DE LA BANALIZACIÓN DE LA CAUSA DE DESPIDO AL CONTRATO ÚNICO.

Con ocasión de la publicación de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, (asunto C-596/14) algunos autores han argumentado que puede haberse abierto un camino para el contrato único y señalados exponentes políticos de la familia neoliberal han arrimado el ascua a su sardina del tan mentado contrato. La razón alegada es que el TJUE ha declarado que el art. 49.1 c) ET, que deja sin indemnización a los contratos de interinidad, es contrario a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, incorporado a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999. La consecuencia de esa decisión del Tribunal de Luxemburgo es que se iguala la indemnización del contrato de interinidad  (por extensión todos los temporales, excepto, parecería, los formativos porque su naturaleza sería una causa objetiva para la diferencia de trato) con la de los indefinidos. Esa indemnización tendría que ser la del art. 53.1 b) ET, es decir, 20 días de salario por año de servicio, si el despido no ha sido declarado disciplinario improcedente.

No se ve bien de donde sale que la igualación de la indemnización entre contratos temporales e indefinidos abre el camino hacia el contrato único. Hay que recordar que en España el despido es la extinción del contrato llevada a cabo por voluntad unilateral del empresario. Pero esa voluntad, que es el detonante del despido,  necesita una causa que la justifique. No existe el despido sin causa, ni la causa opera de modo automático, tiene que ser alegada por el empresario. Así está establecido en el art. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el art. 35 de nuestra Constitución según firme interpretación del Tribunal Constitucional, en el Convenio 158 de la OIT, ratificado por España, el art. 24 de la Parte I de la Carta Social Europea, también ratificada por España y en el Estatuto de los Trabajadores. La esencia del llamado contrato único está en que el despido sea posible por la libre voluntad del empresario sin alegación de causa, a cambio de dar una indemnización, con la salvedad, es obvio, de no incurrir en discriminación prohibida. Ese constructo, hay que insistir, es contrario a la abrumadora legislación aplicable. Tampoco es posible la igualación por abajo de las indemnizaciones para evitar la tacha de discriminación, ni mucho menos ese contrato único, aún con indemnización creciente, porque la cláusula 8ª, nº 3, del Acuerdo Marco a que se ha hecho referencia establece que: “La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no podrá constituir una justificación válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo.” Lo que muy lícitamente puede entenderse como una prohibición de la regresividad.

La existencia de contratos por tiempo determinado puede estar perfectamente justificada y cuando sobreviene la fecha que se pactó para su duración, ese hecho es la causa de justificación de la voluntad empresarial de despedir, de tal modo que si el empresario no procede al despido (por las razones que sean) la relación laboral continúa. El despido en España, como es bien conocido, precisa de tres elementos: Causa que legitime la voluntad extintiva del empresario; forma en que se expresa esa voluntad (escrita) y derecho del trabajador a una revisión de esa decisión ante un tercero neutral, normalmente ante la jurisdicción social. Lo que ocurre es que desde hace ya algunos años se está procediendo a una banalización de la exigencia de la causa por parte de los tribunales, en especial en los despidos disciplinarios, a la que el legislador (hay que recordar los desaparecidos despidos express ) y toda una ideología pro empresarial ha contribuido en importante medida. Si hay una indemnización parece que se relaja el escrutinio judicial para comprobar si hay una suficiencia de la causa para despedir. Puede decirse que de los polvos de la banalización de la causa vienen los lodos del contrato único.

Es una imperiosa necesidad que el PP haga una larga travesía por el desierto

En una democracia parlamentaria no pervertida no debería ser motivo de alarma o escándalo que un partido revalidara la mayoría que le permitía gobernar, ni que se produjese una alternancia en el poder. Tampoco que para alcanzar esa mayoría se alcanzasen pactos entre distintas fuerzas. En España, hoy, sin embargo, no estamos en una tal situación, sino que la nuestra es de una gravedad extrema. En los casi cinco años que lleva gobernando el PP el deterioro de los valores democráticos ha sido de tal calibre que se puede decir con propiedad que ha instaurado un Régimen, en el sentido de que el partido ha tomado grandes espacios de poder en la Administración Pública, en la de Justicia, ha anulado el funcionamiento parlamentario de las Cámaras,  ha puesto los intereses públicos al servicio de los de las grandes corporaciones privadas en sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones o los servicios financieros. Los medios de comunicación más importantes están convenientemente amaestrados. La corrupción no es algo ocasional,  producto de actuaciones singulares de individuos débiles ante la tentación, sino que esta en la misma esencia del Régimen. El deterioro de los derechos sociales y de las libertades tampoco es algo pasajero debido a la coyuntura desfavorable, no, también está en su esencia porque a la arraigada cultura de la derecha española que considera el país suyo en el que, por tanto, el ejercicio del poder solo a ellos de modo natural corresponde, se ha añadido la ideología neoliberal que justifica que los derechos a la educación, la atención sanitaria, las pensiones, solo puedan ser disfrutados por quienes se los puedan pagar. La propuesta del ex ministro Soria para un alto cargo con no mucha carga de trabajo en el Banco Mundial, pero con una salario de unos 19.000 € al mes, es una clara manifestación de esa cultura cortijera y mucho más lo han sido las justificaciones esgrimidas ante las primeras críticas. Rajoy vive en su nube tan alejada de la realidad social y tan seguro se si, que solo el gran clamor que se ha alzado ante este escándalo le ha obligado a pedir al interesado que retirase la solicitud a esa canonjía. Pero el mal ya está hecho.

Por esto llama la atención que haya tantas dificultades para formar Gobierno entre los que no comparten ni esa cultura ni esos valores. La prioridad es clara, recuperar las formas, los comportamientos y los valores democráticos y para ello es necesario que el PP pase una larga temporada en el desierto como los antiguos anacoretas, para ver si en esa dura experiencia puede depurarse, cosa harto improbable para un partido que no ha condenado el franquismo. Estamos en una situación de emergencia democrática y es esencial que en los distintos organismos de la administración, desde Institutos de Investigación hasta la Administración General del Estado, se destierren las prácticas autoritarias. Es necesario que se instaure otra cultura entre jueces, funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la que adoptar actitudes autoritarias y parafascistas no solo no sea un mérito para prosperar, sino un demérito. Es necesario que se transmita a la sociedad civil el mensaje claro que todos estamos sometidos a las mismas reglas y que estas deben dejar se ser una jungla al servicio de los poderosos en su aplicación por los órganos del poder estatal. En definitiva, acabar con el Régimen, porque eso redundará en que no se extienda entre una parte de la población una cultura que ampara la perversión de la democracia. Esta tarea es prioritaria y tanto el PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos, así como otros partidos más pequeños en su representación parlamentaria, no deberían de tener dificultades en encontrar puntos de acuerdo mínimos. Habría que recordar a exponentes del PSOE, como Emiliano García-Page, y de Ciudadanos que en algunas Comunidades Autónomas y ayuntamientos (por ejemplo en Castilla-La Mancha) el PSOE gobierna gracias al apoyo parlamentario de Unidos Podemos y en otros lugares recíprocamente ¿Tan difícil sería dejar gobernar al PSOE (por ser el partido con más diputados de la oposición al PP) sobre un programa de recuperación democrática y el compromiso de que Pedro Sánchez se sometiese a una votación de confianza de aquí a dos años para evaluar los avances? Es una situación excepcional que exige soluciones excepcionales y no sería difícil que un acuerdo de este tipo lo entendiesen las respectivas bases sociales del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, si estos últimos de verdad están por una recuperación de los valores democráticos.