DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SITEMA DEMOCRÁTICO

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EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado. Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR.Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material

EL AUTORITARMISMO LIBERAL DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.


Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.


Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.


¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.


El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.

¿LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN PELIGRO? Mejor preguntarse por las consecuencias de la libre prestación de servicios.

Una huelga que tenga como lema “empleos británicos para trabajadores británicos” tiene que producir alarma a cualquier persona con un mínimo de conocimiento, que dirían en la Mancha, pero como ya han indicado Antonio Baylos y Jose Luis López Bulla en su blog, las cosas son algo más complicadas. Como ya es habitual los medios de comunicación mas difundidos no informan sino que tratan de formar una opinión, pero en este caso, la confusión (no sabemos si interesada o no) es grande.



Veamos los hechos muy bien contados por Walter Maldonado, corresponsal de López Bulla. En el caso de esa huelga, rápidamente calificada de salvaje por algunos medios, se trata de una empresa norteamericana que subcontrata con otra siciliana (que desplaza trabajadores italianos y portugueses) para hacer trabajos en Inglaterra en una refinería de petróleo, propiedad de una empresa francesa. Así tenemos que la afirmación primera del lema de la huelga ya es problemática ¿son británicos los empleos? Solo son británicos en tanto en cuanto están en un territorio en el que el Estado británico ejerce su soberanía, pero ya sabemos cuan limitada está hoy esa soberanía y mucho más cuan limitada está su autonomía, es decir, su capacidad de imponer regulaciones sin interferencias de poderes diversos a los del propio Estado, pero también sabemos que la niebla de la ideología nacionalista impide a una amplia capa de la población ver esas limitaciones.



Por otro lado el domingo 8 de febrero fueron sometidos a referéndum los acuerdos bilaterales entre la Confederación Helvética y la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores en su extensión a los trabajadores rumanos y búlgaros. La derecha xenófoba se oponía con argumentos que aquí en España también ha utilizado el Partido Popular como el abuso de los servicios sociales, la delincuencia, el robo de empleos a los locales, etc…También pedía el no algún partido de izquierda con el argumentos totalmente contrario como es que la libre circulación traería una sobreexplotación de todos los trabajadores, es decir, que era un instrumento de dumping social, argumentos que no eran compartidos por los sindicatos interprofesionales. Triunfó el si por una holgada mayoría.



Pero, querámoslo o no, un cierto nacionalismo excluyente se está difundiendo por Europa y algo cala en los trabajadores. No es nuevo, el final de los años 20 y primeros años 30, también época de crisis y de desempleo, el nacionalismo prendió en amplias capas de las clases medias y trabajadora europea y derivó en fascismo. Conviene no olvidar la Historia. Por eso es aleccionador recordar que el nacimiento de las Comunidades Europeas no puede entenderse como un empeño solo dirigido a la consecución de objetivos económicos. Había un impulso ético cual era conseguir la paz entre las naciones europeas mediante la identificación de “intereses comunes que produjeran solidaridad de hecho” y la paz social dentro de cada una de esas naciones mediante el reconocimiento de derechos sociales a los trabajadores que, de paso, conjurase la amenaza de la revolución. Los caminos de la integración europea en estos sesenta años han sido complejos y han estado marcados por una tensión entre lo nacional, que era la esfera propia de los derechos sociales, y lo supranacional donde dominaba lo económico, es decir, las libertades de circulación de mercancías, capitales, personas, de establecimiento y servicios. No tiene nada de extraño que los trabajadores confiasen más en su propia constitución nacional que les reconocía unos derechos claros que en unos Tratados europeos que no hacían referencia alguna a esos derechos, y que, además, podían imponerse sobre la constitución nacional. De ahí que el proceso de integración tuviese que exigir, para ser real, integración no solo económica, sino paralelamente derechos sociales supranacionales. Aún con dificultades y discontinuidades, hasta el Tratado de Amsterdam se puede apreciar una cierta “europeización” de los derechos sociales al establecerse mínimos en determinadas materias, pero desde Niza (2001) hay un freno a la integración y, por el contrario, una renacionalización de la UE, de la que tan orgulloso estaba el Gobierno español de aquella época del PP, es evidente. Renacionalización en el gobierno político de la UE y freno (incluso alguna vuelta atrás) en el establecimiento de derechos sociales supranacionales. La integración apresurada de los países del este ha acentuado ese nacionalismo hasta el punto que si no se reacciona con dureza puede llegar a desfigurar la esencia de la UE en su objetivo de alcanzar la paz y garantizar derechos sociales.



Ahora algunos pretenden, como la actual presidencia Checa de turno, que vayamos a una nueva UE concebida como una zona de libre cambio en la que imperen las libertades económicas y en la que cada uno de los Estados debe hacer valer las “ventajas competitivas” que pueden dar a los empresarios (que no tienen porqué ser nacionales de ese Estado) la menor protección de los derechos de los trabajadores que ofrece su ordenamiento jurídico interno. ¿Cómo se hacen valer “esas ventajas competitivas”? Utilizando los medios que ofrecen los Tratados, claro, y, en concreto, no la libertad de circulación de trabajadores, sino la libre prestación de servicios y establecimiento. La libre circulación de trabajadores implica la no discriminación por razón de nacionalidad, lo que quiere decir que el derecho social interno se aplicará a todo trabajador ciudadano de la UE con independencia de cual sea su nacionalidad, lo que es lo mismo que decir que el trabajo iguala, pero siempre que se haya utilizado la libre circulación de personas para acceder al “mercado de trabajo” local. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy, sino que los trabajadores se están desplazando convertidos en unidades económicas de prestación de servicios de una empresa a otra que generalmente ha recurrido a una fórmula de descentralización productiva (con frecuencia contratas y subcontratas).



Los trabajadores desplazados a otro país por la empresa prestadora del servicio tendrán sus condiciones de trabajo reguladas por el derecho del país de origen, con lo límites de impuestos por la directiva 96/ 71/CE, limites que no operan debido a sus deficiencias técnicas en algunos ordenamientos del norte de Europa, que son precisamente los más protectores. Cuando las condiciones de trabajo entre los países de la UE eran más o menos homogéneas los problemas eran menores, pero con la ampliación de 2004 el dumping social está servido, como lo prueban los bien conocidos casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo. ¿Cómo no van a reaccionar negativamente los trabajadores locales cuando, como en el caso Rüffert, los trabajadores polacos desplazados a Alemania ganaban el 45% de lo establecido en el convenio colectivo aplicable? Explicar que no es la libertad de circulación de trabajadores, sino la prestación de servicios entre las empresas en una UE sin integración política y sin derechos sociales armonizados por arriba, es tarea urgente de los sindicatos, pero también de los poderes públicos y privados que no quieran repetir los más negros episodios de la Historia europea del siglo XX.

GRAN MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO DE GAZA

Domingo 11 de enero, a las 12 H
Neptuno-Sol




GAZA: CRIMEN Y VERGÜENZA
Teresa Aranguren, José Saramago y otros. 3 de enero de 2009


No es una guerra, no hay ejércitos enfrentados. Es una matanza.


No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a caer sobre territorio israelí sino la proximidad de la campaña electoral lo que desencadena el ataque.


No es la respuesta al fin de la tregua, porque durante el tiempo en el que la tregua estuvo vigente el ejército israelí ha endurecido aún más el bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a cabo mortíferas operaciones con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamas. ¿Acaso ser miembro de Hamás despoja de condición humana al cuerpo desmembrado por el impacto del misil y al supuesto asesinato selectivo de su condición de asesinato sin más?.


No es un estallido de violencia. Es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia ocupante. Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de resistencia de la población palestina sometida al infierno cotidiano de la ocupación en Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes navideños.


No es un fracaso de la diplomacia internacional. Es una prueba más de complicidad con el ocupante. Y no se trata sólo de Estados Unidos que no es referencia moral ni política sino parte, la parte israelí, en el conflicto; se trata de Europa, de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía, de la diplomacia europea.


Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza es que puede pasar sin que pase nada. La impunidad de Israel no se cuestiona. La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad, no tiene consecuencias. Más bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en la OCSE. Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la víctima. Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido con su opresor. El lenguaje no es inocente. Las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen. Y a perpetuarlo.


En Gaza se está perpetrando un crimen. Lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo. Y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos.



Teresa Aranguren, Pedro Martínez Montávez, Rosa Regás, José Saramago, Pilar del Río, Cármen Ruiz Bravo, Belén Gopegui, Constantino Bértolo, Santiago Alba

MANIFIESTO DE CATEDRATICOS DE DERECHO PENAL CONTRA LA INVASION ISRALELI DE GAZA

GAZA E ISRAEL

Los abajo firmantes, Catedráticos de Derecho Penal de las distintas Universidades Españolas, horrorizados por las noticias que hora a hora nos llegan desde Gaza, queremos denunciar el genocidio, detalladamente planificado, que las autoridades del Estado de Israel están cometiendo sobre los palestinos, a quienes arrebata, a quienes está despojando ante nuestros ojos, no sólo la vida sino hasta sus mínimas expresiones culturales. Las imágenes de los cuerpos de niños reventados por las explosiones se unen a la contemplación de la Universidad bombardeada y destruida, los heridos que mueren en los Hospitales por falta de medicinas, las infraestructuras –que con tanto sacrificio fueron levantadas- asoladas, los hombres y las mujeres gritando de desesperación… Mientras tanto las autoridades nacionales e internacionales se limitan a vanas llamadas a la contención, al arreglo entre las partes, al alto el fuego, pero sin tomar ninguna medida efectiva contra los agresores, contra los genocidas; antes al contrario, a las víctimas se las convierte en victimarios, y ni siquiera se les respeta su capacidad, su voluntad soberana, a la hora de elegir a sus gobernantes.

Queremos efectuar, desde nuestra limitadas fuerzas pero con todo el poder moral que nos otorga nuestra condición de seres humanos, un llamamiento a las autoridades españolas y de la Unión Europea para que tomen medidas eficaces contra el Estado de Israel, llamando a los embajadores propios a consulta, expulsando del territorio nacional a los de Israel, congelando los acuerdos de intercambio de todo tipo con aquél Estado, y sometiéndole a aislamiento en tanto no observe un alto el fuego y desarrolle las iniciativas necesarias para acabar con este drama que dura ya sesenta años; y desde luego, que se requiera a Israel para que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas que tantos años lleva ignorando, y cuya falta de observancia está en el origen del conflicto,

Fco. Javier Álvarez García (Universidad Carlos III); Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha); Guillermo Portilla Contreras (Universidad de Jaén); Enrique Gimbernat Ordeig (Universidad Complutense); Manuel Cancio Meliá (Universidad Autónoma de Madrid); José Luis Díez Ripollés (Universidad de Málaga); Luis Rodríguez Ramos (UNED); Juan Carlos Carbonell Matéu (Universidad de Valencia); Carlos Martínez-Buján Pérez (Universidad de La Coruña); Francisco Muñoz Conde (Universidad Pablo de Olavide); Javier Boix Reig (Universidad de Valencia); María Luisa Maqueda Abreu (Universidad de Granada); José Manuel Paredes Castañón (Universidad del País Vasco); Juan Terradillos Basoco (Universidad de Cádiz)

EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA: Que se calle o que dimita

Tres cincuentines en un "aparte" del Congreso granconfederal: Baylos, Rodolfo y Joaquín; al fondo están Simón Muntaner y el joven delegado Judas del Llano hablando de la propedéutica de Bartolo de Sassoferrato y Cesare Beccaria.

Una de las primeras declaraciones del nuevo Secretario General de Comisiones Obreras ha sido tener que salirle al paso al Gobernador del Banco de España destacando su ignorancia en materia de negociación colectiva. No es la primera vez que quien tiene encomendadas importantes funciones estatales en política monetaria opina sobre asuntos socipolíticos, siempre pidiendo “reformas estructurales del mercado de trabajo”, que no son otra cosa que peticiones para reducir los derechos que protegen a la gente sometida al trabajo subordinado porque son una rémora para la economía. Más o menos lo mismo que se escuchaba en las barberías a las que acudían los terratenientes en las ciudades de provincias españolas de hace 80 o 90 años.


En esta ocasión el Sr. Gobernador ha arremetido, nada menos, contra la inderogabilidad del convenio colectivo frente a los acuerdos individuales entre empresario y trabajador. Es decir, contra la esencia del convenio colectivo, cuya “fuerza vinculante” está reconocida en el art. 37 de la Constitución porque es un elemento fundamental en la búsqueda de un equilibrio entre las partes de la relación laboral y en un Estado Democrático y Social de Derecho como el nuestro. El mismo Parlamento Europeo con ocasión de la Directiva del tiempo de trabajo ha reafirmado ese papel del convenio rechazando la cláusula de “libertad de opción” en el suelo europeo.


La cuestión a plantearse es si tan alta autoridad tiene legitimidad para emitir esas opiniones. En principio, como cualquier ciudadano puede opinar lo que le plazca, pero hay que recordar que nuestro sistema político parte del axioma de que el poder reside el pueblo y que todas las autoridades públicas lo ejercen en su nombre y ante el responden. Por eso los legisladores y el Gobierno se someten al veredicto del pueblo soberano cada cierto tiempo. Algunos pueden opinar que la democracia no es otra cosa que un proceso en el que las elites siempre renovadas que desde siglos ejercen el poder político se someten progresivamente a su socialización. Pero para el caso es lo mismo, quienes detentan poderes cuyo ejercicio repercute en las condiciones cotidianas de vida de los ciudadanos deben responder ante ellos.


Pero hay algunos casos “atípicos” como el del Rey, que no responde políticamente (ni de otro modo) ante el pueblo y por eso, precisamente, debe guardar una neutralidad exquisita y abstenerse de hacer declaraciones imprudentes. El Gobernador del Banco de España es otro caso atípico porque, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo y los correspondientes de los Estados miembros son “independientes” de las autoridades gubernamentales y legislativas, es decir, una vez nombrados quienes los dirigen, ni están sometidos a otros poderes ni responden de sus decisiones ante los ciudadanos.


Parecería entonces que la prudencia y la discreción deberían de ser las virtudes de oro que marcasen férreamente su conducta y sus decisiones, lo que significa que deberían ser exquisitamente autocontenidos para limitarse estrictamente a lo que les es propio, la política monetaria, pues es evidente el déficit democrático de su cargo. Pero no es el caso de nuestros Gobernadores, especialmente del actual, ya que da la impresión que para ellos la economía no debe de ser otra cosa que un conjunto de neutras reglas técnicas que ellos mismos como expertos conocen sobre las que nada tienen que decir los ciudadanos y sus representantes. Un modo autoritario de ver las cosas inaceptable desde cualquier punto de vista.


Nada que objetar a que defienda reformas laborales que rebajen los derechos de los trabajadores, pero eso debe plantearlo directamente a los ciudadanos y estos con su voto que decidan, lo que implica que antes debe dimitir de un puesto que se ha blindado como “independiente”, es decir irresponsable políticamente. Pues eso, o que se calle o que dimita.

TRABAJAR PARA VIVIR, NO VIVIR PARA TRABAJAR: Una valoración de urgencia

El abrumador rechazo del Parlamento Europeo (421 votos contra 273 y 11 abstenciones) a la propuesta de Directiva sobre tiempo de trabajo pone de manifiesto que, primero, el Parlamento ha actuado en total coherencia con el hecho de ser la única institución europea con directa responsabilidad política ante los ciudadanos que eligen a sus miembros. Las conquistas sociales de los trabajadores europeos son un patrimonio de toda la ciudadanía, especialmente las que se refieren al tiempo de trabajo, por eso a nadie en Europa si se le da libertad para elegir elige vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir. Es decir, elige que el tiempo en el que somete a las órdenes de otro (el empresario) este limitado para que su salud no se quebrante y para tener otro tiempo para su disposición.


La lucha histórica por las 8 horas de trabajo diarias tenían ese sentido y el Parlamento ha conectado con la ciudadanía. No así la Comisión ni el Consejo (España y Grecia se opusieron y Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal se abstuvieron) que pretendían permitir que en Europa se trabajase 65 o mas horas a la semana. No es casualidad que ni la Comisión ni el Consejo respondan directamente ante los ciudadanos. No se sabe cómo el Consejo llega a sus acuerdos, es “la diplomacia, no la democracia” lo que rige su funcionamiento.


Segundo, el Parlamento Europeo ha mostrado que es falsa la libertad de opción individual (opt-out) de un trabajador con su empresario para que no se le aplique el convenio colectivo o la propia directiva que limita como regla general a 48 horas la “jornada” semanal de trabajo. La Historia ha dejado claro que la relación de trabajo es una relación entre “uno que tiene poder y otro que no lo tiene” y por eso no hay libre acuerdo entre desiguales. Dicho de otra forma, lo que pretenden la Comisión y el Consejo es dinamitar el convenio colectivo pues, aún con grandes diferencias entre los sistemas de relaciones laborales nacionales europeos, en todos, de un modo u otro, la esencia del convenio colectivo es su inderogabilidad frente al acuerdo individual entre trabajador y empresario. Ese patrimonio de la civilización europea estaba seriamente amenazado y hoy el PE ha puesto un plazo de tres años para que la falsa “libertad de opción” se elimine de la faz de la tierra europea (se empezó a aplicar en 2003 en el Reino Unido y los países del Este ha seguido su senda).


Tercero, se ha mostrado que la jornada de 48 horas puede ser flexible (calculada en un periodo de tiempo que puede llegar a un año) pero no por ello tiene que alargarse. Tal vez por estas razones el Congreso de los Diputados español, por unanimidad, votó en su día contra la propuesta de Directiva y el Parlamento Europeo ahora le ha secundado.