sábado, 7 de octubre de 2017

UNA LLAMADA A LA SENSATEZ: LA PROPUESTA DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS SOBRE CATALUÑA

En crisis que está abierta en España (y en Europa) por la cuestión catalana se echa de menos que las personas y las instituciones que tienen la obligación de resolver los problemas que nos afectan, en un número importante, no se pronuncien con claridad o se encastillen en posiciones apriorísticas cerrándose de ese modo al dialogo, lo que es casi como decir que tienen una cerrazón de boca porque la tienen de mente. La posición del Gobierno de la nación es profundamente errónea porque en su fanatismo de nacionalismo españolista niega que hay una parte importante de la sociedad catalana que no quiere seguir formando parte del Estado español. Esa ceguera lleva a fabricar cada día más independentistas. De otro lado, los partidos catalanes independentistas se han embarcado en una lógica de poder constituyente que cierra la posibilidad de una negociación en el marco constitucional que permita el diseño de una nueva organización territorial del Estado, modificando, si es preciso, el dado en 1978, que, dicho sea de paso, en aquel tiempo se sobreentendía provisional. 
Decir que hay que defender el derecho a expresarse libremente, el derecho a decidir, está bien, pero es necesario después defender las opciones de irse o de quedarse con argumentos racionales. Un grupo de personas ligadas a las organizaciones de trabajadores de Cataluña y de España hemos opinado que los intereses de los trabajadores, de Cataluña y de España, se defienden mejor juntos, lo que no quita la conveniencia de negociar un nuevo marco de autogobierno. La verdad es que muchos trabajadores de Cataluña querrían autodeterminarse frente a la clase social que les explota y, para eso, el internacionalismo parece el mejor camino.

Es reconfortante que la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la mayor organización social de España, haya dicho la suya con claridad y por derecho. Ha dicho:

Nos encontramos ante el riesgo cierto de que el Parlament de Catalunya proclame unilateralmente la independencia y que el Gobierno del Estado opte por recurrir al art. 155 de la Constitución Española para adoptar las medidas que considere necesarias, limitadoras del ejercicio del autogobierno en Cataluña, para obligar a las autoridades de esa Comunidad a adaptarse a sus requerimientos.

La adopción de cualquiera de estas decisiones, o ambas, en opinión de CCOO, nos
abocaría a una situación aún más grave de la que ya venimos padeciendo y de consecuencias difícilmente imaginables. Es por ello que hacemos un llamamiento
para que, sin apriorismos ni exclusiones, se abra un proceso de negociación en dos
espacios que deben interpretarse como complementarios:

1.- Sobre un nuevo marco de autogobierno para Cataluña, que pudiera ser simultáneo a una ponencia Constitucional, que en su caso abordara la reforma de la Carta Magna.

2.- La forma de refrendo o consulta que se debería arbitrar para que la ciudadanía de Cataluña pueda pronunciarse legal y libremente.

La apertura de ambos espacios de negociación debería ser inmediata y materializarse en ausencia de medidas unilaterales.


Llama la atención que los medios del establishment apenas le han dado la relevancia que merece.



lunes, 25 de septiembre de 2017

ROSA LUXEMBURGO SOBRE EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN

A continuación se reproduce un fragmento de la obra póstuma de Rosa Luxemburgo, La Revolución rusa, en la que la famosa luchadora, admiradora de la revolución, discrepa de Lenin y Trotsky sobre el asunto de las nacionalidades y critica el derecho de autodeterminación que los bolcheviques defendieron con ahínco.  Se ofrece aquí un pequeño fragmento sugiriendo a los amables lectores la lectura completa de esta obra, que no es sino un borrador que el asesinato de la autora impidió llegar a la versión final.


[…] el famoso “derecho de autodeterminación de las naciones” no es más que hueca fraseología pequeñoburguesa y una farsa.

¿ Qué se supone que significa este derecho? Forma parte del abecé de la política socialista el que el socialismo se opone a toda forma de opresión, incluida de una nación por otra. […] En todos estos casos [ se refiere a Finlandia, Polonia, Lituania, los países del Báltico y los pueblos del Cáucaso], quien realmente se involucró en esa política reaccionaria no fue el “pueblo”, sino las clases burguesas y pequeñoburguesas. Estas, en total oposición a sus propias masas proletarias, pervirtieron “el derecho nacional de autodeterminación” y lo convirtieron en un instrumento de su política contrarevolucionaria. Por tanto –y llegamos así al fondo de la cuestión-, el carácter utópico y pequeñoburgués de este eslogan nacionalista reside en que, en medio de la cruda realidad de la sociedad de clases, cuando los antagonismos se agudizan al máximo, se convierte en un mero instrumento para el gobierno de la clase burguesa. Los bolcheviques iban a aprender, con gran perjuicio para ellos mismos y para la revolución, que bajo el dominio del capitalismo no existe la autodeterminación de los pueblos, que en una sociedad de clases cada clase de la nación lucha por “autodeterminarse” de una manera distinta y que, para las clases burguesas, la libertad nacional está totalmente subordinada a la del dominio de clase. La burguesía finlandesa, al igual que la ucraniana, mostró unanimidad a la hora de preferir el gobierno violento de Alemania a la libertad nacional, si esta última iba ligada al bolchevismo.


martes, 29 de agosto de 2017

México, la difícil lucha por los derechos sociales



Los terribles sucesos de Barcelona nos han dejado memorables lecciones de civismo, solidaridad y generosidad de tantas personas que ayudan sobremanera a reforzar la fe en la bondad del ser humano. También, por desgracia, no han perdido la ocasión para sacar su hiel y maldad esa parte minoritaria y secular de la sociedad española, pero con gran repercusión mediática, que permanentemente se empeña en enfangar nuestra convivencia. Pero el mundo es más grande que Cataluña y España y, cuando con todo acierto un grupo de ciudadanos de Cataluña ha publicado el manifiesto Por la unidad y solidaridad de la clase trabajadora de España. No a la independencia. No a la secesión de Cataluña. No al 1-O, que alude a la necesaria solidaridad de la clase trabajadora de Cataluña y España, conectando con la europea, no está demás seguir recordando que los derechos de los trabajadores se juegan en el tablero del ancho mundo. No en vano las reformas neoliberales que se aplican por estos lares son muy similares a las que se están poniendo en práctica en países como Brasil o México.

En este último país se cumplen ahora cien años de la venerable constitución de Querérato, cuyo art. 123 estableció por primera vez en un texto constitucional una enumeración de derechos sociales y que recientemente ha sufrido algunas modificaciones. Bien sabemos de la azarosa historia de aquel gran y entrañable país, que tuvo momentos de gloria, en especial cuando Lázaro Cárdenas fue presidente entre 1934 y 1940.  La movilización de los trabajadores empujó al presidente Cárdenas a nacionalizar la industria petrolera, con gran disgusto de los oligarcas del norte, a poner en práctica una compleja reforma agraria y a garantizar la libertad sindical, entre otras cosas. Lázaro Cárdenas nunca será olvidado por la generosidad con que acogió a los exilados españoles perseguidos por el fascismo de la asesina dictadura de Franco. Después las cosas no han seguido por el mismo camino. Una de las mayores deficiencias ha sido la evaporación de la eficacia de los derechos reconocidos en los textos legales que no se traducen en su aplicación. Los sindicatos fueron tomados por sujetos que  usando la violencia si era necesario los pusieron al servicio del poder político y empresarial. Es el fenómeno conocido como el “charrismo”. Una perversión (de las muchas) de ese proceso son los llamados convenios colectivos de protección patronal, por medio de los cuales una empresa firma un convenio colectivo favorable a sus intereses con un sindicato fantasma a cuyos supuestos dirigentes financia con generosidad, pero de ese modo bloquea la posibilidad de que un auténtico sindicato negocie un convenio colectivo con mejoras para los trabajadores.  La lucha de los sindicatos democráticos está consiguiendo poco a poco poner coto a estas prácticas y han conseguido que se aprueben algunas normas que, de ser aplicadas, supondrán un avance hacia una auténtica libertad sindical y de negociación colectiva. Pero la lucha es difícil y larga, y en ese camino la violencia extrema hace acto de presencia. Todavía no se ha aclarado la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, por no hablar de los asesinatos de periodistas incómodos.

Otro hecho llama la atención, cual es que todavía no han sido rescatados del interior de la mina de carbón de Pasta de Conchos (Coahuila)  63  cuerpos de los 65 mineros muertos por una explosión en febrero de 2006, a pesar de las reclamaciones de los familiares y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de México, uno de los sindicatos democráticos, esto es, no dominado por el “charrismo”. Precisamente su presidente, Napoleón Gómez Urrutia, permanece desde hace varios años exilado en Canadá por las amenazas a su vida y la de su familia a partir de un enfrentamiento de su sindicato con algunos de los más poderosos grupos económicos de la minería y la siderurgia de México para conseguir mejoras para los trabajadores. En esa persecución, como es habitual en todo el mundo,  se ha intentado utilizar demandas judiciales amañadas (acusaron en la vía penal de que presidente, con la anuencia de otros dirigentes sindicales, se apropió de unos fondos que estaban dirigidos a indemnizaciones de los trabajadores) que han servido para que los medios de formación de opinión del poder hayan recurrido a la injuria y la calumnia para difamar, a través de la persona de su presidente, al propio sindicato, a pesar de que al final, tras varios años, los tribunales de justicia hayan resulto que no había ningún delito de apropiación.

 La lucha de los trabajadores mexicanos en pos de una sociedad democrática en la que impere la libertad y la igualdad no debe ser ajena a los trabajadores europeos, en especial, por las vinculaciones culturales y afectivas, españoles, ya sean catalanes, andaluces o vascos. De hecho la solidaridad de los sindicatos canadienses y norteamericanos está siendo muy importante para que desde la distancia y con los medios de comunicación modernos, Gómez Urrutia pueda seguir ejerciendo funciones sindicales.



domingo, 20 de agosto de 2017

Manifiesto contra la independencia de Cataluña

  Nota editorial. Este es el  Manifiesto que convoca el Acto del día 22 de septiembre en Barcelona. (Ya diremos el lugar concreto y la hora). 

       POR la unidad y solidaridad de la clase trabajadora de España
       NO a la independencia, NO a la secesión de Catalunya
       NO al 1-O, que carece de garantías democráticas
      POR los intereses y reivindicaciones del mundo del trabajo


     Las personas firmantes de este manifiesto hacemos un llamamiento a la sociedad catalana desde el mundo del trabajo de Catalunya  ante la situación a la que nos han llevado las políticas del Gobierno de España y del Govern de Catalunya   que se alimentan mutuamente y que han desplazado del eje del debate social los problemas fundamentales de las condiciones de trabajo y de vida, de las formas de desarrollo económico y social necesarias para garantizar el progreso presente y futuro.

     La independencia de Catalunya debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora en un momento histórico decisivo, con los desafíos de fondo de cómo revertir y superar los impactos brutales de la crisis, de las reformas laborales, de la desigualdad social cada vez más aguda, de la hegemonía de un capitalismo improductivo y especulativo, de la amenaza estructural sobre el Estado de Bienestar. Crearía una situación en Catalunya que podría comprometer la integración social actual, conseguida a lo largo de muchos años y de muchas luchas desarrolladas conjuntamente y podría crear graves problemas a la relación de Catalunya con el resto de España.

     Comprometería también el desafío de culminar el proyecto histórico de Unión Europea con la Europa Social, Solidaria y Federal, de enfrentar los retos formidables de los procesos en curso de robotización y digitalización con garantías de éxito para el Trabajo y la Cohesión Social. Debilitaría la lucha necesaria para reconducir el debate y la acción sindical y sociopolítica al terreno de los problemas reales y apremiantes para millones de ciudadanos y ciudadanas especialmente golpeados por la crisis y por la gestión de la misma por los sectores políticos y sociales dominantes: el desempleo, la precariedad y los salarios de pobreza, la corrupción y la evasión fiscal, el deterioro de servicios y bienes sociales imprescindibles como la vivienda, la educación, la sanidad, la dependencia, la crisis alimentaria y energética. Sólo planteando la respuesta a esta problemática desde los intereses y reivindicaciones de la clase trabajadora podremos abordar adecuadamente el necesario proyecto de futuro español de convivencia.

     Este pronunciamiento lo hacemos profundamente convencidos de los estrechos lazos de clase trabajadora de Catalunya con la del conjunto de España, lazos que resultan tanto de la propia composición de la primera, con migraciones desde el conjunto del Estado, como de la historia común en la que, por remitirnos sólo al último siglo, hemos luchado juntos en defensa de la República frente al golpe fascista del 18 de julio de 1936, por las libertades contra la dictadura franquista, por la construcción de la democracia y la dignidad del trabajo en fábricas, talleres y oficinas, en la industria, los servicios y el campo.

    La identidad de clase así construida frente a la política de la derecha española aliada con la derecha nacionalista catalana, nos posibilita y exige hacer frente a proyectos identitarios de división. Sabemos, además, porque lo hemos experimentado demasiadas veces, cómo la división nos debilita y preside nuestras derrotas de clase. 

Estamos convencidos que es necesario actualizar nuestro ordenamiento jurídico y poner en marcha reformes estructurales, territoriales y de distribución de competencias que  satisfazgan las aspiraciones y demandas legítimas de la ciudadanía. 

Consideramos que es necesario un efectivo proceso democrático departicipación así como en la negociación de las consecuencias sociales, políticas y eventualmente legislativas de su resultado, evitando toda tentación de unilateralidad. Una negociación en la que consideramos necesario que se exprese de nuevo la unidad y solidaridad de la clase trabajadora del conjunto de España. Sabemos que hay diversidad de ideas acerca de cómo intervenir en ese proceso democrático: unos, defendiendo la consulta; otros por otros medios, también constitucionales. En todo caso, ahora lo fundamental es la unidad en esa diversidad en torno a nuestra negativa común del rechazo de la independencia y del día 1 de Octubre.

     Por todo ello nuestro pronunciamiento para desbloquear la crisis política provocada en Catalunya va acompañado de la convicción de que hay que volver a situar, en el eje de la acción social y política, propuestas de acción colectiva para acabar con políticas que amparan la corrupción en Catalunya y en toda España, para la profundización de los derechos civiles, para la dignidad del trabajo, y, en la inmediatez, para que la salida de la crisis sea verdad para toda la ciudadanía. Para avanzar en conquistas sociales y democráticas.





Promotores: 
Isidor Boix i Lluch, Manuel Gómez Acosta, Joaquim González Muntadas, José Manuel Jurado, José Luis López Bulla, Pedro López Provencio, Josep Maria Rañé, Josep Maria Rodríguez Rovira. 

domingo, 13 de agosto de 2017

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE EULEN DEL AEROPUERTO DEL PRAT

Es una constante que cuando los trabajadores recurren a la huelga se ponga en marcha toda una batería de ataques para inutilizarla, empezando por el bombardeo mediático que trata de enfrentar a los huelguistas con la ciudadanía que sufre algunas de las consecuencias de la acción, muy en especial cuando se trata de sectores del transporte en tiempos de vacaciones. El origen del conflicto de los trabajadores de los arcos de seguridad del aeropuerto del Prat, en Barcelona, está en la decisión más que controvertida de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, AENA (cuyo 49 por ciento del capital está en manos privadas), de privatizar muchos servicios de los aeropuertos mediante contratas con pliegos de condiciones con costes a la baja. La consecuencia es clara: la precariedad de los trabajadores que prestan estos servicios. Para una información más detallada es ver https://baylos.blogspot.com.es/2017/08/la-huelga-de-vigilantes-en-el.html

Los intentos del Ministerio de Fomento de imponer unos servicios mínimos del 90 por ciento y la sustitución de huelguistas por la Guardia Civil con la excusa de la amenaza terrorista son contrarios al art. 28 de la Constitución. El 90 por ciento significa negar directamente el derecho de huelga que debe cohonestarse con el derecho de los ciudadanos al transporte. ¿Retrasar dos horas las operaciones de control aeroportuario, como parece es lo que está sucediendo, merece cercenar radicalmente el derecho de huelga? ¿Dónde está la proporcionalidad? Y si hay amenaza terrorista ¿porqué no está haciendo esos controles de forma habitual la Guardia Civil, que es a quien compete la seguridad de los aeropuertos?.

En la tarde el domingo 13 de agosto los trabajadores han rechazado en votación, por amplio margen, no aceptar la oferta de la empresa y, en consecuencia, ir a la huelga indefinida. Es el momento de la declaración de huelgas de solidaridad pues los intereses de otros trabajadores de otras contratas del aeropuerto del Prat y de otros aeropuertos también están afectados y va a ser muy difícil que los trabajadores de los arcos de seguridad solos puedan aguantar la embestida que les viene encima. 


miércoles, 9 de agosto de 2017

LA LEGALIZACÓN DE LA EUTANASIA ES UNA IMPERIOSA NECESIDAD

Esperanza Aguirre ha acumulado grandes merecimientos para entrar en el Libro Universal de la Infamia, pero en compañía del que fuera su Consejero de Sanidad, Manuel Lamela, tiene uno especialmente relevante cual fue  la serie de infamias que lanzaron, denuncia penal incluida, contra el Dr. Luís Montes y algunas otras personas de su equipo por supuestas sedaciones irregulares a enfermos terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. A partir de una denuncia anónima actuaron según el manual al uso del PP para desacreditar a alguien. Primero se filtran informaciones interesadas a los reptiles de la prensa amiga (casi toda), después se genera de forma artificial y orquestada una “alarma social” y finalmente se interpone la querella criminal. Hay que recordar que por el año 2005 la bancada en el Congreso del Partido Popular, con facundia cuartelera franquista propia de sargentos envinados, hacía chascarrillos sobre tan dramático tema que minaba la honorabilidad de una persona integra y respetada como el citado Dr. Montes, entre otros. Los tribunales acabaron sentenciando que no hubo delito alguno a pesar de lo cual la sra. Aguirre no cesó de lanzar insinuaciones denigratorias contra el equipo sanitario de urgencias del Severo Ochoa. Lamela acabó su carrera política saltando a una empresa que gestiona hospitales privatizados.

Todo ese montaje, que se vino abajo tras años de calvario judicial, no solo iba dirigido contra un grupo de personal sanitario al que consideraban contestatario de la política privatizadora de la sanidad madrileña, sino que era un aviso para navegantes dirigido a aquellos médicos y enfermeros que tienen la penosa tarea de enfrentarse, cada vez más, con situaciones de enfermos terminales cuyo sufrimiento y el de sus familiares puede durar mucho tiempo. Una especie de intimidación para que no caigan en la piedad de acabar con ese sufrimiento tan valorado por algunos católicos. El tremendo dolor de estas situaciones es desdeñado por señeras almas encanallecidas.

Izquierda Unida presentó una proposición de ley la primavera pasada para regular la eutanasia, algo que es sentido como una necesidad por una amplia mayoría de la sociedad española, pero el PP, guardián de una rancia ortodoxia del sufrimiento (pero no cuando les toca  a ellos) como camino de salvación, impidió su tramitación. Lo curioso es que la alegre muchachada de Ciudadanos, tan modernos ellos, se sumó a la defensa de las esencias de la tradición, pero, claro, para distinguirse un poquito proponían a cambio los cuidados paliativos. Vaya cosa, para ese viaje no hacen falta alforjas. Ya está bien: La regulación de la eutanasia es una urgencia porque es necesario acabar con la imposición de una crueldad sobre aquellas personas que ya no quieren seguir sufriendo una vida que las hunde , ahora si, “en un valle de lagrimas”. 


viernes, 7 de julio de 2017

BASTA YA DE RESIGNACIÓN ANTE REFORMAS SOCIALES REGRESIVAS

Desde su promulgación, allá por 1980, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido más de 50 reformas con un desolador balance por la sucesiva reducción de los derechos de los trabajadores y el consiguiente aumento del poder de los empresarios. El Sistema de Seguridad Social ha sufrido también importantes reformas que han combinado avances en la garantía de las prestaciones de las personas protegidas, con importantes endurecimientos para causar derechos a algunas otras, o importantes recortes en las mismas, como ha sido desde 1985 el caso de la pensión de jubilación.

Las crisis has sido siempre la excusa para la merma de derechos y llama la atención que el capitalismo, en especial en España, desde finales de los años 70 del pasado siglo, ha cronificado sus crisis, pues salvo breves periodos, en los 70, en los 80, en los 90, hasta llegar a la gran crisis del 2008, hemos estado sufriendo ramalazos de una crisis continua  que guadianea un durante un corto espacio para reaparecer al poco. Las reformas de la Seguridad Social de 2011 y, en especial, la de 2013, fueron un enorme salto adelante en la reducción de derechos de la ciudadanía, en especial en lo relativo a la pensión de jubilación. El efecto combinado de ambas reformas permite afirmar que con ellas se abre camino a un nuevo esquema del Sistema de la Seguridad Social claramente contrario a los mandatos constitucionales. En efecto, si la reforma de 2011 alargó el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones y, salvo supuestos muy concretos, elevó la edad pensionable para la jubilación ordinaria a 67 años (con un periodo transitorio hasta 2027), la de 2013 introdujo, además, el llamado Factor de Sostenibilidad y un nuevo Índice de Revalorización Anual de la pensión que abandonó la referencia al IPC y, por tanto, al mantenimiento de su capacidad adquisitiva, todo lo cual, como el Gobierno reconoce, traerá una disminución del gasto en pensiones que provocará una pérdida de la cuantía inicial de la pensión de jubilación en 30 años entre un 9 y un 18 %, a lo que hay que sumar la pérdida que se producirá al aplicarse el nuevo Índice de Revalorización, calculada para 15 años en un 22,86 %. El objetivo del Partido Popular y sus secuaces, es reducir las pensiones garantizadas por el Sistema a un mínimo ni siquiera de subsistencia, contrariando los artículos 41 y 50 de la Constitución que imponen a los poderes públicos la obligación de proveer mediante un Sistema Público de Seguridad Social prestaciones “suficientes” frente a los estados de necesidad. El objetivo final es claro: abrir hueco a los planes y fondos de pensiones basados en la capitalización y gestionados por entes financieros privados, pues allí donde existe un buen Sistema de Seguridad Social es reducido el espacio de los fondos de capitalización. Pero esos planes y fondos de pensiones solo serán accesibles para una capa pequeña de la población que huiría  del esquema solidario que es la Seguridad Social. Se rompería así un elemento esencial de cohesión social.

Todas estas sucesivas reformas regresivas han dado lugar a que la ciudadanía se suma en una especie de fatal resignación al asumir que no hay vuelta atrás. Frente a esa resignación se levanta la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha depositado el 5 de julio en la Mesa del Congreso de los Diputados sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social.

Con esta Proposición de ley, de la que habrá ocasión de hablar en detalle más adelante, se busca revertir algunos de los más graves daños que las reformas de 2011 y 2013 han causado en la ciudadanía, en concreto en los actuales pensionistas, que por aplicación del Índice de Revalorización Anual van a ver reducida su pensión, y los futuros a los que a partir de 2019 se les aplicará el Factor de Sostenibilidad, además de los alargamientos de la edad pensionable y el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión. Baste ahora decir que esta Proposición elimina tanto el Factor de Sostenibilidad como el Índice actual de Revalorización Anual, así como impone volver a la edad de 65 años como edad pensionable para la jubilación ordinaria, y se introduce la novedad de la jubilación a partir de los 61 años para quienes tengan cubierta la base reguladora máxima.  En una norma como esta, de alto contenido técnico, hay otras muchas materias que se acometen, en especial en desempleo, pero no es lugar en esta nota de entrar sobre ellas. Otras ocasiones habrá, baste decir que estas mejoras no se presentan como píos deseos, sino que van acompañadas de medidas que mejoran los ingresos del Sistema. Esa es otra gran diferencia con las reformas anteriores, que solo actuaban sobre los gastos con un recorte de los mismos.

Un nutrido grupo de profesores y profesoras universitarias, economistas, juristas y sociólogas de las Universidades de Valencia, Castilla-La Mancha, Salamanca, ha trabajado durante varios meses con la diputada Yolanda Díaz y su equipo en la preparación de la Proposición. Han puesto su saber técnico siguiendo siempre la dirección marcada por sir William Beveridge  de que lo fundamental para la resolución de los estados de necesidad de la gente es adoptar la decisión política de abolir la miseria, para lo cual los Gobiernos disponen de la Seguridad Social,  lo demás es un problema administrativo y de ejecución. Pero la decisión de abolir la miseria mediante el Sistema de Seguridad Social ya la tomó el constituyente en 1978 y, por tanto, los técnicos o expertos, deben poner su saber para alcanzar lo establecido en la Constitución en una mera operación de adecuación medios-fines. Imponer las reformas de Seguridad Social mediante imperativos técnicos proporcionados por “expertos” (con frecuencia algunos de ellos con conexiones con los grupos financieros) es un autoritarismo antidemocrático del que quienes han trabajado en este proyecto han huido. Ahora es el tiempo en el que
los representantes de la soberanía se pronuncien. Atentos estaremos.