Sobre la
celebración en Barcelona, del 2 al 4 de mayo, de una cumbre del Banco Central
Europeo (BCE), la ciudadanía española conoce que se va a suspender durante una
semana el Tratado de Schenguen, restableciendo los controles policiales en la
frontera, y que el Ministerio del Interior va a reforzar a los mozos de
escuadra con el envío a Barcelona de 2.000 policías nacionales y guardias
civiles. Y poco más.
Es un buen
ejemplo de alguna de las razones que motivan el creciente y profundo
desprestigio que las instituciones europeas tienen entre los ciudadanos de
nuestro continente, en particular en nuestro país. Existen sobrados motivos
para protestar por las políticas del BCE y sus repercusiones en la economía y
la sociedad españolas. Pero, UGT y CC OO consideran que sólo son legítimas y
útiles aquellas manifestaciones de protesta que se desarrollen de forma
pacífica. El BCE es responsable, junto con la
Comisión y
el Consejo europeos, de las políticas de austeridad, recortes presupuestarios y
reformas estructurales sobre las que, al cabo de dos años de su impulso y
aplicación, se puede hacer ya un desolador balance. No han conseguido ninguno
de los dos objetivos que, oficialmente, las justificaron: resolver la crisis de
las deudas soberanas, permitiendo a todos los Estados de la UE pagar unos intereses
razonables en sus emisiones de deuda pública, y reducir drástica y velozmente
los niveles de déficit público.
Y, sin
embargo, si han conseguido, en numerosos países europeos, en particular en
España, los siguientes efectos: recaída en la recesión, aumento del número de
desempleados –casi 25 millones en la UE;
5,6 millones, el 24,4% de la población activa en España-, y aumento sustancial
de la pobreza, la desigualdad social y la economía informal. Para culminarlo,
los gobiernos europeos, orientados u obligados por las instituciones de la UE –entre ellas el BCE-
están realizando los mayores recortes de derechos sociales y laborales que se
han conocido en Europa desde el final de la 2ª Guerra Mundial. Difícilmente
unas políticas pueden presentar un balance tan negativo, al combinar tan altos
grados de fracaso e injusticia. El BCE es muy responsable de ellas.
Las consecuencias
políticas de esta situación son sumamente peligrosas para el futuro de la UE. Lo que están logrando
las instituciones europeas, entre ellas el BCE, es poner en peligro la propia
existencia de la
UE. Deben de
ser conscientes de que el Pacto social sobre el que se edificaron los Estados
de bienestar europeos y la propia UE, está roto o seriamente deteriorado.
El diagnóstico sobre el fracaso de la
política europea es tan ampliamente compartido que, en los últimos días, varios
responsables políticos europeos, entre ellos el propio presidente del BCE,
Mario Dragui, han emitido declaraciones diciendo que había que ocuparse del problema
del crecimiento económico, incluso convocando una cumbre del Consejo sobre el tema.
¡Al cabo de dos años de tener al crecimiento y al empleo en el más absoluto de
los
olvidos!
A la vista de las declaraciones sobre la
cumbre del crecimiento emitidas por los máximos responsables del gobierno
alemán, el único poder político real en Europa, en el sentido de que las
políticas de austeridad y equilibrio fiscal y el Nuevo Tratado son intocables,
se hace difícil pensar que en dicha cumbre, si se celebra, se vaya más allá de
la retórica sobre el crecimiento y el empleo. En todo caso, los responsables
políticos europeos se hacen eco, a su manera, de una exigencia que la Confederación Europea
de Sindicatos (CES) viene formulando desde hace dos años. Tienen que ser muy
conscientes de que la ciudadanía de los Estados de la Unión difícilmente va a
perdonar, en el momento actual de la larga crisis que padecemos, una nueva
cumbre hecha sólo de humo y palabras, como tantas otras que han tenido que
padecer en los últimos años.
Los asistentes a la Cumbre del BCE de Barcelona
deben saber que los trabajadores españoles no van a olvidar fácilmente como el
BCE obligó a cambiar, en agosto de 2011, la Constitución Española,
fruto de un consenso histórico, con nocturnidad y alevosía, en sólo quince
días. Tampoco que el cambio fuera para constitucionalizar la obligación de
hacer cero el déficit público, cosa que los sindicatos españoles y europeos
rechazamos firmemente. Porque es sumamente inconveniente atar de pies y manos a
los gobiernos, impidiendo que adopten medidas anticíclicas en los momentos de
crisis. Es solamente la expresión de la ideología más conservadora en materia
de economía política.
Por último, es bueno recordar, a la
ciudadanía española, como el presidente del BCE, Mario Dragui, es posiblemente
uno de los mayores ejemplos de colusión entre los intereses privados y las
instituciones públicas en detrimento de los ciudadanos. Bastaría recordar que fue
vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, entre 2002 y 2006, cuando este
banco norteamericano inundaba el mundo, y buena parte de la banca europea, con
los peores productos financieros tóxicos que motivaron el estallido de la más
grave crisis financiera desde la de 1929. Al mismo tiempo,
Goldman Sachs diseñaba para el Gobierno del conservador Constantinos
Mitsotakis, a cambio de una cuantiosa remuneración, la falsificación de las
cuentas públicas de Grecia. Esta falsificación fue una de las causas de la crisis
de la deuda griega, que está en el origen de nuestros males actuales. Está
claro que la trayectoria de Mario Dragui es el mejor ejemplo de la inexistencia
del concepto de responsabilidad política o moral en el mundo de las finanzas y
de la política europea.
30 de marzo de 2012
