domingo, 13 de diciembre de 2009

MADRID SE VISTIÓ DE ROJO: Una marea de gente de toda España llenó Madrid.




Que la movilización del 12-12-12 iba a ser un éxito ya se intuía entre la gente que conoce algo del mundo sindical y del trabajo, pero otra pista la daba el desprecio, la inquina, con que la mayoría los medios de comunicación trataban el asunto. En algún libelo de corte fascistiode un representante de la “intelectualidad económica” franquista, todavía sobreviviente, calificaba a los futuros participantes de patética legión. Liberalismo y franquismo, como siempre, plenamente unidos cuando los trabajadores osan ser respondones contra los empresarios, pues quienes ocupan una posición subalterna deben estar agradecidos a quienes les dan de comer y no, como nos recuerda Antonio Baylos en el blog hermano, “morderles la mano”. Un poco preocupados estaban.


Y la movilización llegó, y las grandes avenidas del Paseo del Prado y la calle Alcalá recuperaron algo de lo que tienen del espíritu de la Ilustración del siglo de las luces al llenarse de una entusiasta masa de banderas rojas del sindicalismo confederal para hacer de Madrid el “rompeolas de las Españas” frente al embate de las olas liberales. Un éxito incontestable, no solo por el número de participantes (muchos jóvenes, por cierto), sino por algo más, por el tono de firme pero serena actitud de no aceptar las imposiciones ni más recortes en derechos sociales con la excusa de la crisis. Una firmeza que se cimienta en la clara conciencia de que no han sido los trabajadores los que han provocado esta crisis. Son otros los responsables, luego son otros los que deben pagar sus consecuencias a pesar de la machacona insistencia con que los organismos financieros internacionales y nacionales (tan ciegos de los orígenes de la crisis), la mayoría de los medios de comunicación, la CEOE, el PP y sus poderosos aliados medios de comunicación, vienen pidiendo el aumento del poder empresarial y la paralela reducción de los derechos de los trabajadores para poder generar empleo en la salida de la crisis. No, esa punta de iceberg que ayer emergió en Madrid no solo no está dispuesta a dar un paso atrás en sus derechos de ciudadanía que les haría más subordinados, sino que además, respondieron a la llamada de los sindicatos para desazón de los liberales y social-liberales que consideran a los sindicatos el enemigo interior al que hay que destruir, de lo que son muestra los insultos y las descalificaciones de Esperanza Aguirre y sus secuaces.


Cierto que hay que reflexionar sobre cómo hacer para que la respuesta “espasmódica” de la gente sea, a la vez, “fisiológica”, como en las siempre instructivas conversaciones matinales de Parapanda mantienen los participantes del seminario Karl Kosch, pero los sindicatos parece que en esta nueva etapa no dejarán de hacerlo, según se dedujo de las intervenciones de los secretarios generales de CCOO y de UGT. No deben de dejar de hacerlo porque no deben consentir que el mundo virtual desplace al mundo de la gente de carne y hueso. Porque una vez mas, al mirar hoy la prensa, salvo raras excepciones, la distancia entre lo en ella reflejado y lo realmente acaecido es tan larga para cualquiera que haya participado en la manifestación diría que lo que lee en el periódico se refiere a otro acontecimiento. Precisamente eso es lo que esta gran movilización ha roto, ha abierto un agujero en ese mundo virtual en el que los trabajadores deben conformase resignadamente con el papel secundario que les corresponde y del que en el siglo XX, por una anormalidad histórica, pretendieron salir.


lunes, 2 de noviembre de 2009

CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA






DECLARACIÓN DE MÉXICO


CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA

HACIA UNA SOCIEDAD PLANETARIA
CON INCLUSIÓN SOCIAL



Los abogados laboralistas latinoamericanos, representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el 23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la siguiente declaración:
El sistema capitalista está pasando por una de sus peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial. Una de sus peores consecuencias es el flagelo del desempleo, que rompe varios récords en muchos países. La propia Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) ha reconocido que la crisis ha barrido con millones de puestos de trabajo. Durante el corriente año 61 millones de personas fueron empujadas hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones de desempleados, lo que representa la mayor cifra de la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta en varias décadas.
En su resolución “Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo”, la O.I.T. dice que la crisis económica mundial “ha puesto al mundo ante una perspectiva prolongada de aumento de desempleo y agudización de la pobreza y la desigualdad”, a la vez que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo sólo se alcanzará “varios años después de la recuperación económica”. Este organismo internacional reconoce en su documento que “El mundo debería ser diferente después de la crisis”, y mejor, agregamos nosotros.
Pero pecaríamos de ingenuos si pensáramos que la crisis del orden social y económico que está vigente en la inmensa mayoría de los países del planeta, se soluciona salvando a los bancos de la ruina, mediante la transferencia de billones de dólares aportados, en definitiva, por los contribuyentes de cada país. Más ingenuo aún es pensar que la solución pasa por una mayor regulación de los mercados financieros mundiales, medida absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente para alcanzar ese “mundo diferente” que propone la OIT.
La verdadera crisis del sistema capitalista son los más de mil millones de seres humanos que, según la FAO, padecen hambre y desnutrición. La crisis es el cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y el treinta y nueve por ciento que no tiene agua corriente ni baño en su casa. El sistema está en crisis por la tremenda desigualdad social que ha generado, permitiendo que el veinte por ciento de los habitantes del planeta se queden con el setenta y cinco por ciento de la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco por ciento. Está en crisis porque, por ejemplo, mas de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a un sistema de salud adecuado.
Está en crisis, en definitiva, porque produce ricos cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más pobres, no como una consecuencia no querida, sino como resultado natural y lógico de los principios y valores en los que se apoya. Esta tremenda desigualdad social se ve agravada por la impúdica ostentación de riqueza y poder que hacen las minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al disfrute y que viven en la abundancia, que no tienen el menor pudor de exhibir su afán inmoderado de placeres frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El capitalismo ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al provecho propio, avasallando sin culpa los derechos de los demás. Una clase social, particularmente en Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y que monopoliza la producción, el comercio y las finanzas, aprovechando en su propia comodidad y beneficio todas las riquezas. Que goza de una enorme influencia en todos los poderes del Estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso del llamado “socialismo real” ha dejado un vacío que aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un modelo social alternativo, apoyado en principios y valores diferentes. Y en esto somos nosotros, los intelectuales, los que estamos en mora con nuestros pueblos.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de dejar a un lado las actitudes defensivas y de decir lo que no queremos, para pasar a la etapa de comenzar a diseñar ese nuevo orden social, justo y solidario que nuestros pueblos merecen. Para ello es preciso convencernos que no hay nada que autorice a pensar que el sistema social vigente ha alcanzado una hegemonía total y definitiva. La ideología dominante nos ha querido convencer de que con el neoliberalismo la historia había llegado a su fin, y que cualquier cuestionamiento a ella era absurdo e irracional. La crisis actual del sistema capitalista prueba la falsedad de este slogan.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundantes del nuevo orden social que anhelamos, elaborando una agenda concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara al siglo XXI, que coloque al trabajador en el centro del escenario, que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa distribución del ingreso, que profundice la democracia y que baje a la realidad la justicia social.
A tal efecto, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS hace tiempo que viene proponiendo la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Sociolaboral para Latinoamérica, como paso previo a una Constitución Social planetaria.
No hay otra región del mundo en la que existan mejores condiciones para un efectivo proceso de integración social, económica y política. Sin embargo, estamos en mora en el cumplimiento de algo que es un imperativo que emana de nuestras propias raíces históricas y culturales, con el que soñaron todos nuestros próceres. Poderosos intereses económicos internacionales, y la colonización cultural de nuestras clases dirigentes, explican este fenómeno.
Pero Latinoamérica tiene un destino común, tal como lo demuestran los similares procesos históricos vividos desde hace seis siglos. La feroz ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, que todos nuestro países sufrieron en la década del ‘90, debería ser una prueba mas que suficiente de la necesidad imperiosa de integrarnos para establecer una estrategia de resistencia a nuevos intentos de dominación y explotación que seguramente se avecinan, y para construir un modelo alternativo al vigente.
Hay un escenario político en Latinoamérica excepcional. Con sus distintas realidades y contradicciones, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, viven procesos políticos que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo social de los `90.
La Carta Sociolaboral para Latinoamérica deberá establecer, en primer lugar, la libre circulación de personas, eliminando cualquier discriminación por razones de nacionalidad. Y debe fijar un denominador común en el nivel de protección de los derechos de los trabajadores, que actuará como un dique de contención frente a nuevos ataques que contra ellos intentará el neoliberalismo, quizás vestido con nuevos ropajes con los que pretenda disimular sus lacras y miserias.
Proponemos una legislación laboral supranacional, que contenga normas plenamente operativas e inmediatamente aplicables, para no repetir la triste experiencia de nuestros pueblos, de derechos y garantías constitucionales que se enuncian clamorosamente pero que jamás se bajan a la realidad.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana deberá consagrar el derecho a un empleo digno como un derecho humano fundamental. Un sistema de economía capitalista de acumulación privada ofrece un solo camino, a quienes no son titulares de los medios de producción, para acceder al consumo de supervivencia: el alquiler de su fuerza de trabajo para obtener una remuneración, que posteriormente pueda trocar por bienes y servicios. Esto significa que, por un lado, el trabajador se encuentra cautivo del sistema y, por otro lado, que éste sólo puede aspirar a un mínimo de legitimidad social si les garantiza a todos los trabajadores un empleo con una remuneración digna.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que les posibilite tener un proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan de vida que les permita pensar, a partir de una piso firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar el derecho al trabajo, que comprende el derecho a no ser privado de él sin justa causa. En segundo lugar la garantía de percepción de la remuneración, de la que se deriva la obligación de todos los que en la cadena productiva se benefician con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante la falta de pago. Ello sin perjuicio de la obligación de los Estados de crear fondos especiales para cubrir una eventual insolvencia patronal. Una remuneración digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia, sino la que también contempla una creciente participación en la riqueza que el trabajo humano genera.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de organizarse para defenderlos. Para ello la legislación debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las demandas de sus bases y no voceros de los poderes constituidos, son la única garantía de la efectividad de los derechos laborales. Los representantes sindicales deberán gozar de la tutela necesaria para el ejercicio de sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además, deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con motivo del ejercicio legítimo de sus derechos gremiales.
Lamentablemente observamos que en muchos de los países latinoamericanos se violan sistemáticamente los Convenios 87, 98 y 102 de la OIT, sobre Libertad Sindical, Contratación Colectiva y Seguridad Social. México es un claro ejemplo de ello. El poder político y el poder económico, mediante prácticas que podemos calificar de mafiosas, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y elegir dirigentes auténticamente representativos. En Colombia la situación es aún peor, y la vida y la libertad de los activistas gremiales no vale nada.
Es en este marco que la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos la aprobación de una CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA, que contenga, entre otros, los siguientes derechos y garantías:
1) Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2) Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea en la empresa;
3) Derecho a la verdad, y de información y consulta, en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4) Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5) Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como mínimo, responda a las pautas de la Organización Internacional del Trabajo;
6) Derecho a una retribución digna, que cubra todas las necesidades del trabajador y de su familia y que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7) Derecho a una real y efectiva jornada limitada de trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su Poder de Policía Laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8) Derecho a la formación y capacitación profesional;
9) Derecho a la Seguridad Social, que cubra las necesidades vitales del trabajador y de su familia, frente a las contingencias sociales que puedan afectar sus ingresos económicos. La Seguridad Social debe ser función indelegable del Estado, por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década del ´90;
10) Institucionalización de una Renta Básica Ciudadana, como derecho de cada persona, sin importar su raza, sexo, edad, condición civil o social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11) Derecho a la efectiva protección de la salud y la vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo. La gestión del sistema de prevención y reparación de los daños causados por los siniestro laborales, no podrá estar en manos de operadores privados que actúen con fin de lucro;
12) Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13) Derecho a la negociación colectiva, nacional y transnacional;
14) Derecho de huelga, comprensivo de las diversas formas de presión y protesta, y sin restricciones reglamentarias que lo limiten o anulen;
15) Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo agrario;
16) Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos los que en la cadena productiva se aprovechan o benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17) Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;
18) Garantía de una Justicia especializada en Derecho del Trabajo, con un procedimiento que recepte el principio de protección;
19) Tutela para los representantes y activistas sindicales contra cualquier represalia que pueda afectar a su familia, a su empleo o a sus condiciones laborales;
20) Principio de progresividad, que significa no sólo la prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos humanos laborales.

Nuestra propuesta no es una utopía. Es el desafío de navegar con esperanza, aún en medio de un mar tormentoso, hacia la integración latinoamericana; hacia la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las luchas por la independencia. Lucha que no ha terminado y que nos encuentra en la primera línea del frente, de la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.


Ciudad de México, 23 de octubre de 2009.

sábado, 24 de octubre de 2009

CON MÉXICO

Calderón carece de facultades constitucionales para extinguir Luz y Fuerzo del Centro y despedir a 44 mil electricistas.


Invitamos a los ciudadanos del país a leer el Decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2009, en el que afirma que el artículo 89 Fracción I de la Constitución, lo faculta a: extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que es falso, toda vez que tal artículo ni ningún otro de la Constitución, lo facultan para decretar esas dos medidas que tomó por si y ante si, violentando el Estado de Derecho y poniendo en peligro a la nación, a los trabajadores y sindicatos, por las siguientes razones:.


El hecho de que Felipe Calderón violente la Constitución al no cumplir en el ámbito de sus facultades sus funciones y en la vía de los hechos actue de facto, por si y ante si, en adelante le permitiría decretar la privatización de cualquier empresa pública y despedir a trabajadores, sin contar con la autorización de las autoridades facultadas por la propia Constitución y sin cumplir las leyes reglamentarias. Lo anterior demuestra que el Decreto invade las esferas que son de competencia del Congreso de la Unión (Las cámaras de Diputados y Senadores) y la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).


Ya que, el artículo 73 Fracción X de la Constitución, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de energía eléctrica, debido a que las bases de creación de LFC están en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por lo cual, Felipe Calderón debió obtener la autorización previa del Congreso, al que nunca tomo en cuenta. Del mismo modo, que la fracción XXII del artículo 123 constitucional, prohíbe el despido de los trabajadores, salvo los casos por causa justificada y mediante el debido procedimiento ante la JFCA, lo cual tampoco cumplió.


Además de carecer de una fundamentación jurídica válida, la motivación que se expresa en el Decreto se refiere básicamente a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva; motivación que resulta igualmente inadecuada. Porque la responsabilidad de esos errores recaen exclusivamente en la administración de la empresa y más en el director general designado por Felipe Calderón. En la falta de inversión y modernización de las instalaciones. La mala administración de LFC no es responsabilidad del SME ni de los trabajadores, menos pueden ser castigados por ello. En todo caso, se debe llamar a rendir cuentas a los administradores de LFC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1960 a 2009, para que expliquen: ¿Por qué administraron bien CFE y mal LFC durante casi 50 años? Porque ambas empresas son del Estado y administradas por los gobiernos, por los panistas en los últimos 10 años..


Otra motivación del Decreto: es que la nómina de los electricistas es muy costosa, pese a que se ha establecido en negociaciones bilaterales con la empresa, y que contiene los mismos salarios y prestaciones pactadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de República Mexicana (SUTERM), lo que demuestra que son falsos esos argumentos del Decreto, y se acredita con las nóminas y contratos colectivos de trabajo que están depositados en la JFCA.
La fundamentación jurídica y las motivaciones del Decreto son falsas e ilegales y sólo buscan engañar a la ciudadanía.


Asimismo, se violentan otros derechos fundamentales, como son los contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que protegen las áreas estratégicas de la economía nacional como la eléctrica; también el artículo 26 que regula el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siendo el Poder Legislativo el único facultado para modificar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; así como el artículo 123 constituciona: el derecho al empleo y a la estabilidad, los de libertad sindical: sindicalización, contratación colectiva y huelga. Todos borrados con un decretazo.


También se afectan derechos internacionales con plena vigencia nacional, como los Derechos Humanos a la integridad y dignidad humana de los trabajadores, el derecho al trabajo y seguridad social, el “derecho humano a un proyecto de vida” reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se vulneran los derechos consagrados en la Organización Internacional del trabajo (OIT) de empleo y libertad sindical desconocidos por el Decreto.


Ha sido fama pública la predisposición del poder ejecutivo contra el SME, en particular del Secretario de Trabajo, por lo que con el Decreto se comete el delito tipificado en el derecho internacional de “desvío de poder”, pues los propósitos de extinguir la empresa y de despedir a los electricistas, son diametralmente distintos a los fines del Estado y del Proyecto de Nación que se estipulan en el artículo 26 constitucional.


Y, por supuesto, se viola el artículo 128 de la Carta Magna que consagra la obligación primordial del Ejecutivo de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Y qué decir de las responsabilidades en que incurre el titular del ejecutivo y su gobierno?


¿Qué hay detrás del Decreto?


No podemos dejar pasar hechos vergonzosos para la nación, como los ocurridos la noche del 10 de octubre, como tomar las instalaciones de trabajo con el ejército, para emitir al día siguiente el Decreto, al más puro estilo de la dictadura porfirista: primero ejecutan y después averiguan. O, que el gobierno mejore las liquidaciones a los obreros que se apuren a tomarlas, para debilitar al SME. O, que se pretenda repetir mil veces la mentira oficial, para que la sociedad la admita por consancio.


En cambio, el gremio del SME en todas las manifestaciones y actos públicos, jamás han violentado la legalidad ni han roto un solo vidrio; sus elecciones por voto secreto son verdaderos actos de democracia; cada año encabezaron la lucha contra los topes salariales y ha sido el sindicato que más ha luchado contra las reformas neoliberales. En 1999, impidieron a Zedillo realizar la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, como lo había hecho a los ferrocarriles en 1995. Del SME ha sidosido siempre la más generosa solidaridad con los demás.


La intención del gobierno federal detrás de la mascarada, es culminar la privatización de la industria eléctrica, a través de introducir la fibra óptica en la red eléctrica nacional para la venta telecomunicaciones, de elevar las tarifas de los usuarios y de seguir entregando la industria eléctrica a particulares nacionales y extranjeros. Lo que espera hacer con la reapertura de la nueva empresa. El que sería el negocio del sexenio.


Esa es la verdadera intención del gobierno, sabiendo que tal finalidad es contraria a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.


Llamamiento a la sociedad:


Los abogados, juristas y académicos del derecho, llamamos a restablecer el Estado de Derecho, tan importante como restablecer la verdad en la nación. Hoy la suerte del SME es la de todos los trabajadores. Si permitimos que un decreto destruya los derechos constitucionales laborales que han costado mas de cien años de luchas y que se extingan las empresas públicas estratégicas, después seguirá de paz que sólo brinda el Estado de Derecho, hoy quebrantado.


Por la ANAD: Lauro Sol, José Luis Contreras, Estela Ríos, Manuel Fuentes, Marina Téllez, Oscar Alzaga y ….












jueves, 15 de octubre de 2009

LÓPEZ BULLA, PRESIDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA





Un fantasma recorre Europa: El del Tony Blair, famoso miembro del cuarteto de las Azores (el que no estaba en la foto era Durao Barroso, pero era porque fue al que le tocó, como anfitrión, tomar la cámara y hacer el retrato), que como no tiene ahora una buena colocación quiere encontrarla en Bruselas.

En las tabernas de Parapanda, de la Vera, de la Mancha, de los madriles y de otras autonomías, están surgiendo movimientos de indignación que amenazan con pasar a mayores, hasta el punto que las autoridades a las órdenes del ministro Rubalcaba han elevado preocupados informes y solicitan instrucciones porque, según puede leerse en uno de ellos al que hemos tenido acceso porque el funcionario lo dejó un momento en el mostrador de la estafeta de correos mientras gentilmente ayudaba a una atractiva señorita que aparentemente tenía dificultades para rellenar el formulario de un certificado, “están creciendo de manera preocupante grupos de activistas en pro de la ciudadanía europea que con un discurso cada más radical están encendiendo los ánimos da una parte importante de la juventud, de la edad madura e incluso de la tercera edad dado que algunos de los agitadores más activos residen en un conocido geriátrico de la localidad. Como siga adelante lo de ese tal Blair es de prever que pronto empiecen las algaradas que pueden derivar en motines”. En la taberna O Refuxo de Antón, de Bayona, ya planean secuestrar la carabela la Pinta y desembarcar en Flandes para liarla allí tan pronto el inglés se asome a Bruselas. Llegan noticias que en varias osterie boloñesas y brasseries de Francia está ocurriendo algo similar, así como en la mayoría de las tabernas de Renania-Westfalia. La cosa va en serio.

Con el Tratado de Lisboa en pañales, las derechas europeas enardecidos y prietas sus filas, han lanzado la candidatura de un individuo de un país que no está en el euro, ni en el acuerdo Schengen, que ha impuesto un protocolo (con Polonia) según el cual las disposiciones legales o administrativas internas que sean incompatibles con la Carta de Derechos Fundamentales, especialmente su parte dedicada a los derechos sociales, no podrán ser impugnadas ni ante el Tribunal de Justicia ni ante los tribunales nacionales. Un país que ha impulsado el alargamiento del tiempo de trabajo y la no aplicación de los convenios colectivos frente a un acuerdo individual entre el empresario y el trabajador y pretende convertir la Unión Europea en una zona de libre cambio sin políticas sociales comunes ni integración política. El sujeto en cuestión del que se habla tiene, además, una gran responsabilidad por los miles de muertos, destrucciones y expolios que se han producido en Irak “¿Cómo va a ser ese el que presida una Europa que dice aspirar a la paz entre la naciones del mundo?”, dicen los activitas en pro de la ciudadanía europea. La gente que tiene un poco de decencia, añaden, cuando se ha confundido tanto opta por una discreta retirada de la vida pública. Algunos movidos por una fuerte fe religiosa o incluso sin ella, se retiraban a un convento con voto de silencio para expiar su culpa. Blair se ha hecho católico, pero no parece que este dispuesto a retirarse a un convento, por eso lo mejor es que otro más cualificado ocupe el puesto de Presidente de la Unión Europea.

Precisamente los informes de las autoridades gubernativas llaman la atención de que esos movimiento tabernarios están impulsando con fuerza la candidatura de un tal José Luis López Bulla, al que describen como un sujeto que va de un sitio para otro con los bártulos de Karl Korsch, pero no les consta que los haya robado. Estaremos atentos a futuros acontecimientos porque esta candidatura está cobrando fuerza.


jueves, 8 de octubre de 2009

EL AMARGO CHOCOLATE COLOMBIANO DE NESTLÉ...

... ¿QUE ES LO QUE TIENE EL SINDICALISMO QUE CON TANTA SAÑA SE LE ATACA?.



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La mayoría de los medios creadores de opinión de continuo nos advierten a los ciudadanos de las penosas consecuencias para la democracia que tienen medidas adoptadas por los gobiernos tales como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, por supuesto Cuba, e incluso alguna crítica alcanza al Brasil de Lula. Casi siempre el factor común de los denunciados peligros para la democracia tiene que ver con las intervenciones que afectan al poder económico de algunas empresas, sobre todo a las empresas de formación de opinión. Pero es llamativo que tan altruista preocupación por los valores democráticos raras veces les lleve, no ya a denunciar, sino meramente a preguntase por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes para quienes en una gran mayoría de los países de Latinoamérica tan dura se les presenta la vida. No es de extrañar que el sindicalismo no entre en las preocupaciones de esos medios.


Sin embargo, de forma retórica, se da por sentado que sin libertad sindical no hay democracia. Siempre y cuando, parecen decirnos, no se mal utilice esta libertad como están haciendo los trabajadores de la empresa Krafft de Argentina, por ejemplo, o los mineros de México, por poner otro ejemplo. La verdad es que, a pesar de su reconocimiento en los textos constitucionales, a pesar de los convenio 98 y 87 de la OIT, la libertad sindical es muy precaria en América Latina. En la mayoría de los países las represalias en el empleo a los trabajadores sindicalizados son moneda corriente (tampoco aquí son desconocidas). Pero, además, la legislaciones impiden constituir sindicatos de rama, con lo que el panorama es la desolación de un enjambre de pequeños sindicatos de empresa, que pueden unirse en una confederación, pero su capacidad de acción, por tanto, está mas que limitada por la propia debilidad. En cada empresa el patrón les domina con facilidad. El convenio colectivo de sector, en coherencia con lo anterior, está prohibido. Chile es un buen ejemplo de cómo gobiernos sedicentes socialistas no han podido o querido cambiar sustancialmente la legislación sindical pinochetista. El resultado es un escaso intervencionismo estatal en la relación individual de trabajo y un fuerte intervencionismo en lo colectivo, con unos niveles muy bajos de cobertura de los convenios colectivos. Argentina, Brasil y México se salen de este panorama aunque presentan otras serias perturbaciones en su sistema sindical, que ahora no vienen a cuento.


Esta saña intervencionista que limita y restringe la libertad sindical a extremos inaceptables para nuestra cultura europea se contradice con el dogma liberal de que el sindicato es una institución obsoleta. Idea que han compartido algunos social-liberales que, al máximo, conceden al sindicato un glorioso papel en el pasado, pero que ya ha perdido sentido en la sociedad postmoderna global. Si fuera así ¿Qué necesidad habría de dictar leyes tan restrictivas, cuando no negadoras de la libertad sindical? ¿Porqué los ataques ideológicos tan fuertes al sindicato? ¿No será que todavía hoy, en Europa y en todo el mundo, el sindicato tiene un papel que cumplir en defensa de la dignidad de quienes trabajan o quieren trabajar y de los que de ellos dependen? ¿No será que en unas sociedades con grandes diferencias de rentas como las latinoamericanas el sindicato puede ser una agente de primer orden el la lucha contra los privilegios y en pos de mayores cotas de igualdad, y por eso debe permanecer con el bozal puesto?


Pero es en Colombia donde las cosas adquieren carácter escandaloso por lo dramático. Allí las leyes sindicales, como en otros países, restringen al sindicato en su acción básicamente a la empresa y hacen difícil la articulación práctica entre confederaciones y sindicatos. Ya eso bastaría para poner en cuestión la calidad de la democracia en ese país, pero el asunto es mucho más grave, tanto que cuesta escribirlo sin sentir conmoción : En lo que va de año 28 sindicalistas han sido asesinados. No hay forma más radical de negar la libertad sindical que segando la vida de tantos sindicalistas. Los últimos han sido en el mes de septiembre Gustavo Gómez trabajador de NESTLÉ y Mauricio Antonio Monsalve, maestro. El 1 de octubre fueron tiroteados Mario Montes de Oca, maestro y abogado sindical, y su compañero de sindicato Alberto Luís Pastrana, este último falleció en el acto mientras que los sicarios dejaron en muy grave estado a Mario. En lo que va de año 12 sindicalistas de la empresa NESTLÉ, afiliados a Sinaltrainal, han sido asesinados, según nos viene dramáticamente informando la Confederación Sindical Internacional. Se da la circunstancia de que Gustavo Gómez antes de ser asesinado había presentado un pliego de peticiones a la empresa con vistas a negociar el convenio colectivo. El excelente cacao colombiano produce un chocolate muy amargo en manos de NESTLÉ.


En estas condiciones no es de extrañar que la tasa de afiliación sindical en Colombia sea de 4 por ciento, y mucho parece a la vista de los hechos. Lo heroico es que todavía haya trabajadores que se sumen a un sindicato para cumplir lo que es su misión: lucha por el bienestar y la dignidad de los trabajadores.


¿Hay democracia en Colombia? La respuesta es evidente. NO, porque no hay justificación posible para esta masacre. La diplomacia colombiana y parte de la opinión pública es cómplice con esta situación al justificar de las maneras más inverosímiles estos asesinatos. Entre las más usuales están que se trata de gente relacionada con las FARC o que son casos delincuencia común, aunque no faltan justificaciones tan peregrinas como que hay mucho crimen pasional, como si entrar en un sindicato fuera entrar en un laberinto de pasiones amorosas. En la OIT, ante las denuncias de que era objeto el Gobierno de Colombia, se llegó hace unos años a un acuerdo para crear una comisión de vigilancia a la que el gobierno de Uribe daría su apoyo, pero la voluntad del Gobierno de perseguir a los asesinos y poner coto a esta violencia se ha visto por los resultados que ha sido nula.


En otro orden de cosas ¿cómo es posible que estas muertes no merezcan una atención por los medios de comunicación? Unos medios de comunicación que presentan Colombia como un ejemplo de democracia frente a los autoritarismos populistas que con preocupación ven proliferar en el continente. Sería terrible pensar que para estos medios quienes, como los sindicalistas, perturban la libertad de empresa no merecen su consideración. Pero eso querría decir que se preocupan del negocio, no de la democracia en serio ni de la vida de las personas.




miércoles, 12 de agosto de 2009

LOS SALARIOS, EL PRECIO DE LAS SARDINAS Y DE LOS TOMATES






Según el presidente de la patronal, el sr. Díaz Ferrán, los trabajadores deben sufrir una reducción de sus salarios de al menos un 1% porque así se adecuarán al índice de precios al consumo. Al mismo tiempo radio Parapanda nos ha informado que el precio de las sardinas en algunos señalados lugares de la costa mediterránea ha sufrido un considerable incremento. El estudio de este fenómeno no ha podido pasar desapercibido para importantes investigadores de la Universidad de Verano de Pineda de Marx, los cuales, con el concurso fundamental del matemático Rafael Rodriguez han corroborado una vez mas (pero ahora con fórmulas matemáticas que no han podido ser contestadas) la vieja ley según la cual cuando un producto pasa a ser de amplio consumo popular por su bajo precio y su buena calidad, empieza a ser menos habitual en la dieta del honrado pueblo para pasar a ser bocado de clases más acomodadas mediante una subida de su precio.


Las conclusiones de los seminarios de la Universidad de Verano de Pineda de Marx son seguidas con atención por un selecto sanedrín que en la taberna de Pilar de un lugar de la Vera toma buena nota de los acontecimientos más señalados del panorama mundial. Un agudo agricultor de regadío después de reflexionar sobre lo anterior echó su cuarto a espadas y puso sobre la barra la peliaguda cuestión de a donde vamos a ir a parar si lo que se paga a los agricultores por los tomates y otros productos hortícolas propios de la dieta veraniega es una cantidad irrisoria que malamente retribuye su trabajo. Un albañil en situación legal de desempleo demostró de forma incontrovertible la enorme diferencia entre lo pagado al agricultor y lo pedido a los clientes de comercios al por menor y de grandes superficies y las dificultades que supone llegar a fin de mes con la prestación de desempleo contributivo. Cosa rara, un autónomo con taller de chapa, pintura y mecánica, a pesar de reconocer que su actividad no había variado en los últimos años, tenía que admitir la corrección de las afirmaciones de los otros contertulios. Tras un animado debate, de modo unánime se convino que las conclusiones del seminario de Pineda de Marx estaban ajustadas a razón. A continuación se pasó a otros terrenos, incluso puede que se cayese en la especulación cuando salió a relucir que el Sr. Díaz Ferrán en 2008 se ha repartido con un buen socio 8 milloncetes de eurillos, otros beneficios a parte. La hipótesis mas aceptada, aunque no se llegase a elevar a la categoría de tesis, es que los ricos hasta la dieta mediterránea nos quieren quitar, a lo que todas las gargantas respondieron con un único grito: ¡¡ LOS SUELDOS NO SE BAJAN Y EN OTOÑO NOS VEREMOS LAS CARAS!!


Nota Bene: conviene aclarar que en este lugar de la Vera el sanedrín de que se habla sigue a rajatabla la promesa que el Falstaff verdiano hacía en el primer acto sobre sus visitas futuras a las hosterías: ir siempre con gente sobria, civil, honesta y pía.

lunes, 27 de julio de 2009

¿POR QUÉ NO DEBE HABER REBAJA DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada
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viernes, 19 de junio de 2009

CON MARCOS ANA






23 años tras los muros, 23 razones para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia



Tras 23 años en las cárceles franquistas, Marcos Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento alguno: “No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”


Las personas, instituciones, colectivos, asociaciones, entidades, etc. abajo firmantes apoyamos la propuesta realizada por la Universidad de Granada para que le sea concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana,





1. Por su vida: por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres.



2. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia


3. Por su defensa de la libertad,


4. Por su comprensión: “Yo me sentiría completamente desgraciado si después de haber pasado veintitrés años en la cárcel mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”


5. Por su humanidad

6. Por su solidaridad


7. Por su valentía


8. Por su entereza


9. Por su honestidad


10. Por su sinceridad


11. Por su miedo


12. Por su esperanza


13. Por su lucha contra la infamia


14. Por su lucha contra la mentira


15. Por su lucha contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida


16. Por su sencillez


17. Por su naturalidad con que es un hombre. Entero, auténtico, completo.


18. Por su integridad: “Si pretendiera saciar con la sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”


19. Por su generosidad: “Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”


20. Por su lucidez: “Si nos sentimos españoles tenemos que cerrar de una vez para siempre este ciclo sangriento, ese hecho terrible de que los españoles cada veinticinco años tengamos que estar degollándonos los unos a los otros. Espero que el futuro de España no sea el futuro de la revancha sino el de la paz y seguridad para todos los españoles


21. Por su poesía


22. Por él y para él, por todos y para todos sus compañeros de infortunio


23. Por dignidad, reparación, justicia, paz, reconciliación.




Para enviar tu firma:
http://www.unpremioparamarcosana.org/

jueves, 18 de junio de 2009

EL PERTINAZ GOBERNADOR




Me escribe el joven investigador manchego Judas del Llano las siguientes líneas:





Estimado profesor:



He visto con sorpresa en la prensa que el Gobernador del Banco de España pide una reforma laboral para abaratar el despido de los contratos indefinidos porque, según el, el despido de un trabajador con este tipo de contrato es muy costoso para el empresario pues debe de pagar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Según lo que aprendí en la Universidad de Castilla-La Mancha la indemnización a la que se refiere el señor Gobernador solo es de aplicación a un tipo muy concreto de despido, al despido disciplinario declarado por un juez improcedente. Otros despidos, como aquellos llamados objetivos o los colectivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción de la empresa tienen una indemnización de 20 días, no muy alta, me parece y si el despido disciplinario es declarado procedente, el coste es nulo. Además, si no quiere pagar la indemnización también puede el empresario ahorrársela readmitiendo al trabajador. Mi sorpresa viene porque yo creía que alguien que ocupa un puesto tan importante, y el mismo servicio de estudios de su institución, deberían, creo, ser muy cuidadosos con afirmaciones tan transcendentes como esas y no confundir los distintos tipos de despido. Por esa falta de propiedad me habrían ustedes, muy justamente, suspendido en la licenciatura. Dado que al Sr. Gobernador no le podemos suspender ¿podría usted y el circulo de estudiosos de asuntos sociales de Parapanda sugerir que podemos hacer ante estas cosas? ¿Cómo es posible que pida rebajar la indemnización para quienes despiden “por la cara”? La verdad es que no lo entiendo porque hay en juego intereses vitales de los trabajadores y de sus familias, que pueden verse en situaciones dramáticas en los casos de despido.



No sé si en Parapanda surgirá alguna explicación, pero por mi parte yo tampoco lo entiendo. En otras ocasiones ya hemos tenido ocasión de destacar lo poco prudente de determinadas declaraciones del Gobernador del Banco de España y las extralimitaciones que se permite en el cumplimiento de sus funciones que, dicho sea de paso, están fijadas por ley. Con estas nuevas declaraciones da pié para que sea calificado como un “ultravirista” pertinaz. Pero, además, cuando las organizaciones patronales y los sindicatos están enfrentados sobre esta cuestión y cuando hay un debate en la sociedad española sobre un asunto tan delicado y grave como la regulación del despido, que el Gobernador del Banco emisor se posicione a favor de los empresarios genera inevitablemente una erosión en la legitimidad de la institución que dirige, y esto es grave. Hemos pedido desde aquí en otras ocasiones que o se callaba o que dimitiese, al no hacer ninguna de las dos cosas nos vimos obligados a pedir su cese, cosa que ahora hay que reiterar. No se me ocurre otra cosa.

lunes, 1 de junio de 2009

¿QUIÉN DEBE RESPONDER POR LA CRISIS?




El estruendo que produjo el desplome de importantes entidades financieras en todo el mundo (sobretodo en Estados Unidos) enmudeció a los voceros que machaconamente habían estado salmodiando las ventajas indudables mercado no regulado y exaltando la recuperación del individuo en su actuar libre de trabas impuestas por la ley o los convenios colectivos. Al mismo tiempo surgieron algunas voces que interrogaban por los responsables del estropicio de la crisis. Ahora se ve que aquel enmudecimiento fue momentáneo y el coro liberal ha vuelto a entonar su vieja canción. Pero sigue sin respuesta la pregunta de quienes son los responsables de la crisis. No hablamos, claro está, de los que han cometido delitos, que por cierto no parece que sean muchos (Madoff y pocos mas), sino de los que con sus acciones (la creación intelectual es también un modo de actuar) han provocado estados de necesidad a tanta gente. Si fuéramos capaces de identificarlos, entonces podríamos exigirles responsabilidades. Pero el capitalismo se caracteriza por la creación de una red de artilugios jurídico-económicos cuya finalidad es precisamente la disolución o limitación de la responsabilidad de las personas físicas que tienen el poder económico (desde la invención de las sociedades anónimas a la moderna ingeniería de “externalizaciones”). Los sujetos actuantes en el tráfico económico se parapetan tras unos entes que solo gramaticalmente adquieren sustantividad: los mercados. Los mercados (¿quiénes son esos mozos? podríamos decir parafraseando a Sánchez Ferlosio) son los que han hecho y desecho (más bien esto último) y por tanto ellos serían los responsables…es decir, nadie. Sin embargo el coro liberal está ya identificando a los que deben apechugar con las consecuencias de la crisis, o lo que es lo mismo los que deben de responder, aunque, ¡que gran paradoja! no sean los causantes de la misma: los trabajadores.


Hay un acuerdo unánime en que los orígenes de la crisis no están en la legislación laboral protectora del trabajo, por el contrario en las enormes desigualdades sociales y económicas que las políticas liberales han generado en todo el mundo hay que buscar uno de sus detonantes. En los últimos años, como pone de manifiesto el informe sobre el trabajo en el mundo de octubre de 2008 publicado por la OIT, la erosión de los derechos sociales ha dado lugar a que la brecha entre los que más y menos ganan se haya agrandado en el mundo, también en Europa y en España. Los responsables hay que buscarlos en quienes han propugnado esas políticas desreguladoras y en los organismos, dirigidos por personas con nombre y apellidos, que las han impulsado (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea o determinados gobiernos nacionales).


No se trata de exigir que todos esos responsables se vistan con tela se saco y con ceniza en la cabeza caminen a pié hacia los desiertos para convertirse anacoretas, pero, al menos, podemos exigirles que guarden prudente silencio ante tantos daños causados a tanta gente. Con estupor, sin embargo, estamos viendo que no es así. Tras unos meses de silencio los teólogos del liberalismo vuelven a la carga. También ellos aceptan que la legislación laboral no está en el origen de la crisis pero con gran inconsecuencia lógica propugnan que la salida a la actual situación debe de hacerse introduciendo en nuestra ordenamiento jurídico un imposible constitucional: el despido sin causa, un despido que aumentaría las desigualdades en la relación de trabajo. El argumento es muy manido y tiene que ver con una visión muy estrecha del despido como un mero asunto de costes económicos para el empresario, que parte de la premisa de que el despido en España es caro. Premisa falsa. El despido en España no es caro. Por ejemplo, el despido disciplinario procedente tiene coste económico cero para el empresario ¿Porqué? Porque hay justa causa para despedir. El despido disciplinario improcedente (que es en el que están pensando siempre) implica pagar una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Pero es que se trata de un despido en el que un juez ha dicho que no hay razón para despedir, es un despido arbitrario, y, aún así, el empresario se obstina de modo pertinaz en mantener su voluntad. Es poco lo que tiene que pagar si se tienen en cuenta los daños que el trabajador puede sufrir con la pérdida arbitraria de su trabajo. Pero hablar en estos términos es adentrarse en el terreno de la justicia, un campo semántico ajeno a quienes propugnan el despido sin causa, que, de ese modo incurren en el olvido esencial de que el pacto en el que se asienta nuestra convivencia es el pacto constitucional y nuestra Constitución se preocupa de la justicia y de la igualdad, pues no en vano en su art. 1 las declara valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Las garantías contra el despido sin causa tienen que ver, con toda coherencia, con la justicia y, por ello están contenidas en el art. 35 de la Constitución tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional. La crisis actual debe servir para corregir las carencias todavía muy presentes en la sociedad española, y muy lacerantemente sentidas por una gran parte de la población, en el camino de alcanzar cotas más altas de justicia e igualdad, no para rebajarlas.



miércoles, 27 de mayo de 2009

DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SITEMA DEMOCRÁTICO

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EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado. Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR.Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material

lunes, 20 de abril de 2009

EL AUTORITARMISMO LIBERAL DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA


El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.


Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.


Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.


¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.


El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.



martes, 10 de febrero de 2009

¿LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN PELIGRO? Mejor preguntarse por las consecuencias de la libre prestación de servicios.





Una huelga que tenga como lema “empleos británicos para trabajadores británicos” tiene que producir alarma a cualquier persona con un mínimo de conocimiento, que dirían en la Mancha, pero como ya han indicado Antonio Baylos y Jose Luis López Bulla en su blog, las cosas son algo más complicadas. Como ya es habitual los medios de comunicación mas difundidos no informan sino que tratan de formar una opinión, pero en este caso, la confusión (no sabemos si interesada o no) es grande.



Veamos los hechos muy bien contados por Walter Maldonado, corresponsal de López Bulla. En el caso de esa huelga, rápidamente calificada de salvaje por algunos medios, se trata de una empresa norteamericana que subcontrata con otra siciliana (que desplaza trabajadores italianos y portugueses) para hacer trabajos en Inglaterra en una refinería de petróleo, propiedad de una empresa francesa. Así tenemos que la afirmación primera del lema de la huelga ya es problemática ¿son británicos los empleos? Solo son británicos en tanto en cuanto están en un territorio en el que el Estado británico ejerce su soberanía, pero ya sabemos cuan limitada está hoy esa soberanía y mucho más cuan limitada está su autonomía, es decir, su capacidad de imponer regulaciones sin interferencias de poderes diversos a los del propio Estado, pero también sabemos que la niebla de la ideología nacionalista impide a una amplia capa de la población ver esas limitaciones.



Por otro lado el domingo 8 de febrero fueron sometidos a referéndum los acuerdos bilaterales entre la Confederación Helvética y la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores en su extensión a los trabajadores rumanos y búlgaros. La derecha xenófoba se oponía con argumentos que aquí en España también ha utilizado el Partido Popular como el abuso de los servicios sociales, la delincuencia, el robo de empleos a los locales, etc…También pedía el no algún partido de izquierda con el argumentos totalmente contrario como es que la libre circulación traería una sobreexplotación de todos los trabajadores, es decir, que era un instrumento de dumping social, argumentos que no eran compartidos por los sindicatos interprofesionales. Triunfó el si por una holgada mayoría.



Pero, querámoslo o no, un cierto nacionalismo excluyente se está difundiendo por Europa y algo cala en los trabajadores. No es nuevo, el final de los años 20 y primeros años 30, también época de crisis y de desempleo, el nacionalismo prendió en amplias capas de las clases medias y trabajadora europea y derivó en fascismo. Conviene no olvidar la Historia. Por eso es aleccionador recordar que el nacimiento de las Comunidades Europeas no puede entenderse como un empeño solo dirigido a la consecución de objetivos económicos. Había un impulso ético cual era conseguir la paz entre las naciones europeas mediante la identificación de “intereses comunes que produjeran solidaridad de hecho” y la paz social dentro de cada una de esas naciones mediante el reconocimiento de derechos sociales a los trabajadores que, de paso, conjurase la amenaza de la revolución. Los caminos de la integración europea en estos sesenta años han sido complejos y han estado marcados por una tensión entre lo nacional, que era la esfera propia de los derechos sociales, y lo supranacional donde dominaba lo económico, es decir, las libertades de circulación de mercancías, capitales, personas, de establecimiento y servicios. No tiene nada de extraño que los trabajadores confiasen más en su propia constitución nacional que les reconocía unos derechos claros que en unos Tratados europeos que no hacían referencia alguna a esos derechos, y que, además, podían imponerse sobre la constitución nacional. De ahí que el proceso de integración tuviese que exigir, para ser real, integración no solo económica, sino paralelamente derechos sociales supranacionales. Aún con dificultades y discontinuidades, hasta el Tratado de Amsterdam se puede apreciar una cierta “europeización” de los derechos sociales al establecerse mínimos en determinadas materias, pero desde Niza (2001) hay un freno a la integración y, por el contrario, una renacionalización de la UE, de la que tan orgulloso estaba el Gobierno español de aquella época del PP, es evidente. Renacionalización en el gobierno político de la UE y freno (incluso alguna vuelta atrás) en el establecimiento de derechos sociales supranacionales. La integración apresurada de los países del este ha acentuado ese nacionalismo hasta el punto que si no se reacciona con dureza puede llegar a desfigurar la esencia de la UE en su objetivo de alcanzar la paz y garantizar derechos sociales.



Ahora algunos pretenden, como la actual presidencia Checa de turno, que vayamos a una nueva UE concebida como una zona de libre cambio en la que imperen las libertades económicas y en la que cada uno de los Estados debe hacer valer las “ventajas competitivas” que pueden dar a los empresarios (que no tienen porqué ser nacionales de ese Estado) la menor protección de los derechos de los trabajadores que ofrece su ordenamiento jurídico interno. ¿Cómo se hacen valer “esas ventajas competitivas”? Utilizando los medios que ofrecen los Tratados, claro, y, en concreto, no la libertad de circulación de trabajadores, sino la libre prestación de servicios y establecimiento. La libre circulación de trabajadores implica la no discriminación por razón de nacionalidad, lo que quiere decir que el derecho social interno se aplicará a todo trabajador ciudadano de la UE con independencia de cual sea su nacionalidad, lo que es lo mismo que decir que el trabajo iguala, pero siempre que se haya utilizado la libre circulación de personas para acceder al “mercado de trabajo” local. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy, sino que los trabajadores se están desplazando convertidos en unidades económicas de prestación de servicios de una empresa a otra que generalmente ha recurrido a una fórmula de descentralización productiva (con frecuencia contratas y subcontratas).



Los trabajadores desplazados a otro país por la empresa prestadora del servicio tendrán sus condiciones de trabajo reguladas por el derecho del país de origen, con lo límites de impuestos por la directiva 96/ 71/CE, limites que no operan debido a sus deficiencias técnicas en algunos ordenamientos del norte de Europa, que son precisamente los más protectores. Cuando las condiciones de trabajo entre los países de la UE eran más o menos homogéneas los problemas eran menores, pero con la ampliación de 2004 el dumping social está servido, como lo prueban los bien conocidos casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo. ¿Cómo no van a reaccionar negativamente los trabajadores locales cuando, como en el caso Rüffert, los trabajadores polacos desplazados a Alemania ganaban el 45% de lo establecido en el convenio colectivo aplicable? Explicar que no es la libertad de circulación de trabajadores, sino la prestación de servicios entre las empresas en una UE sin integración política y sin derechos sociales armonizados por arriba, es tarea urgente de los sindicatos, pero también de los poderes públicos y privados que no quieran repetir los más negros episodios de la Historia europea del siglo XX.




viernes, 9 de enero de 2009

GRAN MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO DE GAZA



Domingo 11 de enero, a las 12 H
Neptuno-Sol




GAZA: CRIMEN Y VERGÜENZA
Teresa Aranguren, José Saramago y otros. 3 de enero de 2009


No es una guerra, no hay ejércitos enfrentados. Es una matanza.


No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a caer sobre territorio israelí sino la proximidad de la campaña electoral lo que desencadena el ataque.


No es la respuesta al fin de la tregua, porque durante el tiempo en el que la tregua estuvo vigente el ejército israelí ha endurecido aún más el bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a cabo mortíferas operaciones con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamas. ¿Acaso ser miembro de Hamás despoja de condición humana al cuerpo desmembrado por el impacto del misil y al supuesto asesinato selectivo de su condición de asesinato sin más?.


No es un estallido de violencia. Es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia ocupante. Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de resistencia de la población palestina sometida al infierno cotidiano de la ocupación en Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes navideños.


No es un fracaso de la diplomacia internacional. Es una prueba más de complicidad con el ocupante. Y no se trata sólo de Estados Unidos que no es referencia moral ni política sino parte, la parte israelí, en el conflicto; se trata de Europa, de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía, de la diplomacia europea.


Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza es que puede pasar sin que pase nada. La impunidad de Israel no se cuestiona. La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad, no tiene consecuencias. Más bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en la OCSE. Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la víctima. Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido con su opresor. El lenguaje no es inocente. Las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen. Y a perpetuarlo.


En Gaza se está perpetrando un crimen. Lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo. Y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos.



Teresa Aranguren, Pedro Martínez Montávez, Rosa Regás, José Saramago, Pilar del Río, Cármen Ruiz Bravo, Belén Gopegui, Constantino Bértolo, Santiago Alba

MANIFIESTO DE CATEDRATICOS DE DERECHO PENAL CONTRA LA INVASION ISRALELI DE GAZA






GAZA E ISRAEL

Los abajo firmantes, Catedráticos de Derecho Penal de las distintas Universidades Españolas, horrorizados por las noticias que hora a hora nos llegan desde Gaza, queremos denunciar el genocidio, detalladamente planificado, que las autoridades del Estado de Israel están cometiendo sobre los palestinos, a quienes arrebata, a quienes está despojando ante nuestros ojos, no sólo la vida sino hasta sus mínimas expresiones culturales. Las imágenes de los cuerpos de niños reventados por las explosiones se unen a la contemplación de la Universidad bombardeada y destruida, los heridos que mueren en los Hospitales por falta de medicinas, las infraestructuras –que con tanto sacrificio fueron levantadas- asoladas, los hombres y las mujeres gritando de desesperación… Mientras tanto las autoridades nacionales e internacionales se limitan a vanas llamadas a la contención, al arreglo entre las partes, al alto el fuego, pero sin tomar ninguna medida efectiva contra los agresores, contra los genocidas; antes al contrario, a las víctimas se las convierte en victimarios, y ni siquiera se les respeta su capacidad, su voluntad soberana, a la hora de elegir a sus gobernantes.

Queremos efectuar, desde nuestra limitadas fuerzas pero con todo el poder moral que nos otorga nuestra condición de seres humanos, un llamamiento a las autoridades españolas y de la Unión Europea para que tomen medidas eficaces contra el Estado de Israel, llamando a los embajadores propios a consulta, expulsando del territorio nacional a los de Israel, congelando los acuerdos de intercambio de todo tipo con aquél Estado, y sometiéndole a aislamiento en tanto no observe un alto el fuego y desarrolle las iniciativas necesarias para acabar con este drama que dura ya sesenta años; y desde luego, que se requiera a Israel para que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas que tantos años lleva ignorando, y cuya falta de observancia está en el origen del conflicto,
Fco. Javier Álvarez García (Universidad Carlos III); Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha); Guillermo Portilla Contreras (Universidad de Jaén); Enrique Gimbernat Ordeig (Universidad Complutense); Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid); José Luis Díez Ripollés (Universidad de Málaga); Luis Rodríguez Ramos (UNED); Juan Carlos Carbonell Matéu (Universidad de Valencia); Carlos Martínez-Buján Pérez (Universidad de La Coruña); Francisco Muñoz Conde (Universidad Pablo de Olavide); Javier Boix Reig (Universidad de Valencia); María Luisa Maqueda Abreu (Universidad de Granada); José Manuel Paredes Castañón (Universidad del País Vasco); Juan Terradillos Basoco (Universidad de Cádiz)