CETA, TTIP, TiSA: NO ES EL COMERCIO, ES UN NUEVO ORDEN GLOBAL DE PODER.

Cada día que pasa se va viendo con más claridad que los “Tratados comerciales de nueva generación” no tienen como objetivo primordial favorecer del desarrollo del libre comercio en el planeta eliminando o reduciendo los aranceles, su objetivo es consolidar un poder de las grandes corporaciones inmune a los límites que las instituciones democráticas pueden establecer en beneficio de los intereses de la mayoría de la población. Con esos tratados quieren establecer una garantía jurídica para situarse al margen de las eventuales reglas que puedan dictar los representantes de la soberanía popular. Una primera muestra de lo cierto de esta aseveración es que el CETA, el TTIP y el TiSA están siguiendo una tramitación opaca, sin apenas control de los miembros del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. La diplomacia secreta se impone a la democracia abierta.

Las primeras defensas de estos tratados decían que la eliminación de aranceles favorecería el comercio y con ello vendría un aumento de la riqueza que se traduciría en muchos empleos, pero, como tantas otras “demostraciones científicas” de la vulgata neoliberal, solo se trata de que la gente haga un ejercicio de fe, a pesar de que las experiencias hasta ahora conocidas, como el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, muestran que ni aumentó el empleo, ni mejoraron los estándares de protección del trabajo, ni de la salud pero, eso si, aumentó la desigualdad.

Vistas las inconsistencias de la argumentación de los aranceles, entre otras cosas porque ya son muy bajos o casi inexistentes para multitud de productos y servicios, se pasó a otra argumentación cual es la de unificación y simplificación de las reglas. Se dice que en Europa hay un exceso de regulación que opera en la práctica de forma más dura y obstaculizadora del comercio que los aranceles. Entre esas reglas están las que afectan tanto a la producción o como a la distribución y tratan (al menos nominalmente) de proteger a la perdona que trabaja (la legislación laboral), la salud pública mediante exigencias de seguridad en los productos de alimentación (lo que incluye a los agroalimentarios) y farmacéuticos, las que regulan el acceso a las profesiones con especial impacto social (titulaciones), las que se refieren a los servicios de atención sanitaria, las que protegen el medio ambiente, y así tantas. Lo que se pretende en estos tratados es que los operadores económicos actúen lo más alejados y más libremente posible de la intervención y un control público en defensa de lo común. El TTIP llega al extremo de crear la figura de la cooperación regulatoria que no es más que dar entrada legal en el proceso de elaboración de las normas de la Unión Europea a un organismo formado por representantes de las corporaciones transnacionales y de la burocracia de Bruselas a lo que se añade que crean mecanismos de arbitraje, al margen de la jurisdicción de los Estados de Derecho, para resolver las controversias entre las empresas y los Estados cuando aquellas consideren que se han dañado sus expectativas de negocio por normas tales como un convenio colectivo que ha aumentado los salarios en un sector.

El siguiente paso que han dado los defensores de estos tratados es mantener que en realidad de lo que se trata es de un problema de geoestrategia. América del Norte (con exclusión de México) debe aliarse con la Unión Europea para contrarrestar a China y otros países asiáticos, pero esa alianza tiene que adoptar las reglas que nos imponga la businesscommunity en un fundamentalismo del mercado.

Pero después de todo ¿dónde quedamos los ciudadanos? ¿quién va a defender nuestra salud, nuestra educación, como bienes extracomercio? ¿dónde quedan los valores democráticos? La respuesta a estas preguntas dependerá de lo que la ciudadanía sea capaz de hacer para defender directamente, como hizo el sábado pasado en las calles, lo que es común. Este gobierno en funciones cometió el viernes una tropelía más al autorizar la firma del CETA en clara violación de la Ley 50/1997, del Gobierno, deslegitimándose más aún al actuar de modo servil a favor de los intereses de una oligarquía transnacional ante la que sacrifica las reglas, los procedimientos y los valores democráticos.

UNA BUENA NOTICIA: EL CAFÉ COMERCIAL REABRIRÁ SUS PUERTAS

Una ciudad debe ser un lugar en el que los seres humanos puedan desarrollar su esencial sociabilidad de un modo libre, igualitario y fraterno. Para ello no solo son necesarios los edificios que dan cobijo (cuanto más bellos mejor) y los servicios que cubren otras necesidades, sino también los rincones, los espacios de encuentros en los que se van tejiendo afectos y vivencias compartidas que acaban construyendo la propia identidad. En nuestra cultura, cafés, tabernas y bares juegan un papel esencial en la sociabilidad y algunos de ellos alcanzan una relevancia especial hasta el punto que llegan a convertirse en seña de identidad de la ciudad y espacio común de muchos de sus ciudadanos.

El Café Comercial de Madrid era uno de esos espacios y bruscamente cerró sus puertas a finales de julio de 2015 dejando desamparados sus fieles adeptos. Aquel triste suceso empujó a uno de los corresponsales en Madrid de Radio Parapanda a escribir en los primeros días de agosto una nota que acababa de este modo: “Un lugar así no debe desaparecer. Siempre habrá soluciones jurídico-económicas si hay voluntad de encontrarlas. Otras ciudades ofrecen al viajero buenas practicas ante situaciones similares. La calvinista Ginebra no permitió que un histórico restaurante de la parte vieja de la ciudad acabase convertido en un Starbuck Caffe. En Bolonia la roja, la Osteria del Sole, que se dice ya existía en 1530, amparo y refugio de bebedores de vino y donde no se expende Coca-Cola ni brebaje similar, para gran alegría de la población propia y ajena, fue reabierta intacta tras un cierre temporal, que amenazó ser definitivo. En la reapertura hubo una decisiva mediación de las autoridades municipales y de la Caja de Ahorros de la región. La nacionalizada Bankia, antes Caja Madrid, lavaría muchas de sus culpas pasadas si siguiese el ejemplo de su colega boloñesa implicándose para mantener vivo el Comercial. El Ayuntamiento de Madrid seguro que también tendrá algo que decir y hacer ante el clamor público interclasista de que el Café Comercial no debe ser cerrado.” Pues bien, no nos consta que la nacionalizada  Bankia haya tomado cartas en el asunto, pero sí el Ayuntamiento que procedió a declarar este Café como Bien de Interés Cultural con el máximo grado de protección que implica que cualquier uso del local tiene que respetar todos sus elementos, desde las sillas a las lámparas. Una gran lección de cómo defender el patrimonio cultural común de la ciudadanía. Pues bien, este corresponsal  ha recibido la noticia fidedigna de que el próximo invierno el histórico Comercial reabrirá sus puertas de la mano de un pequeño grupo de entusiastas empresarios de la hostelería del barrio de Malasaña que ya han salvado una vieja taberna del barrio fundada en 1920, que cerró en 2015 para ser reabierta como Casa Macareno tras una esmerada restauración que ha dado nueva vida a los preciosos azulejos que la adornan.

La protección municipal y propio deseo de los nuevos gestores de conservar y dar nuevo esplendor al Café Comercial le auguran una nueva y esplendida etapa en la que no faltarán sus cafés y chocolates con churros, pero se añadirán magníficos platos de la cocina tradicional madrileña. El nuevo Comercial se ha propuesto conseguir el mejor cocido de todo Madrid. Para comprobar si logran este reto allí acudiremos a disfrutarlo y  con su ayuda y la de un buen morapio, que de seguro no faltará, nos enfrentaremos alegres a los rigores del invierno.

DE LA BANALIZACIÓN DE LA CAUSA DE DESPIDO AL CONTRATO ÚNICO.

Con ocasión de la publicación de la STJUE de 14 de septiembre de 2016, de Diego Porras, (asunto C-596/14) algunos autores han argumentado que puede haberse abierto un camino para el contrato único y señalados exponentes políticos de la familia neoliberal han arrimado el ascua a su sardina del tan mentado contrato. La razón alegada es que el TJUE ha declarado que el art. 49.1 c) ET, que deja sin indemnización a los contratos de interinidad, es contrario a la cláusula 4 del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, incorporado a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999. La consecuencia de esa decisión del Tribunal de Luxemburgo es que se iguala la indemnización del contrato de interinidad  (por extensión todos los temporales, excepto, parecería, los formativos porque su naturaleza sería una causa objetiva para la diferencia de trato) con la de los indefinidos. Esa indemnización tendría que ser la del art. 53.1 b) ET, es decir, 20 días de salario por año de servicio, si el despido no ha sido declarado disciplinario improcedente.

No se ve bien de donde sale que la igualación de la indemnización entre contratos temporales e indefinidos abre el camino hacia el contrato único. Hay que recordar que en España el despido es la extinción del contrato llevada a cabo por voluntad unilateral del empresario. Pero esa voluntad, que es el detonante del despido,  necesita una causa que la justifique. No existe el despido sin causa, ni la causa opera de modo automático, tiene que ser alegada por el empresario. Así está establecido en el art. 30 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el art. 35 de nuestra Constitución según firme interpretación del Tribunal Constitucional, en el Convenio 158 de la OIT, ratificado por España, el art. 24 de la Parte I de la Carta Social Europea, también ratificada por España y en el Estatuto de los Trabajadores. La esencia del llamado contrato único está en que el despido sea posible por la libre voluntad del empresario sin alegación de causa, a cambio de dar una indemnización, con la salvedad, es obvio, de no incurrir en discriminación prohibida. Ese constructo, hay que insistir, es contrario a la abrumadora legislación aplicable. Tampoco es posible la igualación por abajo de las indemnizaciones para evitar la tacha de discriminación, ni mucho menos ese contrato único, aún con indemnización creciente, porque la cláusula 8ª, nº 3, del Acuerdo Marco a que se ha hecho referencia establece que: “La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no podrá constituir una justificación válida para la reducción del nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito cubierto por el presente Acuerdo.” Lo que muy lícitamente puede entenderse como una prohibición de la regresividad.

La existencia de contratos por tiempo determinado puede estar perfectamente justificada y cuando sobreviene la fecha que se pactó para su duración, ese hecho es la causa de justificación de la voluntad empresarial de despedir, de tal modo que si el empresario no procede al despido (por las razones que sean) la relación laboral continúa. El despido en España, como es bien conocido, precisa de tres elementos: Causa que legitime la voluntad extintiva del empresario; forma en que se expresa esa voluntad (escrita) y derecho del trabajador a una revisión de esa decisión ante un tercero neutral, normalmente ante la jurisdicción social. Lo que ocurre es que desde hace ya algunos años se está procediendo a una banalización de la exigencia de la causa por parte de los tribunales, en especial en los despidos disciplinarios, a la que el legislador (hay que recordar los desaparecidos despidos express ) y toda una ideología pro empresarial ha contribuido en importante medida. Si hay una indemnización parece que se relaja el escrutinio judicial para comprobar si hay una suficiencia de la causa para despedir. Puede decirse que de los polvos de la banalización de la causa vienen los lodos del contrato único.

Es una imperiosa necesidad que el PP haga una larga travesía por el desierto

En una democracia parlamentaria no pervertida no debería ser motivo de alarma o escándalo que un partido revalidara la mayoría que le permitía gobernar, ni que se produjese una alternancia en el poder. Tampoco que para alcanzar esa mayoría se alcanzasen pactos entre distintas fuerzas. En España, hoy, sin embargo, no estamos en una tal situación, sino que la nuestra es de una gravedad extrema. En los casi cinco años que lleva gobernando el PP el deterioro de los valores democráticos ha sido de tal calibre que se puede decir con propiedad que ha instaurado un Régimen, en el sentido de que el partido ha tomado grandes espacios de poder en la Administración Pública, en la de Justicia, ha anulado el funcionamiento parlamentario de las Cámaras,  ha puesto los intereses públicos al servicio de los de las grandes corporaciones privadas en sectores estratégicos como la energía, las comunicaciones o los servicios financieros. Los medios de comunicación más importantes están convenientemente amaestrados. La corrupción no es algo ocasional,  producto de actuaciones singulares de individuos débiles ante la tentación, sino que esta en la misma esencia del Régimen. El deterioro de los derechos sociales y de las libertades tampoco es algo pasajero debido a la coyuntura desfavorable, no, también está en su esencia porque a la arraigada cultura de la derecha española que considera el país suyo en el que, por tanto, el ejercicio del poder solo a ellos de modo natural corresponde, se ha añadido la ideología neoliberal que justifica que los derechos a la educación, la atención sanitaria, las pensiones, solo puedan ser disfrutados por quienes se los puedan pagar. La propuesta del ex ministro Soria para un alto cargo con no mucha carga de trabajo en el Banco Mundial, pero con una salario de unos 19.000 € al mes, es una clara manifestación de esa cultura cortijera y mucho más lo han sido las justificaciones esgrimidas ante las primeras críticas. Rajoy vive en su nube tan alejada de la realidad social y tan seguro se si, que solo el gran clamor que se ha alzado ante este escándalo le ha obligado a pedir al interesado que retirase la solicitud a esa canonjía. Pero el mal ya está hecho.

Por esto llama la atención que haya tantas dificultades para formar Gobierno entre los que no comparten ni esa cultura ni esos valores. La prioridad es clara, recuperar las formas, los comportamientos y los valores democráticos y para ello es necesario que el PP pase una larga temporada en el desierto como los antiguos anacoretas, para ver si en esa dura experiencia puede depurarse, cosa harto improbable para un partido que no ha condenado el franquismo. Estamos en una situación de emergencia democrática y es esencial que en los distintos organismos de la administración, desde Institutos de Investigación hasta la Administración General del Estado, se destierren las prácticas autoritarias. Es necesario que se instaure otra cultura entre jueces, funcionarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la que adoptar actitudes autoritarias y parafascistas no solo no sea un mérito para prosperar, sino un demérito. Es necesario que se transmita a la sociedad civil el mensaje claro que todos estamos sometidos a las mismas reglas y que estas deben dejar se ser una jungla al servicio de los poderosos en su aplicación por los órganos del poder estatal. En definitiva, acabar con el Régimen, porque eso redundará en que no se extienda entre una parte de la población una cultura que ampara la perversión de la democracia. Esta tarea es prioritaria y tanto el PSOE, como Unidos Podemos y Ciudadanos, así como otros partidos más pequeños en su representación parlamentaria, no deberían de tener dificultades en encontrar puntos de acuerdo mínimos. Habría que recordar a exponentes del PSOE, como Emiliano García-Page, y de Ciudadanos que en algunas Comunidades Autónomas y ayuntamientos (por ejemplo en Castilla-La Mancha) el PSOE gobierna gracias al apoyo parlamentario de Unidos Podemos y en otros lugares recíprocamente ¿Tan difícil sería dejar gobernar al PSOE (por ser el partido con más diputados de la oposición al PP) sobre un programa de recuperación democrática y el compromiso de que Pedro Sánchez se sometiese a una votación de confianza de aquí a dos años para evaluar los avances? Es una situación excepcional que exige soluciones excepcionales y no sería difícil que un acuerdo de este tipo lo entendiesen las respectivas bases sociales del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, si estos últimos de verdad están por una recuperación de los valores democráticos.

RAJOY Y LOS MALVADOS BANALES

De modo casi inconsciente hay una tendencia a pensar que la banalidad excluye a la maldad. Una persona banal es tenida por inocua en su insignificancia, pero eso es un grave error porque esa manera de pensar no distingue la banalidad del sujeto de sus acciones, que bien pueden tener consecuencias terribles para muchísimas otras personas. La banalidad no puede eliminar el mal como Hanna Arendt nos enseñó en su imprescindible libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal del que en este momento en Europa, y en España en particular, se pueden extraer muy provechosas lecciones.

El libro de Arendte más que una crónica del juicio al que en Israel fue sometido el nazi Eichmann, secuestrado en Buenos Aires en 1960 en donde trabajaba en la fábrica de Mercedes Benz. En contra de lo que intentó la acusación, en ese juicio quedó de manifiesto que el acusado no era un monstruo, ni odiaba a los judíos, ni era un fanático antisemita, ni ordenó matar a persona alguna, ni lo hizo él mismo, simplemente se limitó a organizar el largo viaje (en general en trenes de carga) de cientos de miles de personas (en su mayoría judías), primero obligadas a un desplazamiento forzoso a campos de concentración en los que se usaba el trabajo esclavo para fabricas como Krupp o Siemens y desde 1941, cuando se adopta la Solución Final, a los campos de extermino. Era siempre plenamente sabedor de lo que ocurría en esos lugares, pero, como repitió en el juicio, él no mataba, organizaba la maquinaria burocrática para un transporte eficaz. No tenía mala conciencia, sino satisfacción por haber cumplido su deber de ciudadano cumplidor de la ley que recurría para explicarse a frases hechas, hueras, clisés, cuya incapacidad para hablar con propiedad mostraba su incapacidad para pensar por si mismo y, sobretodo, para pensar desde el punto de vista de otro. Arendt reitera que en el juicio se vino abajo la sospecha de que Eichmann fuera un monstruo, pero fue tomando cuerpo la de que era un payaso que no tenía mala conciencia ni se engañaba porque había estadoactuando en plena armonía con el mundo en que vivía,en donde imperaba un autoengaño de la mayoría de la población alemana y en el que no hubo protestas cuando el partido nazi se apoderó del aparato del Estado y los altos cuerpos de la Administración se sumaron con entusiasmo a las tareas de la Solución Final redactando reglamentos y ordenanzas para poner en práctica la voluntad del Führer que era considerada fuente de derecho.

Eichmann, nos dice Arendt, era un irreflexivo, pero no estúpido, lo que nos lleva al problema de la responsabilidad. Al crearse una maquinaria burocrática que organiza “matanzas administrativas” cada funcionario, cada miembro de ese engranaje cumple con su obligación y puede pretender, para exonerar su responsabilidad, que cualquiera otra persona podía haberlo hecho igual. Es el “imperio de nadie” en que por ser todos responsables potenciales ninguno lo es. Pero Arendt nos recuerda la distinción aristotélica entre potencia y acto. Muchos pudieron, pero algunos hicieron y por ello merecen ser juzgados y condenados. De hecho, aunque fueron excepciones, hubo personasen Alemania que se opusieron a los horrores del III Reich y lo pagaron caro. Hay que recordar que los primeros perseguidos fueron los antifascistas, en especial los comunistas, y que en los territorios de la URSS, tras las tropas regulares del ejercito y con su colaboración actuaba un cuerpo especial cuya tarea era la eliminación in situ de cuantos personas eran consideradas guerrilleros o simpatizantes del Ejército Rojo. Las mayores pérdidas humanas de toda la segunda guerra mundial las sufrió la URSS. La excepción, aunque solo hubiera estado constituida por una sola persona, como nos recuerda el poema de Cernuda, bastaría para dar dignidad al género humano y por lo mismo hay que reivindicarla y ponerla como ejemplo para todo el mundo.

La burocracia en la que parece imperar “el imperio de nadie” y que crea un lenguaje que encubre la realidad, que miente, no es cosa del pasado. Hoy esa burocracia va más allá del aparato estatal en una confusión en la que grupos económicos privados dominan los instrumentos públicos y los medios de persuasión pervirtiendo la idea democrática para huir de la responsabilidad por actos que tienen consecuencias extremadamente dañinas para una gran parte de la población.

Lo ocurrido con las políticas del Partido Popular en estos últimos años es un claro ejemplo. Apenas llegó al poder el Gobierno de Rajoy, despreciando las formas democráticas, entre otras cosas mediante el uso torticero de la legislación de urgencia,aplicó un programa que nada tenía que ver con el que ganó las elecciones. Un programa elaborado por mentes no banales en el que los derechos laborales que sirven para preservar un mínimo de dignidad a la persona que trabaja fueron sacrificados en aras del interés empresarial para “mejorar la eficiencia del mercado de trabajo” (como si el trabajo fuese una mercancía cualquiera), el Sistema de la Seguridad Social horadado, el acceso a la justicia severamente limitado con el aumento de las tasas, el poder judicial colonizado en interés del partido, la protesta social criminalizada, la educación y la atención sanitaria profundamente deterioradas y convertidas en “oportunidades de negocio”, los medios de comunicación, en fin, puestos al servicio del Gobierno y del partido en el poder para mediante la manipulación y la mentira justificar sus tropelías. Las consecuencias han sido claras: aumento de la desigualdad, de la pobreza, de la precariedad y enormes sufrimientos de una gran parte de la población.A todo ello hay que sumar una corrupción rampante enquistada en el núcleo mismo del Partido Popular que se ha extendido cual gangrena por las administraciones públicas que han caído en sus manos.

En pocos años el deterioro de los valores democráticos ha alcanzado cotas insospechadas para quienes pensaban que la salida de la dictadura franquista nos llevaría a un avance progresivo en libertades y derechos. Ahora estamos, no en una regresión, sino en algo peor, en un cambio de época en el que las clases oligárquicas utilizan las instituciones supranacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea, Banco Central Europeo) convertidas en un “imperio de nadie”, pero formado por personas de carne y huesos, para arremeter contra el Estado Social y Democrático de Derecho en que se plasmó el pacto constituyente fundante de nuestro sistema de convivencia y de la Europa de la segunda postguerra. Todo esto tiene una enorme gravedad y personas determinadas, en lo que nosotros toca Rajoy en tanto que jefe del Gobierno y del partido del poder y como cabeza de otros secuaces, ha contraído graves responsabilidades de las que no le puede librar la banalidad con la que se expresa y comporta (sus continuos deslices con el lenguaje en cuanto se sale del guión que le preparan muestra su dificultad para pensar). Ahora otra vez Rajoy pretende volver a ser presidente del Gobierno banalizando las maldades cometidas, llama a la responsabilidad de otros para que le apoyen confundiendo las palabras, porque a lo que tendría que aludir es a las obligaciones que los representantes públicos tienen frente a sus representados, empezando por las suyas. Responsabilidad es soportar las consecuencias de las propias acciones, consecuencias de las que quiere huir al pretender que está al margen de ellas porque sus electores no le han exigido responsabilidades políticas  (como si fueran las únicas) al ser el partido más votado, pero de nuevo banaliza cuando pasa por alto que en una democracia parlamentaria el 67 por ciento que no le quiere es mucho más que el 33 por ciento que todo le perdona. Una democracia que merezca ese nombre no puede tener un Gobierno formado por gente que ha creado un enorme un enorme aparato de producción de males, los “sacrificios” que según ellos no han podido evitar imponer a la población por “las circunstancias” en las que se han encontrado. Eso mismo venían a decir Eichmann y sus congéneres para justificar sus conductas.

¿Y AHORA QUÉ? ¿QUÉ HACEMOS CON LA UNIÓN EUROPEA?

Era previsible. La reacción de una parte de los medios de persuasión dominantes partidarios del si en el referéndum británico de ayer aprovechan para atacar a las fuerzas de izquierda que ponen en cuestión la políticas de la austeridad y la falta de democracia en la Unión Europea metiéndolas en el mismo saco con los partidos de extrema derecha antieuropeistas y xenófobos.  Al mismo tiempo, de forma un tanto contradictoria, alaban las “virtudes británicas”, casi como lo hacen algunas fuerzas ultranacionalistas  que propugnaban el abandono. Al mismo tiempo no dejan de reconocer que son necesarios profundos cambios para recuperar el proyecto europeo y para ello apelan a los líderes actuales a ponerse manos a la obra.

Pero hay que aclarar varias  cosas, como, entre otras,  definir el proyecto integrador europeo, encarar  el arrastrado por años  “déficit democrático”, y quienes tienen que liderar el nuevo proyecto.

Sobre la primera de las cuestiones es conveniente recordar que el Reino Unido se sumó al proyecto europeo en 1973 y desde entonces ha sido un socio incómodo, egoísta y retardatario o directamente boicoteador de “una unión más estrecha entre los pueblos de Europa”. En el nacimiento de las Comunidades Europeas, allá por 1951, El Reino Unido no quiso formar parte de las mismas que, siendo una unión funcional en torno a objetivos concretos, implicaban una cesión de competencias soberanas desde los Estados a las recién creadas instituciones supranacionales, sino que por el contrario impulsó la creación de una zona de libre cambio (la EFTA) que no repugnaba incluir en su seno al Portugal de la dictadura salazarista. Pero la EFTA fracasó y la Comunidades Europeas fueron un éxito cuyo magnetismo atraía más y más socios. En importante medida ese magnetismo tenía mucho que ver con el impulso ético que animó el proyecto de integración europea: la paz y el reconocimiento de derechos sociales, el respeto por el Estado Social y Democrático de Derecho, que convivía, no sin tensiones, con los objetivos económicos de construir un mercado interior sin fronteras.  Ese impulso ético era producto de la correlación de fuerzas entre las clases sociales europeas traumatizadas por la experiencia de la primera y la segunda guerra mundial, de la que nuestra guerra civil fue el prólogo.  Desde la caída del muro de Berlín el proyecto europeo ha ido desdibujándose en un claro desequilibrio a favor de las libertades económicas frente a los derechos sociales pareciéndose, cada vez más y poco a poco, a una zona de libre cambio comercial. Bruselas se ha convertido en una sentina del capital financiero. Por ahí es por donde hay que empezar la reconstrucción para que la Unión sea espacio de solidaridad mediante el respeto y defensa de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales. Los movimientos xenofóbicos y nacionalistas tendrían la hierba segada bajo sus pies cuando los trabajadores de Europa viesen que Bruselas es la proa en defensa del trabajo y la protección social decente frente al capital globalizado,que a través de tratados como el TTIP o el TiSA quiere imponer sus reglas.

Esa reconstrucción no puede hacerse de forma oculta a espaldas de la ciudadanía. Las élites europeas se han acostrumbrado en estos años a funcionar sin transparencia, blindadas por un entramado burocrático que aleja los controles democráticos,  a pesar de los intentos del Parlamento Europeo. Los ejemplos son muchos, pero basta citar que el llamado eurogrupo, cuyas decisiones son de extremada importancia para la vida de los ciudadanos, funciona prácticamente sin reglas y toma sus decisiones en secreto.

Se les pide en la prensa oficial a los lideres políticos de Europa que se pongan a la obra para reverdecer el proyecto europeo, pero esos mismos líderes no están legitimados para ello después de haber llevado a la Unión Europea al estado en que se encuentra por su sometimiento servil a los intereses del gran capital globalizado, en el que también participan capitalistas europeos. La crisis de 2008 mostró el fracaso del modelo neoliberal pero la UE no fue capaz de dar una respuesta que no haya sido más neoliberalismo con el consiguiente aumento de desigualdad, pobreza,  precariedad y exclusión social. Otros lideres europeos deben conducir el proyecto integrador de una nueva Unión Europa que sea ejemplo para un orden mundial respetuoso con el medio ambiente, la igualdad, la libertad, la solidaridad y la justicia social, pues sigue siendo válido lo que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo pregonaba en 1919, que la paz mundial solo es posible si se construye sobre la justicia social. Las elecciones españolas del 26 son una buena oportunidad para esa renovación.

Es de lamentar que el 52 % de los británicos no quieran participar de esta hermosa aventura, pero nadie puede ser obligado a ello, porque solo con socios fiables se puede emprender ese camino.  ¡Allá ellos!

CRISIS DE LOS REFUGIADOS, CRISIS DE EUROPA

Esta foto fue publicada en los periódicos en septiembre de 2015 y provocó una conmoción  ver a ese policía turco que llevaba en sus manos el cadáver un niño sirio ahogado cuando con su familia trataba de llegar a Europa.Aquella tragedia no ha cesado. Desde entonces otros muchos niños, niñas y personas adultas han muerto en el Mediterráneo en iguales condiciones y su habitualidadparece que está embruteciendo la sensibilidad de la ciudadanía europea. En esa imagen la fragilidad del cuerpo del niño parece convertirse en un peso insoportable para el fornido policía y dio pié al escritor neerlandés Cees Nooteboom para compararla con el cuadro del Bosco,San Cristóbal con el niño Jesús, en el que un gigantón, que parece abrumado por un peso excesivo, lleva en sus hombros a un niño para hacerle cruzar un rio, pero en el caso de la fotografía“el niño era demasiado pesado para Europa, porque Europa no existe. Fue incapaz de llevar a ese niño”[1].

La crisis de los refugiados ha evidenciado el fracaso y desastre en el que se ha convertido la Unión Europea, que si una vez aspiraba a ser “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” y un espacio en el reinase la paz merced al reconocimiento y tutela de los  derechos humanos y en especial de los derechos sociales, se ha convertido en otro en el que campa la desigualdad, la insolidaridad y la xenofobia. Pero todo eso no ha sido producto de la casualidad, sino del abandono del impulso ético que latía en los inicios del nacimiento de las Comunidades Europeas como reacción a los dramas de las guerras que en el siglo XX asolaron el continente. Se dice que la ciudadanía europea siente cada vez un mayor desapego por las instituciones de la Unión ¿Cómo no va a ser así cuando Bruselas se ha convertido en una sentina del capital financiero? Un capital a cuyo servicio se han puesto la mayoría de los representantes  políticos degradando el valor y la esencia de la democracia de la que tan orgullosa se sentía en otro tiempo Europa al inventar la fórmula del Estado Social y Democrático de Derecho. Ahora el presidente de la Comisión publicita una revitalización del pilar social, pero no tiene credibilidad alguna, es solo un intento de salir al paso de la cada mas grande falta de legitimidad de sus políticas.

El proceso de integración europea se frenó a partir de Tratado de Amsterdam, en 1997, y el giro hacia la renacionalización y el intergubernamentalismo se consolida desde el Tratado de Niza, en 2001, junto con la adopción de políticas neoliberales, producto de la agresividad desatada por las oligarquías económicas contra las clases trabajadoras. Todo ello ha provocado que frente a la crisis de 2008 la Unión no supo actuar con una voz única y cuando lo hizo fue para hacer recaer sobre los más débiles de su población las consecuencias de los desmanes del capital financiero. El referéndum británico sobre el abandono de la Unión es producto de ese aumento del nacionalismo y la xenofobia y la falta de atractivo del proyecto integrador europeo, cuyo resultado, sea cual sea,  no puede dar lugar a que se abandonen los más nobles ideales que una vez tuvo aquel proyecto. Un proyecto que, a pesar de todo, es la mejor alternativa para garantizar la vida decente a las personas que habitan en este rincón del mundo y puede ser ejemplo en todo el planeta para poner coto a los desmanes del capital globalizado y su proyecto neoliberal. Para eso es necesario que los trabajadores de Europa reviertan la actual situación y establezcan puentes de solidaridad con los trabajadores de otros lugares del mundo para que la mejora de sus condiciones vitales elimine los factores de expulsión (guerras, persecuciones o simplemente hambre) que llevan a tantas personas a abandonar sus casas, sus ciudades, sus seres queridos y convertise en refugiados a los que Europa rechaza. Unidos Podemos hacerlo.

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[1]El Bosco. Un oscuro presentimiento, Siruela, 2016.