viernes, 30 de marzo de 2012

EL GOBIERNO DEL PP DESLEGITIMADO POR LA HUELGA


Días antes de la impresionante huelga general y las movilizaciones de ayer, el Ministro de Economía (ex Lehman Brothers) dijo que en el siglo XXI la huelga no tenía sentido. Desde luego es poco original. Eso mismo lleva diciendo desde siempre la oligarquía. Hay una gran inconsecuencia en esa afirmación porque tanto se teme a la huelga como cómo para utilizar la represión. En el pasado y en actualidad. Si fuera inocua no se utilizarían tantos medios para satanizarla. Volvemos a los viejos tiempos: hacer huelga no es gozar de un derecho fundamental, sino un asunto de orden público. Por eso el Gobierno ha vuelto a residenciar en el Ministerio del Interior el tratamiento de la huelga y ha vuelto a poner al servicio de los empresarios las fuerzas de policía (pagadas con los recursos de todos) para proteger sus intereses. El estado de agitación de los policías en las calles recordaba el pasado franquista. La Ministra de Trabajo (perdón de Empleo) dijo hace poco que la reforma contralaboral se había hecho también porque la legislación de los convenios colectivos que había en España era de los años 40 (¡¡). En aquel tiempo la legislación del régimen del genocida Franco no reconocía a los trabajadores el derecho de negociación colectiva y por si acaso se les ocurría intentarlo regulaba muy bien la huelga: en el código penal como un delito de sedición. Parece que para la Ministra el periodo constitucional es un paréntesis de amnesia. Emergen los orígenes autoritarios que están en la esencia del PP. Pero cuando se recurre a la violencia, tanto por parte de los empresarios con las amenazas de represalias para quienes hagan huelga, como por el poder público, es que ha fallado la legitimación por argumentos razonados.

Los sindicatos, tras la durísima campaña mediática con intención de desprestigiarlos que no va a cesar, han demostrado con hechos su vinculación profunda con los trabajadores y con amplias capas sociales. Nadie en España tiene la fuerza de movilizar para la acción a tanta gente en todos los lugares del territorio.

La arrogancia del PP al convocar sesiones plenarias de diversos órganos de representación, como ayuntamientos, parlamentos de comunidades autónomas o el Congreso de las Diputados en pleno día de huelga, se ha vuelto en su contra, como ocurrió en Albacete, en donde durante la gran concentración que se celebraba en una céntrica plaza corrió como reguero de pólvora ardiendo la noticia de que en el pleno del ayuntamiento, convocado por su alcaldesa del PP, se estaban anunciando despidos, cierres de guarderías infantiles y privatizaciones o cierres de servicios. Toda una provocación. Cuando espontáneamente miles de personas se dirigieron a la casa consistorial de forma pacífica para mostrar su rechazo, los policías nacionales golpearon sin piedad a jóvenes, maduros y ancianos sin distinción de sexo, como muestra la foto y el video en youtube que más abajo se indica (1). Pero se cuidaron mucho de no atacar a un grupo de bomberos, que también llevaban casco protector, allí concentrados con los manifestantes. Algunas ciudadanas, con palabras algo gruesas que no se reproducen aquí, venían a decir que esos policías no tenían coraje para enfrentarse a los bomberos. Ténganlo o no esos comportamientos son inaceptables en democracia.

En la esfera de Parapanda, a pesar de la urgencia, ya se han hecho profundas reflexiones sobre la huelga que es muy aconsejable consultar en los blogs hermanos “Metiendo Bulla”, “Según Antonio Baylos” y “Ciudad Nativa”.

(1) http://www.youtube.com/watch?v=Nxn9B65oA6w

miércoles, 28 de marzo de 2012

EL ESQUIROL, SEGÚN JACK LONDON

Los tres individuos delante de las fuerzas de la policía son tres esquiroles que van por una calle del pueblo Garw Valley del sur de Gales durante una huelga de mineros del carbón en 1929 a incorporarse al trabajo, rompiendo la huelga. Desde las ventanas y las aceras mujeres, niños y hombres les miran con profundo desprecio y una dignidad que se manifiesta en medio de un silencio que la foto deja adivinar. Esa dignidad contrasta con la arrogancia y las risas provocadoras de algunos miembros de las desmesuradas e intimidadoras fuerzas de la policía. En la revolución industrial se impusieron condiciones de trabajo de inimaginable dureza, como bien sabemos, por eso lo que hay detrás de ese desprecio es la conciencia de que solo la unión de los trabajadores hace posible, con mucho esfuerzo y lucha, conseguir los derechos que permiten a los trabajadores pasar de la condición bestia de trabajo a ciudadano, y por eso mismo el idioma inglés es tan rico para denominar a los esquiroles: Strike-breaker, o rompe huelgas, blacklegs, o piernas negras, y el que tiene el más profundo sentido de desprecio: Scab o esquirol. Se entiende así mejor la definición de esquirol que ofrecen los servicios de traducción del Instituto de Investigación Los Bártulos de Karl Korsch de la República de Parapanda. Se avisa que puede herir las sensibilidades delicadas.

Después de que Dios hubo acabado la serpiente de cascabel, el sapo y el vampiro, tenía una horrible sustancia que le sobraba con la que hizo al esquirol.

Un esquirol es un animal de dos patas con un alma de sacacorchos, un cerebro anegado, una columna vertebral mezcla de gelatina y cola. Donde otros tienen un corazón, el lleva un tumor de podridos principios. Cuando un esquirol camina por la calle, los hombres vuelven sus espaldas, los ángeles lloran en el cielo y el diablo cierra las puertas del infierno para dejarlo fuera.

Ningún hombre tiene el derecho a esquirolear mientras haya una charca de agua en la que hundir su pellejo, o una cuerda lo bastante larga con la que colgar su cuerpo. Judas Iscariote fue ungentleman comparado con un esquirol, porque después de traicionar a su Maestro tuvo el suficiente coraje como para ahorcarse. El esquirol no lo tiene.

Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Judas Iscariote vendió a su salvador por 30 monedas de plata. Benedict Arnold vendió a su país por la promesa de una comisión en el ejército británico. El moderno rompehuelgas vende su primogenitura, su país, su esposa, sus hijos y sus compañeros por una vacía promesa de su empresario.

Esaú fue un traidor a sí mismo; Judas Iscariote fue un traidor a su Dios; Benedict Arnold fue un traidor a su país. Un rompehuelgas es un traidor a su Dios, su país, su esposa, su familia y su clase. Un auténtico hombre nunca será un esquirol.


domingo, 25 de marzo de 2012

TENEMOS QUE IR A LA HUELGA

Ayer, 24 de marzo tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, bajo la cómplice mirada de retratos de próceres como el Duque de Rivas, un acto en el que la el mundo de la cultura y la Universidad dieron su apoyo a los sindicatos y a la Huelga del 29 de marzo. En el blog hermano Según Baylos se puede consultar el desarrollo del mismo. Fue un acto emotivo y profundo, lejos de la chabacana zafiedad de lo que se difunde en los medios de persuasión, en el que entre otros textos se oyeron algunos como el de la escritora Marta Sanz que a continuación se ofrece aquí:

Tenemos que ir a la huelga porque queremos trabajar. Porque estamos cansados de trabajar por nada. Indignamente. Porque el trabajo no es tanto un derecho como una actividad inmanente a la naturaleza humana. Tenemos que ir a la huelga porque nosotros no tributamos en Andorra ni en Mónaco, pagamos la luz, el agua y el gas, no tenemos casa o nos echan de la que teníamos, porque no guardamos nuestros ahorros en un banco de Luxemburgo. Porque queremos seguir llevando al niño al médico del seguro para que le cure las anginas. Porque no nos tratamos en Huston los cánceres. Porque no queremos llevar cíngulos ni tener que hacernos curas –o papisas- para tener un empleo fijo. Porque llevamos a los hijos al colegio público y nos gusta beber una cerveza en la plaza del barrio. No tenemos pistola ni seguridad privada. Porque no queremos ir al fútbol a desfogar la cólera con el contrario ni leer libros para olvidar la mierda que es la vida. Porque no queremos que una sociedad precaria nos haga vivir amores de mala calidad.

Tenemos que ir a la huelga porque no somos nosotros los que hemos provocado la crisis y los que la han provocado especulando, rapiñando, corrompiendo, mintiendo, medrando, ejerciendo una violencia infinita sobre todos nosotros, ésos reciben premios que no son de consolación, incentivos, ventajas. Nosotros no hemos roto ningún plato y ahora no aceptamos un castigo: el retroceso en los logros conquistados por la clase trabajadora durante décadas.

Tenemos que hacer la huelga porque existe otra manera de entender la economía y las relaciones humanas. Porque la economía ha de ser una ciencia humana. Porque deberíamos repensar aquella frase que pronunció Charles Chaplin en Monsieur Verdoux: “La consecuencia lógica de los negocios es el asesinato”. Y porque la crisis nos dio una oportunidad para cambiar de modelo que no hemos sabido aprovechar, porque tropezamos empecinadamente una y otra vez en el mismo pedrusco, y hemos creído en los cantos de sirena de una sociedad intrínsecamente violenta, insostenible y cínica. Tenemos que ir a la huelga por nuestros abuelos, nuestros padres y los hijos de nuestros amigos. Tenemos que ir a la huelga porque cada vez somos menos iguales y menos libres, y porque no es cierto que vayamos todos en el mismo barco y, si lo fuéramos, los que viajan en tercera nunca se salvan del naufragio.

Marta Sanz

sábado, 24 de marzo de 2012

LA UNIVERSIDAD CONTRA LA REFORMA LABORAL

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.


Radio Parapanda. Lista de los 54 catedráticos de Derecho del Trabajo firmantes.

martes, 20 de marzo de 2012

UNA HUELGA NECESARIA FRENTE A UNA REFORMA CONTRALABORAL ILEGÍTIMA


La modificación de las normas laborales que ha impuesto el Partido Popular es un ataque frontal contra el modo de entender la democracia que emergió en el pacto constituyente de 1978 y que cristalizó en la Constitución. Es ilegítima, tanto por su contenido como por su forma, además de que conculca Convenios de la OIT ratificados por España y es de más que dudosa constitucionalidad en varios aspectos. Atenta contra la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta cláusula encierra la idea de que la libertad no es posible sin avanzar en el camino de igualdad. No es retorica hueca, es mera constatación del dato histórico de que la desigualdad, aún reconociéndose la igualdad formal ante la ley, conlleva explotación y sojuzgación a los poderes privados. La finalidad del Derecho del Trabajo es buscar una cierto equilibrio entre la posición social y económicamente desequilibrada del empresario y del trabajador. Para ello la ley imponía límites infranqueables a la voluntad contractual en materias esenciales para evitar sobreexplotación de la persona que trabaja. La Constitución, por su parte, protege la dimensión colectiva del trabajador, al sindicato y reconoce el derecho fundamental de huelga y el de negociación colectiva como instrumentos de defensa de la dignidad de los trabajadores amenazada en la directa relación individual. Como fruto de esa protección la ley reconoce así mismo la eficacia del convenio colectivo. Por último, la tutela judicial efectiva se ofrece a los trabajadores al dotar al juez de lo social de jurisdicción para la solución de las controversias con los empresarios. Todos esos elementos han sido seriamente cercenados.

Con esta reforma contralaboral se le ha dotado al empresario de un extraordinario poder de disposición unilateral sobre elementos esenciales de la relación de trabajo como la determinación y cuantía del salario, aspectos importantes del tiempo de trabajo, la movilidad funcional y geográfica y, en fin, despido. Se ha limitado de modo extraordinario el campo de acción y la eficacia del convenio colectivo, con lo que muchos trabajadores quedarán sin la cobertura de un convenio sometidos al poder unilateral del empresario. Se ha reducido la indemnización por despido y, lo que es más grave, se debilitado la exigencia de una causa justa para despedir. Por último, la formulación legal deja un espacio casi nulo al juez de lo social para decidir a sobre la justificación o no de la decisiones empresariales. Es una contrarreforma que consagra una vuelta al feudalismo empresarial que con el advenimiento de la democracia ya se consideraba pasado. Pues no, en una terrible regresión de nuevo está aquí, como el dinosaurio.

En el siglo XVI Juan Luís Vives advertía que la fuerza de los más grandes reyes caería de inmediato si sus vasallos les sustrajeran su apoyo. La clase dominante solo puede seguir siéndolo en tanto en cuanto su sistema de valores, sus ideas, sean también dominantes. Las técnicas para conseguirlo se han desarrollado mucho en nuestros días a partir, entre otras, de las enseñanzas del ministro nazi de propaganda, Goebbels. No es de extrañar que ante esta gran regresión en la historia el PP haya desplegado sus poderosos medios de persuasión. Merece la pena destacar que sus voceros apenas entran en el análisis del contenido de esta reforma (cuanto más se conoce, más se rechaza), sino que hacen una llamada a un acto de fe colectivo para que la ciudadanía crea que servirá para crear empleo. Defender la dignidad del trabajo, como hacen los sindicatos, es, según el PP, atacar a los desempleados, pero lo sorprendente es que lo que se ofrece sea que para ser empleado haya que ser sobreexplotado. Ese ya es un mensaje para todos, empleados y desempleados: todos tienen que someterse a la disciplina del señor de la empresa, que para eso está investido de una racionalidad económica incuestionable que le dice cómo usar la mercancía trabajo.

Establecido el anterior dogma de fe el siguiente paso es anatematizar a los críticos, como con la simpleza y el autoritarismo que la caracteriza hace, entre tantos otros, la sra. De Cospedal. Las protestas, según ellos son injustificadas porque la reforma, de la que se oculta su contenido, ha sido adoptada por un partido que ha recibido el apoyo electoral masivo de la población. Este argumento es profundamente falaz por tres motivos cuanto menos. En primer lugar el PP recibió 10.500.000 votos, mientras que el anterior gobierno del PSOE había obtenido en 2008 11.000.000 de votos. El que con menos votos se pueda obtener la mayoría absoluta solo es achacable al arte de birlibirloque de la ley electoral, no, es claro, a un mayor consenso social. Por cierto que ese mayor número de votos del anterior partido del gobierno no impidió al PP desarrollar una agresiva campaña de desgaste en las Cortes y fuera de ellas, en donde sus medios afines no dudaron (ni dudan) en recurrir a la mentira, el insulto y otros recursos propios de regímenes fascistas.

En segundo lugar porque en democracia la legitimidad del Parlamento no la única legitimidad. Los sindicatos, en concreto, como bien claro establece el art. 7 de nuestra Constitución, son piezas esenciales de nuestro sistema institucional (el art. 7 está en el Título Preliminar) y están para defender los intereses de los trabajadores. Uno de los problemas de las democracias representativas es la gran distancia que existe entre representantes y representados y, por lo mismo, se trata de mejorar su calidad reconociendo otras legitimidades que actúan por otros mecanismos, como son la concertación social o el recurso a la expresión directa, a la huelga y manifestaciones, cuando es necesario.

En tercer lugar porque el Gobierno y su partido, con un acuerdo bajo la mesa con la organización empresarial, han actuado de mala fe cegando la vía de la concertación y ocultado al pueblo los contenidos de esta contrarreforma. Pocas semanas antes de que se dictase el RD-L 3/2012 lo sindicatos confederales (mayoritarios en este país de modo abrumador según las recientes elecciones acabadas en diciembre de 2011)) firmaron con la CEOE el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el que arbitraban unas prudentes medidas para adecuar las relaciones laborales a los tiempos de crisis, que incluían moderación salarial y flexibilidad interna negociada. Ese Acuerdo ha saltado por los aires porque el Gobierno lo desconoció y aplicó esta contrarreforma de manera urgente no justificada, que tenía previamente preparada, y que fue ocultada a la ciudadanía en la campaña electoral.

La Sra. De Cospedal se preguntaba qué les decían los sindicatos a los parados. Es muy claro, les dicen que hay que defender la dignidad del trabajo ante un ataque tan duro como este que pone en peligro los valores de la democracia. En cambio el PP, fiel servidor de la más rancia oligarquía, les dice que, como meros portadores de una mercancía de usar y tirar, deben doblegarse a los dictados de los patrones.

Joaquín Aparicio Tovar

jueves, 15 de marzo de 2012

JUECES PARA LA DEMOCRACIA APOYA LA HUELGA GENERAL

Jueces para la Democracia ante la convocatoria de Huelga General contra la Reforma Laboral.

Jueces para la Democracia considera que la aprobada reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.

La reforma introduce los elementos necesarios para modificar sustancialmente los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual

Así mismo, establece posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, en lo que se refiere, no solo al salario, sino a la totalidad de la negociación pactada en el convenio y profundiza en la desigualdad entre las partes del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva, así como a la tutela judicial: los Jueces de la Jurisdicción Social ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.

La reforma refuerza el poder unilateral del empresario y puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y demás condiciones de trabajo (mayor jornada, distribución irregular de la misma por el empresario, polivalencia de funciones, etc.) y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados.

La nueva regulación limita, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad, de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, con degradación de la causalidad en el despido contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.

Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario.

Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la Huelga General convocada por los Sindicatos para el día 29 de Marzo de 2012.

El Secretariado


jueves, 8 de marzo de 2012

MARIA EMILIA CASAS: PREMIO “VALORES DE LA IGUALDAD” DE LA FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO


Hoy, 7 de marzo la Fundación 1º de Mayo ha hecho entrega a María Emilia Casas del Premio “Valores de la Igualdad” por unanimidad del Jurado formado, con la excepción de Rodolfo Benito, presidente de la Fundación, por ilustres mujeres provenientes del sindicalismo, la universidad, la enseñanza no universitaria, la investigación científica, la sanidad y el trabajo en diversos sectores industriales y de servicios.

El Jurado valoró de modo especial su contribución en pos de la igualdad en su paso por el Tribunal Constitucional, primero como Magistrada y posteriormente como Presidenta, siendo la primera mujer que ha llegado en España a tan alta Magistratura. Que este hecho sea destacable es una clara señal, ha destacado el Jurado, de que a la igualdad le queda un largo trecho por recorrer.

Rodolfo Benito, presidente de la Fundación, destacó que la contribución de María Emilia Casas a las aspiraciones de igualdad y de profundización de la democracia son hoy más que nunca especialmente valiosas, cuando mañana, el 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, el Congreso de los Diputados se propone convalidar el Decreto-Ley que ha traído una brutal expropiación de derechos laborales que acentuará las diferencias sociales y económicas y que afectará (ya está afectando) de modo especialmente desfavorable a las mujeres.

Joaquín Aparicio hizo una semblanza de María Emilia Casas, la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo de España, en la que destacó la ligazón que en su persona siempre ha habido entre el valor del trabajo y la lucha por la igualdad, sin renunciar a los bienes de la amistad, la familia (es madre de dos hijas y dos hijos) y la cultura.

La homenajeada agradeció una distinción que la llena de orgullo y reconoció la fundamental contribución de los sindicatos, de Comisiones Obreras y de la Fundación 1º de Mayo a la democracia. Se refirió a la labor del Tribunal Constitucional, no suya en particular, en la profundización de los valores democráticos cuando ha hecho importantes pronunciamientos, entre otras, en materia de discriminación por distintas razones, a favor del reconocimiento de derechos a los extranjeros, los derechos sindicales y la lucha contra la violencia, en especial contra la violencia de género.

Hizo un llamamiento a la lucha democrática contra la violencia de género, la violencia terrorista y la violencia de la pobreza en la que tantas personas están cada día entrando en estos momentos. Reafirmó su compromiso con el Derecho del Trabajo que no puede ser concebido como un derecho del empleo y funcionalizado a la economía, sino un derecho corrector de desigualdades, siempre en adaptación a las cambiantes circunstancias históricas que si pueden justificar la eliminación de algunas instituciones debe hacerse, como más o menos se ha hecho hasta ahora en Europa, mediante la introducción de otras compensaciones para tratar de alcanzar o mantener un cierto equilibrio en la posición de las partes. Por eso no puede entenderse separado el derecho de la Seguridad Social del Derecho del Trabajo, ni argumentar un supuesto enfrentamiento entre los ocupados y los desempleados, porque el Derecho del Trabajo protege a los dos, lo que ocurre es que lo hace con diferentes técnicas, como el caso del derecho a la formación pone en claro.

Ha sido un emotivo acto en el que un numeroso público mostró su afecto, respeto y aprecio a la profesora Maria Emilia Casas.

jueves, 1 de marzo de 2012

UNIVERSITARIOS Y TRABAJADORES CONTRA LA REFORMA Y LOS RECORTES




Vean a estudiantes y profesores de la Universidad de Castilla - La Mancha en Albacete. Vea, vean a los trabajadores marchando por las calles de la bella ciudad manchega. Cliquen en este reportaje de la Televisión albaceteña.