jueves, 14 de junio de 2018

EL TRABAJO HA RECUPERADO SU MINISTERIO









No cabe duda de que con la moción de censura que ha derribado al Gobierno del PP pareciera como si en la sociedad española se hubieran abierto ventanas que dejan correr un aire fresco que se lleva el putrefacto olor de la corrupción. Es perceptible que se extiende la esperanza en dejar atrás un tiempo oscuro, en muchas cosas parecido a aquel tiempo de silencio que magistralmente describiera Martín Santos. A los Gobiernos hay que juzgarles por sus hechos y ya veremos el juicio que nos merece este nuevo, pero por el momento ya hay algún hecho que es motivo de satisfacción como es que el trabajo haya recuperado su Ministerio. Cuando allá por 2011 el PP llegó al poder (estos siete años parecen un siglo) una de sus primeras medidas fue cambiar el nombre del Ministerio de Trabajo por el de Empleo.

En aquel entonces en esta bitácora escribimos: “Alguien puede pensar que en unos tiempos en los que las palabras se corrompen para ocultar la realidad da un poco lo mismo cómo se nomine un Ministerio, pero no es así. Si se corrompen las palabras es para corromper las ideas, para construir la realidad al gusto de quienes las pervierten o para expresar opciones valorativas  determinadas, como es el caso de la desaparición del Ministerio de Trabajo. Este Ministerio se creó en 1920, cuando las clases dominantes de la restauración borbónica decidieron unificar desde este departamento la acción pública que respondiese con algunas reformas a la llamada “cuestión social”.  Aquellos años estaban dejando en España una oleada de agitación social que no podía parar la mera represión. 1917 fue un año especialmente agitado en el que una gran huelga fue la respuesta de la clase obrera, harta de soportar  la carestía y el aumento de precios de los alimentos que trajo consigo la exportación a los países contendientes en la Primera Guerra Mundial que con escarnio enriquecía a una élite.  
Desde entonces el Ministerio de Trabajo, aún con otros nombres añadidos, ha existido siempre,  cualquiera que fuese la forma que adoptase la estructura administrativa del Gobierno en todos los periodos y regímenes que desde aquel año han existido en España: la restauración borbónica en régimen caciquil , la dictadura de Primo de Rivera, la II República, el franquismo, la transición, la monarquía parlamentaria constitucional  con sus diversos periodos de gobiernos de centro, socialistas, derechas, socialistas de nuevo. Hasta la semana pasada en la que lo que era una Secretaría de Estado de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo se ha convertido en el Ministerio eliminando el trabajo. Es un cambio que tiene que ver con un enfoque erróneo de la actual situación.
Nadie duda que el desempleo es el más grave problema de la sociedad española, pero es evidente que si los desempleados aspiran a trabajar es porque hacerlo es el modo de obtener una vida digna. Es el modo en el que la inmensa mayoría de los comunes mortales consiguen, no solo los recursos necesarios para la subsistencia, sino la sociabilidad que les hace gozar de los bienes de la ciudadanía. Los modos de trabajar pueden ser diversos, por cuenta propia o por cuenta ajena, pero siempre es necesario proteger a la persona que trabaja, porque la mercancía trabajo, objeto del contrato que lleva ese nombre, es tan delicada porque es inseparable de la persona que trabaja. No cualquier forma de trabajar vale, lo que quiere decir que es el trabajo el valioso y codiciado bien que es necesario proteger, que tiene que estar en el centro de la valoración social. Hacer evidente esta gran verdad ha costado titánicos esfuerzos a generaciones pretéritas que ahora parece que con el chantaje del empleo se quieren mandar al cubo de la basura de la historia.
Algo más del veinte por ciento de la población activa está hoy desempleada, lo que es un drama, pero eso quiere decir que el ochenta por ciento está ocupada ¿Es aceptable que en nombre de la noble lucha contra el desempleo desatendamos las tutelas que protegen a la persona que trabaja?  ¿Es aceptable que la política de empleo tenga tal preeminencia que en la organización administrativa española desplace al trabajo? No es aceptable porque una política de empleo digna de ese nombre, es decir una política orientada al pleno empleo como nuestra constitución impone a los poderes públicos, solo puede hacerse desde orientación más general de la política económica y no con medidas ancilares de corte laboral.  Ya se anuncia la degradación aún mayor del trabajo cuando el nuevo ministro de Economía ha fijado entre sus prioridades modificar “el mercado laboral”, es decir, reducir el trabajo a una mercancía  mas maleable, como si los trabajadores fueran los causantes del desempleo. Es una hipocresía aplicar una política económica (control del déficit público, austeridad, debilitación de lo público y de los servicios sociales) que está demostrado no crea empleo, para a reglón seguido degradar las escasas garantías que protegen el trabajo con la excusa de mejorar el empleo. Hasta las personas más ingenuas se dan cuenta que de todo ello es aprovechar el miedo de los trabajadores al despido para aumentar la tasa de explotación en favor de las clases sociales que nos han llevado a esta crisis. Por eso, señora Ministra no es el empleo, sino el trabajo y su valoración el problema más grande  que tenemos en España.

Efectivamente, con la reforma de 2012 el trabajo fue degradado y la opinión mayoritaria (pero no unánime) de los Magistrados del Tribunal Constitucional, encabezados por su presidente de entonces, convalidó la infravaloración constitucional del trabajo. Hoy el trabajo ha recuperado el rango ministerial y al frente del renacido Ministerio de Trabajo está Magdalena Valerio, una mujer de firmes convicciones democráticas desde su juventud, comprometida en la lucha por los derechos sociales, que no ha demonizado nunca el conflicto, al contrario, lo considera parte del dinamismo de las relaciones laborales y protegido como derecho fundamental. No es mal inicio de esta nueva etapa, todo lo contrario, es un buen inicio, pero ya veremos cómo discurren las cosas en los próximos meses. En la esfera de Parapanda estaremos atentos.

lunes, 28 de mayo de 2018



 






DIVERSIDAD SEXUAL Y LIBERTAD REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES.

Un grupo de once investigadoras e investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otras Universidades ha publicado recientemente en la granadina editorial Comares la obra Diversidad sexual y libertad reproductiva de las mujeres en la cultura de la producción y el consumo, dirigida por la Dra. Ana Marta Olmo. Es una obra sugestiva y recomendable en la que se tratan una variedad de temas desde un punto de vista novedoso, algunos casos no exentos de polémica. De esa obra se ofrece aquí el prólogo de Joaquín Aparicio Tovar.



 Y Tacha llora al sentir que su vaca no volverá porque se la ha matado el río. Está aquí, a mi lado, con su vestido color de rosa, mirando el río desde la barranca y sin dejar de llorar. Por su cara corren chorretes de agua sucia como si el río se hubiera metido dentro de ella.
Yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por las orillas del río, que la hace temblar y sacudirse todita, y, mientras, la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición”.

Así acaba el magnifico cuento de Juan Rulfo titulado Es que somos muy pobres, que integra el volumen El llano en llamas. Tacha llora por su vaca, pero su padre y su hermano, que es quién trata de consolarla, ven en esa pérdida otra mucho mayor: La de la propia Tacha, quién al perder la vaca  que al cumplir sus doce años le había regalado, con grandes trabajos, su padre, ya no podría casarse, según los cálculos que éste último había hecho, con un buen hombre que con Tacha se llevaría la vaca. Ahora veían que fatalmente acabaría siguiendo el camino de sus dos hermanas mayores, quienes, dice el hermano trayendo la opinión del padre, “se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa”. Habían acabado en la prostitución.
 Este cuento viene con facilidad a la mente cuando se leen los muy interesantes trabajos que forman parte de este libro que ha dirigido la profesora Ana Marta Olmo. Un libro que se ha ido gestando bajo los impulsos de la directora desde hace varios meses, demostrado que sus preocupaciones intelectuales, las de ella y del resto de las autoras y autores, están ligadas estrechamente a las preocupaciones sentidas por la sociedad, como lo muestra que sale a la luz muy poco después de la histórica jornada de lucha y huelga feminista del 8 de marzo. Unas preocupaciones que no son repentinas, pues desde hace años la Dra. Olmo está llevando adelante un master sobre igualdad de género con notable éxito. Es evidente que no hay ni rastro de oportunismo, todo lo contrario, en el empeño que ha hecho aparecer este libro. Las autoras y autores con los trabajos que aquí se ofrecen nutren la gran corriente que emergió el pasado 8 de marzo.
 Este libro no solo es oportuno, sino que es profundo y rico en sugerencias al tiempo que ofrece un debate abierto y honesto sobre materias muy controvertidas. Es ya una opinión ampliamente seguida, que cada día se consolida, que el feminismo no es ni una moda, ni un movimiento de un grupo que mujeres elitistas que se sienten discriminadas, es, sencillamente, una exigencia del principio democrático. Democracia y feminismo están en una ligación que con las luchas de llevadas a cabo desde hace no pocos años, se hace indisoluble porque el principio democrático exige la profundización en la igualdad real. El orden patriarcal-capitalista genera muchas formas de desigualdad económica y social, pero las desigualdades son especialmente inaceptables cuando tienen su origen en el sexo y el género.
 Bien se sabe que el principio de igualdad es muy delicado y complejo porque es una creación intelectual de los seres humanos cuando alcanzan un cierto nivel de civilización. En la naturaleza lo que encontramos son diferencias. Mujeres y varones, personas con tendencias sexuales diversas, razas diferentes. Pero sobre esas diferencias se impone algo común, cual es la cualidad de seres racionales con una común dignidad, que es quebrada cuando la gente sufre tratos peyorativos. Obviamente la igualdad no pide imponer la homogeneización ni la parificación absoluta, sino eliminar los obstáculos que hacen imposible o dificultan el libre desarrollo de la personalidad y aquí es donde los tratos peyorativos por motivo sexual o de género han castigado y castigan de modo especialmente duro a las mujeres y a quienes se desvíen de las practicas heterosexuales dominantes.
 Es evidente que las mujeres pertenecientes a las clases trabajadoras se enfrentan a  muchos más obstáculos en su desarrollo personal, pero el género y el sexo han incidido en los repartos de papeles sociales en todas las clases sociales en perjuicio de las mujeres. Recordemos que en el siglo XIX y bien entrado el siglo XX era de “bon ton” entre las clases sociales acomodadas europeas, y también en otras partes del mundo donde las imitaban, dar una cierta educación musical a las señoritas para que amenizasen (o torturasen) con interpretaciones al piano a las visitas que acudían a la casa a pasar la velada, pero ¿Cuántas de ellas recibían una educación y un apoyo que les permitiera llegar a ser compositoras o interpretes de renombre? Muy pocas. Fanny Mendelssohn o Clara Wieck (más conocida por Clara Schumann por su matrimonio con Robert Schumann), por ejemplo, son una clamorosa excepción. En otros campos artísticos también ha sido así a pesar de que se predicara que la mujer esta dotada de una mayor sensibilidad que los hombres. Sofonisba Anguissola, Artemisa Gentileschi o Elisabetta Sirani, que vivieron entre los siglos XVI y XVII, son también raras excepciones en el mundo de la pintura que estaba dominado por una gran abundancia de varones, muchos de lo cuales no tenían la valía de estas pintoras, que tuvieron que salir adelante no sin grandes dificultades y con menor reconocimiento. Más recientemente notables mujeres literatas de la generación del 27 como Ernestina de Champourcin, María Teresa León, Josefina de la Torre o Luisa Carnés han quedado en la sombra de grandes poetas como Lorca, Alberti o Cernuda.
 Como se indica en la obra que aquí se prologa, el género alude a una construcción social y cultural que atribuye roles diferenciados entre hombres y mujeres, mientras el sexo alude a un hecho biológico, pero la construcción social aprovecha esa diferencia biológica en el reparto de poderes sociales. Las ideas religiosas, los prejuicios sociales y las construcciones culturales están ahí para justificar las diferencias de trato y reparto de poderes. La vinculación entre feminismo y democracia exige romper con tal estado de cosas y para ello es necesario, ante todo, reconocer a las mujeres derechos sexuales y reproductivos que les permita “tener el control de su sexualidad sin coerción, sin discriminación y sin violencia” (p. 181) porque es a través, sobretodo, del control de la sexualidad  femenina como la sociedad patriarcal-capitalista impone el reparto de roles y poderes. El autocontrol libre de la propia sexualidad lleva a establecer también una nueva forma de relación entre hombres y mujeres que destierra la dominación, la violencia y la conversión de los seres humanos en mercancía para el uso del sexo y las diferencias sexuales como objeto de tráfico mercantil.
 Esta obra es muy plural, como ya se ha indicado, y, por ello, no está exenta de la controversia como cuando se tratan los delicados temas de la prostitución o la maternidad subrogada. Uno se sentiría inclinado a considerar que la lucha por una sociedad democrática que implica la asunción del feminismo llevaría a erradicar el uso del dinero para conseguir el goce sexual. No solo porque la experiencia muestra cómo en la inmensa mayoría de los casos la pobreza, como se dice en el obra de Rulfo con la que se iniciaban estas líneas, es el detonante de la prostitución y de la trata de seres humanos, sino porque es expresión de unos valores incompatibles con los de una sociedad libre e igualitaria. El tema es ciertamente muy controvertido y sin duda reconocer derechos al trabajo sexual puede mejorar en determinadas condiciones la situación de quienes lo practican, pero no hay que desdeñar que puede también contribuir a cronificar las relaciones de dominación aunque haga más soportable y menos sórdidas las condiciones en que se ejerce tal trabajo. Puede que tras esas elaboraciones repose la idea del trabajo como medio de realización personal e integración social, pero hoy, por el contrario, habría que pensar que la sociedad libre a la que aspiramos es una en la que más que el trabajo debe primar el ocio creativo, y en la que cada persona reciba según su necesidad y de según su capacidad.

Algo parecido podría decirse de la maternidad subrogada que parte del deseo incontestado e incuestionado de maternidad o paternidad aprovechando ahora las ventajas de los avances científicos. Para que las relaciones entre las personas implicadas en este asunto estén basadas en un puro altruismo sería necesario que la sociedad capitalista desapareciera. Es la modesta opinión de quien escribe estas líneas.

En el libro que las lectoras y lectores tienen en su mano hay una cautivadora llamada a las ideas de Paul Lafargue al reivindicar un derecho a la pereza reproductiva de las mujeres, tanto de los países desarrollados como de los no desarrollados a los cuales, estos últimos, se dirige principalmente una cooperación para el desarrollo que ignora en los hechos los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Es una hermosa utopía por la que luchar porque no olvidemos que la utopía significa imaginar una sociedad futura en la que sea posible desarrollar todas las potencialidades de los seres humanos. Si no hacemos el esfuerzo de imaginar esa sociedad no será posible la movilización hacia la acción para erradicar los males sociales que ahora aherrojan a la gran mayoría de la población. Utopía no es quimera. 

jueves, 5 de abril de 2018

XV JORNADAS DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN


Los días 4, 5 y 6 de abril se están celebrando en Motril, un año más y ya van 15, las “Jornadas Derechos Humanos e Inmigración” que organizan la Asociación Derechos Humanos e Inmigración de Motril, Juezas y Jueces para la Democracia y la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED, con la colaboración de otras instituciones. Pero estas Jornadas no serían posibles sin el impulso e implicación personal del magistrado Luís Carlos Nieto.

Estas Jornadas tratan de impulsar el respeto de los derechos humanos en el fenómeno de las migraciones desde distintas aproximaciones, como la jurídica,  política, policial, económica y, lo que es una seña de identidad de estas jornadas, desde la cultura y las artes, como la literatura y la música. Este año se ha dado especial relevancia al caso de Helena Maleno, que ha sido enjuiciada en Marruecos  por informaciones enviadas a las autoridades marroquíes por la policía española después  de que la Audiencia Nacional no viese nada penalmente reprochable en el compromiso de esta activista con los derechos humanos, consistente en avisar a las embarcaciones de Salvamento Marítimo que operan en el estrecho cuando hay personas en alto riesgo de muerte en pateras a la deriva. No se entiende cómo la acción de salvar vidas puede ser considerada delito de tráfico de seres humanos. Estaba prevista la intervención de Helena Maleno, pero no ha sido posible porque le han avisado que podría tener consecuencias negativas para su situación procesal en Marruecos.

Las Jornadas cuentan con la participación de Raúl Grijalva, Congresista Demócrata de los EEUU, que ha tratado sobre Derechos y migraciones en la actualidad en los EEUU; de Michèle Petit que interviene sobre El arte y la literatura como componentes claves para habitar el mundo; de Inmaculada Montalbán con una ponencia sobre la migración con rostro de mujer; de Claire Trichot que habla de la experiencia con las madres de Tánger; de Enrique Lillo que trata de los derechos laborales de los trabajadores migrantes; de José Antonio Navarro, que habla de otras formas de esclavitud; de Maite Larrauri que plantea una intervención sobre Gramsci para conocer las sociedades complejas de hoy y Santiago Álvarez Cantalapiedra que hace una aportación sobre crisis ecológica, justicia socioambiental y tentación securitaria.  Las Jornadas también cuentan con la aportación en una mesa redonda a cargo de la magistrada Begoña López Anguita, la abogada Almudena Bernabeu y el magistrado Luís Carlos Nieto, en la que  tratará sobre los derechos de los menores.

En estas Jornadas se dará un premio por la defensa de los derechos humanos a las instituciones o personas que se hayan destacado en esta materia. El día 5 se entregará una escultura del artista José Antonio Elvira en reconocimiento de la hospitalidad que está haciendo desde muchos años la parroquia de San Carlos Borromeo de Madrid, mereciendo por ello el premio en defensa de los derechos humanos de este año.


lunes, 2 de abril de 2018

LAS TOSES EN LOS CONCIERTOS




Las cantantes y los cantantes líricos dedican años de aprendizaje para colocar su voz de tal manera que suene, como flotando, limpia. Pero esa voz “se ensucia” cuando en la sala de conciertos o en un teatro de ópera el público tose y hace otros ruidos.  Lo mismo puede decirse de otros músicos que se esfuerzan por sacar de sus instrumentos la nota exacta y pura y  es “emborronada”, de nuevo, por las toses. La plaga de las toses se extiende de modo pertinaz de forma molesta e irritante por el Teatro Real de Madrid y, en menor medida, por el Auditorio Nacional, como atestigua mi propia experiencia y, según me dicen otras personas amigas, sucede algo parecido en otras salas y teatros de diversos lugares de España. Los tosedores se conoce que no prestan mucha atención a lo que ven en la orquesta, pues si lo hicieran caerían en la cuenta de que hay un adminiculo, llamado sordina, que en ocasiones se utiliza en algunos instrumentos de viento para reducir la intensidad del sonido emitido. Ese mismo efecto lo podría hacer un elegante fulard, o una bufanda, o un modesto pañuelo y, si todo eso faltara, también podría servir el brazo colocado sobre la boca tosedora. No se evitaría del todo el ruido que ensucia, pero al menos se amortiguaría en los casos de fuerza mayor y súbito ataque tusígeno. 

Ese público tosedor que asiste a los conciertos y sesiones de ópera es probable que se considere a sí mismo por encima de aquello que, cuando están en los ambientes supuestamente exquisitos y ya exaltados de ardor patriótico y azuzados por espirituosos, denominan el “populacho”, más, cuánto tendrían que aprender de algunas gentes de ese “populacho”, gentes que conforman la multitud llamada “honrado pueblo”, que también existe, aunque esté en peligro de extinción.

Todo esto viene a cuento porque en una taberna del norte de Extremadura tuve una experiencia aleccionadora para lo que aquí se está tratando. Encontréme en aquel bendito lugar con un estimado paisano, que ya frisa los ochenta años, hoy jubilado de la construcción, antiguo emigrante en Alemania en los años setenta del siglo pasado, al que en su infancia el franquismo le mandó a la dura escuela del trabajo apenas aprendió a leer y escribir y supo las cuatro reglas y, como otras tantas personas, más tarde fue estafado con las preferentes. Como él mismo reconoce, tiene tendencia a darle al morapio por encima de los límites aconsejados por los galenos. Pues bien, como otras veces, en nuestro último encuentro los vapores del vino no impidieron una conversación amena y aleccionadora interrumpida, de cuando en cuando, por un giro que hacía mi amigo hacia la pared vecina para toser suavemente sobre su brazo. ¡Cuánta elegancia!,  pensé, que echo de menos en foros musicales de tronío. A lo mejor esa elegancia no es más que respeto hacia los demás que tiene que ver con que mi amigo desde hace años se hizo comunista y no reniega de ello. Un respeto que parece va en retroceso en esta sociedad en la que la cultura de un individualismo egoísta se difunde desde tantos medios.

martes, 20 de marzo de 2018

LAS FALACIAS DE M. RAJOY Y CIUDADANOS SOBRE PENSIONES EMPIEZAN A QUEDAR AL DESCUBIERTO






El gran apoyo que la ciudadanía ha dado a las convocatorias por unas pensiones dignas hechas por plataformas de pensionistas y sindicatos está empezando a romper el muro de falacias y obscuridad que sobre esta materia férreamente han construido los poderes financieros a través de sus órganos mediáticos, académicos y políticos.

Una primera falacia que queda al descubierto tiene que ver con los procedimientos legislativos. El PP y Ciudadanos están apelando al consenso en un asunto como este, que descubren ahora ser “de Estado” y que no debe utilizarse como arma arrojadiza en la contienda electoral. Pues bien, la ley 23/2013, que introdujo el índice de revalorización con abandono de la referencia al IPC y ha traído el aumento este año de las pensiones un 0,25 %, así como el factor de sostenibilidad que se aplicará el 1 de enero de 2019, fue aprobada en solitario por el PP siguiendo sus arraigados hábitos de despreciar cualquier forma de consenso cuando dispone de la mayoría parlamentaria suficiente. Lo hizo aún dejando en el estado moribundo en el que está el Pacto de Toledo. Pero, además, el consenso reclamado hoy es falso porque exigen el mantenimiento  de ese índice de revalorización y del factor de sostenibilidad.

La segunda falacia tiene que ver con el respeto a la Constitución. El PP y Ciudadanos son llamados “constitucionalistas” por los medios del establishment, pero solo usan la Constitución como cachiporra para ser utilizada en la “cuestión catalana”, no cuando se trata de derechos sociales. En concreto, pasan por alto que tanto el art. 41, como el 50 de la Constitución mandan a los poderes públicos garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes ante los estados de necesidad. Suficientes, no mínimas. Ese es un mandato constitucional que no queda al capricho del Gobierno de turno y, por ello, la afirmación de M. Rajoy de subir las pensiones cuando se pueda es contraria a él. No es “cuando se pueda” sino que se tiene que poder, y para eso cualquier Gobierno tiene a su disposición no pocos medios, lo que no tiene el Sr. Rajoy es voluntad política. Es más, al defender el mantenimiento del factor de sostenibilidad se está negando a sí mismo la posibilidad de subidas futuras de la pensión, pues ese factor es un mecanismo de ajuste automático (esa es su gran virtud para sus defensores) de la cuantía inicial de la pensión  en función de distintos índices, básicamente la expectativa de vida de la cohorte de los pensionistas que llegan a la edad pensionable calculada cada cinco años, y los ingresos y gastos del Sistema, que inevitablemente traerá una rebaja, como el mismo Gobierno reconocía en el Programa Nacional de Reformas de 2014 enviado a la Comisión Europea al afirmar que gracias al factor de sostenibilidad se producirá “una minoración del gasto de largo plazo del Sistema de pensiones, estimada en 0,5 % del PIB en el horizonte del 2050”, lo que implica que cada pensionista recibirá una pensión más baja y, de ese modo, se afirma en ese documento, se neutraliza el impacto del aumento de la esperanza de vida. Es decir, se penalizará vivir más.

La tercera falacia tiene que ver, otra vez, con la herencia recibida ya que se repite el mantra de que un exceso de gastos fue lo que nos llevó a la crisis. Hay que recordar que en 2007 la Seguridad Social tenía superávit que permitía engrosar el Fondo de Reserva,   el Estado español no tenía déficit, sino también superávit, que la deuda pública era  del 35,6 % del PIB, muy inferior a la alemana (hoy con las políticas del PP está casi en el 100 %), pero había una gran deuda privada. La crisis de 2008 no empezó en España y fue producida por los excesos del capital financiero desregulado sin que nadie le haya obligado a encarar sus responsabilidades. El problema estaba en que, entonces como ahora, el sistema fiscal español es injusto, el Estado recauda poco de acuerdo con los estándares europeos y lo hace, básicamente, a través de las rentas del trabajo y del consumo (IRPF e IVA). Es regresivo en contra de lo mandado, otra vez, por la Constitución. En ese contexto no puede olvidarse que en torno al 83 % de los ingresos del Sistema de la Seguridad Social provienen de cuotas calculadas sobre los salarios de los trabajadores y, por tanto, cuando el desempleo aumenta y los salarios se devalúan, de modo inevitable se resienten sus ingresos mientras los gastos en prestaciones son ineludibles.

Esto lleva a la cuarta falacia, que tiene que ver con que solamente creando empleo se pueden subir las pensiones. Es claro que el pleno empleo, al que nuestra Constitución manda orientarse la política económica, es altamente deseable, no solo para la financiación del Sistema de la Seguridad, pero aquella afirmación esta implícitamente manteniendo que la financiación de las pensiones ha de hacerse a partir de cuotas calculadas sobre los salarios, cuando en parte alguna está establecido que necesariamente tenga que hacerse de ese modo. Esa es una trampa para meter las pensiones en la jaula de la contributividad, que consiste en distinguir entre prestaciones contributivas, que son aquellas de naturaleza dineraria que se proveen sin exigir a cambio prueba de la necesidad a la persona perceptora, y no contributivas o asistenciales, que en cambio si piden esa prueba, esto es, demostrar que no se tienen recursos personales para afrontar la situación de necesidad. Las contributivas exigen por lo general el cumplimiento previo de determinados requisitos. La jubilación, por ejemplo, exige un periodo de cotización mínimo de 15 años, cosa que no se pide para las asistenciales. La trampa viene cuando se mezcla aquella distinción con la financiación al ligar la financiación de las contributivas con las cotizaciones y la de las  las asistenciales con los impuestos generales. Pero como se acaba de decir, en parte alguna está dicho que las prestaciones contributivas, entre ellas las pensiones de jubilación, tengan que financiarse de ese modo, muy por el contrario, el art. 109 de la vigente Ley General de la Seguridad Social dice que las prestaciones contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero deja abierta la puerta para que, si es necesario, se financien también con otros recursos, en especial con impuestos.

Lo anterior nos lleva a la sexta falacia: la de que la demografía obliga a reducir y recortar las pensiones. El razonamiento es más o menos este: Puesto que todos los  Sistemas de la Seguridad Social que merecen ese nombre ponen en práctica el esencial principio solidario a través del mecanismo financiero de reparto, es decir, los activos actuales sufragan las prestaciones de los pasivos actuales, y puesto que en el futuro (se dice 2050) habrá muchos pasivos por el alargamiento de la esperanza de vida y pocos activos por la bajada de las tasas de natalidad, a lo que hay que habría que añadir los efectos de la menor necesidad de trabajadores para producir bienes y servicios merced a la utilización de las nuevas tecnologías, la conclusión es clara: de nuevo hay que reducir las pensiones. Pero este razonamiento no es correcto porque, por una parte, las proyecciones demográficas a largo plazo no son exactas, por otra, y esto es muy importante y se mezcla con lo anterior, ese razonamiento pasa por alto que la financiación de las pensiones no solo se puede hacer con cuotas sobre salarios, sino que si con menos trabajadores se pueden producir más bienes y servicios no se ve bien porqué no se puede dedicar a las pensiones una parte del aumento del PIB que trae el progreso científico y la nueva organización de la producción. Claro es que eso exige medidas fiscales progresivas, es decir, los que más tienen deben pagar más. Debe recordarse que desde finales del siglo XX en todo el mundo, y muy acusadamente en España, se ha revertido la situación en el reparto de la riqueza total frente a la situación anterior en la que el trabajo superaba a las rentas del capital en el reparto de la renta nacional. Hoy el 54 % del PIB va a las rentas del capital y el 46 % a las del trabajo. Parece que la lucha de clases existe y por el momento la va ganando la oligarquía, como reconocía el financiero norteamericano Warrent Buffet.  Con un sistema tributario justo se puede garantizar la vida digna de los pensionistas. Pero eso, claro, no es del agrado de los patrones de Ciudadanos y del PP.

Las reformas de 2011 y, sobretodo, de 2013 traen una reducción de las pensiones para llevarlas hacia un mínimo que en algunos casos no será ni de subsistencia y, de ese modo, tratan de favorecer los fondos privados de pensiones en los que tiene puesto el ojo el capital financiero. En 1994 el Banco Mundial preconizaba construir los sistemas de protección social en base a tres pilares, uno publico, universal, obligatorio y de reparto, un segundo de capitalización con gestión privada, pero obligatorio y colectivo  ligado a la negociación colectiva y un terceo de capitalización, voluntario, individual y privado. Pero a la vista del fracaso y del drama que ese esquema trajo allí donde se aplicó (en muchos países de América Latina) el Banco Mundial hizo un poco de autocrítica y en 2004, si abjurar del todo del esquema de los tres pilares, preconizaba un reforzamiento del primero, del público y de reparto. La Comisión Europea, sin embargo, recomienda a los Estados esa vieja receta del Banco Mundial. Anima a fomentar los fondos de pensiones, a pesar de que reconoce su escasa rentabilidad y sus altos costes y pasa por alto que rompen el esquema solidario del Sistema de la Seguridad Social en una huida a la más vieja técnica de atención de las necesidades sociales: el ahorro. Ignora también que solo los más pudientes pueden ahorrar. ¿Qué va a ahorrar quien apenas puede llegar a fin de mes? Los fondos de pensiones ligados a la negociación colectiva, por otro lado, estarían dirigidos a una especie de “aristocracia obrera” de las grandes empresas. Disciplinadamente el Gobierno del PP, en el citado Programa Nacional de Reformas, reconocía paladinamente que tiene “voluntad de fomentar la previsión social voluntaria”. No es de extrañar que los medios dominantes de construcción de la opinión, cuya propiedad está en manos del capital financiero, amplifiquen esas falacias y manipulen la información, pero no parece que convenzan a los miles de personas que se ha echado a las calles estos días.

Margaret Thatcher y sus secuaces repetían de continuo el slogan “There Is Not Alternative” (TINA) a su política neoliberal y autoritaria, pero ahora se ve que en materia de pensiones y en otras muchas claramente “There Is Alternative”, hay alternativa. Volviendo a la primera falacia conviene recordar que el 5 de julio de 2017 el Grupo Parlamentario Unidos Podemos- en Marea, presentó una propuesta de ley que fue admitida por la mesa del Congreso y publicada en su Boletín de 8 de septiembre para revertir las reformas de 2011 y 2013 y modernizar el Sistema de la Seguridad Social. Esa proposición, entre otras cosas, prevé eliminar el factor de sostenibilidad y volver a la revalorización de acuerdo al IPC, pero fue vetada por el Gobierno en uso abusivo del art. 134.6 de la Constitución, demostrando su incapacidad o miedo a un debate abierto cuando no tiene mayoría absoluta. En esa proposición se articulaban mejoras de la financiación que ya mismo son posibles. Igual suerte han corrido otras proposiciones más recientes para eliminar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad hoy cuestionados. Este desprecio del Parlamento es preocupante. No es de extrañar que la gente se movilice en la calle.