pulsión de odio tan brutal que en otras condiciones se materializaría en forma directamente destructiva en el plano físico. Me pregunto qué mueve semejante pulsión destructiva. ¿Qué genera o motiva semejando grado de odio? Y llego a la conclusión de que en el fondo es el afán crematístico y de poder. Poder y dinero es la clave. ¡Son locos! ¡Están alienados! Han alcanzado un grado tal de alienación que olvidan el viejo adagio popular: no hay mortaja con bolsillo. Si es que ya no lo tienen, reunirán el dinero que les alcance para vivir muchas vidas, pero no los vivirán, porque hay una sola y única vida, con límite infranqueable. Quizás esta afirmación sea demasiado existencialista y, por ende, resulte un poco pasada de moda, pero no puedo dejar de llamar a la reflexión desde esta perspectiva frente a semejante grado de alienación.
Un día todos podemos estar en la cama de un hospital mirando al techo sin saber si mañana o dentro de un rato lo podremos ver. ¿Qué consolará a estas personas en ese momento? Se han olvidado que todo ser humano que nace es ya suficientemente viejo como para morir y mañana mismo podemos no estar. El afán crematístico les borra la conciencia hasta ese límite; Tánatos los domina por completo. Por suerte son los menos, porque de lo contrario la especie humana no tendría futuro y yo creo que lo tiene. La humanidad no está representada por ellos: prueba es la presencia de todos ustedes.

"EL FASCISMO ETERNO" DE LA DERECHA ESPAÑOLA

2011-05-18T19:27:00.002+02:00

La posibilidad de alternancia entre diversos partidos en el ejercicio del poder político es consustancial a un sistema democrático. Pero para que esa posible alternancia no sea traumática es necesario que los diversos actores políticos acepten las bases del juego democrático. Es decir, el respeto por las formas y los procedimientos marcados por las leyes, en especial por la Constitución. El respeto de las formas y procedimientos exige en la esfera política, como en la social y en la individual, un comportamiento que lleva respetar ciertos límites, límites que no están establecidos solo por las leyes, sino por una ética formada en torno a los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político que son proclamados como valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE). La realización de esos valores, en especial el valor de la igualdad, es lo que hace que la democracia no sea algo acabado de una vez por todas, sino que se está haciendo cada día. Nadie tiene un plano con el camino único para la realización de esos valores, por eso caben diversas opciones políticas que ofrecen distintos caminos, pero no deben poner en cuestión la meta. Y eso es lo preocupante de situación española.

En España tenemos una derecha que es exponente de lo que Umberto Eco llama “el fascismo eterno”. Nuestra derecha formalmente no reivindica el franquismo (aunque no ha condenado ese régimen ni la violencia genocida que desató), pero como recuerda Eco, “aunque los regímenes políticos sean derribados y las ideologías criticadas y deslegitimadas, detrás de un régimen y de una ideología hay siempre un modo de pensar y de sentir, una serie de hábitos culturales, una nebulosa de instintos oscuros e insondables pulsiones”. El exterminio de judíos y comunistas que hizo Hitler no fue producto de una elaboración ideológica nacida de golpe en aquellos años. No, se alimentó de odios seculares que fueron canalizados aprovechando y explotando la frustración que sentían algunas capas de la población, en especial las clases medias, en una época de profunda crisis.

El fascismo hoy es “un totalitarismo difuminado” del que la derecha española nos brinda cada día numerosos ejemplos. Reivindica la libertad y denosta lo público frente a lo privado, pero es la libertad de enriquecerse unos cuantos a la sombra de lo público. Convierte la salud, la educación, la cultura, el territorio, en fin, en objeto de negocio para las clases privilegiadas con lo que agrandan las diferencias sociales y ciegan el camino de la igualdad. Corrompe y empobrece el lenguaje público con slóganes publicitarios vacios de contenido. La derecha española hace gala de su sempiterna arrogancia y quiere imponer a todos patrones de conducta nacional-católicos, que con su tradicional hipocresía ella misma no cumple.

Pero puede que lo peor sea su continua llamada a las más bajas pasiones y oscuros instintos de la gente para, con la potencia de los muchos medios de formación de la opinión de que dispone, hacer imposible el debate argumentado sobre la mejor satisfacción de las necesidades de la mayoría de gente. Llama a esos bajos instintos cuando irrumpe con las escandalosas denuncias sobre aumento de la delincuencia y pidiendo mano dura, aunque los datos muestren que en España el índice de delincuencia es de los más bajos de Europa. En esta campaña electoral hemos visto con estupor cómo en vez de hablar de las opciones que ofrece sobre servicios sociales, educación, cultura, salud, protección del territorio y de sus riquezas, se está utilizando el terrorismo de forma visceral y emotiva, hasta el punto de deslegitimar instituciones esenciales de nuestro estado como el Tribunal Constitucional. También vemos cómo la derecha apela al miedo al diferente para lanzar el discurso de la xenofobia alimentando la llama nacionalista que ve al de fuera como un competidor que viene a quitarnos lo nuestro. Da la casualidad que estas elecciones son autonómicas y municipales, pero ni la inmigración y ni el terrorismo son competencia (salvo en muy pequeña parte la inmigración) de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Son asuntos de la Unión Europea y del Estado.

El gran problema no es la alternancia en el poder, sino la instalación en la ciudadanía de una cultura impregnada de elementos del fascismo. No hay que olvidar que Hitler y Mussolini subieron al poder ayudados por la clase dominante utilizando los medios electorales de las democracias liberales.

VIVA LA REPÚBLICA

2011-04-14T22:17:00.002+02:00

Hoy es el aniversario de aquel 14 de abril de 1931 que para la mayoría de la población española fue un día de alegría, ilusión y esperanza. Una minoría empezó a rumiar las hieles del odio sin aceptar jamás la legalidad republicana. Conspiró casi desde ese mismo día y poco más de un año después ya hizo su primer intento de golpe de estado, que fracasó en agosto de 1932, pero el triunfo electoral limpio del Frente Popular en 1936 fue contestado con la sublevación militar de julio de ese año que provocó la sangrienta guerra civil y la más sangrienta represión de la larga y terrible dictadura franquista.

La II República, que se definía como una república democrática de trabajadores de todas clases, puso en marcha y aplicó un cuerpo de legislación social que aún hoy sorprende por su cantidad y por su calidad, como ya dijeran ilustres laboralistas. El nacimiento del derecho del trabajo español tuvo lugar en este momento. Hasta entonces había leyes sociales que carecían de la coherencia interna que permitiera hablar de un auténtico derecho del trabajo como rama autónoma del derecho. El reconocimiento de derechos para los trabajadores y sus sindicatos ya en 1931 dio lugar a un mejoramiento importante de sus condiciones de vida que estimuló el consumo interno y evitó que los más perniciosos efectos de la crisis del 29 golpeasen a España.

Aquí llegó la onda larga de la buena legislación social de la República de Weimar. No hubo una Comisión Europea que impusiese políticas de austeridad, pero las potencias occidentales (Francia y sobretodo Gran Bretaña) acabaron siendo cómplices del fascismo al abandonar a su suerte a la República cuando los militares golpistas se alzaron en armas con la ayuda de Hitler y Mussolini. Ante los ataques virulentos que nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho el día 12 pasado la Facultad de Relaciones Laborales y el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha organizaron una jornada de estudio sobre el mismo, porque saber es amar y la gente defiende lo que ama. La ignorancia propia de los fascistas les predispone al odio. Ya la II Republica era ya un estado social y democrático. Como homenaje a las mujeres y hombres que hicieron posible aquel breve sueño se reproduce un texto del gran Antonio Machado publicado por primera vez el 14 de abril de 1937, en plena gura civil y reproducido hoy en el suplemento del diario Público por Josep Fontana:

“Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el porvenir. Para esos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y esos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.

La derecha española jamás se lo perdonó, ni se lo perdona. Por eso hoy volvemos a gritar: ¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA !!!

Radio Parapanda. Miguel Fleta canta el Himno de Riego

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

2011-03-21T11:47:00.006+01:00

El sábado 19 de marzo, en la Plaza Mayor de Madrid, cientos de personas se reunieron para exigir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la masacre franquista y en solidaridad con el juez Baltasar Garzón. La convocatoria la hacían los sindicatos CCOO y UGT y varias asociaciones en defensa de la memoria y de solidaridad con las víctimas de la dictadura a la que se sumaron los artistas imprescindibles, los que nunca fallan cuando están en juego las más hermosas causas cívicas. Allí estaban personas que habían sufrido con saña los rigores de la represión franquista, como Marcos Ana o Concha Carretero, compañera esta de algunas de las 13 rosas. Su vigor que la avanzada edad no ha debilitado, la fuerza de sus convicciones, su ausencia de rencor, a pesar de todo lo que han sufrido, emocionaba a quienes bajo el picor del sol primaveral no se cansaban de escuchar el testimonio y la poesía con que los sucesivos oradores les confortaban frente a las ignominias del mundo en el que vivimos, en el que los verdugos de siempre vuelve a ejercer su papel a través de la mano ciega de un aparato judicial que se deslegitima y deteriora la democracia. El canto a capela de un poema de García Montero que hizo un genial Miguel Ríos fue un vibrante colofón del acto que tuvo momentos sublimes, como cuando Juan Diego hizo una magistral lectura del poema de León Felipe que sigue.

Pero ya no hay locos.

Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, /aquel estrafalario fantasma del desierto y ... ni en España hay locos. /Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. /Oíd ... esto, /historiadores ... filósofos ... loqueros ... /Franco ... el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y /premios, /en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho, /y el hombre aquí, de pie, firme, erguido, sereno, /con el pulso normal, con la lengua en silencio, /los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos ... /El sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios .../y yo, callado, aquí, callado, impasible, cuerdo ... /¡cuerdo!, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. /¿Cuándo se pierde el juicio? (yo pregunto, loqueros). /¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo, cuándo es cuando se enuncian los /conceptos /absurdos y blasfemos /y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? /¿Cuándo es cuando se dice por ejemplo: /No es verdad. Dios no ha puesto /al hombre aquí, en la Tierra, bajo la luz y la ley del universo; /el hombre es un insecto /que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello? /¿Cuándo si no es ahora (yo pregunto, loqueros), /cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, /sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? /¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo /y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? /Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos /que el orín de los perros; /si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos /categoría que el estiércol; /si no es ahora ... ¿cuándo se pierde el juicio? /Respondedme loqueros, /¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? /Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, /aquel estrafalario fantasma del desierto /y ... ¡Ni en España hay locos! ¡Todo el mundo está cuerdo, /terrible, monstruosamente cuerdo! ... /¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! /Este reloj ..., este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto ..., /perfecto, ¡perfecto!

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, CONCEPTO, ACTORES E INSTRUMENTOS

2011-03-15T20:25:00.000+01:00

JORNADAS DE ESTUDIO

Albacete 7 y 8 de abril de 2011.

Organización: UCLM. Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Centro Europeo y Latinoamericano para el Dialogo Social.

Colabora: Editorial Bomarzo

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Dirección : Joaquín Aparicio Tovar y Berta Valdés de la Vega.

Jueves 7 de abril.

9.30 h.- Presentación de las Jornadas

Joaquín Aparicio. Catedrático de Derecho del Trabajo (Universidad Castilla-La Mancha),

Margarita Barañano. Profesora Titular de Sociología (Universidad Complutense de Madrid)

Berta Valdés. Catedrática de Derecho del Trabajo (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)

10 h.- En torno al concepto de RSE.

Moderadora: Fátima Guadamillas . Profesora Titular de Organización de Empresas. Vicerrectora de Ordenación Académica (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA).

La RSE: ¿Se trata de una escenificación lograda?

Eva Kocher. Catedrática de Derecho del Trabajo (Universidad Frankfurt der Oder);

Empresa responsable y sociedad: Una aproximación constitucional.

Antonio Baylos. Catedrático de Derecho del Trabajo (Universidad Castilla-La Mancha)

Las transformaciones del derecho en el capitalismo actual.

Francisco Serra. Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad Complutense de Madrid)

14h.- Almuerzo

16h.- En torno al concepto y contenidos de la RSE.

Moderadora: Margarita Barañano. Profesora Titular de Sociología (Universidad Complutense de Madrid)

La RSE en relación al derecho.

Rolando Cendón. Profesor Asociado (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)

La huida de la responsabilidad jurídica y RSE: las deslocalizaciones empresariales y la protección de la salud.

Joaquín Aparicio y Berta Valdés (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)

Estrategia empresarial y políticas voluntarias para hacer efectiva la igualdad.

Amparo Merino . Profesora Titular de Derecho del Trabajo (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA).

Día 8.-

10 h. En torno a los actores y los instrumentos.

Moderador: Luís Collado García. Profesor Asociado de Derecho del Trabajo ( UCLM)

Los actores sociales ante la RSE de empresas transnacionales con sede central en España: Posiciones discusivas y prácticas implementadas.

Mar Maira. Profesora asociada de sociología. (Universidad Complutense de Madrid)

Instrumentos de RSE y gobernanza en la globalización económica.

Manuel Correa. Catedrático Acreditado de Derecho del Trabajo (Universidad Carlos III)

12.00. - Mesa redonda: Sindicatos y empresas ante la RSE

Modera: Jordi Ribó. Secretario Confederal de Economía Social y Autoempleo de la CS de CCOO.

Eduardo García (Director de RSE de Repsol) ; Fernando Rocha (Fundación 1º de Mayo); Antonio Guerrero (Fundación Francisco Largo Caballero).

INSCRIPCIÓN GRATUÍTA en

José Miguel Navarro. Telef. 967 599200 ext. 2041, Fax 967 599236
Jose.Navarro@uclm.es

LA JUVENTUD PORTUGUESA HABLA COLECTIVAMENTE

2011-03-14T18:08:00.002+01:00

Manifesto de “Geraçâo à rasca. ”Manifiesto de la Generación Precaria.

Nosotros los desempleados, “quinientoseuristas” y otros que somos mal remunerados, esclavos disfrazados, sub contratados, contratados a plazo fijo, falsos trabajadores independientes , trabajadores intermitentes, pasantes, bolseros, trabajadores-estudiantes, trabajadores, madres, padres e hijos de Portugal.Nosotros, que hasta ahora fuimos cómplices de esta condición, estamos aquí, hoy, para dar nuestra contribución en el sentido de iniciar un cambio cualitativo en el País. Estamos aquí, hoy, porque no podemos seguir aceptando esta situación precaria a la cual fuimos arrastrados. Estamos aquí, hoy, porque nos esforzamos a diario con el intuito de merecer un futuro digno, con estabilidad e seguridad en todas las áreas de nuestra vida.
Protestamos para que todos los responsables de nuestra situación de incertidumbre actual – políticos, empleadores y nosotros mismos – actúen como un todo para cambiar rápidamente esta realidad, que se torno insustentable.Caso contrario:a) Se defrauda el presente, por no tener oportunidad para demostrar e ejercer nuestro potencial, impidiendo de esa manera que no exista una mejoría en las condiciones económicas y sociales del país. Se desperdician las aspiraciones de toda una generación que no puede prosperar.b) Insultamos el pasado, porque las generaciones anteriores trabajaron por nuestro acceso a la educación, por nuestra seguridad, por nuestros derechos laborales y por nuestra libertad. Se desperdiciaron décadas de esfuerzo, inversión e dedicación.
C) Se Hipoteca el Futuro, que puede ser visto sin una educación de calidad para todos y sin justas reformas para aquellos que trabajaron toda su vida. Se desperdician los recursos e habilidades que podrían llevar al país a un suceso económico.Somos la generación con mayor nivel de formación académica en la historia del país. Por eso, no bajaremos los brazos ni por el cansancio, ni por la frustración ni por la falta de perspectivas. Creemos que tenemos las herramientas e recursos necesarios para alcanzar un futuro mejor para nosotros y para Portugal.
No protestamos contra otras generaciones. Apenas no estamos ni queremos estar esperando por que los problemas se resuelvan. Protestamos por una solución de la cual queremos formar parte.

LOS SINDICATOS Y LOS ACUERDOS SOCIALES

2011-02-14T12:27:00.002+01:00

Tras la firma del Acuerdo Social y Económico, CCOO y UGT han recibido ciertas críticas, algunas más que críticas auténticos insultos. La crítica es un ejercicio de libertad que hace más sana la vida democrática porque al aportar argumentos, permite ayudar a encontrar mejores soluciones a los siempre complejos problemas sociales para los que nadie tiene una solución mágica. El insulto no, porque al no aportar argumentos no solo no contribuye a buscar una solución sino que la dificulta. Por desgracia el insulto en la vida pública española es una pesada una herencia que lejos de debilitarse se está robusteciendo, a lo que no son ajenos tantos medios de persuasión convertidos en altoparlantes de exabruptos propios de las tertulias cuarteleras del franquismo, que en un país culto y democrático deberían estar erradicados.

CCOO y UGT son piezas esenciales de nuestra democracia. Lo avalan su historia y su presencia diaria en los centros de trabajo, y los trabajadores cada cuatro años de forma democrática lo valoran y les confieren la mayor representatividad haciéndoles superar los exigentes requisitos impuestos por la ley. Incluso la afiliación sindical no es tan baja como se dice (es más alta que en Francia, por ejemplo). Son, con enorme diferencia, las mayores organizaciones sociales de este país de tan poca cultura asociativa. Ni por su potente estructura organizativa, ni por la audiencia electoral tan extensa puede ponerse en cuestión su calidad representativa, como alguien en un evidente exceso ha llegado a hacer en estos días.

Los sindicatos, especialmente los más representativos, CCOO y UGT, son piezas esenciales de la democracia, como el art. 7 de la Constitución deja claro, porque sin ellos la democracia misma languidecería. Al no ser posible hoy una democracia directa, en las democracias representativas se abre una gran brecha entre representantes y representados, lo que da lugar, como decía N. Bobbio, a que sean poco representativas. Es necesario, por tanto, buscar vías para su mejora. La concertación social en la Europa posterior a la segunda guerra mundial ha sido una de ellas y en particular, en España. A través de los grandes sindicatos confederales se expresan y defienden intereses, no solo de los trabajadores afiliados, sino del conjunto de los asalariados en nuestra compleja sociedad pluriclasista. En el más noble sentido de la palabra los sindicatos confederales son sujetos políticos que, sin embargo, no aspiran a detentar el poder político. El Estado Social y Democrático de Derecho en que según el art. 1.1 de nuestra Constitución se constituye España no es posible sin ese papel de los sindicatos. Pero la Concertación social no supone el abandono del conflicto, como también la historia reciente de España enseña, es más, sin conflicto no es pensable la concertación.

Pero expresar esos amplios y grandes intereses de los asalariados (la inmensa mayoría de la población) no es tarea sencilla porque los sindicatos confederales deben proceder a una difícil tarea de mediación entre los múltiples intereses sectoriales o particulares (cuando no egoístas) de determinados grupos. Es falso presentar nuestra sociedad como una dividida de modo simplista entre insiders y outsiders en la que los sindicatos más representativos defienden a los insiders frente a los outsiders. La mera comparación con los sindicatos corporativos (pongamos el de controladores aéreos) es suficiente.

Mediar entre intereses complejos en asuntos trascendentales no es sencillo, como es el caso del Acuerdo Social y Económico de enero pasado. Especialmente no lo era porque el contexto es muy adverso a los intereses de los trabajadores. Estamos sufriendo un duro ataque al Estado Social y Democrático de Derecho. Los grandes poderes económico-financieros llevan desde años presionando para modificar radicalmente nuestro Sistema de Seguridad Social, no es nada nuevo. Pero ahora esos poderes han redoblado sus ataques con la renovada da alianza del Banco Mundial, el FMI, la OCDE, y ahora, la Comisión Europea. Han redoblado los ataques porque en Europa no se han encontrado frente a un sujeto político lo bastante fuerte como para impulsar una salida a la crisis que fortalezca los derechos sociales y limite o elimine los poderes de las oligarquías dominantes. La reforma de la Seguridad Social española no era de tan urgente necesidad como para que tener que cerrarse en el mes de enero de 2011. Era una imposición de los especuladores internacionales, como la Ministra de Economía reconoció (había que dar confianza a los mercados), con un guión escrito por la Comisión Europea. En su Libro Verde de julio de 2010, siguiendo las pautas marcadas en 1994 por el Banco Mundial, viene a propugnar dar un gran protagonismo a los fondos de pensiones gestionados por entes privados, a pesar de reconocer sus enormes pérdidas. Su modelo es establecer un sistema en varios pilares, uno público y obligatorio que garantice una pensión mínima muy baja, otro (u otros) de fondos de pensiones profesionales y obligatorios, pero gestionados por entes privados y otros de fondos de pensiones voluntarios individuales y gestionados también por privados. El resto de la historia ya es conocida: se redobló el bombardeo mediático para aterrorizar a la población sobre el futuro de nuestra Seguridad Social, porque como los mismos operadores financieros han reconocido, un buen funcionamiento del Sistema de Seguridad no deja espacio a los fondos privados.

CCOO y UGT forzaron una negociación denostada por los economistas orgánicos de la banca y las grandes empresas y por las autoridades económicas de nuestro Gobierno que, al abominar de la concertación social, mostraban la cara autoritaria y antidemocrática de sus propuestas. Casi con toda seguridad, sin la huelga general de 29 de septiembre la reforma de la Seguridad Social se habría impuesto de forma unilateral en una línea más próxima a los designios del Libro Verde de la Comisión Europea. Si, como dicen algunos de sus críticos, los sindicatos confederales defendieran a los insiders les habría sido fácil aceptar las propuestas de la Comisión dando prioridad a los fondos de empleo. Pero no han hecho eso, han mediado tratando de defender los intereses del conjunto de los asalariados que solo a través de un sistema como el nuestro de reparto se pueden garantizar. Han defendido nuestro Sistema que en tantos sentidos es modélico y que bien harían otros países en imitar. Claro está que sin una izquierda política a escala europea los sindicatos nacionales, y en concreto los españoles, están como un boxeador al que atan un brazo. En estas condiciones es razonable que se sopesase mucho la decisión de convocar una nueva huelga porque tiene un coste, sobre todo para los trabajadores que la hacen en una situación de altas tasas de desempleo.

El Acuerdo tiene aspectos positivos, el más importante que no pone en cuestión el sistema de reparto actual. El Sistema se refuerza, además, por la integración en el régimen general de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y las trabajadoras (porque la mayoría son mujeres) del hasta ahora régimen especial de empleados de hogar. También es importante y positiva la subida de las bases de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos, o que se consideren cotizados los periodos dedicados al cuidado de hijos que provocaron abandono del trabajo o los periodos de becas de los jóvenes por los que no se cotizó. Tampoco conviene pasar por alto que el periodo de carencia de la pensión de jubilación siga siendo de 15 años, pues su subida (como estaba previsto) habría expulsado del brazo contributivo a los trabajadores con carreras de cotización más cortas. También se ha evitado que se impongan los 67 años como edad pensionable general ya que hay varias edades de jubilación a partir de los 61 años. Pero negar que se han endurecido los requisitos para alcanzar el cien por cien de la pensión sería negar la evidencia. Por eso los argumentos que criticaban las propuestas del gobierno siguen siendo válidos. El Sistema tiene buena salud, pero no puede aceptarse la idea de la contributividad entendida como que la prestación tenga que ser proporcional a lo aportado por el sujeto individual. Eso, por mucho que lo digan los economistas liberales, no tiene nada de equitativo. Es introducir ideas propias de la capitalización en un sistema de reparto. Las aportaciones al Sistema han de hacerse, como hasta ahora, básicamente con cuotas calculadas sobre los salarios, pero no hay que cerrar la puerta (como no lo hace el actual art. 86 LGSS) a ingresos procedentes de impuestos, preferiblemente con adscripción finalista a la Seguridad Social, lo que implica no renunciar a un sistema tributario progresivo como quiere la Constitución. Y en el corto plazo la lucha por no reducir los niveles salariales (que es lo que esconden las propuestas tramposas de ligar salarios y productividad) es de vital importancia porque, no solo afecta a las rentas salariales de cada trabajador individual, sino que, dado el sistema de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, afectará a la cuantía de esta última y, de paso, a los recursos de la Caja Común del Sistema.

DECLARACION DE CC.OO. UGT Y DGB

2011-02-06T10:51:00.001+01:00

Declaración conjunta de la DGB, CC OO y UGT a la cumbre hispano alemanaEuropa en la encrucijada

Ante la Cumbre política bilateral hispano-alemana que se celebra en Madrid, hoy día 3 de Febrero de 2011, los sindicatos UGT, CC OO y DGB deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación política, económica y social en la que se encuentra actualmente la Unión Europea.

Desde la primera cumbre hispano-alemana, celebrada en 1983, la Unión Europa como proyecto político y económico ha pasado por distintas fases, experimentando progreso en términos generales. Sin embargo, nunca como hoy la cooperación, la decisión y voluntad política de los gobernantes europeos han sido tan decisivas para hacer frente de un modo conveniente a los graves problemas a los que se enfrentan las economías europeas, tras la crisis iniciada en 2007-2008. Hoy en día, bastantes de ellas están zarandeadas, en la actual fase de crisis de las deudas soberanas, por la acción de los especuladores en los mercados financieros.
La recuperación económica de los países de la Unión no tendrá éxito si se basa en la adopción de las políticas económicas conservadoras de ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, sino que debe fundamentarse en la promoción del crecimiento sostenible de la economía y del empleo y el mantenimiento de la cohesión social.
Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE están suponiendo el mayor y más generalizado ataque a los Estados de bienestar y a los derechos sociales y laborales que han conocido los ciudadanos europeos desde el final de la segunda Guerra Mundial.
Apelamos a la responsabilidad de los gobiernos español y alemán: Europa se encuentra en una encrucijada. Aferrarse a las medidas hasta ahora adoptadas que sólo favorecen a los mercados pondrá en grave peligro la estabilidad del sistema del euro. Esto llevaría a una degradación económica, política y social de todos los países implicados. Por este motivo debemos adoptar todas las medidas necesarias para conjurar este peligro y fomentar el crecimiento y el empleo y estabilizar el euro.
El establecimiento de un mecanismo de estabilidad financiera permanente, aprobado por el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, aún siendo una muestra del compromiso de la UE con sus Estados miembros y con el euro, no solucionará la crisis de la eurozona a la vista de la magnitud de los problemas.
Resulta imprescindible el cumplimiento de la Agenda establecida en la Cumbre del G20 de Londres para una nueva regulación del sistema financiero internacional. Si no se alcanza a nivel mundial, el ámbito de la UE debería ser suficiente para las principales medidas.
Entre las medidas a contemplar cabrían, entre otras, la prohibición de las operaciones especulativas a la baja en los mercados financieros, la intervención del Banco Central Europeo (BCE) comprando en las cantidades que fueran necesarias bonos de los Estados miembros más afectados, la creación de una Agencia Europea de la Deuda que emitiese bonos de deuda europeos (eurobonos) y el muy necesario establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
También es posible -y política y moralmente exigibles- la erradicación de los paraísos fiscales y la regulación de las retribuciones y bonos de los directivos de las instituciones financieras.
Deseamos también transmitir que compartimos plenamente el rechazo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a las propuestas de la Comisión Europea para la gobernanza económica de la UE, por centrarse casi exclusivamente en el endurecimiento de los medios de vigilancia y control de los déficits y deudas públicas, olvidando todo lo relacionado con el crecimiento de la economía y el empleo y la política fiscal, al tiempo que se pretende a través de ellas imponer determinadas reformas, que no significan otra cosa que recortes de derechos, en campos en los que la UE no tiene competencias.
Las reformas estructurales y la consolidación fiscal por sí solos no llevarán a la recuperación de las economías europeas. Por el contrario, esta concepción errónea está retrasando la salida de la crisis y promoviendo injusticias sociales y desigualdad y el descrédito del proyecto de integración europea entre los trabajadores y trabajadoras. El gran incremento de la desigualdad social ha contribuido fuertemente a generar la actual crisis, lo mismo que ocurrió en la Gran Depresión de 1930. La desigualdad social que se está fomentando en la salida de la actual crisis es el germen de crisis futuras.
Instrumentos de desigualdad social son los contenidos de las llamadas reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE y que afectan a cuestiones tan relevantes como los sistemas de pensiones y de protección social, los mercados laborales o la negociación colectiva. En particular manifestamos nuestro completo desacuerdo con las reformas de los sistemas de pensiones que empobrecen a las personas mayores y que introducen recortes profundos de las prestaciones para minar los sistemas públicos de jubilación. Además rechazamos las propuestas que vayan dirigidas a debilitar la negociación colectiva. Junto con las políticas de ajuste presupuestario estas reformas -concebidas ante todo como recortes de derechos sociales e instrumentos para disminuir los costes laborales y los gastos sociales- son la manifestación más clara de que los actuales gobernantes europeos pretenden cargar todo el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y pensionistas.
Las tres confederaciones sindicales consideran que las reformas laborales y sociales tienen que ser fruto del diálogo social y de acuerdos con los interlocutores sociales. En ese sentido, valoran positivamente los acuerdos que recientemente se han alcanzado en España sobre pensiones y negociación colectiva, entre otros aspectos.
Pretender que los países europeos refuercen su competitividad en la economía global mediante la disminución de los costes laborales y el gasto social, en lugar de hacerlo en los factores que cimientan la economía del conocimiento, es un gravísimo error. Error en lo económico. Y error en lo político: así se deteriora la integración política europea.
Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre los casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo, que legalizan el dumping social y salarial en el seno de la UE, han demostrado que la legislación europea necesita un mecanismo para asegurar la prevalencia de lo social. Reclamamos, en consonancia con la posición de la CES, la inclusión, durante el próximo proceso de revisión del Tratado de Lisboa, de una cláusula de progreso social que evite este tipo de prácticas y establezca la primacía de los derechos sociales fundamentales. En el mismo sentido, manifestamos nuestra preocupación por el futuro de las directivas sobre trabajadores extranjeros que se están tramitando en estos momentos (permiso único, temporeros y traslado de trabajadores dentro de una misma empresa). Nos parece imprescindible que se basen en los principios de la igualdad de trato y la no discriminación y que no favorezcan una mayor fragmentación del mercado de trabajo.
La DGB, CC OO y UGT deseamos también subrayar que compartimos las opiniones de destacados analistas que afirman que Europa está perdiendo sus valores y su alma. A los valores de la Economía social de mercado, hoy plenamente cuestionados, se unen los de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Un ejemplo de esto último se ha vivido en la actuación de la diplomacia europea frente a la revolución democrática en Túnez, alineándose hasta el último minuto, explícitamente o de facto por medio de un intolerable silencio e inoperatividad, detrás del dictador Ben Ali. También al no promover con claridad el cambio democrático en Egipto, y otros países de la región.
Frente a esta situación que criticamos, y reafirmándonos en nuestras convicciones sobre el valor del proyecto de integración política de la UE inseparable de su modelo social, la DGB, CC OO y UGT, de acuerdo con la orientación de la CES, consideramos fundamental alcanzar un gran acuerdo político y social europeo que, además de abordar una solución urgente y solidaria a la crisis de la deuda, impulse un Plan de recuperación de las economías europeas, basado en la inversión en infraestructuras de transporte y energía, redes de comunicación, I+D+i., educación y formación, y una transición justa a una economía verde. Exigimos que la Cumbre extraordinaria de líderes de la UE que se celebrará mañana en Bruselas, dedicada a energía e innovación, y la Cumbre de Primavera del Consejo dirijan sus esfuerzos en esta dirección.

Madrid, 3 de febrero de 2011

LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO

2011-01-03T09:10:00.004+01:00

Apoyemos a la FIOM[1]

Fausto Bertinotti, Sergio Cofferati, Gianni Ferrara, Luciano Gallino, Francesco Garibaldo, Paolo Nerozzi, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Aldo Tortorella, Mario Tronti

Hemos decidido constituir una asociación, «Lavoro e libertà», porque compartimos una común indignación cívica. La primera razón de nuestra indignación surge de la ausencia, en la lucha política italiana, de un interés por los derechos democráticos de los trabajadores y las trabajadoras. Así como mediante los mecanismos electorales los ciudadanos han sido privados de escoger a quien elegir libremente, del mismo modo –pero de manera áun más grave-- un trabajador y una trabajadora no tienen el derecho de decidir, con su propio voto, sobre diversas opciones de acuerdos sindicales que fijan su salario, sus condiciones de trabajo y sus derechos en el centro de trabajo. Pensamos en acuerdos que no ponen en discusión derechos indisponibles. Hablamos, en el caso de los acuerdos sindicales, de un derecho individual que se ejerce de forma colectiva. Un derecho de la persona que trabaja que no puede ser sustituido por las dinámicas que se dan dentro y entre las organizaciones sindicales y empresariales, aunque éstas sean necesarias e indispensables. De todo eso hay un doloroso rastro en la discusión política. Nosotros entendemos que éste debe ser uno de los elementos diferenciadores que han de estructurar las opciones presentes en las tareas políticas y civiles. La creciente importancia en la vida de todo ciudadano de las opciones que se han llevado a cabo en el campo económico debería llevar a un reforzamiento de los mecanismos de control político y de nivelación del poder económico. Sin tales mecanismos, en realidad, es más elevada la probabilidad –como lo estamos experimentando-- de sufrir duras consecuencias individuales y colectivas.

La segunda razón de nuestra indignación es el continuo esfuerzo de una extensa parte de la política italiana de redimensionar la plena libertad de ejercicio del conflicto social. Las sociedades democráticas consideran el conflicto social –ya sea el de capital/trabajo, ya sea los movimientos de la sociedad civil sobre cuestiones atinentes a los bienes públicos y el interés público-- como la esencia misma de su carácter democrático. Sólo a través de un pleno despliegue, en el ámbito de los derechos constitucionales, de tales conflictos se equilibran las potencias económicas, se alimenta la discusión pública y se controla el ejercicio del poder político. En una sociedad democrática no puede existir un interés de parte, el de la empresa, superior a cualquier otro interés y razón. Así pues, los derechos –ya sean los individuales como los colectivos-- no pueden estar subordinados a los intereses de la empresa o del sistema de empresas o a los intereses superiores del Estado. La presunta racionalidad superior de las opciones puramente económicas y de las técnicas manageriales se ha evaporado en esta gran crisis.

La idea, tan cara al gobierno, - como a la Confindustria y la Fiat - , de una sociedad basada en la sustitución del conflicto social por la atribución a un sistema corporativo de equilibrio entre las organizaciones sindicales y empresariales, bajo la égida gubernamental, del poder de adoptar, bajo la forma del consenso, toda decisión relevante sobre los temas del trabajo –incluidas las actuales prestaciones del Estado de bienestar— es de por sí un íncubo autoritario.
Estamos estupefactos, mejor dicho, indignados, por el hecho de que sobre tales escenarios plasmados en decisiones concretas ya tomadas o de las que se anuncia su adopción en leyes y acuerdos sindicales no se ejerza, con relevantes excepciones, como la manifestación del 16 de octubre protagonizada por la FIOM, una asunción de responsabilidad que englobe al mayor número posible de fuerzas sociales, políticas y culturales para combatir, impedir y quebrar esta deriva autoritaria.

Nos indigna, en fin, la continua reducción del trabajo, en todas sus formas, a una condición que niega la posibilidad de expresión y realización de uno mismo.

La precarización, la individualización de la relación de trabajo y la empresarialización de la regulación social del trabajo en un país donde la gran mayoría trabaja en empresas con menos de diez personas; el desmantelamiento de la legislación de tutela de la salud laboral y del ambiente de trabajo y la creciente dificultad –tras el autodenominado “collegato lavoro”, aprobado en el Parlamento— de que los trabajadores puedan recurrir a la tutela judicial, son los instrumentos materiales de este proceso de expolio de la dignidad de quien trabaja. Últimamente, se pretende la sustitución del Estatuto de los derechos de los trabajadores por un estatuto de los trabajos: la transformación lingüística es, por sí misma, explicativa del contenido que le corresponde. El tránsito de los portadores de derechos, los trabajadores que pueden exigirlos, a los lugares y a las actividades de trabajo, marca un proceso de abstracción/alienación en el que se reduce la efectividad de estos derechos. ¿Cómo es posible que, frente a la destrucción sistemática de un siglo de conquistas de civilización sobre los temas del trabajo no haya una respuesta a la altura de ese desafío?

Hay que volver a dar centralidad política al trabajo. Volver a poner el trabajo, el mundo del trabajo, en el centro de la agenda política: en la acción del gobierno, en los programas de los partidos y en la batalla de las ideas. Esta es, hoy, la vía maestra para la regeneración de la política y de un proyecto de liberación de la vida pública ante las derivas, la decadencia, la vulgarización y la autorreferencialidad que, en la actualidad, tan gravemente la caracterizan. La dignidad de la persena que trabaja debe ser la estrella polar que oriente toda decisión individual y colectiva.

Por estas razones hemos decidido constituir una asociación que se proponga suscitar en la sociedad, en la política y en la cultura una reflexión y una acción adecuada al intento de sostentar todas las fuerzas que sepan moverse con coherencia en este terreno.

[1] Publicado en “Il Manifesto”, 30-12-2010.

LA SUBIDA DE LA EDAD DE JUBILACION, NI URGENTE NI NECESARIA: injusta

2010-12-20T11:37:00.001+01:00

La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.

En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.

La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.

La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.

El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.

La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.

La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.

Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.

La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.

Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10€ al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.

MANIFIESTO POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACIONES FINANCIERAS Y LA SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES

2010-12-01T08:44:00.003+01:00

COMISIONES OBRERAS, UGT Y ATTAC ESPAÑA

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales. Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.

La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, y está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo, principalmente en los países del Sur, incrementando los déficits fiscales, recortando los gastos sociales y aumentando la desigualdad. Lo que resulta socialmente inadmisible es que se trata de una crisis con responsables claros, a los que no afectan las medidas adoptadas por los Gobiernos. Estos responsables son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyados por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, les han permitido alcanzar un volumen de actividad desmesurado, escasamente gravado e insuficientemente sometido a control o regulación. Los gobiernos de la Unión Europea no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en recortes sociales - con un significativo retroceso del Estado de bienestar en materiade pensiones, derechos laborales y salarios- y de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en dar prioridad a la lucha contra el déficit sin abordar la necesidad de gravar adecuadamente al sector financiero ni revisar la fiscalidad de las grandes fortunas, ni menos aún tratar de evitar la evasión fiscal practicada por las compañías multinacionales a través de los precios de transferencia.

Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa), y la lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando elentramado de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido de que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo. Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países del Sur, ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.

El ITF es una propuesta para gravar las transacciones financieras en un sector que favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos e incluso sobre los alimentos –mientras 1.000 millones de personas no saben si podrán comer cada día- y el agua potable. Su viabilidad técnica está fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y la reciente comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de Estado. La dificultad no se encuentra en las barreras técnicas, que pueden abordarse y resolverse, sino en la voluntad política.

Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no sólo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde podría después generalizarse. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas. Establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

PARAÍSOS FISCALES

Los firmantes de este Manifiesto exigimos también a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia financiera y combatir la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. Laerradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social. Los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de las finanzas internacionales, facilitando que cada año salgan de forma ilícita un billón de dólares de los países en desarrollo. No existe justificación alguna para permitir marcos fiscales desiguales y la elusión de la responsabilidad fiscal de unos pocos (multinacionales y grandes fortunas) frente a los esfuerzos soportados por el resto de la ciudadanía.

29 de noviembre de 2010

MARCELINO CAMACHO, UN HOMBRE IMPRESCINDIBLE

2010-10-29T09:11:00.000+02:00

Recurrir a B. Brecht cuando decía aquello que los que luchan todos los días son imprescindibles para aplicarlo a Marcelino Camacho no es muy original porque es una evidencia. Marcelino ha fallecido esta madrugada y, aunque esperada, la noticia nos deja tristes porque se ha ido alguien que ha sido amado, respetado y admirado como pocos de su tiempo. Unos tiempos duros los que le tocó vivir en los que siempre estuvo luchando contra la injusticia con un coraje que no doblegó la represión franquista. La libertades que hoy tenemos todos se las debemos a gente como Marcelino y tantas otras que como él no dudaron en enfrentarse con el fascismo para mejorar la suerte de los trabajadores. Pero no solo hay que exaltar aquí su coraje, sino su inteligencia y aportación en la construcción de un sindicalismo moderno. La autonomía sindical, que es una de las señas de identidad de Comisiones Obreras, debe mucho a la lucidez de Marcelino. Hay que recordar aquí que dimitió de su cargo en el Comité Central del Partido Comunista, no porque hubiese dejado de ser comunista, sino para preservar la autonomía del sindicato, un sindicato que sigue aspirando a una sociedad igualitaria y sin explotación, pero que no acepta jugar el papel ancilar de “correa de transmisión” de un partido determinado.

Está muy en boga descalificar al comunismo por sus realizaciones totalitarias y los crímenes que en su nombre se han cometido. Denunciar esos crímenes y el totalitarismo es necesario, pero no olvidemos algunos hechos entre los cuales está que en España es difícil encontrar personas tan limpias, tan generosas, tan entregadas a la lucha por un mundo mejor en tan alto número como las que formaron parte de la familia comunista, entre las que Marcelino destaca. Es una vergüenza de nuestra sociedad que jueces que dictaban duras condenas contra los luchadores por la libertad y la igualdad siguieran ejerciendo en la democracia su profesión sin el menor rubor, es algo que Marcelino, por ejemplarizarlo en él, no se merecía. La muerte es la gran ausencia, pero es total cuando sobre los que se han ido cae el olvido. No queremos que eso ocurra con Marcelino y por eso seguirá con su ejemplo entre nosotros en las aspiraciones de un mundo más justo, más igualitario y más libre.

HACER HUELGA ES BELLO

2010-10-08T10:37:00.003+02:00

Es el afamado maestro confitero Ferino Isla, creador del rico dulce pionono.

¿Qué tendrá la huelga que tantas pasiones desata? Cuando los sindicatos llaman a la huelga los patronos se irritan, los voceros a su servicio la demonizan, los cursis con acceso a los medios la banalizan, los políticos en ejercicio se incomodan y de modo abierto o subterráneo actúan para hacerla lo más difícil posible. La huelga desata emociones. Y las desata porque la huelga, entre otras cosas, pone en cuestión la autoridad de quienes la ejercen sobre los que trabajan. Es un acto de radical afirmación de la propia dignidad porque al decir ¡NO! Se está valorizando al individuo en cuanto se afirma como tal individuo en unión a la colectividad a la pertenece. Nunca una huelga sirve para defender un interés individual. Pero por eso mismo denuncia con la acción la injusticia de las condiciones de trabajo. No se trabaja para defender el trabajo, una paradoja, como con gran acierto ha mostrado Antonio Baylos. O lo que es lo mismo, no se trabaja porque se quiere que el trabajo sea tratado de otra manera.

Con esta huelga del 29 de septiembre los sindicatos se han convertido en lo más valioso de nuestra sociedad porque tratan de defender probablemente lo mejor que Europa ha producido en el siglo XX: el Estado Social y Democrático de Derecho. Un modo de entender la democracia que ahora mismo está siendo negado por las fuerzas del privilegio económico en un retroceso histórico aterrador. Hacer huelga (holgar no es lo bastante expresivo, ni huelguear existe en nuestro idioma) es gozar de un derecho fundamental de participación democrática. Como decía Bobbio, un serio problema de las democracias representativas es que son poco representativas. La participación de los comunes mortales en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad cada día es mas remota, como hemos visto estos días en que “los mercados” (es decir determinados grandes millonarios-inversores de carne y hueso) han puesto de rodillas a nuestro legítimo Gobierno…y este se ha plegado. Esa sombra de las democracias solo parcialmente se compensa a través de otras vías. Los mecanismos de concertación social, al permitir una mejor expresión de los intereses de los trabajadores, son una de ellas, por eso cuando se rompe el dialogo social y se aceptan las imposiciones “de los mercados” para reducir derechos de los trabajadores y aumentar el poder de los empresarios, no queda otro camino que la expresión directa de la voluntad de los oprimidos (si, de los oprimidos, no es un lenguaje arcaico) a través del derecho fundamental de la huelga. Pero es un derecho que cuesta, que hace salir al sujeto individual de su encierro privado para, al juntarse con los demás, llamar a transformar ordenando el desorden del mundo y, de ese modo, afirmar su desafiante presencia frente a los aparatos del poder. Se movilizan los afectos, los lazos de solidaridad y por ello, hacer huelga es bello.

Joaquín Aparicio Tovar
martes, 28 de septiembre de 2010

HABLA DON MIQUEL FALGUERA Y BARÓ

2010-10-04T18:53:00.002+02:00

Intervención de este Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona dos días antes del 29 de segtiembre de 2010.

Permítanme que en este importante acto haga reflexiones de un simple jurista. Y permítanme también que recuerde que los juristas no hablamos de dinero, sino de derechos. Que nuestra razón de ser no pasa por el incremento de las riquezas, sino por el avance de la civilidad. Tengo la impresión de que vivimos en unos tiempos tan inciertos en los que es necesario recordar obviedades como, por ejemplo, recuperar el sentido de las palabras. Así, habrá que recordar que, contra lo que se nos quiere hacer creer, la democracia no es sinónimo sólo de libertad, sino algo más. Huelga decir que no existe democracia sin libertad, pero la democracia es también igualdad. Y la democracia es también la fraternidad, esto es, el derecho de todos los hombres y todas las mujeres a desarrollarse como personas, a partir del reconocimiento social de unos mínimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres constituyentes norteamericanos, el “derecho a la felicidad”. Nadie puede ser libre si carece de la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De ahí que Aristóteles caracterizara la democracia como “el gobierno de los hombres pobres libres”, a diferencia de la oligarquía ─“el gobierno de los hombres ricos libres”─.
De estos conceptos surgieron las ideas centrales de la Ilustración, de la que somos hijos. Y habrá que recordar también, porque a menudo se olvida, que los actuales marcos constitucionales no surgieron de la nada, sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres ─más o menos libres─ durante dos siglos. Que son la consecuencia de la lucha, de la sangre y el sufrimiento, de la pobreza laboriosa. Después de que dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejaran sus vidas en los campos de batalla en dos guerras mundiales se logró un pacto social trascendental que implicó unas nuevas normas en el reparto del pastel de la riqueza (que bien es cierto que obviaba la realidad de los países menos desarrollados), recuperando un modelo social que ya había sido mínimamente diseñado por las constituciones de Weimar y Querétaro.
No obstante, hace un cuarto de siglo ─a raíz de la aparición de lo que se conoce como neoliberalismo─, las condiciones contractuales han cambiado y se han pervertido los valores constitucionales. A pesar de que nadie lo diga, ocurre que los textos de nuestras cartas magnas se han quedado en papel mojado, en meras declaraciones sin contenido. A lo largo de estos años, los juristas hemos visto estupefactos cómo las anteriores conquistas de civilidad eran puestas en solfa, cómo el derecho tenía que someterse a la economía.
Con demasiada frecuencia oímos discursos que cuestionan la igualdad y la fraternidad por “antiguas” y reivindican una supuesta “sociedad del riesgo”, que implica la instauración del neodarwinismo social. Actualmente somos más desiguales que hace unas décadas. En otras palabras: los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Y ello no sólo a escala de los países opulentos, sino también a nivel mundial, como constata la OIT. Discursos y políticas que reclaman “menos Estado” y “menos regulación”, es decir, el abandono de la intervención de la sociedad como colectivo en las relaciones privadas, de tal modo que los poderosos acaben imponiendo sus intereses.
En este contexto, los juristas hemos asistido boquiabiertos a la negación de que la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirma la mayor parte de los textos constitucionales occidentales. Y, así, el triunfo en la vida parece pasar por el mero enriquecimiento ─un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de los demás─, y no por la autoemancipación individual y colectiva y la mejora de nuestras sociedades, por el declive del concepto de ciudadanía social en favor del individualismo descarnado. Hemos asistido a la negación de los derechos y los valores colectivos, contra lo que afirman las constituciones, en favor de este individualismo. Son cada vez más frecuentes las políticas, declaraciones y normas que cuestionan a los sindicatos, la negociación colectiva o el derecho de huelga. En estos precisos momentos tenemos ejemplos claros. Se nos dice ─y se nos pretende hacer creer─ que estas instituciones colectivas ─conquistadas por históricas luchas desiguales─ impiden el crecimiento económico. Se ha recortado la solidaridad social a través de una política fiscal regresiva. Y eso ha implicado el incremento de la desigualdad en derechos básicos, como el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar o las situaciones de dependencia.
El sistema de la Seguridad Social ─la gran conquista de la pobreza laboriosa y el máximo exponente de la fraternidad social─ es también negado, porque se nos dice que afecta a la economía y que nos incapacita para afrontar los riesgos de las sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios ─directa o indirectamente pagados por entidades financieras─ que indican la imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsión social y que obtienen un gran eco en los medios de comunicación, que nada dicen de las elevadas pérdidas de los sistemas privados de previsión. Mientras tanto, nuestras pensiones se van reduciendo y los requisitos de acceso, endureciendo.
Con la excusa del empleo ─que la práctica ha demostrado falsa─, llevamos veinticinco año de recortes de derechos de los trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulación de mayores facilidades para el despido, el abaratamiento de su coste para el empresario y a graves limitaciones de control judicial posterior. Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra foránea, en un diseño consciente de reclutamiento de un auténtico ejército industrial de reserva que abarate los gastos salariales. Y, en paralelo, asistimos también al preocupante incremento de discursos xenófobos, con actuaciones de los gobiernos de los países ricos que incumplen los tratados internacionales.
Pero ocurre que, contra lo que se nos repite, con estas políticas contrarias a la igualdad y la fraternidad, somos cada vez menos libres, porque estamos en unos momentos en que el voto de los hombres pobres libres no sirve en nada para delimitar las grandes políticas sociales y económicas. Estas políticas se diseñan en organismos y empresas transnacionales que no ha votado ni votará nadie. Y somos menos libres porque cualquier voz mínimamente crítica es omitida, cuando no quemada inquisitorialmente en una plaza pública.
La actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los hombres pobres libres, sino a estas políticas neoliberales. No deja de resultar sorprendente que poco después del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a hablar de reformar el sistema, de regular la economía. No obstante, ésa fue una idea efímera. Una vez más los hombres pobres libres han pagado de su bolsillo los excesos financieros, y la conclusión de los poderosos ha sido que dichas políticas suicidas debían incrementarse. Decidieron que eran los pensionistas, los empleados públicos y las personas dependientes quienes debían pagar las consecuencias, que la solución para la crisis era menos igualdad y menos fraternidad, que había que seguir recortando derechos a los trabajadores y a los sindicatos. Han omitido que la causa de la situación actual no es la igualdad, sino precisamente el recorte de los derechos constitucionales, de los derechos de las personas. Por eso mi asociación profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido apoyar públicamente la huelga general del próximo día 29 de septiembre, porque esencialmente somos juristas y nuestra pasión es el derecho. Alguien podría dudar y pensar que los motivos de la huelga no le afectan en nada, que eso es cosa de los trabajadores y de los sindicatos. Quien piense eso se equivoca. Lo que nos jugamos el próximo día 29 es mucho más que el redactado de unas leyes. Lo que nos jugamos es si nuestro futuro lo decidirán nuestros votos o las organizaciones financieras internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o por la oligarquía.

EL DERECHO LATINOAMERICANO CON LA HUELGA DEL 29 S

2010-09-29T22:13:00.001+02:00

Directora de La Jornada

Le agradecemos publicar la presente carta en el diario que dignamente dirige

Los trabajadores saben mejor que nadie los efectos desastrosos de la crisis y algo peor, vivir con gobiernos neoliberales durante 28 años que abandonaron la Constitución Social vigente y que incluso actúan contra ella. Porque hace tiempo se quebranta el Estado de Derecho deliberadamente, por autoridades que toleran o apoya la creación y el uso de grupos paramilitares en Cananea, Nacozari y San Juan Copala, por los Larrea en el primer caso, y el gobierno de Oaxaca en el segundo. Y con la descarada violación a la Constitución por el gobierno y la mediocre complicidad de los ministros de la Suprema Corte al aprobar, de fondo, la privatización de Luz y Fuerza del Centro y el ilegal despido de 44 mil electricistas que, junto con sus familias, son despojados de derecho humanos básicos, como contar con un proyecto de vida.

Pero también los trabajadores saben que no pueden haber ya más luchas que avancen, si no logran la unidad interna, la solidaridad sindical nacional y, sobre todo, la internacional. Como los mineros lo muestran ejemplarmente con el apoyo que reciben de los sindicatos del mundo. Más aún, los mineros son escuchados por el gobierno de Canadá, pero nunca por el de México.

Por eso hoy es importantísimo para los trabajadores, para los ciudadanos con vocación democrática y los abogados honestos, solidarizarnos con la Huelga General de España del 29 de septiembre, como un acto internacional contra la reforma laboral regresiva hispana impuesta por la retrógrada derecha. Será una jornada de júbilo y de lucha española pero también internacional, porque la crisis la creó el capitalismo especulador arrastrando al productivo y ahora provocan el más irracional y desigual reparto mundial de la riqueza. La Asociciación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y la ANAD llaman a los ciudadanos del mundo a apoyar la gesta ibera de dignidad obrera.

Por la ALAL, Luiz Salvador de Brasil, por la ANAD, Manuel Fuentes.

LA MANIA DE LOS RANKINGS, LAS MENTIRAS Y JUSTIFICACIONES DE LO INJUSTIFICABLE (A propósito de la reforma)

2010-09-15T17:50:00.002+02:00

Ejercer el oficio de periodista en estos tiempos en los que la información disponible es abrumadora y discurre a gran velocidad por múltiples canales debe de ser difícil porque la presión de la actualidad es una dificultad añadida para separar el ruido de las nueces. Hacer esa tarea discriminatoria le llevaría al buen periodista a distinguir lo que es opinión de lo que son hechos y, después, a analizarlos de forma racional, seria y transparente, pero en la vorágine de la vida diaria podría ser comprensible que el periodista aceptase ciertos hechos apoyándose en el argumento de autoridad de quien los emite, como pueden ser reconocidos académicos o instituciones serias y fiables, pero, aún así, la obligación de una constatación, aunque sea mínima, de la corrección de esos datos es inexcusable si el medio para el que trabaja se lo permite. Todo esto viene a cuento de la manía tan difundida a establecer comparaciones y clasificaciones de las mas diversas materias o instituciones (sistemas educativos, sistemas sanitarios, universidades, calidad de vida, etc…) que llevan a cabo por lo general entidades privadas y algunos organismos internacionales, que al establecer la clasificación ya están estableciendo un canon de acuerdo con los valores que propugnan, pero la presentan como resultado de elaboraciones “objetivas y científicas”.

El problema es que es que cada vez estamos más acostumbrados a que a bombo y platillo se difunda el puesto que nuestras instituciones ocupan en un determinado ranking sin entrar en grandes honduras sobre la no neutralidad de esas clasificaciones, y claro, hay una consecuencia casi inmediata, cual es que los resultados de esas clasificaciones (casi siempre malos para España) arropan las corrientes de opinión que claman por la necesidad de reformas en la línea de los intereses preconizados por quien ha hecho la clasificación. Pocas veces se cuestiona, en primer lugar, que las comparaciones en materias sociales son en extremo difíciles de hacer porque es imposible dejar de tener en cuenta instituciones, modos de vida, etc…propios de cada sociedad que no pueden someterse a abstracciones o simplificaciones que exigen los criterios de comparación, así como la falta de homogeneidad de muchos datos con los que se hace la comparación, a lo que hay que añadir lo erróneo que normalmente resulta sumar algunos datos empíricos, inevitablemente limitados, para, sobre asuntos muy complejos, establecer relaciones de causa-efecto sin base suficiente.

Hay dos ejemplos particularmente sangrantes. Uno de ellos es la clasificación comparativa de las economías de diversos países llamada Doing Business que hace el Banco Mundial mediante la cual se trata de clasificar las economías de 188 países “en términos de su facilidad para hacer negocios”. Para hacer la clasificación se utilizan diversos indicadores como la presión fiscal (a menos impuestos mejor clasificación), o aspectos relativos a la relación laboral en donde la flexibilidad en el uso por el empresario del tiempo de trabajo, la facilidad y el menor coste para los despidos colectivos o los bajos salarios (con el límite del umbral de la pobreza, faltaría más) hacen subir en el ranking. En el último informe para 2010 no se alude al respeto a la libertad sindical como elemento que hace bajar en la clasificación, como se hacía anteriormente, pero es probable que se incluya en las rigideces. Los datos para conformar esos criterios de obtienen de la “científica” manera de encuestar a expertos en hacer negocios o sus asesores, completadas con visitas de técnicos del propio Banco y aportaciones de consultorías privadas. Así no resulta extraño que países como Francia, España o Alemania estén en el indicador laboral severamente castigados a descender a los puestos 155, 157 y 158 respectivamente. Los países con menor protección de los trabajadores, como Singapur, son los que mejores puestos tienen.

La cosa podría ser risible si no fuera porque es un instrumento de presión para que los países emprendan una carrera hacia abajo en la protección de los derechos de los trabajadores pues el Doing Business se presenta como una guía para los inversores, y ya sabemos lo que eso significa en un mundo globalizado en el que las deslocalizaciones están a la orden del día.

El segundo ejemplo es el llamado Índice de Competitividad Global que trata de medir la productividad de un país, lo que para los redactores del informe es equivalente a la capacidad de crear renta (su distribución ya es otra cosa) y es publicado por el Foro Económico Mundial, es decir, los ricos del mundo que se reúnen en Davos. Analizan 139 países usando 12 indicadores entre los que están las instituciones, las infraestructuras, la salud y la educación primaria o “la eficiencia del mercado de trabajo”. Los datos los obtienen con encuestas, de nuevo, a los lideres empresariales (como preguntar a la zorra sobre las medidas de protección del gallinero) y se dice que participan también algunos institutos o fundaciones privadas (ninguna española) que recaban otros datos. La elaboración del informe corre a cargo de conocidos economistas ultraliberales. En el presente año el primer puesto lo ocupa Suiza y España ocupa el puesto 46, detrás de países como Túnez, Omán, Tailandia, Polonia o Puerto Rico (sin comentarios). Una de las causas de tan bajo puesto es la “gran rigidez” de nuestro mercado de trabajo que es puesta de modo señalado como ejemplo negativo en la presentación misma del informe, una falacia que no se sostiene por parte ninguna ya que nuestro sistema de relaciones laborales es uno de los más flexibles de Europa, es decir, de los que menos límites tiene el empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Es llamativo que el sistema sanitario de Túnez sea para estos preclaros veteroliberales mejor que el español. De nuevo estamos en lo mismo, de lo que se trata es crear una niebla ideológica para justificar la adopción de medidas legislativas reformadoras que reduzcan los derechos de los trabajadores, como las que acaban de aprobar las Cortes. Que esas clasificaciones estén basadas en mentiras poco importa, lo que importa es que la gente se las crea y para ello es necesario que los medios de comunicación sean el altoparlante de aquellas instituciones, pero para eso no hacen falta periodistas, solo amanuenses que resuman lo que dice la voz de su amo y no difundan información veraz, sino opiniones interesadas. Es de esperar que este tipo de operaciones de contrabando intelectual sean descalificadas por el éxito de la huelga general del 29 de septiembre.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

2010-09-14T17:42:00.002+02:00

Comunicado sobre la convocatoria de huelga de trabajadores del día 29 de septiembre

En tiempos de crisis económica es preciso recordar que uno de los pilares que sustentan el Estado Constitucional es necesariamente la lucha contra las desigualdades, lo que se traduce en la concepción de los derechos sociales como instrumentos de garantía de los más débiles. Por ello consideramos inaceptable que sean precisamente nuestros conciudadanos más desfavorecidos quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos.

El camino emprendido en el mes de junio por el Ejecutivo para luchar contra la crisis económica, que se concretó en restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleadas así como en recortes retributivos sin precedentes en el ámbito de la función pública, tras años de pérdida de poder adquisitivo, prosigue en las recientes reformas normativas, que suponen una profunda erosión de los derechos de los trabajadores (abaratamiento del despido, precarización de la contratación, merma de la negociación colectiva, debilitamiento del control judicial, etc…) y coloca al ordenamiento jurídico laboral español entre aquéllos con niveles más bajos de protección en el ámbito europeo.

Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la huelga convocada por los Sindicatos para el día 29 de septiembre de 2010.

El Secretariado

Madrid, 14 de septiembre de 2010

EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 S

2010-09-13T07:25:00.002+02:00

Cambiar de política, defender los derechos sociolaborales: MANIFIESTO PROMOVIDO POR PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES

La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en el mercado de trabajo. Nuestra experiencia nos enseña que ninguna reforma de la legislación laboral ha servido para crear empleo, sino que la recuperación económica y el crecimiento provienen de otros factores. El panorama español muestra grandes desequilibrios sectoriales y territoriales, en la conformación del mercado de trabajo con la misma legislación laboral estatal. La reforma del mercado de trabajo promulgada por el RDL 10/2010, de 16 de junio, es perjudicial porque impone un cambio desigual en la regulación del trabajo que empeora y hace retroceder las garantías sobre el empleo de los trabajadores. Y es contraproducente porque desgasta el diálogo social como método de gobierno proporcionado de las relaciones laborales y porque fracasa en la intención de cambiar el modelo de crecimiento sobre el que se deben asentar las relaciones económicas y sociales en una perspectiva de salida de la crisis.

La reforma laboral del RDL 10/2010 no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público. Tampoco busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abarata, facilita y subvenciona el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modifica de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; no impide el fraude en la contratación temporal ni impone límites eficaces a la misma, rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de las ETTs en varios sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas de colocación.

El RDL 10/2010 sitúa al ordenamiento jurídico laboral español entre los niveles más bajos de la protección de los trabajadores europeos. Aumenta el autoritarismo en la empresa y erosiona las garantías de los derechos laborales, autolesionando así de forma grave el sistema democrático de relaciones laborales. Con ello se ignora que existe una relación directa entre economías fuertes con crecimiento equilibrado y sistemas de plena tutela de derechos laborales y un sindicalismo con relevantes poderes de regulación de las relaciones laborales. La reforma laboral aprobada impide que se hable de un cambio de modelo económico, porque no es posible desarrollar una economía sostenible y competitiva con un modelo laboral cada vez más precario y regresivo. Considerar que el modelo laboral y el modelo productivo no se interrelacionan mutuamente es un grave y oneroso error que nos persigue a lo largo de muchas décadas.

Más allá de la reforma laboral, el Gobierno parece decidido a “quemar las naves” en su deriva liberal de sacrificar derechos laborales y de protección social ante los mercados financieros y anuncia agresivos recortes en materia de pensiones, así como de prestaciones sociales, sanidad, servicios sociales y otras, que podrían reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Bajo la excusa de hacer sostenible el Estado de Bienestar, se reducen derechos conquistados tras ardua y larga lucha: para mantenerlo, se debilitan una y otra vez sus pilares hasta su práctica demolición. Mientras tanto, tenemos una presión fiscal sensiblemente menor que la media de nuestro entorno europeo, claramente injusta y regresiva y con insoportables niveles de fraude sin que se tenga voluntad decidida de perseguirlo eficazmente.

Los ciudadanos tenemos que reaccionar ante este aluvión de medidas injustas y regresivas que reducen nuestros derechos como trabajadores y como sujetos activos en la vida social y política. Concebimos la participación democrática como un proceso permanente y continuo que no se reduce sólo a la participación electoral para la formación de los órganos legislativos de la nación. Creemos que la huelga general no es sólo una forma de exteriorizar un conflicto social amplio y profundo, sino ante todo un acto decisivo de participación democrática que expresa, mediante la paralización de las actividades productivas y de servicios de un país determinado, la importancia del trabajo en la sociedad del siglo XXI y la necesidad que se respeten los derechos laborales como condición de ciudadanía plena.

Por eso las mujeres y los hombres que firmamos este manifiesto, desde nuestra variada situación de universitarios y profesionales de todo tipo, expresamos públicamente nuestra opinión, de sumarnos a la convocatoria de huelga general para el día 29 de septiembre en la idea que este acto de participación democrática y ciudadana obligue a los poderes públicos a cambiar de política, abandonando estas reformas globalmente regresivas y socialmente injustas.

Julio de 2010.

Radio Parapanda. Gaudeamus Igitur (Coro de la Universidad de Parapanda)

LLAMAMIENTO DE VETERANOS SINDICALISTAS POR LA HUELGA GENERAL

2010-09-10T11:38:00.004+02:00

Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán

El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.

Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU, no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.

Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.

Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter anti-social de las medidas.

Sabemos que, precisamente para salvar el estado del Bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.

Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.

Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.

No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.

Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento -- personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático-- hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.

Madrid, 7 de septiembre de 2010

LA JUEZA TIRZA FLORES RECIBE EL PREMIO HANS LITTEN

2010-08-24T20:10:00.001+02:00

Hans Litten fué un abogado alemán que en la República de Weimar participó, entre otros asuntos, en el caso del asalto de las SA del partido nazi al Palacio Edén, donde resultaron heridos veinte jovenes obreros comunistas. En el proceso penal, en el que se pretendía demostrar que el nazismo utilizaba el terror como estrategia para derruir las estructuras democráticas de la república de Weimar, Litten llamó como testigo a Adolf Hitler, que fué acusado como dirigente tel partido insurreccional y fué forzado en el juicio a jurar fidelidad a los principios democráticos de Weimar. Durante el juicio, Hitler incurrió en múltiples contradicciones y fué evidente la implicación del partido nazi en su estrategia antidemocrática y sus propósitos de exterminio de sus rivales. A la llegada al poder de Hitler en 1933, éste hizo detener al abogado, que tras ser torturado, fué internado en varios campos de concentración hasta su suicidio en 1938, en Dachau. En la democracia, la Asociación Alemana de Juristas Democratas ha creado un premio que lleva su nombre y que en esta ocasión se ha dado a la jueza hondureña Tirza Flores, como símbolo de la resistencia de los jueces demócratas opuestos al golpe de estado en Honduras. A continuación se inserta el texto del comunicado de dicho premio. La Dirección de la Vereinigung Demokratischer Juristinnen (Asociación de Juristas Demócratas de Alemania), decidió recientemente otorgar a la Jueza Tirza Flores Lanza el premio Hans Litten 2010.El Premio Hans Litten es otorgado cada dos años a juristas destacadas y destacados en su lucha por la justicia y la democracia en el sentido y los principios de Hans Litten. Hans Litten (nacido en 1903 en Halle, murió en el campo de concentración de Dachau), fue abogado, y empeñó sus esfuerzos en poner el Derecho Penal al servicio de los derechos humanos de las clases oprimidas. En los procesos, logró desenmascarar a varios responsables políticos de los asesinatos y masacres a activistas progresistas, todo dentro de un clima hostil en los tribunales, con una justicia antidemocrática y antirrepublicana. En su proceso más conocido logró citar a Hitler como testigo y desenmascarar sus fines antidemocráticos y golpistas. Hitler no se olvidó de esa vergüenza y después de tomar el poder mandó a Litten al campo de concentración, donde murió. La Asociación de Juristas Demócratas de Alemania decidió conferir a la Abogada Flores Lanza el Premio Hans Litten, por varias razones, estableciendo: “Nos hemos enterado a través de nuestras redes sociales de su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras, especialmente de su lucha por una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado de junio de 2009”; “Aparentemente, su trabajo en la dirección de la Asociación de Jueces por la Democracia, en contra de la corrupción y en contra del golpe de Estado, fueron las razones centrales de su destitución, parecidas a las de su tres colegas Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha”.La comunicación de la Asociación de Juristas Demócratas de Alemania, argumenta que otorgan el Premio 2010 a Tirza Flores Lanza en virtud de que “Nos parece que su lucha está en la línea recta de Hans Litten y de los demás premiados en las últimas décadas. Además queremos premiar su labor destacada como mujer emancipada en una sociedad machista”.Entre los últimos premiados con el premio Hans Litten están el muy conocido abogado alemán Heinrich Hannover, quien intervino en un sinnúmero de procesos de derecho penal buscando un derecho igualitario para grupos marginalizados. En el año 2006 fue premiado Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales en EE UU (Center for Constitutional Rights) conocido por sus acciones contra el presidente Bush y la defensa de encarcelados en la base militar de Guantánamo. En el año 2004 se premió a los abogados israelí y palestino Lea Tsemel y Mohammad Na´amneh, quienes desde hace mucho tiempo están luchando por los derechos humanos en Israel/Palestina y por una paz justa entre las dos naciones.La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, considera que premiar a la Abogada Tirza Flores Lanza, es un justo reconocimiento a su trayectoria y actuaciones en la judicatura y a su papel destacado junto al colectivo asociativo por la defensa de la independencia judicial y por el Estado de derecho en Honduras.

LAS SENSATAS PERORACIONES DE MACARIO LAFONTAINE

2010-08-13T09:50:00.001+02:00

Reproducimos las atinadas observaciones de nuestro amigo Macario Lafontaine, ciudadano europeo residente en la región de la Vera, en el Noreste de Extremadura, desgranadas al calor de una animada conversación sostenida con el estimulo de un refrescante blanco de Rueda.

Reunidos un grupo de buenos cofrades en casa del Coleta, el amigo Macario sostiene que ahora es más vigente que nunca que el trabajo y su valorización es el medio para alcanzar más dignidad y libertad. Ahora se ha visto a dónde ha llevado la euforia que en los recientes tiempos pasados bastaba con cruzar el umbral de una sucursal bancaria para alcanzar los sueños consumistas que sólo parecían existir en el mundo de la publicidad. El piso y el coche nuevo venían como caídos del cielo. Parecía que era el banco el que te arreglaba la vida, no el trabajo, que sólo era sinónimo de esfuerzo y sufrimiento; pero, he aquí, que ahora algunos padres jubilados ven como su modesta casa está en peligro pues habían acudido como avalistas de sus hijos, que ahora, en paro, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. El banco, de bienhechor, ha pasado a mostrar su mano de hierro.

Pero pasando de lo particular (aquí no se dan nombres, como pide la educación ) la conversación discurrió a los grandes temas que están en la mente de todos. Esos mismos bancos que recurrieron al dinero de todos para salvarse, ahora ahogan a los pobres sin que los Estados hayan sido capaces de poner orden en el tráfico financiero mundial, aunque para el que la quiera ver, dice Macario, la lección está escrita en el libro de la vida. Ha sido la inexistencia del trabajo digno y bien remunerado, que es la base del bienestar general, lo que lo que traído los males actuales. Los últimos años han sido testigos de un progresivo aumento de las desigualdades a escala planetaria (y también en Europa) que es lo que al final ha hecho caer la ficción del mundo feliz sostenido por el crédito fácil. El resto de los cofrades estaban de acuerdo pero, europeístas españoles de primera hora, dirigieron con amargura sus dardos la Unión Europea por el lamentable papel que en este momento está jugando.

La Unión Europea, muda al principio de la crisis, se ha convertido en servil vasalla del gran capital transnacional y en lugar de valorar el trabajo, está caminado por una senda suicida marcada por los ideólogos neoliberales. El mismo Coleta, aún en su papel moderador, suscribió con fervor la común opinión de la cofradía de que si Europa ha dado algo bueno en el siglo XX ha sido el Estado Social y Democrático de Derecho y esa debería de ser su aportación al orden mundial en el siglo XXI. En este punto de la conversación, los cofrades reunidos alzaron sus copas en emocionado recuerdo del historiador recientemente desaparecido Tony Judt, y a la siguiente ronda empezaron, como es natural, a hablar mal del Gobierno y aunque Macario trataba de moderar los excesos, no tuvo mas remedio que aceptar con pesar que las ilusiones socialdemócratas han desaparecido con la reforma laboral en marcha.

Admitió que para ser coherente con sus ideas no hay más remedio que aceptar que el camino emprendido por el Gobierno refuerza el poder de los compradores del trabajo (ahora llamados emprendedores) en contra de los trabajadores. Lo malo, según se llegó a una deducción común, es que las cosas, tal y como están, no van a parar aquí si no les ponemos remedio. El capital es insaciable y quiere más, como lo muestra el coro de sus economistas sicofantes que siguen tratando de ensordecer a la gente en los medios de deformación de la opinión con la cantinela de sus falacias para reducir mas los derechos de los trabajadores. Pero eso está por ver, un grito unánime salió de todas las gargantas de la sensata concurrencia “nunca medraron los bueyes en los páramos de España”, ni menos en las vegas ni en las montañas, ni, como, es natural, en las ciudades, como se demostrará en la huelga general del 29 de septiembre.

LOS NEOLIBERALES, EL FMI Y LA FE

2010-05-27T18:13:00.003+02:00

El 11 de mayo tuvo lugar en la villa de Madrid un “seminario de alto nivel” organizado por el FMI y el Banco de España para tratar sobre experiencias en el mercado laboral: Hacía mercados de trabajo más eficientes. El joven Judas del Llano, acreditado como corresponsal del Diario de Parapanda, nos envía con algo de retraso esta crónica. [La genial Giulietta Simionato, recientemente fallecida, preside este trabajo]

Los dos grandes problemas que tiene planteados la sociedad española son el desempleo y la alta tasa de temporalidad de las personas que trabajan para otro. En esto no parece que haya muchas discrepancias. El desempleo masivo ha sido una constante en una gran parte del desarrollo capitalista. Tanto en los inicios de la revolución industrial, cuando no existía el derecho del trabajo, como con posterioridad, los empresarios han contado con el “ejercito industrial de reserva” que acentuaba el que el mercado de trabajo sea favorable a los compradores de la fuerza de trabajo. El drama de las dos guerras mundiales en el siglo XX y el ascenso de los fascismos (a lo que contribuyó el desempleo) extendieron en toda Europa la firme convicción de que eran necesarias grandes reformas sociales que, entre otras cosas, alterasen ese estado de cosas para hacer del mercado de trabajo uno favorable a los vendedores en el que se alcanzase el pleno empleo. No es una utopía, el pleno empleo fue una realidad que se consiguió con el desarrollo del Estado Social. En la España franquista, donde nunca hubo Estado Social, nunca se alcanzó el pleno empleo. Las mujeres apartadas del trabajo y los emigrantes eran la muestra palmaria. La recuperación de las libertades coincidió con una situación económica de crisis y de aumento del desempleo, por eso el constituyente de 1978, consciente de que las instituciones libres peligran cuando vuelve el desempleo masivo (Beveridge), impuso a los poderes públicos la obligación de orientar su política económica al pleno empleo.

A partir de finales de los años setenta del pasado siglo, en un tremendo “crescendo” que hoy aturde, desde distintas sedes internacionales reguladoras de los movimientos económicos (FMI, Banco Mundial y ahora Comisión Europea) y otros centros de creación de la doctrina neoliberal se ha difundido una idea que culpabiliza al derecho del trabajo por el aumento de desempleo. La experiencia española es ilustrativa. Las exposiciones de motivos de las leyes reformadoras del Estatuto de los Trabajadores que se han promulgado desde los años 80 del pasado siglo, justificaban la eliminación de la causalidad (a necesidades permanente de las empresas contratos indefinidos y a necesidades temporales contratos por tiempo determinado) en la situación de desempleo. Se suponía que las facilidades para la contratación temporal darían lugar a una reducción del desempleo. Otras muchas reformas flexibilizadotas se han hecho desde aquellos tiempos en materias tales como movilidad geográfica y funcional, jornada, salarios, también en despido. Todo ello ha hecho que los poderes de los empresarios frente a los trabajadores hayan aumentado considerablemente y, sin embargo, ya vemos que el desempleo no se ha reducido, solo se han cambiado contratos indefinidos por contratos temporales, con perniciosas consecuencias. Es más, la situación más próxima al pleno empleo en España tuvo lugar cuando tras el acuerdo de los sindicatos y las asociaciones de empresarios en 1997 se volvió en nuestro derecho a la preferencia por el contrato indefinido y se recuperó la causalidad en la contratación, aunque la naturaleza de nuestra actividad productiva (gran desarrollo de la burbuja inmobiliaria residencial), además del fraude de ley y el abuso de la descentralización productiva no consintió la reducción significativa de la temporalidad y precariedad. De todo ello se puede sacar la conclusión de que la norma laboral tiene poca incidencia en la mayor o menor tasa de desempleo. Son otros factores los determinantes.

Pero ni de la historia, ni del derecho, ni de la sociología aprenden cosa alguna los economistas liberales de los grandes organismos económicos. Son muy desmemoriados. Un buen ejemplo lo ofreció el “seminario de alto nivel” que organizaron el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional en Madrid en este mes de mayo de 2010. La intervención de una representante del FMI, “experta” en el caso español, puede ser tomada como paradigmática. Colocó una serie de datos de distintos países ordenados en cuadros según ordenadas y abscisas, para llegar a extraer conclusiones “científicas” según las cuales el desempleo alto en España debido a la alta cobertura de la negociación colectiva, a su estructura, a su carácter normativo que hace muy difícil el uso de de las cláusulas opt-out, al exceso de protección del despido, a la generosidad de las prestaciones por desempleo y a las cotizaciones sobre salarios. Lo que llama la atención es que a partir de la mera acumulación de concretos datos estadísticos de distintos países, comparados sin otras conexiones, se atreviera a formular relaciones de causa-efecto. Algo que repugna al más elemental rigor. Un físico o un matemático siquiera lo tomaría en consideración, un científico social se escandaliza, porque la complejidad de las ciencias sociales obliga a una especial prudencia y las consecuencias pueden ser trágicas para mucha gente, porque, por supuesto, las conclusiones “científicas” de inmediato se convierten en las proposiciones normativas bien conocidas que se resumen en la palabra desregulación, que ya creíamos gastada. Según estos doctrinarios liberales, si se adoptasen sus recomendaciones (su amnesia les hace olvidar que ya hicieron esas mismas recomendaciones y se aplicaron en los 90 en Iberoamérica con desastrosas consecuencias) los empleos crecerían como las setas en un buen otoño. ¿Porqué? No aportan prueba científica. Hay que creer que así será, a pesar de las evidencias en contrario que aporta la Historia. O sea, después de tanta abscisa y ordenada todo se resuelve en una cuestión de fe, que como se sabe mueve montañas. Pero ya nos enseñó el gran Augusto Monterroso que cuando la gente era crédula, la fe generaba más problemas que resolvía, pues cada día las montañas, los ríos, las carreteras cambiaban de sitio, así es que la buena gente dejó de creer. Por eso cuando hay un terremoto, o un desprendimiento de tierras sobre una carretera es que alguien tuvo un atisbo de fe, que mas vale no tengamos en este caso a la vista de las consecuencias.

LA CORRUPCIÓN DE LAS PALABRAS: Democracia en la boca de los neofranquistas

2010-04-26T18:16:00.003+02:00

Las palabras pierden su significado cuando se hace un uso espurio de ellas y se convierten en instrumento de las mas oscuras intenciones y deseos de quien las falsean, como ocurre cuando el mentiroso llama mentiroso al que dice verdad, verdugo a quien es víctima y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La derecha española está desde hace unos años dando triste ejemplo de cómo prostituir las palabras y usar el insulto en lugar de los argumentos. Produce estupefacción ver que los lideres del PP, después de que este partido votase sobre el Estatuto de Autonomía una cosa distinta en Madrid que en Toledo, acusen al gobierno regional manchego de estar 30 años mintiendo no se sabe muy bien sobre que. Pero con las críticas a las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes del franquismo la cosa está llegando al disparate.

Resulta que según el sr. Rajoy, la sra. De Cospedal y la sra. Aguirre, además de los insultos, esas movilizaciones son “brutales”, ponen en peligro la democracia y no respetan ni la independencia judicial ni la separación de poderes. ¿Argumento? No hay, solo es así porque lo dicen ellos. Claro ejemplo de autoritarismo antidemocrático. Parece que lo democrático para ellos es no investigar el genocidio franquista. Lo democrático es convertir en reo al que intenta depurar responsabilidades por aquellos atroces asesinatos.

Esos mismos dirigentes no han dudado en alentar y asistir a manifestaciones contra el Parlamento cuando estaba tramitando algunos proyectos de leyes que no les gustaban o incluso cuando algunas leyes ya estaban aprobadas. Las Cortes son, no lo olvidemos, las representantes directas del titular de la soberanía que es el pueblo y a nadie se le ha ocurrido decir que esas movilizaciones eran antidemocráticas, sino todo lo contrario, ejemplo del uso del muy democrático derecho de manifestación. Pero para nuestra rancia derecha cuando son otros los que lo usan entonces hacen un uso antidemocrático de el. En el caso de los crímenes franquistas están diciendo que no se pueden hacer manifestaciones contra los jueces porque comprometen la independencia judicial. Dejemos de lado que en el pasado reciente altos exponentes de la derecha patria han descalificado y participado en movilizaciones contra decisiones de los tribunales (caso De Juana Chaos, caso Gúrtel, caso Yak43, etc…) y preguntémonos donde está lo antidemocrático de las movilizaciones que tanto critican ahora. Hay una pregunta elemental a hacer ¿de donde viene el poder de los jueces y tribunales? La respuesta en un sistema democrático como el que se dice tenemos no puede ser otra que del pueblo. Lo mismo pasa con el ejecutivo. Si se llevan a cabo movilizaciones contra el ejecutivo y contra el legislativo ¿porqué razón no pueden hacerse contra el judicial? ¿Es eso negar su independencia? No, con esas movilizaciones se cuestionan actuaciones concretas.

Los tribunales de justicia todos los días resuelven miles de pretensiones de los justiciables con arreglo a su buen saber y entender y no parece exacto que la justicia, a pesar del éxito mediático de la frase, “sea un cachondeo”. De algunas o de muchas decisiones judiciales se puede discrepar y la comunidad jurídica manifiesta su disenso con la crítica fundada que sirve para el mejoramiento del derecho. Pero hay casos en los que algunas resoluciones judiciales conmueven la sensibilidad y el sentido de justicia de miles de personas mas allá de la comunidad jurídica y, entonces, esas mismas personas tienen toda la legitimidad de manifestar su indignación ante lo que consideran un uso inadecuado de los poderes que el pueblo ha conferido a los jueces. Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad, pero ¿Dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones cuanto menos por dos motivos, el primero porque a diferencia de los miembros del legislativo y del ejecutivo no pueden ser removidos de sus cargos por exigencias de su independencia e imparcialidad y, en segundo lugar, porque en nuestro sistema tienen la última palabra sobre muchas materias. Gozar de estas dos características de su función no les convierte en una especie moderna de señores de horca y cuchillo. En el caso Garzón muchas personas ven, entre otras cosas, precisamente un ataque a la independencia judicial que resiente la legitimidad de los tribunales.

La verdad es que la prudencia escasea entre los lideres de la derecha española que a lo que se ve, les sale toda su vena autoritaria y recurren al insulto ante los intentos de la gente de insistir en clarificar los crímenes del genocidio franquista y honrar a sus victimas. Pero que califiquen como ataques a la democracia las recientes movilizaciones es el mismo disparate que las condenas por rebelión militar que hicieron los militares golpistas rebeldes contra quienes defendieron a legalidad republicana que todos (incluso los golpistas) habían jurado respetar. La democracia para ellos es solo un vocablo de uso retórico en beneficio propio.

CARTA ABIERTA A LA DIRECCIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

2010-04-19T16:18:00.001+02:00

Queridos amigos, queridas amigas:
No tenemos ningún título político, corporativo o asociativo que nos legitime especialmente para esta carta. Nos dirigimos a vosotros como universitarios y profesionales del derecho que mantenemos una posición ideológica marcada por nuestra edad y nuestra historia y que converge con el ideario y la línea de actuación de Jueces para la Democracia. Muchos de nosotros, además, tenemos una antigua relación de amistad y de compañerismo con tantos y tantas magistradas y magistrados de vuestra asociación. Sobre esta confianza, os escribimos.

Estamos acostumbrados en nuestro trabajo a mantener una relación respetuosamente crítica con las decisiones de los órganos judiciales. Cuando el fallo es firme, si la decisión no realiza una interpretación adecuada de la constitución y el ordenamiento jurídico, criticamos la sentencia rebatiendo sus fundamentos jurídicos y proponiendo en su caso una reforma de la norma que ha dado lugar al fallo que es incorrecto desde nuestro punto de vista. Esta ha sido la regla a la que se han sujetado nuestras relaciones con las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sin embargo en el auto del Juez Instructor y Magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela haciendo lugar a proceder contra el Juez Baltasar Garzón por prevaricación se dan circunstancias de especial gravedad que afectan a la lucha democrática antifranquista y la memoria histórica.

Hemos conocido el rigor de la represión y de los crímenes del franquismo. La dictadura del General Franco se caracterizó por su persecución y hostilidad hacia la clase obrera y sus representantes. Estamos orgullosos de haber luchado por la democracia y la libertad, de reivindicar la amnistía política y de defender la amnistía laboral en la calle y en los tribunales, ante las restrictivas interpretaciones de aquellos tribunales de justicia, de haber contribuido con tantos otros, a derribar la dictadura, de nuestra historia como luchadores antifranquistas. Cuando, pasadas tres décadas de la transición a la democracia, el Parlamento español aprobó la Ley de Memoria Histórica, saludamos la norma como un elemento imprescindible para la consolidación definitiva del Estado Social y Democrático que instauró la constitución de 1978. Pensamos entonces y seguimos pensando hoy que hay que anular las sentencias de condena del franquismo y que hay crímenes que este régimen cometió que no se pueden considerar prescritos por la Ley de amnistía de 1977. Por eso no podíamos aceptar que el Tribunal Supremo a través del Juez instructor Luciano Varela considere que se trata de opiniones criminales incontrovertidas y que el juez que las mantuviera razonadamente, como Garzón, está prevaricando y por tanto cometiendo delito. Con ello el auto del magistrado del Tribunal Supremo, a instancias de organizaciones de ultraderecha, toma partido por el franquismo y sus crímenes y se burla de la ley de memoria histórica y de las personas que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas en la defensa de la libertad y de la igualdad.

El auto de procesamiento hecho público y el desprecio autoritario por los derechos de defensa de Garzón ha conseguido una repercusión pública nacional e internacional tan relevante que se está poniendo en crisis la legitimidad de los aparatos de justicia del Estado democrático español. Crecientes sectores de la opinión pública nacional e internacional identifican a los jueces y magistrados con posiciones ideológicas que declaran la impunidad de los crímenes del franquismo y que rechazan la ley de memoria histórica, dañando de forma posiblemente irreversible el desarrollo de nuestra democracia. Vuestra asociación, Jueces para la Democracia, es la heredera directa de Justicia Democrática, que fue una organización perseguida por la dictadura y de un clamoroso ideario democrático y radical, y sus miembros pagaron con la postergación y el aislamiento su compromiso por la democracia y su lucha antifranquista. La reivindicación de una política democrática de la actividad judicial y la necesidad de que los jueces y magistrados tomen postura frente a esta deriva autoritaria la habéis recogido en vuestro manifiesto, firmado junto con la UPF, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la democracia y que, de forma muy adecuada, habéis titulado “en la tradición de justicia democrática”. Ha sido una señal clara y contundente que ha roto el “silencio de plomo” que se había extendido entre los miembros de la judicatura respecto de este tema.

Este es el objeto de nuestra carta. Queremos expresaros, interpretando que es el sentir de muchos otros compañeros y ciudadanos, nuestra satisfacción y nuestro pleno acuerdo con el manifiesto publicado con él habéis puesto fin a ese mutismo inexplicable en el que tantos jueces y magistrados demócratas se encontraban incómodos, y lo habéis hecho mediante la condena tajante y explícita de los motivos y de la doctrina contendía en el auto de procesamiento de Garzón por el delito de prevaricación. No será en adelante posible arrojar dudas sobre la postura de la izquierda judicial sobre este particular. Con claridad, de forma muy elegante pero firme, habéis rechazado la criminalización de una opción interpretativa jurídicamente fundada y funcional a la eficacia de aspectos importantes de la memoria democrática en nuestro país.
Es evidente que esa postura vuestra está siendo sometida a presiones muy fuertes, como ahora vemos las reacciones terribles de la derecha y la extrema derecha ante la movilización popular en apoyo del juez Garzón por la memoria histórica y frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios organizativos y mediáticos sin ningún pudor. Os animamos a continuar sin vacilación por este camino, como decís justamente, en la tradición histórica de JD, honrando la memoria de tantos de sus miembros, hoy desaparecidos, que mantuvieron siempre una decidida posición a favor de la libertad y de la democracia en la larga noche de piedra del franquismo.
Cordialmente, con toda nuestra solidaridad

Joaquín Aparicio
Antonio Baylos
Luis Collado
Mercedes Garcia Arán
Enrique Lillo
Ángel Martín Aguado
Nieves San Vicente
Juan Terradillos

EL CONTRATO ÚNICO DEBE APLICARSE AL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANDO DE ESPAÑA

2010-04-07T09:19:00.001+02:00

El Banco de España no ceja. Parece que henchido de un ardor religioso propio de la semana pasada decidió volver a azotar con la palma del martirio a los pobres ciudadanos que felices se las prometían escapando a un aislamiento gozoso fuera de la influencia penitencial. De nuevo ha atacado con la propuesta del contrato único. En otras entradas de este blog se ha indicado que el Banco de España, en tanto que parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de Funcionamiento de Unión Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 130 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente, lo que sin duda es una importante limitación del principio democrático. Esta limitación les obliga a una extraordinaria prudencia y autocontención.

Tanto el Tratado como la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, establecen sus funciones, que son tasadas. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, “apoyará la política económica general del Gobierno”. El autoritarismo del que hace gala la citada institución, con su Gobernador al frente, ha dado ahora un paso mas al irrumpir en un delicado momento del proceso de concertación social para reformular propuestas ya incluso abandonadas por la propia patronal. Ha tomado una posición de parte. Que las empresas tengan como preocupación primera la dificultad del crédito, que es, eso si, asunto de su competencia, no es, a lo que parece, la principal preocupación del Baco Emisor (de ideología ante todo). En otras ocasiones hemos mantenido que Gobernador del BE debe callarse o dimitir o ser cesado, pero ahora, un sanedrín democrático y solvente reunido en Parapanda, tras breve deliberación como corresponde a lo evidente del asunto,

1) considerando que la declaración en la que pide el contrato único es una actuación ultravires al ir mas allá de las funciones que el citado Banco por ley tiene asignadas,

2) considerando que es una manifestación de extraordinaria falta de prudencia en una institución que debería dar ejemplo de ella

HA DECIDIDO solicitar de la autoridad competente la externalización inmediata del Servicio de Estudios del Banco de España con la pérdida de la condición de funcionarios de sus miembros que no serán dejados en la calle sino que serán contratados por la empresa que resulte adjudicataria de la contrata correspondiente con la modalidad contractual por ellos propuesta.. Se recuerda a todos que en aplicación de la doctrina de la sala 4ª de TS la pérdida de la contrata puede ser una causa de extinción del contrato, aunque con el contrato único tampoco sería menester aplicar. Se trata de este modo de hacer una aplicación experimental de esta modalidad contractual.

LOS SINDICATOS CON BALTASAR GARZÓN

2010-03-28T13:18:00.001+02:00

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas; y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales.

Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Madrid, abril de 2010

LA JUBILACIÓN ES UN DERECHO

2010-03-18T07:14:00.001+01:00

Manuel Ramón ALARCÓN CARACUEL
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Sevilla.

Lo que acabo de escribir es, desde luego, una perogrullada. Sin embargo, a la vista de cómo se está planteando en las últimas semanas el debate sobre la edad de jubilación por parte de algunos intervinientes en el mismo, quizás no sea inoportuno recordar cosas esenciales como ésa. En efecto, la jubilación es el derecho que tiene toda persona a descansar tras una larga vida entregada al trabajo en beneficio propio y de la sociedad y de que ésta le garantice una subsistencia digna hasta el fin de sus días. Nuestra Constitución es terminante al respecto: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”, dice su artículo 50. Por lo tanto, cualquier planteamiento que parta de cuestionarse si en el año 2040 o 2050 se van a poder pagar o no las pensiones –suficientes y actualizadas, por cierto- es completamente erróneo: si obedecemos a la Constitución, las pensiones habrá que pagarlas, y punto. Otra cosa es indagar cual es la mejor fórmula de financiación para facilitar el cumplimiento de ese deber constitucional: con cotizaciones, con otros impuestos o, lo que seguramente es preferible, con fórmulas mixtas.

Observemos ahora que la Constitución habla de la “tercera edad” y, como es lógico, no fija la frontera que delimita esa franja de nuestra vida: eso es competencia del legislador ordinario. Por ello es perfectamente lícito discutir si esa frontera puede situarse en los 65 años o en los 67 o en los 70 o, ¿por qué no? en los 60 o, mejor todavía, en una franja que vaya, por ejemplo, de los 60 a los 70 y que se concretaría para cada caso en función de una serie de parámetros: tipo de profesión ejercida, años de cotización acreditados, avances de la medicina que hacen mejorar la calidad de vida y las aptitudes de las personas mayores, diversas circunstancias personales del sujeto que aspira a jubilarse, etc. etc. Como digo, eso es perfectamente lícito y conveniente. Pero lo que me parece un despropósito es el tono malthusiano con el que se ha abordado esta cuestión por quienes han convertido un dato enormemente positivo –el progresivo aumento de la esperanza de vida- en un conjunto de vaticinios agoreros sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social que nos abocaría poco menos que a tener que pedir disculpas por seguir viviendo más allá de los 70 años. Veamos esto con un poco más de detalle.

He dicho hace un momento ¿por qué no a los 60? No es que yo proponga esa edad de jubilación como regla general: ya he dicho que, en mi opinión, la edad debe ser flexible. Pero tampoco se trata de una provocación sino simplemente de un elemento para la reflexión. Piénsese lo siguiente: una persona que empiece a trabajar a los 16 años (lo que, dicho sea de paso, me parece una barbaridad) y tenga la suerte –hasta ahora no infrecuente- de poder continuar trabajando ininterrumpidamente toda su vida, a los 60 años habrá trabajado y cotizado a la Seguridad Social la friolera de cuarenta y cuatro años. ¿Alguien se siente legitimado para negar a esa persona que pueda jubilarse y disfrutar de su pensión durante, por ejemplo, quince años? Yo, desde luego, no. Y recuérdese que, hoy por hoy, con treinta y cinco años de cotización ya se alcanza el cien por cien de la base reguladora que sirve de cálculo para la pensión. Es obvio que a la Seguridad Social no le resulta indiferente pagar una pensión durante 5 años (jubílese a los 65 y muérase a los 70, sería la receta) que durante 15 años, sea de los 60 a los 75 o de los 65 a los 80 o cualquier otro período. Pero es que, como Hacienda, “la Seguridad Social somos todos”, no un monstruo autista gobernado por tecnócratas malthusianos ante los que debemos doblegarnos acríticamente.

Quiero decir con ello que somos todos los ciudadanos quienes debemos de decidir si el alargamiento de la esperanza de vida debe aprovecharse para tener un período algo más amplio de liberación del yugo del trabajo al final de nuestro periplo por este mundo o si, por el contrario, ello debe conducirnos inevitablemente a prolongar los años de sometimiento a la condena bíblica: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Se trata, como es bien sabido, de un asunto de solidaridad intergeneracional. Y quienes pronostican que –ante el llamado envejecimiento de la población y si no se introducen las reformas que ellos aconsejan- en el futuro las pensiones “no van a poder pagarse”, lo que están haciendo en realidad es un sombrío pronóstico sobre la falta de solidaridad de nuestros hijos y nietos que “no van a querer pagar esa factura”.

Pero, ¿tan grande va a ser esa factura? Sobre este particular, las proyecciones demográficas y económicas –que han fracasado estrepitosamente en el pasado inmediato: los mismos que hoy vuelven a atemorizarnos son quienes pronosticaron que nuestra Seguridad Social entraría en quiebra técnica en el 2005- vienen a decirnos, en números redondos, que si hoy destinamos el 9 por ciento de nuestro PIB a pagar las pensiones dentro de cuarenta años tendríamos que pagar el 15 por ciento y que eso sería insoportable. Y yo pregunto ¿por qué va a ser insoportable? Suponiendo que la tarta –el PIB- siguiera siendo del mismo tamaño y el número de comensales totales (47 millones de habitantes dicen esos pronósticos) apenas varíe, es completamente lógico que si los comensales de la tercera edad aumentan en términos relativos respecto a los activos consuman una parte mayor de esa tarta. Pero atención: sucede que esos mismos pronosticadores tienen que reconocer que, con un crecimiento moderado interanual del PIB –al que volveremos tras la crisis: la historia del capitalismo lo demuestra- dentro de cuarenta años nuestro PIB será aproximadamente el doble que el actual. Es decir, que si la tarta tiene hoy cien porciones –de las que nueve se destinan a los pasivos y 91 a los activos- dentro de cuarenta años tendrá doscientas porciones, el 15 por ciento de las cuales, es decir treinta, habrá que destinar a los pasivos, quedando nada menos que ciento setenta para los activos. Me resisto a pensar que nuestros hijos y nietos sean tan glotones que nieguen a sus mayores ese quince por ciento de la tarta global.

Dicho en otros términos y concluyo: la relación personas en edad de trabajar-personas jubiladas, cuyo deterioro está en la base de todos los augurios catastrofistas sobre nuestro sistema de pensiones, es un elemento a tener en cuenta pero ni de lejos es el factor determinante de esta cuestión. Hace poco decía el conocido especialista en el Estado del Bienestar Esping Andersen que el futuro de las pensiones está en las guarderías infantiles. Parecía una broma pero no lo es en absoluto: se trata de facilitar que la tasa de actividad femenina supere los veinte puntos de desventaja que tiene en nuestro país respecto a la masculina –que eso sí que es, además de un escándalo, insostenible- porque, en definitiva, lo que importa es que la mayor parte de las personas en edad de trabajar –mujeres y hombres- se incorporen al mercado de trabajo, que realmente encuentren un puesto de trabajo y que trabajen de la manera más productiva posible: es decir, que la tarta aumente. Después ya nos ocuparemos de repartirla. Pero, claro está, ponerse a hablar de un tema estratégico como las pensiones en un momento de crisis económica aguda como el actual no sé si calificarlo como inoportuno o como “oportunismo obsceno”: el que ejerce ese monstruo de las cien cabezas que llaman los mercados financieros.

EL FALLO ORAL Y EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

2010-03-10T08:00:00.001+01:00

José Eduardo de Resende Chaves Júnior [1][1]

El Ministerio de Justicia de Portugal anuncia una importante reforma en el proceso penal de su país, reforma que permitirá las decisiones orales, sin reducción a término escrito, en causas de menor complejidad, en los autos del expediente electrónico.

Existen sin números de estudios comprobando que los mecanismos de racionalidad y argumentación del lenguaje escrito son diferentes del lenguaje oral.

El lenguaje escrito es más descriptivo y el oral involucra más la performance.

Para entender eso mejor, basta pensar en el desastre que sería la escenificación de una novela escrita sin la transposición para un lenguaje propio para el teatro, para un lenguaje hablado.

Vale recordar que el autor teatral, al redactarla, no agota los recursos argumentativos y dramáticos. Un buen actor, con su performance, complementa bien y hasta transciende los límites escritos de la pieza teatral. Cuando el juez profiere una sentencia en audiencia, a razón del principio de la escritura, tiene que transcribir para el lenguaje escrito la sentencia proferida oralmente.

En otras palabras, él acaba “dictando” una sentencia, al contrario de “proferirla”. En el diccionario, “proferir” significa “decir en voz alta”. Sentencia, etimológicamente, como se sabe, viene de “sentir” y no de “dictar”.

En el proceso electrónico, la sentencia puede ser captada en su pura verbalidad oral y gestual. Así, el proceso electrónico permite que el juez abandone la costumbre de sólo dictar, para, efectivamente, pasar a proferir sentencias.

Y al “proferir” una sentencia se puede lanzar mano de otros recursos argumentativos que el lenguaje escrito no permite. Por medio del lenguaje oral es posible ser más directo y objetivo, inclusive más conciso. Las pruebas son enseñadas y no solamente descritas en el fallo.

La oralidad permite, pues, escenificar una sentencia y no dictarla o escribirla. Como el archivo electrónico permite no sólo voz, como también imagen, y no sólo imagen, sino imagen-movimiento (Bergson), es decir, admite un archivo de vídeo, se puede lanzar mano de todos los recursos de una performance teatral-cinematográfica para proferir, para decir en voz alta, la sentencia.

Eso puede parecer irrelevante, pero eso cambia todo.

El proceso es un juego argumentativo y de estrategia. Todas las estrategias son trazadas en si considerando el medio; si cambiamos el medio, del papel para el medio electrónico, se cambian las estrategias evidentemente.

Es bueno recordar que el juez – y no sólo los abogados - gestiona también sus estrategias argumentativas.

Ese cambio de la sentencia escrita, para la sentencia oral es más profundo de lo que pensamos.

Cambiamos, como decía el padre de la comunicación canadiense, Marshall McLuhan, para un medio más “caliente”, el oral-electrónico. El papel, en el sentido utilizado por McLuhan, es un medio más “frío”, es decir, es un medio que suministra menos información al receptor.

Pero, al contrario de lo que propugnaba McLuhan, el medio más “caliente” presupone mayor participación. Al menos en la hipótesis del proceso electrónico, él permitirá una mayor participación de las partes y abogados. El proceso electrónico tiende a ser más participativo e interactivo.

Esa mayor participación e interactividad acaba teniendo reflejos profundos también en la fundamentación de los juzgados.

Los fundamentos son, sí, condicionados también por el “medio” en que son expresos y difundidos. Si no tenemos “medios” de probar o demostrar los fundamentos, ellos acaban quedando en el vacío. Los fundamentos son indisociables de los medios. El “medio es el mensaje”, el medio es una extensión del ser humano, ya decía McLuhan.

Esa extensión del ser humano no es neutra. Ella acaba condicionando y modificando la forma de estar en el mundo y de pensar del ser humano.

Los “medios” de transportes – que también son extensiones del hombre – cambiaron el mundo. El hombre que se desplazaba sólo con los pies es muy diferente del hombre que puede usar el avión.

Los fundamentos no son ideas puras, esencias. Son conexiones, son ligaciones entre hechos, cosas y pensamientos. Ligaciones son medios.

Los fundamentos de la cultura del papel, de la escrita, de la galaxia de Gutemberg (McLuhan) son diferentes de los fundamentos de la era electrónica, de la cultura oral, conectada y de la performance.

Los juristas perdemos mucho tiempo con la tentativa de desarrollar una teoría de la argumentación jurídica, similar a la lógica formal, una lógica claudicante.

Como nos enseñó Perelman, que, además de jurista, era lógico-matemático (con doctorado sobre el matemático Frege), en la lógica jurídica el decisivo es la determinación de las premisas – el hecho y la norma a ser aplicada. El silogismo jurídico, a partir de la determinación de las premisas es extremadamente sencillo.

Necesitamos desarrollar una nueva teoría de la argumentación jurídica, pero de otro orden, llevando en consideración, no la abstracción de la lógica formal, pero la materialidad del “medio” en que la argumentación es presentada y desarrollada.

Abstraer la argumentación del medio es el primer paso para volver todo teórico y artificial. El filósofo del pergamino es muy diferente del filósofo en red.

El proceso electrónico va a desencadenar una revolución de la performance en el proceso judicial. Cuánto más temprano los juristas apunten a ello, más temprano podrán contribuir para que esa revolución se dirija para el camino cierto. De lo contrario, continúen creyendo que el ordenador es sólo una máquina de escribir con más recursos, el proceso electrónico se reducirá a un mero proceso escaneado y, con eso, perderemos la oportunidad histórica de dar un choque - tan prometido, cuanto diferido – de efectividad al proceso judicial.

Conheça minhas redes: www.meadiciona.com/pepe

José Eduardo de Resende Chaves Júnior (Pepe)

TERCIANDO EN EL DEBATE DE "LA PENSIÓN". ¿Qué hacemos con el tope de cotización?

2010-03-04T19:51:00.002+01:00

Hay algo que irrita en el actual debate sobre “las pensiones” y es que los “expertos” que desde hace 20 años están intentando minar la confianza del pueblo en una institución esencial para la vida civilizada como es la Seguridad Social, vuelvan a la carga con el mismo consabido tema del envejecimiento de la población que hará imposible en un futuro (ahora es el 2025 para algunos y para otros el 2049, pero antes habían dicho que el 2005. Está escrito) no se podrán pagar las pensiones. ¿Qué solución proponen? Si soplamos la hojarasca lo que aparece debajo es una propuesta muy clara que parece como sacada del cuento de la cigarra y la hormiga. Así de sencillo: El ahorro para el porvenir. Un castizo podría decir que para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. La cosa más antigua del mundo de la previsión, el ahorro individual, se presenta como la gran solución del futuro, y eso a pesar de que todas las experiencias históricas han demostrado su insuficiencia y fracaso, por la sencilla razón de que solo pueden ahorrar cantidades significativas para el futuro aquellos quienes disponen de excedentes holgados en el presente. En España, como en todas partes, hubo resistencias en los primeros años del siglo XX a la implantación de los primeros Seguros Sociales, pero no hubo mas remedio. ¿Se acuerdan de aquello de la libertad subsidiada? Era un mecanismo para incentivar el ahorro entre las “clases populares” que acabó en fracaso.

Pero la Historia pesa y no se puede hacer tabla rasa de golpe con la gran institución de civilidad que es la Seguridad Social en Europa, por eso las instituciones financieras ya han abandonado la idea de una sustitución completa de los sistemas de reparto por los de capitalización individual, que una vez publicitaban llevando de una parte a otra a aquel ministro de Pinochet. Además hay límites constitucionales. Ahora, con el aval de la Comisión Europea, se trata poco a poco de reformar (casi refundar) la Seguridad Social sobre tres pilares: el de una renta mínima garantizada por el Estado mediante un sistema de reparto, un sistema obligatorio de capitalización para aquellos que tienen una carrera profesional estable (llamado profesional) cuyos fondos acaban siendo gestionados por entes financieros privados, y un tercero también de capitalización pero voluntario. Es claro que el primero es para pobres y precarios, el segundo para clases medias y clase obrera de esa que dicen privilegiada por tener empleos mas estables, y el tercero para los más pudientes. Es una versión de una receta emitida en los años 90 del siglo pasado por el Banco Mundial.

Los planes y fondos de pensiones, es decir, la cara con la que ahora se presenta el viejo ahorro, es la solución que se da al problema del “envejecimiento” de la población española, si bien ahora se dice que de modo complementario a la “pensión pública”, ya que la gran cantidad de pasivos sobre el de activos obligará a la reducción de su cuantía para que siga existiendo. Pero no resolvería mucho, excepto para una capa exigua y pudiente de la población. Para empezar porque la pensión futura del fondo de pensiones (tanto individual como profesional) dependerá de la cantidad ahorrada y solo los que mucho pueden ahorrar tendrán pensiones buenas…si la crisis o la “coyuntura económica” no hace añicos las inversiones que es lo que ha pasado en 2008. Entonces el Estado tendrá que intervenir para desfacer los entuertos del mercado. En definitiva ese sistema lo que hace es negar con evidente error la socialidad de los riesgos que producen estados de necesidad a todos los ciudadanos al vincular el estado de necesidad a la incuria personal del que no supo ahorrar para el futuro. En coherencia con esa ideología niega el principio esencial de la Seguridad Social, el de solidaridad entre activos y pasivos que se manifiesta en la redistribución de rentas. Con los fondos de pensiones “lo mío para mi”.

¿Tiene que ver esto con el debate actual? Pues si. Un ejemplo de que estas cosas están incidiendo en la actual configuración del Sistema de Seguridad Social es que desde los años 90 del pasado siglo aparecieron en la ley de Presupuestos de cada año los llamados topes de cotización a la Seguridad Social. De acuerdo con el art. 129 de la ley 26/2009 de presupuestos para 2010, el tope máximo de cotización a la Seguridad Social es de 3.198 € al mes. Puesto que la Seguridad Social, como queda dicho, es la organización técnica y real de la solidaridad, quienes ganen (en salario bruto) mas de esa cantidad dejan de ser solidarios en lo que la supere. Son solidarios, pero solo hasta cierto punto. Quienes, por el contrario no lleguen a ese tope, son solidarios al ciento por ciento. Una solidaridad inversa, porque los pobres son mas solidarios que los ricos quienes con ese exceso que no cotiza pueden irse a un fondo de pensiones. Esto debe desaparecer por elemental justicia, pero también porque las arcas del Sistema serán mejor nutridas. No puede argüirse que si se elimina el tope de cotización habría que eliminar el tope de pensión (hoy establecido en 2.466,20€/ mes) porque como es bien sabido la relación de Seguridad Social no es una relación contractual, no hay un sinalagma entre cuota y prestación. Podría eliminarse el tope de cotización y mantenerse el de prestación. No sería ninguna incorrección técnica, aunque por prudencia se corrigiera al alza.

Otro ejemplo es que se habla de pensiones, cuando en realidad se trata solo de una, la de jubilación ¿Qué pasa con las situaciones de necesidad de los enfermos, de los inválidos, de los huérfanos, de los desempleados…? Por supuesto que para mantener el Sistema hay que hacer reformas, eso no se discute, pero hay que hacerlo respetando ciertas bases, como la consideración conjunta de contingencias, por ejemplo, pero será en otro momento.

Parapanda, 4 de Marzo de 2010

33 ANIVERSARIO "ABOGADOS DE ATOCHA"

2010-01-20T06:59:00.000+01:00

La persistencia en celebrar cada año unos actos que recuerdan la masacre de los abogados de Atocha no es un ejercicio luctuoso de nostalgia y ánimo amistoso a las victimas sobrevivientes y sus familiares, es, sobretodo, un ejercicio de lucha por el mejoramiento de la calidad democrática de nuestro país en el recuerdo de quienes lucharon y sufrieron las consecuencias de la feroz inquina de los enemigos de la libertad y la igualdad. Todavía hay mucho por hacer.

ACTO CENTRAL: AUDITORIO “MARCELINO CAMACHO”A LAS 11 HORAS DEL SÁBADO ACTOS 23 DE ENERO DE 2010

Cronograma del Acto central:
PRIMER BLOQUE

Ø Proyección vídeo resumen actos 2009 (duración aproximada 6’)
Ø Presenta y conduce el Acto: Elvira S. Llopis
Ø A continuación intervendrán:
§ Raúl Cordero, Director de la Fundación Abogados de Atocha
§ Paquita Sauquillo. Premio “Abogados de Atocha” Castilla La Mancha 2010
§ Representante del Gobierno de Castilla La Mancha
§ Decano del Colegio de Abogados de Madrid

SEGUNDO BLOQUE (RECONOCIMIENTOS 2010)

Ø Proyección del vídeo de Tino Calabuig (duración aproximada 14’)
Sobre el Juicio de Atocha.
Ø A continuación Intervención de un familiar (quizás José Luís Rodríguez Leal)
§ Entrega reconocimientos (cada familiar entregará placa a su abogado defensor)
§ Intervienen agradeciendo: José Bono como Presidente del Congreso y uno o dos Abogados de la Acusación Particular.

Ø Se llama a quienes formaron parte de aquel movimiento denominado “Justicia Democrática”
§ El reconocimiento lo entrega Alejandro Ruiz-Huertas, y a continuación interviene, agradeciendo, la persona de “Justicia Democrática”, que ellos consideren.

TERCER BLOQUE (ENTREGA PREMIOS 2010: “ABOGADOS DE ATOCHA”)

Ø Proyección vídeo homenaje a Marcos Ana y Domingo Malagón (duración aproximada 6’)
§ Entregan premio Ignacio Fernández Toxo, Javier López, Alejandro Ruiz-Huertas, Dolores González y Raúl Cordero.
§ Intervienen, agradeciendo Domingo Malagón y Marcos Ana.

Ø Para finalizar el acto intervienen: Javier López, Ignacio Fernández-Toxo y Alejandro Ruiz-Huertas

ACTO: PLAZA ANTÓN MARTÍN, A LAS 10 HORAS

INTERVENDRÁN:

- Raúl Cordero, que presenta y pedirá un minuto de silencio.
- Representante del PCE
- Alejandro Ruiz-Huertas
- Cierra el Acto Javier López
(La duración del conjunto de intervenciones de éste Acto será de 15’)

Previamente al Acto de la Plaza de Antón Martín, a las 9,00 horas una delegación de CCOO de Madrid y de la Fundación “Abogados de Atocha”, visitará los cementerios de Carabanchel y San Isidro.

¿ES LA REFORMA LABORAL LA SOLUCIÓN A LA CRISIS?l

2010-01-12T16:35:00.003+01:00

La primera parte de la solución a un problema es la identificación del problema mismo, en segundo lugar, identificar las causas que lo han generado para, después, aplicar los remedios que las eliminen y, al mismo tiempo y en función de las circunstancias con más o menos urgencia, aplicar medios para conjurar las consecuencias inmediatas mas perniciosas. Este es el esquema que habría que aplicar para enfrentarse a la crisis del año ocho, si se quiere actuar en profundidad.

En materia social, hasta el momento, se han adoptado ciertas medidas de urgencia que tratan de poner lenitivos a los males que produce el desempleo, uno de los peores efectos de la crisis. La mejora de las prestaciones por desempleo para quienes hayan agotado las prestaciones previstas y no dispongan de rentas alternativas era una necesidad insoslayable reclamada por los sindicatos y puesta en práctica por el Gobierno que, sin embargo, no tiene mucho que ver con las causas que generaron la crisis. Cuando se están planteando los temas a abordar en esta fase de la concertación social y la patronal (con el Partido Popular detrás) insiste en una nueva reforma laboral es pertinente hacerse la pregunta que da título a este artículo.

En cuanto a la identificación del problema hay una opinión muy difundida de que estamos en presencia de una crisis financiera que ha acabado por afectar a la “economía real”. No hay que dejar de ocultar que hay otras opiniones que nos hablan de una crisis de la economía real (una crisis de sobreproducción) que ha acabado provocando una crisis financiera. Sea como fuere ambas opiniones coinciden en que estamos ante una crisis sistémica.

El que se trate de una crisis financiera que ha afectado a la economía real, o una crisis de sobreproducción que se ha manifestado de modo dramático en crisis financiera puede que tenga que ver con la idea que se tenga del origen de la crisis y, por tanto, con las soluciones a adoptar. Para algunos de los que afirman que estamos ante una crisis financiera el origen lo ponen en una mera deficiencia de las reglas que han sido incapaces de regular de modo adecuado los flujos de capitales y los instrumentos mas imaginativos de la economía financiera y, por otro lado, poner coto a la excesiva avidez de ganancia de algunos operadores económicos. Las soluciones a la crisis tendrían que venir, para quienes mantienen esta opinión, en alguna intervención momentánea para conjurar los males más urgentes (como se ha hecho con las intervenciones públicas en bancos y compañías de seguros) y otras correcciones mas permanentes para dejar que “los mercados” (¿quienes son esos mozos?, diríamos con Sánchez Ferlosio) volviesen a ser eficientes de tal manera que controlarían la excesiva avaricia. Ignoran que ya desde principios del siglo XVIII importantes teóricos (Mandeville) nos han enseñado que en el capitalismo los vicios privados hacen virtudes públicas. Aunque esta corriente de pensamiento no ha sido capaz de relacionar la protección del trabajo con el origen de la crisis e incluso reconoce que no hay una relación de causa-efecto, en un salto lógico (un salto de rana), acaba pidiendo una reforma laboral que reduzca la garantía de los derechos de los trabajadores como una necesidad para superar la crisis, aunque no se sabe muy bien como se producirá tal cosa.

Parece mucho más correcto identificar el origen de la crisis con la desigualdad creciente que desde la crisis de los años setenta del siglo pasado se ha ido instalando en todos los países del mundo, incluidos los Estados Unidos y Europa (cfr. el informe sobre el trabajo en el mundo del Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT World of Work. Report 2008; www.ilo.org/public/english/bureau inst/). Los avances en el desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que en los países de Europa occidental se produjeron desde el final de la segunda guerra mundial hasta finales de los setenta produjeron no solo el pleno empleo, sino un acortamiento de las diferencias de rentas entre capital y trabajo, una reducción significativa del tiempo de trabajo, establecimiento y consolidación de Sistemas de Seguridad Social y la puesta en práctica de otras políticas de contenido social. En resumen, los derechos sociales garantizados por el Derecho del Trabajo y el de la Seguridad Social permitieron una mejor realización del principio de igualdad reconocido por las Constituciones europeas de postguerra y con ello se avanzó en ciudadanía. Pero ese desarrollo, como se ha dicho, se interrumpió a finales de los setenta aunque en España los tiempos históricos no coincidieron con los europeos. Aquí sufrimos la brutalidad de la dictadura franquista y la recuperación de libertades propias de una democracia europea occidental no se alcanzó hasta la Constitución de 1978. Pero en los ochenta españoles, aunque hubo sin duda un importante avance en la universalización de derechos garantizados por el Sistema de Seguridad Social y otros derechos sociales, como en educación, las consecuencias de la crisis económica que unos años antes había golpeado a otros países hubo que afrontarlas en aquellos años. La recuperación de la democracia, al igual que ocurrió con la II República que tuvo que enfrentarse a las consecuencias de la crisis del 29, coincidió con una delicada situación económica y, en lo que aquí importa, con una preocupante situación de desempleo que parece congénita en nuestra economía sin que el pensamiento económico dominante haya sabido encontrar soluciones auténticas, pues todas han acabado focalizadas a las relaciones laborales, de tal manera que sistemáticamente el legislador ha recurrido desde hace ya casi treinta años a lo que con toda propiedad se ha calificado como “reforma laboral permanente” (C. Palomeque, RDS, nº 15, 2001) consistente en una “flexibilización” de las relaciones de trabajo para conseguir una adaptación del llamado mercado de trabajo a las necesidades cambiantes de la producción actual que opera en un mercado globalizado de acuerdo con un esquema que ha dejado de ser el fordista. Esa reforma permanente, podemos adelantar, ha sido el fruto de una colonización economicista del Derecho del Trabajo

Con la distancia que da el paso del tiempo (las reformas flexibilizadoras más explicitas comenzaron en 1984) podemos intentar de modo resumido un balance de sus resultados eligiendo solo algunas materias afectadas por las reformas. En primer lugar hay que señalar, lo que es muy importante, que la permanente justificación de toda reforma ha sido conseguir una adaptación a los “requerimientos” del mercado de trabajo para favorecer el empleo. Para ello se ha procedido de forma progresiva pero clara (especialmente con la reforma de 1994) a una retirada de los derechos garantizados por la ley en favor de los trabajadores para abrir espacios a la negociación colectiva y, de ese modo, evitar “rigideces”, lo que en la práctica significa que los umbrales desde los que los sindicatos deben partir en la negociación son más bajos, con la consecuencia de que ese espacio “libre” dejado por la ley será más difícil de ocupar por el convenio colectivo al operar en un contexto de altas tasas de desempleo. El peligro de una individulización de las condiciones de trabajo (es decir, la imposición unilateral por el empresario de dichas condiciones) está servido, pues ya se sabe que el convenio colectivo no tiene garantizada ni su existencia ni sus contenidos ya que depende de la correlación de fuerzas de cada momento. Es un instrumento azaroso al que, además, se le ha erosionado su característica esencial, cual es su inderogabilidad mediante los espacios abiertos a los “acuerdos de empresa” y las cláusulas de descuelgue, por citar algunos ejemplos.

La ley misma no ha sido neutra pues ha introducido (una re-regulación) regulaciones materiales que han caminado en la dirección flexibilizadora en asuntos tan importantes como los contratos temporales, la modificación de condiciones de trabajo del empresario (movilidad funcional y geográfica), tiempo de trabajo, salarios y, también, en materia de despido que han aumentado el poder del empresario en la relación de trabajo.

Todas estas reformas de los últimos casi treinta años se han venido produciendo al mismo tiempo que la figura del empresario se ha transformado profundamente en lo que se llama “el empresario complejo” cuyas formas jurídicas son de lo mas diversas (grupos de empresas, empresas en red, externalizaciones a través de figuras como contratas y subcontratas, empresas de trabajo temporal, franquicias, por poner algunos ejemplos) con el denominador común de que en todas se da una separación entre quien organiza directamente el trabajo y quien condiciona esa organización y al tiempo obtiene la utilitas del uso de la fuerza de trabajo, de tal manera que se hace más difícil la exigencia de responsabilidades empresariales. La reacción del ordenamiento es hasta el momento insuficiente (normalmente a través de la imposición de algún tipo de responsabilidad solidaria en determinadas materias).

Analizar los efectos de todas estas medidas es imposible en un trabajo de estas características. De modo muy sucinto nos limitaremos a los producidos en materia de tiempo de trabajo y de despido por ser sobre los que giran propuestas de nuevas reformas por parte de los empresarios apoyados en una corriente liberal de pensamiento económico.

El tiempo de trabajo tiene dos manifestaciones en la relación laboral, por una parte tiene que ver con la duración de la relación misma, o por decirlo de otro modo, con el tipo de contrato si indefinido o temporal. Por otra tiene que ver con la duración de la entrega al empresario de tiempo vital del trabajador, con lo que venimos llamando la jornada. Ambas manifestaciones están relacionadas. La preferencia de nuestro ordenamiento por el contrato indefinido tiene su razón de ser en que es el más adecuado para la realización del principio de estabilidad en el empleo, el cual, a su vez, es esencial para tratar de equilibrar la posición socialmente desequilibrada entre empresario y trabajador (Cfr. J. Pérez Rey, Estabilidad en el empleo, Trotta, 2004, pp.24 y ss.), por lo que los contratos temporales deben estar condicionados a la existencia de una causa que los justifique. Hay que destacar que cuando a partir de finales de los años setenta el desempleo como consecuencia de la crisis económica se sintió como grave amenaza, se recurrió a la contratación temporal como solución pero se concebía como una medida “coyuntural” o transitoria. A partir de ese momento lo transitorio se fue instalando para hacerse definitivo como ya sin escrúpulo se reconoció en la reforma de 1994. Las consecuencias han sido devastadoras en nuestra sociedad pues el desempleo más o menos siempre ha estado presente, pero un tercio de los trabajadores han caído en la precarización (Baylos, Las relaciones laborales en España. 1978-2003, FSE, p.56) sin que los esfuerzos de la concertación social de 1997, traducidos en una reforma legislativa que impuso la vuelta a la causalidad en la contratación temporal hayan tenido éxito. Si los trabajadores temporales han caído hasta el 25 en la actualidad se debe a que han sido los primeros en engrosar el número de los desempleados con ocasión de la actual crisis.

La jornada de trabajo se redujo a las actuales 40 horas semanales en 1983, desde entonces no ha conocido otras reducciones a pesar de que se reclamó “trabajar menos para trabajar todos”. La reforma de 1994 estableció la distribución irregular de la misma permitiendo su cálculo en el arco de una año. Una extraordinaria flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo que ha tenido como consecuencia el alargamiento de la jornada real trabajada y la obsolescencia de la regulación de las horas extraordinarias (F. Trillo, Régimen jurídico de las horas extraordinarias, Bomarzo, 2008, p. 83) con un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores temporales en especial los que tienen contratos de duración inferior al año. Por otro lado se ha cumplido la máxima de “a jornada más larga menor salario/hora”. La negociación colectiva ha tenido pocas oportunidades de controlar esta situación.

El régimen del despido aparentemente no ha sufrido modificaciones reformadoras que hayan cambiado su esencia, es decir, sigue siendo preciso que para despedir exista una justa causa, entre otras cosas porque es una exigencia derivada del art. 35 de la Constitución. Pero eso no quiere decir que no haya habido modificaciones importantes que han afectado a su régimen jurídico en detrimento de la posición del trabajador. Hay que aclarar que en nuestro país no se cumple con lo previsto en el Convenio 158 OIT ( ratificado) sobre la necesidad de apertura de expediente previo a la decisión empresarial de despedir. La jurisprudencia ha entendido que esa garantía se cumple con la posibilidad de revisión judicial ex post del acto del despido. El juez debe comprobar la existencia de causa suficiente para despedir, si no la hay el despido es ilegítimo. Con la Ley de Relaciones Laborales de 1976, comprobada la inexistencia de causa suficiente, el trabajador debía de ser readmitido tras cobrar los salarios de tramitación (salvo casos excepcionales que conllevaban una fuerte indemnización). Pues bien, la readmisión dejó de ser una opción del trabajador para ser del empresario, como lo es hoy, que puede cambiarla por una indemnización. En el 2002 el Gobierno del PP llevó a cabo una reforma, que sigue vigente, según la cual el empresario con la entrega de la carta de despido en la que alega una causa para despedir puede reconocer la insuficiencia de esa causa (lo que viene a significar que lo que escribió en la carta era mentira) y poner a disposición del trabajador la indemnización correspondiente. De esa forma, si el trabajador acepta la indemnización, se ahorra los salarios de tramitación y decide sobre fondos públicos como son los de la Seguridad Social pues el trabajador puede solicitar de inmediato la prestación de desempleo. Las personas que han perdido el empleo en estos dos últimos años, en su gran mayoría, han sido los que vieron extinguido su contrato temporal y los que salieron por esta vía que es una forma de evitar el control scolecivo en las reestructuraciones de plantilla. Otras reformas han sido importantes como las acaecidas ensobre la forma de despido, pero es suficiente para indicar que en últimos años ha habido una progresiva flexibilización con la consecuencias de funcionalizar los derechos de los trabajadores (de todos) a la adaptación de las empresas a las exigencias cambiantes de los competitivos mercados globales. Que los trabajadores temporales están en peor situación que los con contrato indefinido no cabe la menor duda, pero de este recorrido se puede sacar una conclusión ya bien conocida que enlaza con lo que se dijo al principio, esto es, que la progresiva transferencia de mas poder a los empresarios en la relación laboral no se ha traducido en más empleo. El desempleo, su aumento o disminución, tiene que ver poco con las reglas protectoras del trabajo, como lo prueba que cuando se volvió en 1997 a la causalidad en la contratación temporal el desempleo fue bajando hasta 2008, eso si, con una continuidad de contratos temporales debida en gran medida al desmesurado recurso empresarial a la externalización.

La salida a esta crisis puede ser un buen momento para cambiar el modo de proceder seguido con las reformas laborales de los últimos treinta años pues hay algo muy grave en juego y es la existencia misma del Derecho del Trabajo (y con ello un uso civilizado de la fuerza de trabajo) cuya esencia es la protección mediante reglas jurídicas fuertes y seguras de la persona que trabaja para alcanzar la dignidad del art. 10 de la Constitución, porque trabajo y persona no son separables. El Derecho del Trabajo se está deslizando peligrosamente a su conversión en mera política coyuntural de empleo en la que el empresario, como dador de trabajo, tiene la posición dominante según las exigencias que el mismo interpreta de un ente llamado mercado global. De seguir en esa línea el trabajador ya no será más visto como una persona y un ciudadano, sino como una unidad económica de producción y consumo que será tratada como otro factor mas de producción, algo muy viejo. Ahora es el momento de intervenir sobre el tiempo de trabajo para conseguir su efectiva reducción y abrir así camino a la reducción de la temporalidad, sobre la articulación de la negociación colectiva de tal manera que el convenio de sector tenga capacidad para evitar vacíos de cobertura lo que implica evitar la erosión de la eficacia de los convenios colectivos y, en todo caso, reforzar las garantías contra el despido improcedente eliminado la puesta a disposición de la indemnización. Para acabar con la dualización existente en nuestras relaciones laborales no se puede igualar a todo el mundo por abajo, sino por arriba. El ejemplo de la II República puede ser iluminador, pues en medio de una grave crisis económica fue cuando podemos decir que nació en nuestro país un auténtico Derecho del Trabajo que tuvo en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931 una pieza maestra. Ir en la dirección contraria sería hoy un sinsentido.

Joaquín Aparicio Tovar

Radio Parapanda. Triana - Isaac Albéniz - Esteban Sánchez

MADRID SE VISTIÓ DE ROJO: Una marea de gente de toda España llenó Madrid.

2009-12-13T17:20:00.003+01:00

Que la movilización del 12-12-12 iba a ser un éxito ya se intuía entre la gente que conoce algo del mundo sindical y del trabajo, pero otra pista la daba el desprecio, la inquina, con que la mayoría los medios de comunicación trataban el asunto. En algún libelo de corte fascistiode un representante de la “intelectualidad económica” franquista, todavía sobreviviente, calificaba a los futuros participantes de patética legión. Liberalismo y franquismo, como siempre, plenamente unidos cuando los trabajadores osan ser respondones contra los empresarios, pues quienes ocupan una posición subalterna deben estar agradecidos a quienes les dan de comer y no, como nos recuerda Antonio Baylos en el blog hermano, “morderles la mano”. Un poco preocupados estaban.

Y la movilización llegó, y las grandes avenidas del Paseo del Prado y la calle Alcalá recuperaron algo de lo que tienen del espíritu de la Ilustración del siglo de las luces al llenarse de una entusiasta masa de banderas rojas del sindicalismo confederal para hacer de Madrid el “rompeolas de las Españas” frente al embate de las olas liberales. Un éxito incontestable, no solo por el número de participantes (muchos jóvenes, por cierto), sino por algo más, por el tono de firme pero serena actitud de no aceptar las imposiciones ni más recortes en derechos sociales con la excusa de la crisis. Una firmeza que se cimienta en la clara conciencia de que no han sido los trabajadores los que han provocado esta crisis. Son otros los responsables, luego son otros los que deben pagar sus consecuencias a pesar de la machacona insistencia con que los organismos financieros internacionales y nacionales (tan ciegos de los orígenes de la crisis), la mayoría de los medios de comunicación, la CEOE, el PP y sus poderosos aliados medios de comunicación, vienen pidiendo el aumento del poder empresarial y la paralela reducción de los derechos de los trabajadores para poder generar empleo en la salida de la crisis. No, esa punta de iceberg que ayer emergió en Madrid no solo no está dispuesta a dar un paso atrás en sus derechos de ciudadanía que les haría más subordinados, sino que además, respondieron a la llamada de los sindicatos para desazón de los liberales y social-liberales que consideran a los sindicatos el enemigo interior al que hay que destruir, de lo que son muestra los insultos y las descalificaciones de Esperanza Aguirre y sus secuaces.

Cierto que hay que reflexionar sobre cómo hacer para que la respuesta “espasmódica” de la gente sea, a la vez, “fisiológica”, como en las siempre instructivas conversaciones matinales de Parapanda mantienen los participantes del seminario Karl Kosch, pero los sindicatos parece que en esta nueva etapa no dejarán de hacerlo, según se dedujo de las intervenciones de los secretarios generales de CCOO y de UGT. No deben de dejar de hacerlo porque no deben consentir que el mundo virtual desplace al mundo de la gente de carne y hueso. Porque una vez mas, al mirar hoy la prensa, salvo raras excepciones, la distancia entre lo en ella reflejado y lo realmente acaecido es tan larga para cualquiera que haya participado en la manifestación diría que lo que lee en el periódico se refiere a otro acontecimiento. Precisamente eso es lo que esta gran movilización ha roto, ha abierto un agujero en ese mundo virtual en el que los trabajadores deben conformase resignadamente con el papel secundario que les corresponde y del que en el siglo XX, por una anormalidad histórica, pretendieron salir.

CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA

2009-11-02T12:07:00.002+01:00

DECLARACIÓN DE MÉXICO

CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA

HACIA UNA SOCIEDAD PLANETARIA
CON INCLUSIÓN SOCIAL

Los abogados laboralistas latinoamericanos, representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el 23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la siguiente declaración:
El sistema capitalista está pasando por una de sus peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial. Una de sus peores consecuencias es el flagelo del desempleo, que rompe varios récords en muchos países. La propia Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha reconocido que la crisis ha barrido con millones de puestos de trabajo. Durante el corriente año 61 millones de personas fueron empujadas hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones de desempleados, lo que representa la mayor cifra de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta en varias décadas.
En su resolución “Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo”, la O.I.T. dice que la crisis económica mundial “ha puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento de desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad”, a la vez que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo sólo se alcanzará “varios años después de la recuperación económica”. Este organismo internacional reconoce en su documento que “El mundo debería ser diferente después de la crisis”, y mejor, agregamos nosotros.
Pero pecaríamos de ingenuos si pensáramos que la crisis del orden social y económico que está vigente en la inmensa mayoría de los países del planeta, se soluciona salvando a los bancos de la ruina, mediante la transferencia de billones de dólares aportados, en definitiva, por los contribuyentes de cada país. Más ingenuo aún es pensar que la solución pasa por una mayor regulación de los mercados financieros mundiales, medida absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente para alcanzar ese “mundo diferente” que propone la OIT.
La verdadera crisis del sistema capitalista son los más de mil millones de seres humanos que, según la FAO, padecen hambre y desnutrición. La crisis es el cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y el treinta y nueve por ciento que no tiene agua corriente ni baño en su casa. El sistema está en crisis por la tremenda desigualdad social que ha generado, permitiendo que el veinte por ciento de los habitantes del planeta se queden con el setenta y cinco por ciento de la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco por ciento. Está en crisis porque, por ejemplo, mas de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a un sistema de salud adecuado.
Está en crisis, en definitiva, porque produce ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, no como una consecuencia no querida, sino como resultado natural y lógico de los principios y valores en los que se apoya. Esta tremenda desigualdad social se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza y poder que hacen las minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al disfrute y que viven en la abundancia, que no tienen el menor pudor de exhibir su afán inmoderado de placeres frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El capitalismo ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al provecho propio, avasallando sin culpa los derechos de los demás. Una clase social, particularmente en Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y que monopoliza la producción, el comercio y las finanzas, aprovechando en su propia comodidad y beneficio todas las riquezas. Que goza de una enorme influencia en todos los poderes del Estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso del llamado “socialismo real” ha dejado un vacío que aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un modelo social alternativo, apoyado en principios y valores diferentes. Y en esto somos nosotros, los intelectuales, los que estamos en mora con nuestros pueblos.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de dejar a un lado las actitudes defensivas y de decir lo que no queremos, para pasar a la etapa de comenzar a diseñar ese nuevo orden social, justo y solidario que nuestros pueblos merecen. Para ello es preciso convencernos que no hay nada que autorice a pensar que el sistema social vigente ha alcanzado una hegemonía total y definitiva. La ideología dominante nos ha querido convencer de que con el neoliberalismo la historia había llegado a su fin, y que cualquier cuestionamiento a ella era absurdo e irracional. La crisis actual del sistema capitalista prueba la falsedad de este slogan.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundantes del nuevo orden social que anhelamos, elaborando una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara al siglo XXI, que coloque al trabajador en el centro del escenario, que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa distribución del ingreso, que profundice la democracia y que baje a la realidad la justicia social.
A tal efecto, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS hace tiempo que viene proponiendo la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Sociolaboral para Latinoamérica, como paso previo a una Constitución Social planetaria.
No hay otra región del mundo en la que existan mejores condiciones para un efectivo proceso de integración social, económica y política. Sin embargo, estamos en mora en el cumplimiento de algo que es un imperativo que emana de nuestras propias raíces históricas y culturales, con el que soñaron todos nuestros próceres. Poderosos intereses económicos internacionales, y la colonización cultural de nuestras clases dirigentes, explican este fenómeno.
Pero Latinoamérica tiene un destino común, tal como lo demuestran los similares procesos históricos vividos desde hace seis siglos. La feroz ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, que todos nuestro países sufrieron en la década del ‘90, debería ser una prueba mas que suficiente de la necesidad imperiosa de integrarnos para establecer una estrategia de resistencia a nuevos intentos de dominación y explotación que seguramente se avecinan, y para construir un modelo alternativo al vigente.
Hay un escenario político en Latinoamérica excepcional. Con sus distintas realidades y contradicciones, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, viven procesos políticos que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo social de los `90.
La Carta Sociolaboral para Latinoamérica deberá establecer, en primer lugar, la libre circulación de personas, eliminando cualquier discriminación por razones de nacionalidad. Y debe fijar un denominador común en el nivel de protección de los derechos de los trabajadores, que actuará como un dique de contención frente a nuevos ataques que contra ellos intentará el neoliberalismo, quizás vestido con nuevos ropajes con los que pretenda disimular sus lacras y miserias.
Proponemos una legislación laboral supranacional, que contenga normas plenamente operativas e inmediatamente aplicables, para no repetir la triste experiencia de nuestros pueblos, de derechos y garantías constitucionales que se enuncian clamorosamente pero que jamás se bajan a la realidad.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana deberá consagrar el derecho a un empleo digno como un derecho humano fundamental. Un sistema de economía capitalista de acumulación privada ofrece un solo camino, a quienes no son titulares de los medios de producción, para acceder al consumo de supervivencia: el alquiler de su fuerza de trabajo para obtener una remuneración, que posteriormente pueda trocar por bienes y servicios. Esto significa que, por un lado, el trabajador se encuentra cautivo del sistema y, por otro lado, que éste sólo puede aspirar a un mínimo de legitimidad social si les garantiza a todos los trabajadores un empleo con una remuneración digna.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que les posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de una piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar el derecho al trabajo, que comprende el derecho a no ser privado de él sin justa causa. En segundo lugar la garantía de percepción de la remuneración, de la que se deriva la obligación de todos los que en la cadena productiva se benefician con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante la falta de pago. Ello sin perjuicio de la obligación de los Estados de crear fondos especiales para cubrir una eventual insolvencia patronal. Una remuneración digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia, sino la que también contempla una creciente participación en la riqueza que el trabajo humano genera.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de organizarse para defenderlos. Para ello la legislación debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las demandas de sus bases y no voceros de los poderes constituidos, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales. Los representantes sindicales deberán gozar de la tutela necesaria para el ejercicio de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además, deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con motivo del ejercicio legítimo de sus derechos gremiales.
Lamentablemente observamos que en muchos de los países latinoamericanos se violan sistemáticamente los Convenios 87, 98 y 102 de la OIT, sobre Libertad Sindical, Contratación Colectiva y Seguridad Social. México es un claro ejemplo de ello. El poder político y el poder económico, mediante prácticas que podemos calificar de mafiosas, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y elegir dirigentes auténticamente representativos. En Colombia la situación es aún peor, y la vida y la libertad de los activistas gremiales no vale nada.
Es en este marco que la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos la aprobación de una CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA, que contenga, entre otros, los siguientes derechos y garantías:
1) Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2) Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa;
3) Derecho a la verdad, y de información y consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4) Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5) Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo;
6) Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7) Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su Poder de Policía Laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8) Derecho a la formación y capacitación profesional;
9) Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Seguridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del ´90;
10) Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11) Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro;
12) Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13) Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional;
14) Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen;
15) Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario;
16) Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17) Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;
18) Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección;
19) Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su empleo o a sus condiciones laborales;
20) Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales.

Nuestra propuesta no es una utopía. Es el desafío de navegar con esperanza, aún en medio de un mar tormentoso, hacia la integración latinoamericana; hacia la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las luchas por la independencia. Lucha que no ha terminado y que nos encuentra en la primera línea del frente, de la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.

Ciudad de México, 23 de octubre de 2009.

CON MÉXICO

2009-10-24T17:42:00.001+02:00

Calderón carece de facultades constitucionales para extinguir Luz y Fuerzo del Centro y despedir a 44 mil electricistas.

Invitamos a los ciudadanos del país a leer el Decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2009, en el que afirma que el artículo 89 Fracción I de la Constitución, lo faculta a: extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que es falso, toda vez que tal artículo ni ningún otro de la Constitución, lo facultan para decretar esas dos medidas que tomó por si y ante si, violentando el Estado de Derecho y poniendo en peligro a la nación, a los trabajadores y sindicatos, por las siguientes razones:.

El hecho de que Felipe Calderón violente la Constitución al no cumplir en el ámbito de sus facultades sus funciones y en la vía de los hechos actue de facto, por si y ante si, en adelante le permitiría decretar la privatización de cualquier empresa pública y despedir a trabajadores, sin contar con la autorización de las autoridades facultadas por la propia Constitución y sin cumplir las leyes reglamentarias. Lo anterior demuestra que el Decreto invade las esferas que son de competencia del Congreso de la Unión (Las cámaras de Diputados y Senadores) y la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

Ya que, el artículo 73 Fracción X de la Constitución, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de energía eléctrica, debido a que las bases de creación de LFC están en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por lo cual, Felipe Calderón debió obtener la autorización previa del Congreso, al que nunca tomo en cuenta. Del mismo modo, que la fracción XXII del artículo 123 constitucional, prohíbe el despido de los trabajadores, salvo los casos por causa justificada y mediante el debido procedimiento ante la JFCA, lo cual tampoco cumplió.

Además de carecer de una fundamentación jurídica válida, la motivación que se expresa en el Decreto se refiere básicamente a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva; motivación que resulta igualmente inadecuada. Porque la responsabilidad de esos errores recaen exclusivamente en la administración de la empresa y más en el director general designado por Felipe Calderón. En la falta de inversión y modernización de las instalaciones. La mala administración de LFC no es responsabilidad del SME ni de los trabajadores, menos pueden ser castigados por ello. En todo caso, se debe llamar a rendir cuentas a los administradores de LFC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1960 a 2009, para que expliquen: ¿Por qué administraron bien CFE y mal LFC durante casi 50 años? Porque ambas empresas son del Estado y administradas por los gobiernos, por los panistas en los últimos 10 años..

Otra motivación del Decreto: es que la nómina de los electricistas es muy costosa, pese a que se ha establecido en negociaciones bilaterales con la empresa, y que contiene los mismos salarios y prestaciones pactadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de República Mexicana (SUTERM), lo que demuestra que son falsos esos argumentos del Decreto, y se acredita con las nóminas y contratos colectivos de trabajo que están depositados en la JFCA.
La fundamentación jurídica y las motivaciones del Decreto son falsas e ilegales y sólo buscan engañar a la ciudadanía.

Asimismo, se violentan otros derechos fundamentales, como son los contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que protegen las áreas estratégicas de la economía nacional como la eléctrica; también el artículo 26 que regula el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siendo el Poder Legislativo el único facultado para modificar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; así como el artículo 123 constituciona: el derecho al empleo y a la estabilidad, los de libertad sindical: sindicalización, contratación colectiva y huelga. Todos borrados con un decretazo.

También se afectan derechos internacionales con plena vigencia nacional, como los Derechos Humanos a la integridad y dignidad humana de los trabajadores, el derecho al trabajo y seguridad social, el “derecho humano a un proyecto de vida” reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se vulneran los derechos consagrados en la Organización Internacional del trabajo (OIT) de empleo y libertad sindical desconocidos por el Decreto.

Ha sido fama pública la predisposición del poder ejecutivo contra el SME, en particular del Secretario de Trabajo, por lo que con el Decreto se comete el delito tipificado en el derecho internacional de “desvío de poder”, pues los propósitos de extinguir la empresa y de despedir a los electricistas, son diametralmente distintos a los fines del Estado y del Proyecto de Nación que se estipulan en el artículo 26 constitucional.

Y, por supuesto, se viola el artículo 128 de la Carta Magna que consagra la obligación primordial del Ejecutivo de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Y qué decir de las responsabilidades en que incurre el titular del ejecutivo y su gobierno?

¿Qué hay detrás del Decreto?

No podemos dejar pasar hechos vergonzosos para la nación, como los ocurridos la noche del 10 de octubre, como tomar las instalaciones de trabajo con el ejército, para emitir al día siguiente el Decreto, al más puro estilo de la dictadura porfirista: primero ejecutan y después averiguan. O, que el gobierno mejore las liquidaciones a los obreros que se apuren a tomarlas, para debilitar al SME. O, que se pretenda repetir mil veces la mentira oficial, para que la sociedad la admita por consancio.

En cambio, el gremio del SME en todas las manifestaciones y actos públicos, jamás han violentado la legalidad ni han roto un solo vidrio; sus elecciones por voto secreto son verdaderos actos de democracia; cada año encabezaron la lucha contra los topes salariales y ha sido el sindicato que más ha luchado contra las reformas neoliberales. En 1999, impidieron a Zedillo realizar la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, como lo había hecho a los ferrocarriles en 1995. Del SME ha sidosido siempre la más generosa solidaridad con los demás.

La intención del gobierno federal detrás de la mascarada, es culminar la privatización de la industria eléctrica, a través de introducir la fibra óptica en la red eléctrica nacional para la venta telecomunicaciones, de elevar las tarifas de los usuarios y de seguir entregando la industria eléctrica a particulares nacionales y extranjeros. Lo que espera hacer con la reapertura de la nueva empresa. El que sería el negocio del sexenio.

Esa es la verdadera intención del gobierno, sabiendo que tal finalidad es contraria a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.

Llamamiento a la sociedad:

Los abogados, juristas y académicos del derecho, llamamos a restablecer el Estado de Derecho, tan importante como restablecer la verdad en la nación. Hoy la suerte del SME es la de todos los trabajadores. Si permitimos que un decreto destruya los derechos constitucionales laborales que han costado mas de cien años de luchas y que se extingan las empresas públicas estratégicas, después seguirá de paz que sólo brinda el Estado de Derecho, hoy quebrantado.

Por la ANAD: Lauro Sol, José Luis Contreras, Estela Ríos, Manuel Fuentes, Marina Téllez, Oscar Alzaga y ….

LÓPEZ BULLA, PRESIDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA

2009-10-15T17:49:00.002+02:00

Un fantasma recorre Europa: El del Tony Blair, famoso miembro del cuarteto de las Azores (el que no estaba en la foto era Durao Barroso, pero era porque fue al que le tocó, como anfitrión, tomar la cámara y hacer el retrato), que como no tiene ahora una buena colocación quiere encontrarla en Bruselas.

En las tabernas de Parapanda, de la Vera, de la Mancha, de los madriles y de otras autonomías, están surgiendo movimientos de indignación que amenazan con pasar a mayores, hasta el punto que las autoridades a las órdenes del ministro Rubalcaba han elevado preocupados informes y solicitan instrucciones porque, según puede leerse en uno de ellos al que hemos tenido acceso porque el funcionario lo dejó un momento en el mostrador de la estafeta de correos mientras gentilmente ayudaba a una atractiva señorita que aparentemente tenía dificultades para rellenar el formulario de un certificado, “están creciendo de manera preocupante grupos de activistas en pro de la ciudadanía europea que con un discurso cada más radical están encendiendo los ánimos da una parte importante de la juventud, de la edad madura e incluso de la tercera edad dado que algunos de los agitadores más activos residen en un conocido geriátrico de la localidad. Como siga adelante lo de ese tal Blair es de prever que pronto empiecen las algaradas que pueden derivar en motines”. En la taberna O Refuxo de Antón, de Bayona, ya planean secuestrar la carabela la Pinta y desembarcar en Flandes para liarla allí tan pronto el inglés se asome a Bruselas. Llegan noticias que en varias osterie boloñesas y brasseries de Francia está ocurriendo algo similar, así como en la mayoría de las tabernas de Renania-Westfalia. La cosa va en serio.

Con el Tratado de Lisboa en pañales, las derechas europeas enardecidos y prietas sus filas, han lanzado la candidatura de un individuo de un país que no está en el euro, ni en el acuerdo Schengen, que ha impuesto un protocolo (con Polonia) según el cual las disposiciones legales o administrativas internas que sean incompatibles con la Carta de Derechos Fundamentales, especialmente su parte dedicada a los derechos sociales, no podrán ser impugnadas ni ante el Tribunal de Justicia ni ante los tribunales nacionales. Un país que ha impulsado el alargamiento del tiempo de trabajo y la no aplicación de los convenios colectivos frente a un acuerdo individual entre el empresario y el trabajador y pretende convertir la Unión Europea en una zona de libre cambio sin políticas sociales comunes ni integración política. El sujeto en cuestión del que se habla tiene, además, una gran responsabilidad por los miles de muertos, destrucciones y expolios que se han producido en Irak “¿Cómo va a ser ese el que presida una Europa que dice aspirar a la paz entre la naciones del mundo?”, dicen los activitas en pro de la ciudadanía europea. La gente que tiene un poco de decencia, añaden, cuando se ha confundido tanto opta por una discreta retirada de la vida pública. Algunos movidos por una fuerte fe religiosa o incluso sin ella, se retiraban a un convento con voto de silencio para expiar su culpa. Blair se ha hecho católico, pero no parece que este dispuesto a retirarse a un convento, por eso lo mejor es que otro más cualificado ocupe el puesto de Presidente de la Unión Europea.

Precisamente los informes de las autoridades gubernativas llaman la atención de que esos movimiento tabernarios están impulsando con fuerza la candidatura de un tal José Luis López Bulla, al que describen como un sujeto que va de un sitio para otro con los bártulos de Karl Korsch, pero no les consta que los haya robado. Estaremos atentos a futuros acontecimientos porque esta candidatura está cobrando fuerza.

EL AMARGO CHOCOLATE COLOMBIANO DE NESTLÉ...

2009-10-08T09:10:00.001+02:00

... ¿QUE ES LO QUE TIENE EL SINDICALISMO QUE CON TANTA SAÑA SE LE ATACA?.

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La mayoría de los medios creadores de opinión de continuo nos advierten a los ciudadanos de las penosas consecuencias para la democracia que tienen medidas adoptadas por los gobiernos tales como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, por supuesto Cuba, e incluso alguna crítica alcanza al Brasil de Lula. Casi siempre el factor común de los denunciados peligros para la democracia tiene que ver con las intervenciones que afectan al poder económico de algunas empresas, sobre todo a las empresas de formación de opinión. Pero es llamativo que tan altruista preocupación por los valores democráticos raras veces les lleve, no ya a denunciar, sino meramente a preguntase por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes para quienes en una gran mayoría de los países de Latinoamérica tan dura se les presenta la vida. No es de extrañar que el sindicalismo no entre en las preocupaciones de esos medios.

Sin embargo, de forma retórica, se da por sentado que sin libertad sindical no hay democracia. Siempre y cuando, parecen decirnos, no se mal utilice esta libertad como están haciendo los trabajadores de la empresa Krafft de Argentina, por ejemplo, o los mineros de México, por poner otro ejemplo. La verdad es que, a pesar de su reconocimiento en los textos constitucionales, a pesar de los convenio 98 y 87 de la OIT, la libertad sindical es muy precaria en América Latina. En la mayoría de los países las represalias en el empleo a los trabajadores sindicalizados son moneda corriente (tampoco aquí son desconocidas). Pero, además, la legislaciones impiden constituir sindicatos de rama, con lo que el panorama es la desolación de un enjambre de pequeños sindicatos de empresa, que pueden unirse en una confederación, pero su capacidad de acción, por tanto, está mas que limitada por la propia debilidad. En cada empresa el patrón les domina con facilidad. El convenio colectivo de sector, en coherencia con lo anterior, está prohibido. Chile es un buen ejemplo de cómo gobiernos sedicentes socialistas no han podido o querido cambiar sustancialmente la legislación sindical pinochetista. El resultado es un escaso intervencionismo estatal en la relación individual de trabajo y un fuerte intervencionismo en lo colectivo, con unos niveles muy bajos de cobertura de los convenios colectivos. Argentina, Brasil y México se salen de este panorama aunque presentan otras serias perturbaciones en su sistema sindical, que ahora no vienen a cuento.

Esta saña intervencionista que limita y restringe la libertad sindical a extremos inaceptables para nuestra cultura europea se contradice con el dogma liberal de que el sindicato es una institución obsoleta. Idea que han compartido algunos social-liberales que, al máximo, conceden al sindicato un glorioso papel en el pasado, pero que ya ha perdido sentido en la sociedad postmoderna global. Si fuera así ¿Qué necesidad habría de dictar leyes tan restrictivas, cuando no negadoras de la libertad sindical? ¿Porqué los ataques ideológicos tan fuertes al sindicato? ¿No será que todavía hoy, en Europa y en todo el mundo, el sindicato tiene un papel que cumplir en defensa de la dignidad de quienes trabajan o quieren trabajar y de los que de ellos dependen? ¿No será que en unas sociedades con grandes diferencias de rentas como las latinoamericanas el sindicato puede ser una agente de primer orden el la lucha contra los privilegios y en pos de mayores cotas de igualdad, y por eso debe permanecer con el bozal puesto?

Pero es en Colombia donde las cosas adquieren carácter escandaloso por lo dramático. Allí las leyes sindicales, como en otros países, restringen al sindicato en su acción básicamente a la empresa y hacen difícil la articulación práctica entre confederaciones y sindicatos. Ya eso bastaría para poner en cuestión la calidad de la democracia en ese país, pero el asunto es mucho más grave, tanto que cuesta escribirlo sin sentir conmoción : En lo que va de año 28 sindicalistas han sido asesinados. No hay forma más radical de negar la libertad sindical que segando la vida de tantos sindicalistas. Los últimos han sido en el mes de septiembre Gustavo Gómez trabajador de NESTLÉ y Mauricio Antonio Monsalve, maestro. El 1 de octubre fueron tiroteados Mario Montes de Oca, maestro y abogado sindical, y su compañero de sindicato Alberto Luís Pastrana, este último falleció en el acto mientras que los sicarios dejaron en muy grave estado a Mario. En lo que va de año 12 sindicalistas de la empresa NESTLÉ, afiliados a Sinaltrainal, han sido asesinados, según nos viene dramáticamente informando la Confederación Sindical Internacional. Se da la circunstancia de que Gustavo Gómez antes de ser asesinado había presentado un pliego de peticiones a la empresa con vistas a negociar el convenio colectivo. El excelente cacao colombiano produce un chocolate muy amargo en manos de NESTLÉ.

En estas condiciones no es de extrañar que la tasa de afiliación sindical en Colombia sea de 4 por ciento, y mucho parece a la vista de los hechos. Lo heroico es que todavía haya trabajadores que se sumen a un sindicato para cumplir lo que es su misión: lucha por el bienestar y la dignidad de los trabajadores.

¿Hay democracia en Colombia? La respuesta es evidente. NO, porque no hay justificación posible para esta masacre. La diplomacia colombiana y parte de la opinión pública es cómplice con esta situación al justificar de las maneras más inverosímiles estos asesinatos. Entre las más usuales están que se trata de gente relacionada con las FARC o que son casos delincuencia común, aunque no faltan justificaciones tan peregrinas como que hay mucho crimen pasional, como si entrar en un sindicato fuera entrar en un laberinto de pasiones amorosas. En la OIT, ante las denuncias de que era objeto el Gobierno de Colombia, se llegó hace unos años a un acuerdo para crear una comisión de vigilancia a la que el gobierno de Uribe daría su apoyo, pero la voluntad del Gobierno de perseguir a los asesinos y poner coto a esta violencia se ha visto por los resultados que ha sido nula.

En otro orden de cosas ¿cómo es posible que estas muertes no merezcan una atención por los medios de comunicación? Unos medios de comunicación que presentan Colombia como un ejemplo de democracia frente a los autoritarismos populistas que con preocupación ven proliferar en el continente. Sería terrible pensar que para estos medios quienes, como los sindicalistas, perturban la libertad de empresa no merecen su consideración. Pero eso querría decir que se preocupan del negocio, no de la democracia en serio ni de la vida de las personas.

LOS SALARIOS, EL PRECIO DE LAS SARDINAS Y DE LOS TOMATES

2009-08-12T23:56:00.001+02:00

Según el presidente de la patronal, el sr. Díaz Ferrán, los trabajadores deben sufrir una reducción de sus salarios de al menos un 1% porque así se adecuarán al índice de precios al consumo. Al mismo tiempo radio Parapanda nos ha informado que el precio de las sardinas en algunos señalados lugares de la costa mediterránea ha sufrido un considerable incremento. El estudio de este fenómeno no ha podido pasar desapercibido para importantes investigadores de la Universidad de Verano de Pineda de Marx, los cuales, con el concurso fundamental del matemático Rafael Rodriguez han corroborado una vez mas (pero ahora con fórmulas matemáticas que no han podido ser contestadas) la vieja ley según la cual cuando un producto pasa a ser de amplio consumo popular por su bajo precio y su buena calidad, empieza a ser menos habitual en la dieta del honrado pueblo para pasar a ser bocado de clases más acomodadas mediante una subida de su precio.

Las conclusiones de los seminarios de la Universidad de Verano de Pineda de Marx son seguidas con atención por un selecto sanedrín que en la taberna de Pilar de un lugar de la Vera toma buena nota de los acontecimientos más señalados del panorama mundial. Un agudo agricultor de regadío después de reflexionar sobre lo anterior echó su cuarto a espadas y puso sobre la barra la peliaguda cuestión de a donde vamos a ir a parar si lo que se paga a los agricultores por los tomates y otros productos hortícolas propios de la dieta veraniega es una cantidad irrisoria que malamente retribuye su trabajo. Un albañil en situación legal de desempleo demostró de forma incontrovertible la enorme diferencia entre lo pagado al agricultor y lo pedido a los clientes de comercios al por menor y de grandes superficies y las dificultades que supone llegar a fin de mes con la prestación de desempleo contributivo. Cosa rara, un autónomo con taller de chapa, pintura y mecánica, a pesar de reconocer que su actividad no había variado en los últimos años, tenía que admitir la corrección de las afirmaciones de los otros contertulios. Tras un animado debate, de modo unánime se convino que las conclusiones del seminario de Pineda de Marx estaban ajustadas a razón. A continuación se pasó a otros terrenos, incluso puede que se cayese en la especulación cuando salió a relucir que el Sr. Díaz Ferrán en 2008 se ha repartido con un buen socio 8 milloncetes de eurillos, otros beneficios a parte. La hipótesis mas aceptada, aunque no se llegase a elevar a la categoría de tesis, es que los ricos hasta la dieta mediterránea nos quieren quitar, a lo que todas las gargantas respondieron con un único grito: ¡¡ LOS SUELDOS NO SE BAJAN Y EN OTOÑO NOS VEREMOS LAS CARAS!!

Nota Bene: conviene aclarar que en este lugar de la Vera el sanedrín de que se habla sigue a rajatabla la promesa que el Falstaff verdiano hacía en el primer acto sobre sus visitas futuras a las hosterías: ir siempre con gente sobria, civil, honesta y pía.

¿POR QUÉ NO DEBE HABER REBAJA DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

2009-07-27T12:20:00.000+02:00

Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

CON MARCOS ANA

2009-06-19T10:40:00.002+02:00

23 años tras los muros, 23 razones para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Tras 23 años en las cárceles franquistas, Marcos Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento alguno: “No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”

Las personas, instituciones, colectivos, asociaciones, entidades, etc. abajo firmantes apoyamos la propuesta realizada por la Universidad de Granada para que le sea concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana,

1. Por su vida: por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres.

2. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia

3. Por su defensa de la libertad,

4. Por su comprensión: “Yo me sentiría completamente desgraciado si después de haber pasado veintitrés años en la cárcel mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”

5. Por su humanidad

6. Por su solidaridad

7. Por su valentía

8. Por su entereza

9. Por su honestidad

10. Por su sinceridad

11. Por su miedo

12. Por su esperanza

13. Por su lucha contra la infamia

14. Por su lucha contra la mentira

15. Por su lucha contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida

16. Por su sencillez

17. Por su naturalidad con que es un hombre. Entero, auténtico, completo.

18. Por su integridad: “Si pretendiera saciar con la sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”

19. Por su generosidad: “Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”

20. Por su lucidez: “Si nos sentimos españoles tenemos que cerrar de una vez para siempre este ciclo sangriento, ese hecho terrible de que los españoles cada veinticinco años tengamos que estar degollándonos los unos a los otros. Espero que el futuro de España no sea el futuro de la revancha sino el de la paz y seguridad para todos los españoles

21. Por su poesía

22. Por él y para él, por todos y para todos sus compañeros de infortunio

23. Por dignidad, reparación, justicia, paz, reconciliación.

Para enviar tu firma: http://www.unpremioparamarcosana.org/

EL PERTINAZ GOBERNADOR

2009-06-18T14:04:00.004+02:00

Me escribe el joven investigador manchego Judas del Llano las siguientes líneas:

Estimado profesor:

He visto con sorpresa en la prensa que el Gobernador del Banco de España pide una reforma laboral para abaratar el despido de los contratos indefinidos porque, según el, el despido de un trabajador con este tipo de contrato es muy costoso para el empresario pues debe de pagar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Según lo que aprendí en la Universidad de Castilla-La Mancha la indemnización a la que se refiere el señor Gobernador solo es de aplicación a un tipo muy concreto de despido, al despido disciplinario declarado por un juez improcedente. Otros despidos, como aquellos llamados objetivos o los colectivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción de la empresa tienen una indemnización de 20 días, no muy alta, me parece y si el despido disciplinario es declarado procedente, el coste es nulo. Además, si no quiere pagar la indemnización también puede el empresario ahorrársela readmitiendo al trabajador. Mi sorpresa viene porque yo creía que alguien que ocupa un puesto tan importante, y el mismo servicio de estudios de su institución, deberían, creo, ser muy cuidadosos con afirmaciones tan transcendentes como esas y no confundir los distintos tipos de despido. Por esa falta de propiedad me habrían ustedes, muy justamente, suspendido en la licenciatura. Dado que al Sr. Gobernador no le podemos suspender ¿podría usted y el circulo de estudiosos de asuntos sociales de Parapanda sugerir que podemos hacer ante estas cosas? ¿Cómo es posible que pida rebajar la indemnización para quienes despiden “por la cara”? La verdad es que no lo entiendo porque hay en juego intereses vitales de los trabajadores y de sus familias, que pueden verse en situaciones dramáticas en los casos de despido.

No sé si en Parapanda surgirá alguna explicación, pero por mi parte yo tampoco lo entiendo. En otras ocasiones ya hemos tenido ocasión de destacar lo poco prudente de determinadas declaraciones del Gobernador del Banco de España y las extralimitaciones que se permite en el cumplimiento de sus funciones que, dicho sea de paso, están fijadas por ley. Con estas nuevas declaraciones da pié para que sea calificado como un “ultravirista” pertinaz. Pero, además, cuando las organizaciones patronales y los sindicatos están enfrentados sobre esta cuestión y cuando hay un debate en la sociedad española sobre un asunto tan delicado y grave como la regulación del despido, que el Gobernador del Banco emisor se posicione a favor de los empresarios genera inevitablemente una erosión en la legitimidad de la institución que dirige, y esto es grave. Hemos pedido desde aquí en otras ocasiones que o se callaba o que dimitiese, al no hacer ninguna de las dos cosas nos vimos obligados a pedir su cese, cosa que ahora hay que reiterar. No se me ocurre otra cosa.

¿QUIÉN DEBE RESPONDER POR LA CRISIS?

2009-06-01T19:37:00.002+02:00

El estruendo que produjo el desplome de importantes entidades financieras en todo el mundo (sobretodo en Estados Unidos) enmudeció a los voceros que machaconamente habían estado salmodiando las ventajas indudables mercado no regulado y exaltando la recuperación del individuo en su actuar libre de trabas impuestas por la ley o los convenios colectivos. Al mismo tiempo surgieron algunas voces que interrogaban por los responsables del estropicio de la crisis. Ahora se ve que aquel enmudecimiento fue momentáneo y el coro liberal ha vuelto a entonar su vieja canción. Pero sigue sin respuesta la pregunta de quienes son los responsables de la crisis. No hablamos, claro está, de los que han cometido delitos, que por cierto no parece que sean muchos (Madoff y pocos mas), sino de los que con sus acciones (la creación intelectual es también un modo de actuar) han provocado estados de necesidad a tanta gente. Si fuéramos capaces de identificarlos, entonces podríamos exigirles responsabilidades. Pero el capitalismo se caracteriza por la creación de una red de artilugios jurídico-económicos cuya finalidad es precisamente la disolución o limitación de la responsabilidad de las personas físicas que tienen el poder económico (desde la invención de las sociedades anónimas a la moderna ingeniería de “externalizaciones”). Los sujetos actuantes en el tráfico económico se parapetan tras unos entes que solo gramaticalmente adquieren sustantividad: los mercados. Los mercados (¿quiénes son esos mozos? podríamos decir parafraseando a Sánchez Ferlosio) son los que han hecho y desecho (más bien esto último) y por tanto ellos serían los responsables…es decir, nadie. Sin embargo el coro liberal está ya identificando a los que deben apechugar con las consecuencias de la crisis, o lo que es lo mismo los que deben de responder, aunque, ¡que gran paradoja! no sean los causantes de la misma: los trabajadores.

Hay un acuerdo unánime en que los orígenes de la crisis no están en la legislación laboral protectora del trabajo, por el contrario en las enormes desigualdades sociales y económicas que las políticas liberales han generado en todo el mundo hay que buscar uno de sus detonantes. En los últimos años, como pone de manifiesto el informe sobre el trabajo en el mundo de octubre de 2008 publicado por la OIT, la erosión de los derechos sociales ha dado lugar a que la brecha entre los que más y menos ganan se haya agrandado en el mundo, también en Europa y en España. Los responsables hay que buscarlos en quienes han propugnado esas políticas desreguladoras y en los organismos, dirigidos por personas con nombre y apellidos, que las han impulsado (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea o determinados gobiernos nacionales).

No se trata de exigir que todos esos responsables se vistan con tela se saco y con ceniza en la cabeza caminen a pié hacia los desiertos para convertirse anacoretas, pero, al menos, podemos exigirles que guarden prudente silencio ante tantos daños causados a tanta gente. Con estupor, sin embargo, estamos viendo que no es así. Tras unos meses de silencio los teólogos del liberalismo vuelven a la carga. También ellos aceptan que la legislación laboral no está en el origen de la crisis pero con gran inconsecuencia lógica propugnan que la salida a la actual situación debe de hacerse introduciendo en nuestra ordenamiento jurídico un imposible constitucional: el despido sin causa, un despido que aumentaría las desigualdades en la relación de trabajo. El argumento es muy manido y tiene que ver con una visión muy estrecha del despido como un mero asunto de costes económicos para el empresario, que parte de la premisa de que el despido en España es caro. Premisa falsa. El despido en España no es caro. Por ejemplo, el despido disciplinario procedente tiene coste económico cero para el empresario ¿Porqué? Porque hay justa causa para despedir. El despido disciplinario improcedente (que es en el que están pensando siempre) implica pagar una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Pero es que se trata de un despido en el que un juez ha dicho que no hay razón para despedir, es un despido arbitrario, y, aún así, el empresario se obstina de modo pertinaz en mantener su voluntad. Es poco lo que tiene que pagar si se tienen en cuenta los daños que el trabajador puede sufrir con la pérdida arbitraria de su trabajo. Pero hablar en estos términos es adentrarse en el terreno de la justicia, un campo semántico ajeno a quienes propugnan el despido sin causa, que, de ese modo incurren en el olvido esencial de que el pacto en el que se asienta nuestra convivencia es el pacto constitucional y nuestra Constitución se preocupa de la justicia y de la igualdad, pues no en vano en su art. 1 las declara valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Las garantías contra el despido sin causa tienen que ver, con toda coherencia, con la justicia y, por ello están contenidas en el art. 35 de la Constitución tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional. La crisis actual debe servir para corregir las carencias todavía muy presentes en la sociedad española, y muy lacerantemente sentidas por una gran parte de la población, en el camino de alcanzar cotas más altas de justicia e igualdad, no para rebajarlas.

DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SITEMA DEMOCRÁTICO

2009-05-27T07:13:00.001+02:00

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EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado. Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR.Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material

EL AUTORITARMISMO LIBERAL DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

2009-04-20T09:39:00.001+02:00

El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.

Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.

Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.

¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.

El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.

¿LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN PELIGRO? Mejor preguntarse por las consecuencias de la libre prestación de servicios.

2009-02-10T18:50:00.002+01:00

Una huelga que tenga como lema “empleos británicos para trabajadores británicos” tiene que producir alarma a cualquier persona con un mínimo de conocimiento, que dirían en la Mancha, pero como ya han indicado Antonio Baylos y Jose Luis López Bulla en su blog, las cosas son algo más complicadas. Como ya es habitual los medios de comunicación mas difundidos no informan sino que tratan de formar una opinión, pero en este caso, la confusión (no sabemos si interesada o no) es grande.

Veamos los hechos muy bien contados por Walter Maldonado, corresponsal de López Bulla. En el caso de esa huelga, rápidamente calificada de salvaje por algunos medios, se trata de una empresa norteamericana que subcontrata con otra siciliana (que desplaza trabajadores italianos y portugueses) para hacer trabajos en Inglaterra en una refinería de petróleo, propiedad de una empresa francesa. Así tenemos que la afirmación primera del lema de la huelga ya es problemática ¿son británicos los empleos? Solo son británicos en tanto en cuanto están en un territorio en el que el Estado británico ejerce su soberanía, pero ya sabemos cuan limitada está hoy esa soberanía y mucho más cuan limitada está su autonomía, es decir, su capacidad de imponer regulaciones sin interferencias de poderes diversos a los del propio Estado, pero también sabemos que la niebla de la ideología nacionalista impide a una amplia capa de la población ver esas limitaciones.

Por otro lado el domingo 8 de febrero fueron sometidos a referéndum los acuerdos bilaterales entre la Confederación Helvética y la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores en su extensión a los trabajadores rumanos y búlgaros. La derecha xenófoba se oponía con argumentos que aquí en España también ha utilizado el Partido Popular como el abuso de los servicios sociales, la delincuencia, el robo de empleos a los locales, etc…También pedía el no algún partido de izquierda con el argumentos totalmente contrario como es que la libre circulación traería una sobreexplotación de todos los trabajadores, es decir, que era un instrumento de dumping social, argumentos que no eran compartidos por los sindicatos interprofesionales. Triunfó el si por una holgada mayoría.

Pero, querámoslo o no, un cierto nacionalismo excluyente se está difundiendo por Europa y algo cala en los trabajadores. No es nuevo, el final de los años 20 y primeros años 30, también época de crisis y de desempleo, el nacionalismo prendió en amplias capas de las clases medias y trabajadora europea y derivó en fascismo. Conviene no olvidar la Historia. Por eso es aleccionador recordar que el nacimiento de las Comunidades Europeas no puede entenderse como un empeño solo dirigido a la consecución de objetivos económicos. Había un impulso ético cual era conseguir la paz entre las naciones europeas mediante la identificación de “intereses comunes que produjeran solidaridad de hecho” y la paz social dentro de cada una de esas naciones mediante el reconocimiento de derechos sociales a los trabajadores que, de paso, conjurase la amenaza de la revolución. Los caminos de la integración europea en estos sesenta años han sido complejos y han estado marcados por una tensión entre lo nacional, que era la esfera propia de los derechos sociales, y lo supranacional donde dominaba lo económico, es decir, las libertades de circulación de mercancías, capitales, personas, de establecimiento y servicios. No tiene nada de extraño que los trabajadores confiasen más en su propia constitución nacional que les reconocía unos derechos claros que en unos Tratados europeos que no hacían referencia alguna a esos derechos, y que, además, podían imponerse sobre la constitución nacional. De ahí que el proceso de integración tuviese que exigir, para ser real, integración no solo económica, sino paralelamente derechos sociales supranacionales. Aún con dificultades y discontinuidades, hasta el Tratado de Amsterdam se puede apreciar una cierta “europeización” de los derechos sociales al establecerse mínimos en determinadas materias, pero desde Niza (2001) hay un freno a la integración y, por el contrario, una renacionalización de la UE, de la que tan orgulloso estaba el Gobierno español de aquella época del PP, es evidente. Renacionalización en el gobierno político de la UE y freno (incluso alguna vuelta atrás) en el establecimiento de derechos sociales supranacionales. La integración apresurada de los países del este ha acentuado ese nacionalismo hasta el punto que si no se reacciona con dureza puede llegar a desfigurar la esencia de la UE en su objetivo de alcanzar la paz y garantizar derechos sociales.

Ahora algunos pretenden, como la actual presidencia Checa de turno, que vayamos a una nueva UE concebida como una zona de libre cambio en la que imperen las libertades económicas y en la que cada uno de los Estados debe hacer valer las “ventajas competitivas” que pueden dar a los empresarios (que no tienen porqué ser nacionales de ese Estado) la menor protección de los derechos de los trabajadores que ofrece su ordenamiento jurídico interno. ¿Cómo se hacen valer “esas ventajas competitivas”? Utilizando los medios que ofrecen los Tratados, claro, y, en concreto, no la libertad de circulación de trabajadores, sino la libre prestación de servicios y establecimiento. La libre circulación de trabajadores implica la no discriminación por razón de nacionalidad, lo que quiere decir que el derecho social interno se aplicará a todo trabajador ciudadano de la UE con independencia de cual sea su nacionalidad, lo que es lo mismo que decir que el trabajo iguala, pero siempre que se haya utilizado la libre circulación de personas para acceder al “mercado de trabajo” local. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy, sino que los trabajadores se están desplazando convertidos en unidades económicas de prestación de servicios de una empresa a otra que generalmente ha recurrido a una fórmula de descentralización productiva (con frecuencia contratas y subcontratas).

Los trabajadores desplazados a otro país por la empresa prestadora del servicio tendrán sus condiciones de trabajo reguladas por el derecho del país de origen, con lo límites de impuestos por la directiva 96/ 71/CE, limites que no operan debido a sus deficiencias técnicas en algunos ordenamientos del norte de Europa, que son precisamente los más protectores. Cuando las condiciones de trabajo entre los países de la UE eran más o menos homogéneas los problemas eran menores, pero con la ampliación de 2004 el dumping social está servido, como lo prueban los bien conocidos casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo. ¿Cómo no van a reaccionar negativamente los trabajadores locales cuando, como en el caso Rüffert, los trabajadores polacos desplazados a Alemania ganaban el 45% de lo establecido en el convenio colectivo aplicable? Explicar que no es la libertad de circulación de trabajadores, sino la prestación de servicios entre las empresas en una UE sin integración política y sin derechos sociales armonizados por arriba, es tarea urgente de los sindicatos, pero también de los poderes públicos y privados que no quieran repetir los más negros episodios de la Historia europea del siglo XX.

GRAN MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO DE GAZA

2009-01-09T17:24:00.001+01:00

Domingo 11 de enero, a las 12 H
Neptuno-Sol

GAZA: CRIMEN Y VERGÜENZA
Teresa Aranguren, José Saramago y otros. 3 de enero de 2009

No es una guerra, no hay ejércitos enfrentados. Es una matanza.

No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a caer sobre territorio israelí sino la proximidad de la campaña electoral lo que desencadena el ataque.

No es la respuesta al fin de la tregua, porque durante el tiempo en el que la tregua estuvo vigente el ejército israelí ha endurecido aún más el bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a cabo mortíferas operaciones con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamas. ¿Acaso ser miembro de Hamás despoja de condición humana al cuerpo desmembrado por el impacto del misil y al supuesto asesinato selectivo de su condición de asesinato sin más?.

No es un estallido de violencia. Es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia ocupante. Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de resistencia de la población palestina sometida al infierno cotidiano de la ocupación en Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes navideños.

No es un fracaso de la diplomacia internacional. Es una prueba más de complicidad con el ocupante. Y no se trata sólo de Estados Unidos que no es referencia moral ni política sino parte, la parte israelí, en el conflicto; se trata de Europa, de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía, de la diplomacia europea.

Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza es que puede pasar sin que pase nada. La impunidad de Israel no se cuestiona. La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad, no tiene consecuencias. Más bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en la OCSE. Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la víctima. Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido con su opresor. El lenguaje no es inocente. Las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen. Y a perpetuarlo.

En Gaza se está perpetrando un crimen. Lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo. Y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos.

Teresa Aranguren, Pedro Martínez Montávez, Rosa Regás, José Saramago, Pilar del Río, Cármen Ruiz Bravo, Belén Gopegui, Constantino Bértolo, Santiago Alba

MANIFIESTO DE CATEDRATICOS DE DERECHO PENAL CONTRA LA INVASION ISRALELI DE GAZA

2009-01-09T17:19:00.002+01:00

GAZA E ISRAEL

Los abajo firmantes, Catedráticos de Derecho Penal de las distintas Universidades Españolas, horrorizados por las noticias que hora a hora nos llegan desde Gaza, queremos denunciar el genocidio, detalladamente planificado, que las autoridades del Estado de Israel están cometiendo sobre los palestinos, a quienes arrebata, a quienes está despojando ante nuestros ojos, no sólo la vida sino hasta sus mínimas expresiones culturales. Las imágenes de los cuerpos de niños reventados por las explosiones se unen a la contemplación de la Universidad bombardeada y destruida, los heridos que mueren en los Hospitales por falta de medicinas, las infraestructuras –que con tanto sacrificio fueron levantadas- asoladas, los hombres y las mujeres gritando de desesperación… Mientras tanto las autoridades nacionales e internacionales se limitan a vanas llamadas a la contención, al arreglo entre las partes, al alto el fuego, pero sin tomar ninguna medida efectiva contra los agresores, contra los genocidas; antes al contrario, a las víctimas se las convierte en victimarios, y ni siquiera se les respeta su capacidad, su voluntad soberana, a la hora de elegir a sus gobernantes.

Queremos efectuar, desde nuestra limitadas fuerzas pero con todo el poder moral que nos otorga nuestra condición de seres humanos, un llamamiento a las autoridades españolas y de la Unión Europea para que tomen medidas eficaces contra el Estado de Israel, llamando a los embajadores propios a consulta, expulsando del territorio nacional a los de Israel, congelando los acuerdos de intercambio de todo tipo con aquél Estado, y sometiéndole a aislamiento en tanto no observe un alto el fuego y desarrolle las iniciativas necesarias para acabar con este drama que dura ya sesenta años; y desde luego, que se requiera a Israel para que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas que tantos años lleva ignorando, y cuya falta de observancia está en el origen del conflicto,

Fco. Javier Álvarez García (Universidad Carlos III); Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha); Guillermo Portilla Contreras (Universidad de Jaén); Enrique Gimbernat Ordeig (Universidad Complutense); Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid); José Luis Díez Ripollés (Universidad de Málaga); Luis Rodríguez Ramos (UNED); Juan Carlos Carbonell Matéu (Universidad de Valencia); Carlos Martínez-Buján Pérez (Universidad de La Coruña); Francisco Muñoz Conde (Universidad Pablo de Olavide); Javier Boix Reig (Universidad de Valencia); María Luisa Maqueda Abreu (Universidad de Granada); José Manuel Paredes Castañón (Universidad del País Vasco); Juan Terradillos Basoco (Universidad de Cádiz)

EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA: Que se calle o que dimita

2008-12-23T12:29:00.003+01:00

Tres cincuentines en un "aparte" del Congreso granconfederal: Baylos, Rodolfo y Joaquín; al fondo están Simón Muntaner y el joven delegado Judas del Llano hablando de la propedéutica de Bartolo de Sassoferrato y Cesare Beccaria.

Una de las primeras declaraciones del nuevo Secretario General de Comisiones Obreras ha sido tener que salirle al paso al Gobernador del Banco de España destacando su ignorancia en materia de negociación colectiva. No es la primera vez que quien tiene encomendadas importantes funciones estatales en política monetaria opina sobre asuntos socipolíticos, siempre pidiendo “reformas estructurales del mercado de trabajo”, que no son otra cosa que peticiones para reducir los derechos que protegen a la gente sometida al trabajo subordinado porque son una rémora para la economía. Más o menos lo mismo que se escuchaba en las barberías a las que acudían los terratenientes en las ciudades de provincias españolas de hace 80 o 90 años.

En esta ocasión el Sr. Gobernador ha arremetido, nada menos, contra la inderogabilidad del convenio colectivo frente a los acuerdos individuales entre empresario y trabajador. Es decir, contra la esencia del convenio colectivo, cuya “fuerza vinculante” está reconocida en el art. 37 de la Constitución porque es un elemento fundamental en la búsqueda de un equilibrio entre las partes de la relación laboral y en un Estado Democrático y Social de Derecho como el nuestro. El mismo Parlamento Europeo con ocasión de la Directiva del tiempo de trabajo ha reafirmado ese papel del convenio rechazando la cláusula de “libertad de opción” en el suelo europeo.

La cuestión a plantearse es si tan alta autoridad tiene legitimidad para emitir esas opiniones. En principio, como cualquier ciudadano puede opinar lo que le plazca, pero hay que recordar que nuestro sistema político parte del axioma de que el poder reside el pueblo y que todas las autoridades públicas lo ejercen en su nombre y ante el responden. Por eso los legisladores y el Gobierno se someten al veredicto del pueblo soberano cada cierto tiempo. Algunos pueden opinar que la democracia no es otra cosa que un proceso en el que las elites siempre renovadas que desde siglos ejercen el poder político se someten progresivamente a su socialización. Pero para el caso es lo mismo, quienes detentan poderes cuyo ejercicio repercute en las condiciones cotidianas de vida de los ciudadanos deben responder ante ellos.

Pero hay algunos casos “atípicos” como el del Rey, que no responde políticamente (ni de otro modo) ante el pueblo y por eso, precisamente, debe guardar una neutralidad exquisita y abstenerse de hacer declaraciones imprudentes. El Gobernador del Banco de España es otro caso atípico porque, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo y los correspondientes de los Estados miembros son “independientes” de las autoridades gubernamentales y legislativas, es decir, una vez nombrados quienes los dirigen, ni están sometidos a otros poderes ni responden de sus decisiones ante los ciudadanos.

Parecería entonces que la prudencia y la discreción deberían de ser las virtudes de oro que marcasen férreamente su conducta y sus decisiones, lo que significa que deberían ser exquisitamente autocontenidos para limitarse estrictamente a lo que les es propio, la política monetaria, pues es evidente el déficit democrático de su cargo. Pero no es el caso de nuestros Gobernadores, especialmente del actual, ya que da la impresión que para ellos la economía no debe de ser otra cosa que un conjunto de neutras reglas técnicas que ellos mismos como expertos conocen sobre las que nada tienen que decir los ciudadanos y sus representantes. Un modo autoritario de ver las cosas inaceptable desde cualquier punto de vista.

Nada que objetar a que defienda reformas laborales que rebajen los derechos de los trabajadores, pero eso debe plantearlo directamente a los ciudadanos y estos con su voto que decidan, lo que implica que antes debe dimitir de un puesto que se ha blindado como “independiente”, es decir irresponsable políticamente. Pues eso, o que se calle o que dimita.

TRABAJAR PARA VIVIR, NO VIVIR PARA TRABAJAR: Una valoración de urgencia

2008-12-18T13:34:00.002+01:00

El abrumador rechazo del Parlamento Europeo (421 votos contra 273 y 11 abstenciones) a la propuesta de Directiva sobre tiempo de trabajo pone de manifiesto que, primero, el Parlamento ha actuado en total coherencia con el hecho de ser la única institución europea con directa responsabilidad política ante los ciudadanos que eligen a sus miembros. Las conquistas sociales de los trabajadores europeos son un patrimonio de toda la ciudadanía, especialmente las que se refieren al tiempo de trabajo, por eso a nadie en Europa si se le da libertad para elegir elige vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Es decir, elige que el tiempo en el que somete a las órdenes de otro (el empresario) este limitado para que su salud no se quebrante y para tener otro tiempo para su disposición.

La lucha histórica por las 8 horas de trabajo diarias tenían ese sentido y el Parlamento ha conectado con la ciudadanía. No así la Comisión ni el Consejo (España y Grecia se opusieron y Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal se abstuvieron) que pretendían permitir que en Europa se trabajase 65 o mas horas a la semana. No es casualidad que ni la Comisión ni el Consejo respondan directamente ante los ciudadanos. No se sabe cómo el Consejo llega a sus acuerdos, es “la diplomacia, no la democracia” lo que rige su funcionamiento.

Segundo, el Parlamento Europeo ha mostrado que es falsa la libertad de opción individual (opt-out) de un trabajador con su empresario para que no se le aplique el convenio colectivo o la propia directiva que limita como regla general a 48 horas la “jornada” semanal de trabajo. La Historia ha dejado claro que la relación de trabajo es una relación entre “uno que tiene poder y otro que no lo tiene” y por eso no hay libre acuerdo entre desiguales. Dicho de otra forma, lo que pretenden la Comisión y el Consejo es dinamitar el convenio colectivo pues, aún con grandes diferencias entre los sistemas de relaciones laborales nacionales europeos, en todos, de un modo u otro, la esencia del convenio colectivo es su inderogabilidad frente al acuerdo individual entre trabajador y empresario. Ese patrimonio de la civilización europea estaba seriamente amenazado y hoy el PE ha puesto un plazo de tres años para que la falsa “libertad de opción” se elimine de la faz de la tierra europea (se empezó a aplicar en 2003 en el Reino Unido y los países del Este ha seguido su senda).

Tercero, se ha mostrado que la jornada de 48 horas puede ser flexible (calculada en un periodo de tiempo que puede llegar a un año) pero no por ello tiene que alargarse. Tal vez por estas razones el Congreso de los Diputados español, por unanimidad, votó en su día contra la propuesta de Directiva y el Parlamento Europeo ahora le ha secundado.