lunes, 19 de noviembre de 2012

LA REFORMA PENAL: cerrando el círculo de la disciplina de clase

 Juan M. Terradillos Basoco



Afirmar que el Derecho penal es, entre otras cosas, un instrumento de control social en manos del poder, es tanto como instalarse en el terreno de lo obvio. Constatar que la ley penal es utilizada como espurio refuerzo de políticas extrapenales de coyuntura, a costa de los principios garantizadores que han venido, mal que bien, legitimándola, es harina de costal bien diferente.

Basta una lectura, siempre recomendable, de los penalistas ilustrados –Beccaria, Filangieri, Feuerbach, por ejemplo– para advertir que las leyes penales tutelan, o pretenden tutelar, los bienes jurídicos más caros a una determinada ideología, la asentada en el poder. La naturaleza más o menos democrática de cada opción político-criminal depende, así, de la asunción de esos bienes jurídicos como propios por sectores más o menos amplios de población.

Los modelos penales más autoritarios, sin embargo, olvidan esa vocación de tutela de bienes jurídicos, para asumir explícitamente la consecución de otros objetivos: protección del partido único y del orden público mediante la intimidación policial, en el Código Rocco italiano de 1930; implantación de la moralidad, la rectitud y el sentido católico de la vida, en el franquista Código Penal de 1944; respeto al sano sentimiento del pueblo en la reforma penal alemana de 1935.

No se trata de ejemplos asimilables a la situación actual. Pero hoy, las propuestas de Derecho penal de emergencia, de Derecho penal del enemigo, de tolerancia cero, de ley y orden, etc., vuelven a incidir en la postergación de lo que, para el pensamiento penal ilustrado, era el objetivo básico, la tutela de bienes jurídicos a través de la prevención del delito. Posiblemente ese sea el talón de Aquiles de la reforma penal adelantada por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de los últimos meses: más que a lograr ese objetivo, parece dirigida a asegurar la vigencia de sus políticas económicas.

Si estas políticas, con la reforma laboral a la cabeza, están contribuyendo a la pauperización de amplias capas de población, la reforma penal proyectada por Ruiz Gallardón se adelanta, sabiamente, a los acontecimientos y garantiza el pleno y pacífico despliegue de aquéllas, aunque sea al precio de convertir el Derecho penal en ariete de clase.

Tras la huelga general del 29 de marzo, el Ministro de Interior anunció que partidos políticos y sindicatos responderían penalmente por los delitos cometidos por sus afiliados participantes en manifestaciones convocadas por aquellos. El 31 de octubre el Ministro de Justicia, sin desmentir ni confirmar lo anterior, manifestó, en sede parlamentaria, su propósito de acabar con el “privilegio” que supone la exclusión de partidos políticos y sindicatos del régimen general de exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliamente aceptada en Derecho comparado, fue incorporada al ordenamiento español en los últimos meses de mayoría parlamentaria socialista. Se pretendía con ello responder eficazmente a la criminalidad económica y financiera protagonizada por sujetos económicos que actúan prácticamente siempre bajo la forma de sociedades mercantiles. De ahí que el Código Penal español decidiera castigar, además de a la persona física responsable, a la sociedad, cuando sus representantes y directivos, o sujetos no debidamente controlados por éstos, actúen delictivamente por cuenta de aquélla y en su provecho. A subrayar que para que puedan responder penalmente las personas jurídicas, se requiere un comportamiento delictivo de sus directivos, representantes o de personas “sometidas a la autoridad” de éstos.

Quedan excluidos de esta norma las administraciones públicas, las entidades públicas empresariales, los partidos políticos y sindicatos, y aquellas organizaciones que ejerzan potestades públicas, que ejecuten políticas públicas o que presten servicios de interés económico general. La razón es obvia: su disolución, suspensión o clausura de establecimientos, que, son entre otras, las penas previstas para las personas jurídicas, podría tener efectos que van mucho más allá de lo que puede lícitamente ser pretendido por la norma penal. No puede olvidarse que, en lo atinente a los sindicatos, la Constitución les atribuye la representación y defensa de los intereses generales de los trabajadores, responsabilidad que no puede ser cancelada por una sentencia penal condenatoria.

La razonable exclusión de los sindicatos no significa impunidad. Las personas físicas que actúen aprovechándose de la estructura sindical siguen siendo, faltaría más, responsables penalmente. Pero también lo es el propio sindicato cuando haya sido creado, como artificial cobertura, para eludir responsabilidades penales.

Por el contrario, sí opera en la impunidad la empresa-persona jurídica en ciertos casos: en el ámbito de la criminalidad económica, la regla general es que responda penalmente; sin embargo nuestro Código Penal dispone que no lo hará cuando se trate de delitos contra los derechos de los trabajadores. Y sobre esta cuestión guardan silencio tanto las declaraciones gubernamentales como los proyectos de reforma. También los portavoces de la oposición.
Si ya existen cauces para exigir responsabilidad criminal a sindicalistas y sindicatos delincuentes, ¿qué sentido tiene, dos semanas antes de una huelga general, la amenaza parlamentaria del Ministro de Justicia? ¿Está anunciando que pretende la disolución de los sindicatos o la suspensión y recorte de sus actividades por hechos delictivos cometidos por los participantes en manifestaciones, reuniones y demostraciones de protesta? ¿Es que piensa el señor Ministro que esos participantes, incluso cuando sean militantes sindicalistas, están “sometidos a la autoridad” de los directivos de la persona jurídica? ¿No está confundiendo el señor Ministro –Botella dixit– peras con manzanas?

A su vez, el “Proyecto de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social”, ya en tramitación parlamentaria, castiga el disfrute indebido de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, lo que supone una nueva intromisión en ámbitos infraccionales de mínima entidad. Se criminaliza, en efecto, al trabajador que defrauda, percibiendo indebidamente prestaciones, cualquiera que sea su cuantía. Pero cuando la defraudación –eludiendo el pago de cuotas, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de deducciones también indebidas– sea protagonizada por el empleador, solo alcanzará la categoría de delito si excede de 50.000 euros. Sorprende la inquisitorial persecución del fraude de bagatela, sobradamente cubierto por el Derecho administrativo sancionador, cuando, simultáneamente, el RDL 12/2012 aprueba una amnistía fiscal que no solo exonera de responsabilidad penal a los titulares de bienes no declarados sino que, además, los premia con un tipo impositivo inferior al propio de la tributación regular.
Al margen del Derecho penal, el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Borrador de Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pretenden suprimir el acceso gratuito, por parte de los trabajadores, a la Justicia en el orden social, en el contencioso y en los procesos concursales. De un plumazo se acabaría con uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el trabajador para controlar, en materias que le son vitales, el poder de decisión del empresario.

Y todo ello al margen de la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Reforma del Código Penal presentado al Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre. Al margen del Anteproyecto de la prisión permanente revisable –después de veinticinco años de cumplimiento–, de la custodia de seguridad –privación de libertad de hasta diez años de duración subsiguiente y acumulada al cumplimiento de la pena de prisión impuesta–, de la calificación del hurto en cualquier cuantía como delito, etc.

Hay que sospechar que el Ministerio de Justicia pretende hurtar al debate parlamentario centrado en el Anteproyecto de reforma del Código Penal, las innovaciones dirigidas sin tapujos a la imposición de una disciplina penal de clase. Quizá porque se acepta que la forma natural de contacto de las capas de población económicamente subalternas con el Derecho es la exclusivamente represiva. ¿Para cuándo una reforma que cierre el círculo, incorporando al Derecho vigente un precepto del tenor del art. 222 del Código Penal de 1944, que castigaba con pena de prisión la mera participación en “las huelgas de obreros”?

lunes, 12 de noviembre de 2012

¡A LA HUELGA!


Joaquín Aparicio Tovar

A esta huelga hay que ir por necesidad. Hay un malestar generalizado por la actual situación pero la mayoría de la población no ve una alternativa, lo que es un buen caldo de cultivo para el fomento de las peores pasiones de los seres humanos hábilmente estimuladas por quienes han provocado esta situación, los detentadores del poder económico transnacional, a través, entre otros instrumentos, de sus huestes mediáticas. 

La historia nos muestra que en situaciones parecidas estas manipulaciones trajeron el fascismo.  Hoy asistimos a la intoxicación del virus de la antipolítica, que no es otra cosa que expandir la enfermedad del autoritarismo antidemocrático.  Un ejemplo nos lo ha dado un personaje de zarzuela de la derecha española, que en sí mismo sería irrelevante si no fuera porque expresa el persistente modo de ver el mundo del pensamiento reaccionario propio de la clase acomodada española ahora muy en sintonía con el neoliberalismo. Ese personaje ha llegado a decir que los sindicatos no están legitimados para cuestionar con medidas de acción como la huelga la política económica dictada por las élites del dinero. Critican que otros que no son ellos hagan otra política y de una forma diferente. Son los políticos de la derecha que claman contra “la política”. Es un flagrante ejemplo de pensamiento autoritario protofascista porque, precisamente, se produce cuando el partido gobernante hace una política clamorosamente distinta a la que sostuvo en su programa electoral.  En estas condiciones la huelga es una necesidad porque es una forma de corregir la viciosa política dominante de “no hay alternativa” en un impulso de revitalización democrática.

Es una forma de que los trabajadores defiendan la dignidad que la reforma contralaboral  les expropia al dar a los empresarios un poder tan extraordinario que convierte a la empresa en un territorio de autoritarismo patronal. Es una forma de luchar por el pleno empleo para que los trabajadores sean ciudadanos con derechos y no seres aterrorizados por la amenaza de desempleo. Es una forma de que los estudiantes y los enseñantes digan no a la destrucción de la enseñanza pública y de calidad que traerá más ignorancia, desigualdad y pobreza. Es una forma de que los trabajadores de la sanidad se rebelen contra la explotación mercantil de su trabajo, un trabajo que no se compensa con los salarios (más bien exiguos), sino con la satisfacción profesional de saber que está dirigido a la mejora de los pacientes, no de los bolsillos de unos accionistas que se enriquecen haciendo a la salud objeto de tráfico comercial. Es una necesidad, en fin, para la construcción de una sociedad en la que, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy, las desigualdades y la libertad sean reales para poder ofrecer a la mayoría de sus miembros un presente y un futuro en el disfrute de los derechos y de los bienes que hagan posible el desarrollo de la personalidad.

Es necesaria porque cuando las instituciones representativas del Estado actúan a favor, no de la mayoría de los ciudadanos, sino de una minoría oligárquica que detenta el poder económico, en especial el financiero (ahí están los desahucios), son los ciudadanos los que tienen que ir a la acción paralizando la actividad productiva y el consumo para exigir otra política.  El cambio de política es posible, solo hace falta la fuerza de la unión de la inmensa mayoría de las personas dañadas en esta guerra de clases que los poderosos han desencadenado con ellas para acabar en Europa con una de las mejores herencias del siglo XX: El Estado Social y Democrático de Derecho. Esta huelga, en concreto, no gusta a las clases dirigentes porque, por primera vez, no se circunscribe al ámbito español, sino que, recuperando una vieja tradición del movimiento obrero, es una respuesta supranacional europea a la transnacionalidad del capital marcando un camino a seguir.

domingo, 14 de octubre de 2012

UN REFERENDUM EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA




Sin derechos no hay democracia. Tampoco hay democracia cuando se violentan las formas y procedimientos marcados en la Constitución para la adopción de las leyes, así como cuando se altera la relación entre representante y representado hasta degradar a este último a la vieja condición de súbdito.  En las democracias  representativas la perversión del principio democrático  se acentúa cuando el representante utiliza los diversos mecanismos que el sistema le ofrece para actuar al margen del representado.  Una de de las peores corrupciones es la conversión de las elecciones en un instrumento de selección de los gobernantes con la mediación del dinero que controla la propaganda y los medios de formación de la opinión. Una vez celebrada la elección la degradación de la democracia está servida cuando el gobernante elegido se siente investido del poder de actuar al margen de cualquier compromiso con los electores para satisfacer a la oligarquía que detenta el poder económico y tanto tuvo que ver en su elección. 

El Estado Social y Democrático de Derecho, propio de las sociedades europeas de la segunda postguerra mundial y proclamado en nuestra Constitución con la forma política en que España se constituye, es un modo de mejorar las deficiencias de las democracias liberales oligárquicas mediante el reconocimiento de los derechos sociales y la orientación de toda la actividad de los poderes públicos a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En esta forma de Estado los sindicatos son piezas esenciales de la estructura constitucional y la concertación social un medio eficaz de mejorar las limitaciones de la representación política.  Si la vida democrática fuera sana, recordar estas evidencias sería un mero ejercicio de pedagogía académica, que nunca está de más, pero cuando insistir en lo evidente se ha convertido en una apremiante necesidad en la vida pública, es señal de la preocupante degradación de los valores democráticos que se está produciendo en España ( y en Europa) en estos momentos.

El PP obtuvo en las elecciones de 2011 el respaldo de aproximadamente 10.500.000 electores (una importante cantidad pero minoría del censo) que le permitieron, merced a la ley electoral, obtener una holgada mayoría absoluta. En contraste, el PSOE en las anteriores elecciones obtuvo algo más de 11.000.000 de votos y no obtuvo esa mayoría. En el 2011 los electores castigaron a este último partido, que se había embarcado en una política de recortes de derechos sociales y de sometimiento a los poderes económicos, cuyo ejemplo final fue la artera reforma de la Constitución, pactada con el PP. Es bien conocido que el programa que el PP presentó a los electores en su campaña excluía el recorte de derechos, sin embargo, una vez instalado en el poder político, de inmediato despreció la concertación social y ha llevado a cabo el más brutal recorte de derechos sociales que se haya hecho desde la promulgación de la Constitución, con la consecuencia de que está aumentando enormemente el desempleo, la desigualdad  ha llegado en España a ser una de las más altas de la UE (34 puntos del índice Gini), y la pobreza y la miseria ya afectan a una gran parte de la población. Esas medidas, además, se están adoptando con un desprecio a las formas más elementales del funcionamiento parlamentario, que, no hay que olvidar, es el medio en el que deberían expresarse los representantes del titular de la soberanía: el pueblo. La justificación del Gobierno del PP es que esos recortes se hacen porque no hay otra alternativa posible a la crisis  y, como única solución, es la que también exigen “los mercados” y los organismos supranacionales e internacionales. Pero esa justificación es falsa y antidemocrática, como cada día que pasa se puede apreciar con más claridad. En 2007 España tenía una deuda pública en torno al 37 por ciento del PIB, una de las más bajas de la UE,  y, en lugar de déficit, presentaba un superávit del 1,5 del PIB, pero la deuda privada era (y es) enorme. En la actualidad la deuda pública ronda el 80 por ciento del PIB y sigue subiendo, con unos intereses altísimos cuyo pago acaba en las manos de empresas financieras y socava los recursos que deberían estar destinados, por ejemplo, a educación y sanidad. Lo que está haciendo el Gobierno es simplemente convertir la enorme deuda privada de los bancos y las empresas (las familias ya la están pagando o les están desahuciando) en deuda pública. Es decir, el pueblo debe pagar las insensatas y egoístas decisiones económicas que la oligarquía española y no española (los bancos alemanes y franceses también están detrás de todo esto) adoptaron aprovechando la ausencia de regulaciones y controles públicos, que previamente habían conseguido imponer como dogma universal. No es cierto que “la economía”, como si fuera un designio de la naturaleza frente al que nada se puede hacer, se imponga a la política, no, se trata de una decisión política que utiliza argumentos extraídos de una concreta narración económica para hacer prevalecer los intereses de la clase social que conforma la oligarquía financiera. Lo que está ocurriendo se ajusta con toda exactitud a lo que Marx y Engels dijeron en 1848 cuando calificaban al poder público como el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.

Pero, llegados a este punto, cabe preguntarse por el valor y la esencia de la democracia. Si se cree que la democracia es la mejor manera de organizar la convivencia, entonces no cabe duda de que hay que repudiar la degradación de las formas y los contenidos (los derechos) que se está produciendo. Es hora de hacer otra política y de que el Gobierno, si quiere tener algo de legitimación democrática, deje de ser ese Consejo de Administración de la oligarquía y convoque directamente al pueblo para que se pronuncie sobre aspectos tan esenciales para su bienestar como es la política de recortes de derechos que está sufriendo, que, sin duda, tiene “la especial transcendencia” que pide el art. 92 de la Constitución para ser sometida a referéndum consultivo, que debería ser vinculante.

 Es bien sabido que nuestra Constitución tiene una fuerte impronta autoritaria al no admitir (como la Constitución italiana, por ejemplo) consultas directas a la ciudadanía en forma de referéndum que puedan incluso derogar leyes aprobadas por las Cortes. Tampoco las élites dirigentes de la Unión Europea aceptan de buen grado la llamada a las urnas del pueblo para que se pronuncie sobre asuntos concretos que le afectan. Parece que quedaron escarmentadas con los rechazos populares en Francia y Holanda a la llamada Constitución europea, pero el caso más escandaloso fue su violenta reacción ante el intento del Gobierno griego de Papandreu de llamar al pueblo a referéndum para que se pronunciase sobre las exigencias del rescate. Tan violenta que impidieron el referéndum y provocaron la dimisión de aquel gobierno para imponer uno “tecnocrático”. Sin embargo, ante el grave deterioro de la convivencia civilizada que se está produciendo en España no cabe si no reaccionar con la convocatoria de un referéndum, pues el gran riesgo es que de esta crisis se acabe saliendo dentro de muchos años (como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”)  pero con mucha más pobreza, más desigualdad, menos libertad y, por ende, con menos democracia.

sábado, 22 de septiembre de 2012

LOS DERECHOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA ENTRE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y LA EMERGENCIA DEMOCRÁTICA


Ha terminado el Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla –La Mancha, en su sede de Toledo. El Curso empezó el día 10 de septiembre y durante dos semanas los 24 participantes han estado debatiendo y estudiando sobre el tema genérico que encabeza esta entrada. Este curso empezó su andadura en 1988 en la Universidad de Bolonia con el impulso de Pedro Guigelmeti y Umberto Romagnoli y desde hace varios años continúa su andadura en la Universidad de Castilla-La Mancha con la colaboración de las universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia y Verona.

Todas aquellas personas que han participado en las distintas ediciones del Curso han formado un grupo multinacional que cada año se reúne en un lugar distinto del continente a debatir sobre un tema de actualidad. Es una milagrosa fraternidad que con una gran pluralidad ideológica el nexo común de aspirar a una sociedad civilizada en la que se respeten los derechos sociales y sean la base de la convivencia. El objetivo del curso este año ha sido indagar cómo la llamada “emergencia económica”, que tan utilizada ha sido a finales de los 90 y en  los años iniciales del nuevo siglo en América Latina, está dando lugar en Europa a un cambio de paradigma que pone en cuestión, no solo el estado social, sino también el estado democrático, tal y como había venido siendo entendido hasta tiempos recientes. La gran cuestión es si Europa saldrá de esta crisis más empobrecida y menos civilizada. O dicho de otro modo, si las libertades del “mercado” serán inmunes a la participación democrática, a las decisiones políticas, generando con ello fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza. Por lo estudiado en estas dos semanas las perspectivas no son muy alentadoras si  no se produce una mayor integración política en Europa y se corrijan los grandes déficits  de democracia.


El Curso de este año ha contado con la participación de los profesores Joaquín Aparicio, Carlos Berzosa, Miguel Rodriguez-Piñero, Alberto Montero, Joaquín Pérez Rey, Berta Valdés, Laura Mora, Gerardo Pisarello, Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT en España, Torcuato di Tella, sociólogo y actual embajador de Argentina en Roma, Federico Martelloni, Donata Gotardi, Luigi Mariucci, Gian Guido Balandi, Andrea Lassandari y Umberto Romagnoli. Rodolfo Benito tuvo una importante intervención dando una profunda visión sindical del conflicto social que se está generando en Europa.

lunes, 17 de septiembre de 2012

ITALIA: UN REFERÉNDUM SOBRE EL TRABAJO





Nota editorial. La red de blogs que configuran la blogosfera de Parapanda tienen  el gusto de publicar la traducción al castellano de un artículo de Umberto Romagnoli, publicado en el diario Il Manifesto del 14 de septiembre pasado, en el que explica y toma partido por la iniciativa de convocar un referéndum en el que los italianos decidan si mantienen o derogan dos normas que se han introducido en el ordenamiento jurídico italiano con ocasión de la crisis (2011 y 2012), y que afectan a dos aspectos esenciales de las relaciones laborales. En una, la norma italiana permite que los convenios de empresa puedan no aplicar los convenios colectivos nacionales de sector ni una parte sustancial de la legislación laboral en aquellas empresas o centros de trabajo donde así se pacte con el empleador. En la otra, se modifica el régimen italiano sobre el despido vigente desde 1970 en el sentido de que el despido declarado improcedente tiene como efecto la readmisión del trabajador. Esta readmisión obligatoria que era la regla general del despido injustificado queda ahora reducida al despido disciplinario, mientras que se sustituye por una indemnización en los casos de despidos objetivos o por causas económicas, aunque el régimen legal al que se llegó tras un pacto transversal con el gobierno Monti que incluía también al Partido Democrático es más complicado y embrollado. La iniciativa del referéndum  busca, en este sentido, derogar las modificaciones introducidas en este cambio legal último.
En el artículo, Romagnoli – que forma parte del comité impulsor del referéndum – explica el sentido de este referéndum y sus objetivos. Una contribución especialmente sugerente para el caso español, en donde la protesta social se vertebra en torno a la exigencia de un referéndum sobre las políticas antisociales y fracasadas del gobierno del PP.

Con el referéndum regresa la política

Umberto Romagnoli

La historia del trabajo, ya se sabe, es una historia de rescate y de chantaje. Pero el chantaje no ha tenido nunca la imprudente visibilidad, la dureza y la extensión que ha adquirido desde el caso FIAT en Pomigiliano  hasta ahora. Es algo que está a la vista de todos, pero que no está bien decirlo. Es políticamente incorrecto. De hecho, como era inevitable, la iniciativa por el referéndum en materia de trabajo ha suscitado las airadas reacciones de la politique politicienne. Se ha dicho que la iniciativa era improponible, inoportuna, sin criterios. Prescindiendo del contenido de las preguntas depositadas ante el Tribunal Supremo hace pocos días, y ello de un lado porque nuestros políticos suelen comportarse así, de otro porque entendían que los “difíciles pero avanzados compromisos” obtenidos  - respecto a la reforma del art. 18 del Statuto dei Lavoratori  sobre el despido – no podían ser discutidos de nuevo o, haciendo honor a la regla según la cual no se debe molestar al conductor, todo lo más les correspondía ajustarlos sólo a ellos mismos.

Por el contrario, la instancia del referéndum y la campaña que seguirá para la recogida de firmas sirven para sustraer la regulación del trabajo del opaco bricolaje de las transacciones privadas y para restituir a la política del derecho del trabajo la centralidad que le corresponde en el debate público. En definitiva, la politique politicienne no ha ni siquiera concebido la sospecha de que la participación popular se haya solicitado para transmitir a la población – que, sin saber aún con qué ley electoral se procederá a votar en las elecciones de abril 2013, no puede tampoco imaginar las características del futuro gobierno – un mensaje de tranquilidad y de esperanza. La tranquilidad de saber que la recuperación de la normal dialéctica política de cuya autenticidad se está perdiendo el gusto y el recuerdo, no sólo es lícita, sino que es posible aquí y ahora la esperanza de contribuir a dar una estable perspectiva de desarrollo en un área crucial de las relaciones sociales: el trabajo asalariado – al que el Doctor Strangelove que por más de diez años ha formado parte del los espacios de gobierno quería  despojar del derecho a tener derechos.

Al decir esto me refiero no tanto a las preguntas del referéndum que, revisitando críticamente la regulación del despido que se desprende de la reforma de la ministra de trabajo Fornero, prevé el retorno a la versión originaria del art. 18 del Statuto dei Lavoratori, sino más bien a la pregunta sobre el art. 8 de uno de los innumerables decretos-leyes anti-crisis emanados en los últimos días del gobierno dimitido de Berlusconi.

Es cierto que el tema del despido como objeto de las preguntas del referéndum, ha producido (por inercia, por pereza mental o quizá por ignorancia) un efecto – vampiro sobre la prensa escrita, pero la normativa que constituye el objeto del artículo 8 del decreto-ley anti-crisis es mucho más devastadora. Y lo es porque amenaza la misma existencia del derecho del trabajo como parte del ordenamiento general provista de una identidad y de una organicidad propia. Es un semi-elaborado que, confeccionado en medio de una situación comparable (no sin razón) con la que acompaña a la retirada de un ejército en fuga, debe haber creado serias dificultades incluso a quienes aprobaron su conversión en ley, dado que se votó simultáneamente un orden del día proveniente de la oposición en la que se prometí volver a examinar este tema. En efecto, previendo que la “negociación colectiva de proximidad” (es decir, periférica, empresarial y/o territorial) pueda derogar in peius no sólo los convenios sectoriales de ámbito estatal, sino también gran parte de la legislación aplicable a la relación de trabajo, la norma sanciona el definitivo y prácticamente total abandono del principio de inderogabilidad de las reglas producidas por las fuentes constitucionalmente legitimadas del derecho del trabajo, además de suponer la evaporación del principio según el cual a trabajo igual deben corresponder iguales derechos, económicos y de cualquier tipo. Es decir, es la primera vez que un legislador vende su función a sujetos privados. Es claro que en la historia de los parlamentos modernos no hay antecedentes de este tipo. Por eso nadie me puede culpar de haber adoptado una “actitud militante” si, teniendo “el privilegio de poder hablar a la opinión pública en nombre de algo que tenga que ver con cultura y política”, comento favorablemente la petición de una consulta popular sobre el trabajo. Es cierto que, como ha escrito Gustavo Zagreblesky en La Repubblica del 19 de julio, “en el clima cargado de final de legislatura hay que resistir a la llamada a las armas”, lo que no es fácil. Pero el reconocido jurista no habría creído nunca que pudiese ser tan poco complicado mantener las debidas distancias incluso al hablar de un referéndum derogatorio que, a su manera, implica de por sí “una llamada a las armas”. El caso es que esta vez la derogación tiene por objeto una opción normativa que no daña solo a una parte, sino a todas. También a los empresarios, salvo aquellos que han desarrollado un despiadado instinto predatorio  y prefieren el mercado de las reglas a las reglas del mercado. Es extraño, pero el gobierno Monti  no se ha dado cuenta de ello y no ha depurado el ordenamiento.

Nada original, sin embargo, es el segmento de la reforma de la ministra de trabajo Fornero que los impulsores del referéndum proponen formatear. De la innovación, frente a lo que se declaró como propósitos expresos, puede decirse que, si  bien lesiona bastante a los trabajadores, no agrada en la misma manera al mundo de las empresas. La norma que ha sustituido al art. 18 es laberíntica, retorcida, contradictoria. Se diría que es el producto del exceso de conciencia que atormenta a la insegura ministra de trabajo: lo atestigua la obsesiva y casi maníaca búsqueda de distinciones pseudo-conceptuales y de hiper-correctismos cuya intrincada armazón hace del conjunto legislativo un concentrado de irracionalidades. Quizá a los pandectistas del siglo XIX no les habría disgustado una manifestación tan aguda de formalismo abstracto. Pero también los súbditos de ayer, si hubieran podido manifestar sus opiniones con la libertad de los ciudadanos de hoy, se las habrían dicho de todos los colores.

Il Manifesto, 14 septiembre 2012

martes, 4 de septiembre de 2012

LOS ECOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA DE PARAPANDA LLEGAN AL MAR DEL PLATA.





Willy Jaimbuad, atento seguidor de los acontecimientos de la esfera paparandeña, nos comunica que la noticia del nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Parapanda ha provocado un temblor telúrico en el Mar del Plata cuyas consecuencias, por el momento, no están bien evaluadas, pero cuando la polvareda levantada está empezando a reposar parece que se atisba una desaceleración del movimiento centrífugo del sindicalismo porteño que en los últimos tiempos ha dado lugar a la ruptura en dos de la unitaria CTA y a la apertura de fisuras en la peronista CGT que no se sabe como podrían acabar. Ya se sabe que la pluralidad sindical se justifica y se teoriza, pero también que la unidad se deshace en la práctica mientras se predica un discurso que dice lo contrario: “¡Unidad, Unidad! Pero tu por aquí y yo por allá.”

El nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Paparanda (AVANCE DE LA UNIDAD SINDICALha sido como un revulsivo en aquellas tierras y aguas, hasta el punto que tras la ingestión en señal de alegría de algunas copas de malbec algunos sindicalistas de diversa clase y condición se han puesto en acción para seguir el ejemplo. Está por ver si el movimiento centrífugo  anterior se sustituye por uno centrípeto. Parece ser que una selecta representación de estos sindicalistas ha pedido una reunión con los dirigentes de la nueva Federación en la afamada localidad de Fuentealbilla, encomendándose todos ellos al santo laico Andrés Iniesta. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en medio de los afanes de la Marcha a Madrid del 15 de septiembre.

domingo, 26 de agosto de 2012

PACO FERNÁNDEZ BUEY


Ayer sábado, 25 de agosto, el mismo día que se celebraba el 68 aniversario de la liberación de París en el que por primera vez se reconocía y honraba a los republicanos españoles que entraron los primeros en la ciudad con los tanques de la división Leclerc, fallecía Paco Fernández Buey, una de las personas imprescindibles. Muchos en la meseta no tuvimos el privilegio de tratarle en persona, pero eso no era obstáculo para sentirle como alguien próximo, porque en sus en sus escritos se traslucía una bondad que hacía sentir al lector la presencia cordial de un compañero y amigo. Un amigo empeñado en las más hermosas utopías en las que todo ser humano se puede reconocer.

Su cultura inmensa iba acompañada de una enorme curiosidad y honestidad intelectual. Es una delicia, por ejemplo, leer sus páginas sobre la cultura y el arte del quattrocento italiano en las que reflexiona sobre la visión de los pintores de la ciudad ideal.  Era un maestro en tantas cosas, pero sobretodo en alentar una conciencia crítica que no renuncia a llamarse comunista pero se aleja del dogmatismo y autoritarismo. Con cierta tristeza uno se siente inclinado a pensar que con las pérdidas de gente como Sacristán, Vázquez Montalbán y ahora Fernández Buey son muchas las pérdidas de personas imprescindibles, pero como se nos anima en el blog hermano Metiendo Bulla, nos quedan sus escritos y su enseñanzas.

viernes, 20 de julio de 2012

DESDE ITALIA



Se está celebrando en Módena la XIX edición del seminario de Pontigano, un seminario que recibe ese nombre de la abadía que se encuentra muy cerca de  Siena. Es un seminario que se dedica al análisis, desde un punto de vista comparatista, de una institución del Derecho del Trabajo, elegida cada año según criterios de oportunidad. Este año el seminario se ha centrado en el estudio de la descentralización de la negociación colectiva. Al seminario acuden doctorand@s y profesor@s de Italia, España, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Austria.


Como no podía ser de otro modo la contrarreforma española ha despertado el interés de los participantes que no pueden creer que en un país democrático de Europa las cosas hayan llegado al punto en que las ha llevado el PP. La democracia está en peligro en Europa, es la opinión ampliamente compartida, y el caso español es una muestra.  El 20 de julio la atención estaba puesta en la protesta social que inundó las calles de las ciudades españolas. La mayoría de la prensa, muy favorable, como es ya común, a los intereses del capital, no pudo esta vez ocultar la amplitud de la respuesta popular frente a las medidas de recortes de prestaciones y servicios sociales perpetrados por este gobierno. Pero para todo lector de la prensa italiana ha sido sorprendente la afirmación del ministro de Hacienda, el sr. Montoro, de que no hay en las arcas públicas recursos para mantener los servicios públicos. Es una noticia destacada de primera página. Si lo que pretendía con esas declaraciones era justificar tan brutales medidas ante la opinión pública interna el día en que el Congreso de Diputados las convalidaba, y de paso, como siempre echar la culpa al anterior gobierno, lo que ha conseguido es destrozar todavía más la imagen del país en el extranjero. No es extraño que pocos minutos después la prima de riesgo haya superado el record histórico y se sitúe en 590 puntos. También se han mostrado fotografías de la dureza de la represión policial y la revuelta por las calles de Madrid.  ¿Cómo es posible que alguien que ocupa un importante papel en la gestión de la cosa pública pueda actuar con tanta ligereza?  La mayoría de los  participantes en el seminario están convencidos que, después de la jornada de ayer, el Gobierno del PP carece de la mínima legitimidad y credibilidad y, por ello, debe de inmediato dimitir.

jueves, 12 de julio de 2012

LA UE Y EL PP DESTROZAN LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA



La doctrina del shock está siendo aplicada a rajatabla por el Gobierno del PP siguiendo las órdenes de los eurócratas de Bruselas y del BCE.  El sueño de una Europa como espacio de democracia, libertad e igualdad que fuese ejemplo de un orden interno mundial de que auspiciaba, entre otros muchos, Habermas, ha desaparecido. La UE se ha convertido en una amenaza para la democracia al ponerse al servicio de la oligarquía financiera europea.

El caso español sigue la senda de Grecia, Italia, Portugal, Irlanda. Pero el deterioro democrático también llega a Alemania y otros países centrales si persiste en esa política de estabilidad financiera, política fiscal regresiva y adelgazamiento del Estado social.
En 2007 España era desde el punto de vista de los ortodoxos de la estabilidad financiera modélica. No había déficit, sino superávit en las cuentas públicas, lo que invalida la propaganda mentirosa del actual gobierno de que el anterior era despilfarrador que gastaba más de lo que tenía. La deuda pública era muy pequeña, una de las más bajas de Europa Así las cosas el Gobierno Zapatero puso en práctica una desastrosa política fiscal de reducción de impuestos a las clases acomodadas. El Estado se financiaba sobretodo con impuestos sobre el consumo (IVA) y sobre las rentas del trabajo. Por ello con el estallido de la crisis, con la consecuencia de desempleo y retracción del consumo, el Estado entra en déficit, no tanto por exceso de gasto, sino, sobre todo, por defecto de ingresos.  A partir de ahí la llegada del PP al gobierno la hace negando que va a  aplicar subida de impuestos y recortes en los servicios sociales.  Pues bien, no ha hecho otra cosa desde que ha llegado. Los recortes en sanidad y educación han sido brutales, hasta el momento 10.000 millones de euros, pero se anuncian más. Pero más brutal es que al mismo tiempo se han dado enormes cantidades a los bancos. Solo a Bankia, el banco mimado del PP, ha recibido  más 24.000 millones. Más del doble de todos los recortes en sanidad y educación.

Las medidas anunciadas son de una brutalidad que solo seres despiadados y serviles son capaces de hacer. Ayer se anunciaron nuevas medidas: Debilitarán lo público mediante la reducción de salarios y del volumen de empleo de los servidores públicos quienes vienen sufriendo una dura campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Atacarán la Seguridad Social al reducir la cuota patronal en dos puntos, al reducir la prestación por desempleo, al aumentar la edad de jubilación y endurecer los requisitos para el acceso a la pensión. Favorecerán los fondos de pensiones privados. Han destrozado las prestaciones para las personas dependientes, subirán el IVA, que es el impuesto más regresivo que existe, eliminarán las deducciones fiscales por compra de vivienda y, sin embargo, ni una sola medida impondrán que haga cargar las consecuencias de la crisis a aquellos que la provocaron.  Estas medidas, sumadas a las que ya han adoptado, como la reforma contralaboral, traerán pobreza, desempleo, atraso. Condenaran a una generación a la desesperación. Será la generación joven actual la más preparada de la historia de España, pero será una generación perdida.  Cabe preguntarse cómo es posible que sabiendo que esas son las consecuencias el Gobierno de la nación haya adoptado esas medidas. La respuesta del gobierno es doble. Una es cierta: Son medidas exigidas por Bruselas y los “mercados”. Otra es falsa, cual es que a largo plazo traerán empleo. Pero ambas vienen en el apestoso envoltorio de la mentira: Se ha despilfarrado con anterioridad, dicen,  y otros son los responsables de estos desatinos. La realidad es que todas esas medidas sirven para que ante todo cobren sus deudas los bancos alemanes (y franceses y belgas) que habían dado a manos llenas dinero a la banca española para ganar todos ellos con la burbuja inmobiliaria. Ese era el problema, la enorme deuda privada española. Las ayudas europeas van destinadas, no a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, españoles incluidos, sino a beneficiar a la oligarquía financiera. Un solo dato: No se sabe a ciencia cierta cuanto millones de euros necesitan los bancos españoles, pero los últimos recortes anunciados para el sector público suponen 65.000 millones. La cantidad máxima solicitada de Europa es de 100.000, y se dice “ off the record” que la banca española necesita con urgencia 63.000 millones. Las cifras casan ¿no?.

Así las cosas no hay que ser adivinos para ver un panorama de graves conflictos sociales, como el de la minería. En ese conflicto se ha visto cómo los mineros han recibido una ola de solidaridad mostrada con evidencia en Madrid en el día de ayer. La respuesta violenta de Gobierno no se ha hecho esperar. Negro panorama para el otoño.


domingo, 1 de julio de 2012

MEDITACION SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES




Es el título que, tomado de uno de los últimos trabajos de Oscar Ermida Uriarte, ha recibido el seminario organizado por el Instituto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de la República, la Facultad de Derecho de la misma Universidad y  la Fundación Electra en memoria del citado profesor y amigo en el primer aniversario de su fallecimiento, que ha tenido lugar el 28 de junio en el Paraninfo de la Universidad de la República, en Montevideo. 
 El seminario ha contado con la participación como ponentes de los profesores Alfredo Villavicencio, del  Perú, Cesar Franco Landelino, de Guatemala, Francisco Tapia, de Chile, Oscar Hernández, de Venezuela, Wilfredo Sanguinetti de la Universidad de Salamanca, Adrian Goldin, de Argentina, Casio Mesquita Barro de Brasil, Joaquín Aparicio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rolando Murgas de Panamá, Juan Raso de Uruguay. Esta iniciativa ha sido posible gracias al impulso entusiasta del profesor Barbagelata y de los profesores Jorge Rosenbaum, Hugo Barreto y Hugo Fernandez, además del ya citado Juan Raso.
El seminario estuvo transido del recuerdo emocionado de Oscar Ermida y contó con la presencia de sus hijas e hijo y se centró en las funciones y objeto del Derecho del Trabajo en la actualidad a partir del comentario del trabajo que le dio título. Es bien conocida la figura de Oscar Ermida como profesor e investigador comprometido, pero en el coloquio final el profesor Carlos Casalás aportó el documento que parcialmente se reproduce más abajo que muestra al Oscar valiente y luchador por la democracia. Una faceta de sí mismo de la nunca hizo ostentación. Se trata del acta de una asamblea de trabajadores de una empresa farmacéutica celebrada el 10 de julio de 1973, pocos días después del golpe de Estado que instauró la dictadura de los militares en el Uruguay, un momento que es fácil imaginar lo terrible que fue. Los trabajadores ocuparon las instalaciones y se aprestaron a una huelga y a la resistencia y aguantaron con gran riesgo varias semanas. Los trabajadores en asamblea pidieron a un trabajador, que a la vez estaba en los últimos cursos de la carrera de Derecho, que levantase acta de lo allí acordado. Ese joven así lo hizo y firmó el solo dicha acta. Era Oscar Ermida. Ese documento, por fortuna, lo conservó el sindicato y parcialmente se reproduce aquí.

Montevideo, 11 de julio de 1973
En Asamblea realizada el día 10 de julio de 1973, el personal del Laboratorio Cooper decidió NO PLEBISCITAR la decisión tomada el día 27 del mes próximo pasado.
La presente resolución, aprobada por 78 votos contra 3, se basa en los siguientes fundamentos:
1)      La decisión gubernamental de promover este plebiscito en los diversos gremios no es más que una maniobra diversionista.- Se busca con ella distraer y dividir a los trabajadores en torno a problemas que no son otra cosa que una consecuencia de la verdadera cuestión: el golpe de Estado.- No son los métodos utilizados por la clase trabajadora para  resistir el golpe lo que hay que juzgar, sino la dictadura en si, […]

2)      Es obvio que, cuando hace dos semanas se viene sosteniendo ante la dictadura una férrea resistencia obrera, esta no puede utilizar los medios de expresión que aquella pretende imponer por la fuerza. ¿Cómo vamos a admitir “Consejos” de quienes congelan salarios, apalean, balean, e “ilegalizar” sindicatos por decreto?

[…].
6) Finalmente, los Asambleístas son conscientes de que luego de 15 días de Resistencia ininterrumpida, la dictadura apela al cansancio de los obreros, a su debilidad económica, al hambre, a la miseria, para minar sus espíritus y encontrar –supuestamente- en el secreto, un pronunciamiento no deseado por la propia clase trabajadora .-
Ante esta realidad, hemos decidido no renunciar a nuestros métodos ni a nuestros principios.-
No sabemos si en esta lucha saldremos vencedores o vencidos.- Pero si sabemos que si caemos derrotados, caeremos con dignidad.- Quien vive de un salario insuficiente, no tiene más tesoro que su condición de obrero; y los trabajadores no se traicionan a sí, ni entre sí.
ASAMBLEA DE OBREROS Y
EMPLEADOS DE COOPER


Firma el documento Oscar Ermida como redactor del Acta.

martes, 5 de junio de 2012

LIBERTAD, CIUDADANÍA, TRABAJO. IMPRESCINDIBLE BRUNO TRENTIN




Con la humildad que impone debatir con grandes expertos, se tercia en este blog en el dialogo que sostienen en los blog hermanos Metiendo Bulla y Según Antonio Baylos los grandes expertos en la obra de Trentin que son Jose Luís López Bulla, Paco Rodriguez de Lecea y Antonio Baylos. La ocasión viene de la magnífica iniciativa que  la Fundación de Investigaciones Marxistas, La Fundación 1º de Mayo, la Fundación Europa de los Ciudadanos y el Instituto Sindical han tenido al organizar un seminario en torno a la figura de Bruno Trentin en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid el día 1 de junio. Jose Luís López Bulla, con la generosa ayuda de brillantes expertos en la traducción, está vertiendo al castellano una obra central de nuestro autor,  La città del lavoro, accesible de momento en el blog que ad hoc ha creado. Las ideas que aquí se van a exponer, sin embargo, vienen a partir de otra obra fundamental de Trentin:  Lavoro e libertà, que es una recopilación de diversos artículos a cual más interesante.

La libertad es la pasión de Trentin. No es extraño en alguien que muy jovencito dirigía un grupo de partisanos con las armas en la mano en lucha contra el fascismo. Pero nos habla de la libertad en el camino de la emancipación de los trabajadores ¿cómo sino? Y, si de emancipación se trata ¿cómo es posible que en los lugares de trabajo no se haya podido, y ni siquiera muchas veces se cuestione, reequilibrar los poderes en el seno de la empresa?  No es posible la emancipación si en la empresa no se pone coto al poder que el empresario adquiere sobre las personas a partir de sus preexistentes poderes sobre cosas, sobre los medios de producción. Para Trentin la libertad y el conocimiento van por delante y, frente a una muy extendida idea de que el bienestar es la condición preliminar para poder gozar de la libertad, es más bien al revés. “No siempre es la miseria la causa de la opresión. Pero el desarraigo, la exclusión y  la opresión, por el contrario, son siempre la causa de la miseria”. 

El desarrollo del Estado Social, con sus políticas de bienestar, ha extendido los espacios de democracia en las sociedades de la segunda postguerra mundial. Beveridge nos decía, en lo que podemos ver como una tradición aristotélica, que el plan de la Seguridad Social es un plan para avanzar en el camino para que triunfe la libertad frente a la necesidad.  La garantía de la existencia mediante derechos a las pensiones, la protección de la salud, limites en el tiempo de trabajo, seguridad en los lugares de trabajo, mejores salarios, etc... derecho a la educación pública, políticas de transportes, de vivienda, han hecho posible la democracia al convertir a los trabajadores de siervos excluidos en ciudadanos.  Pero esos derechos se han conseguido fuera de los lugares de trabajo, en los que, sin embargo, el autoritarismo empresarial campa, mucho más después de la reforma contralaboral que se está auspiciando desde la Comisión Europea y que en España ha tenido una feroz expresión. El sindicato ha apenas arañado superficialmente ese poder.

En la tercera revolución industrial, ésta en la que estamos, caracterizada por el uso masivo de la informática y la velocidad de comunicación en un mundo global con recurso fácil a la deslocalización, en la que a los trabajadores se les expropia de un conocimiento en constante evolución , pero se les exige, por el contario, responsabilidad por sus intervenciones en la producción, y se difunde la precariedad y la inseguridad en el trabajo, la lucha por el derecho a la información preventiva, por el control de la organización del trabajo, por el control del tiempo de trabajo para que los trabajadores sean capaces de ordenar tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo en función de sus necesidades de autorrealización como personas, es la tarea urgente que, según Trentin, debe afrontar el sindicato.

Ahora bien, esa, no se nos puede pasar por alto, es una tarea ingente en unos tiempos en los que no se visualiza, todavía con claridad, un proyecto emancipador global. Mientras, el sindicato está obligado a soportar una desgastante lucha defensiva en todos los terrenos, en la empresa y fuera de ella. Su lucha en el espacio de la política, su actuación en la concertación social, sufre con frecuencia los improperios de los grupos que ven los intentos defensivos de las políticas de bienestar como colaboración con los poderes económicos. La lucha por los derechos de Seguridad Social, la lucha contra la vuelta al asistencialismo, la lucha por la protección de la salud fuera del mercado, la lucha por la educación pública y de calidad enfrenta hoy y aquí de manera muy clara a la gran mayoría de la población contra la oligarquía en un conflicto abierto en el que la potencia de los medios de persuasión no consigue nublar la conciencia de la ciudadanía. Es un conflicto duro en el que está en juego la democracia y en el que la Comisión Europea está jugando el penoso papel de sicofante de la oligarquía financiera contra los pueblos de Europa.

Aquí las ideas de Trentin nos son de mucha utilidad cuando nos dice que “el socialismo …debe ser concebido solo como una búsqueda ininterrumpida sobre la liberación de la persona y sobre su capacidad de autorrealización, introduciendo en la sociedad concreta elementos de socialismo - la igualdad de oportunidades, el bienestar en la comunidad, el control de la organización del trabajo, la difusión del conocimiento como instrumento de libertad- superando paso a paso las contradicciones y los fracasos del capitalismo y de la economía de mercado, haciendo de la persona, y no solo de las clases, el perno de una convivencia civil.”

¿No es introducir elementos de socialismo en la sociedad cuando la Seguridad Social saca del mercado las necesidades de asistencia sanitaria al proveer las prestaciones necesarias para recuperar la salud a toda persona con independencia de su condición personal de rico o pobre, de haber cotizado más o menos?  Defender la sanidad pública universal con prestaciones garantizadas con derechos subjetivos, defender la educación pública y gratuita es defender la democracia e ir construyendo una sociedad que se aleja, como diría U. Beck, del analfabetismo democrático propio del neoliberalismo. Por difícil que sea, la victoria en esas luchas nos permitirá salir de la miseria y del agobio para disfrutar de un pomeriggio di serena belleza (una tarde de serena belleza), que es el título de un dialogo entre Tentin, Vittorio Foa y Andrea Ranieri con el que se cierra el volumen sobre el que parcialmente se ha construido esta breve intervención.

sábado, 19 de mayo de 2012

EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA Y DE CALIDAD


Por fin sale a la luz el primero de los vídeos de esta primera campaña en defensa de la educación pública. Ha sido el resultado un proceso largo y emocionante en el que muchas personas se han implicado con entusiasmo.
Es el primer vídeo de una serie que irá saliendo en las próximas semanas. Este primer vídeo es una presentación, una brevísima introducción de los protagonistas del resto de la serie. Los próximos vídeos (irán saliendo cada diez o quince días) presentan un "diálogo" de todas las personalidades que han participado en nuestra campaña sobre los rasgos fundamentales que caracterizan a la enseñanza pública, igualdad, integración, cohesión social, pluralidad, creatividad, etc. con un contenido más reflexivo y analítico.  
Hemos intentado huir de perfiles políticos concretos y dirigirnos a todas las edades porque entendemos que la defensa de una educación pública de calidad  es cosa de tod@s.
El vídeo ha sido realizado por profesionales punteros en su campo que, exalumnos de la pública, han colaborado con generosidad. Los gastos derivados de la producción se han sufragado gracias a las aportaciones de nuestr@s soci@s colaboradores así como a donaciones que hemos recibidos de algunos centros educativos, Asociaciones y Plataformas.
Os animamos, desde la Asociación, a colaborar con nosotros de dos formas. En primer lugar ayudándonos económicamente en futuros proyectos pasando a ser "socios colaboradores" con una cuota anual a partir de 5 euros o realizando donaciones y en segundo lugar, difundiendo al máximo este documento, que salte a los medios de comunicación convencionales, que tod@s lo vean y se emocionen con nosotros en defensa de una escuela pública de calidad.
Este es el enlace con el vídeo en nuestra web:

viernes, 4 de mayo de 2012

Declaración de CC OO y UGT sobre la celebración, en Barcelona, de la Cumbre del Banco Central Europeo



Sobre la celebración en Barcelona, del 2 al 4 de mayo, de una cumbre del Banco Central Europeo (BCE), la ciudadanía española conoce que se va a suspender durante una semana el Tratado de Schenguen, restableciendo los controles policiales en la frontera, y que el Ministerio del Interior va a reforzar a los mozos de escuadra con el envío a Barcelona de 2.000 policías nacionales y guardias civiles. Y poco más.

Es un buen ejemplo de alguna de las razones que motivan el creciente y profundo desprestigio que las instituciones europeas tienen entre los ciudadanos de nuestro continente, en particular en nuestro país. Existen sobrados motivos para protestar por las políticas del BCE y sus repercusiones en la economía y la sociedad españolas. Pero, UGT y CC OO consideran que sólo son legítimas y útiles aquellas manifestaciones de protesta que se desarrollen de forma pacífica. El BCE es responsable, junto con la Comisión y el Consejo europeos, de las políticas de austeridad, recortes presupuestarios y reformas estructurales sobre las que, al cabo de dos años de su impulso y aplicación, se puede hacer ya un desolador balance. No han conseguido ninguno de los dos objetivos que, oficialmente, las justificaron: resolver la crisis de las deudas soberanas, permitiendo a todos los Estados de la UE pagar unos intereses razonables en sus emisiones de deuda pública, y reducir drástica y velozmente los niveles de déficit público.

Y, sin embargo, si han conseguido, en numerosos países europeos, en particular en España, los siguientes efectos: recaída en la recesión, aumento del número de desempleados –casi 25 millones en la UE; 5,6 millones, el 24,4% de la población activa en España-, y aumento sustancial de la pobreza, la desigualdad social y la economía informal. Para culminarlo, los gobiernos europeos, orientados u obligados por las instituciones de la UE –entre ellas el BCE- están realizando los mayores recortes de derechos sociales y laborales que se han conocido en Europa desde el final de la 2ª Guerra Mundial. Difícilmente unas políticas pueden presentar un balance tan negativo, al combinar tan altos grados de fracaso e injusticia. El BCE es muy responsable de ellas.

Las consecuencias políticas de esta situación son sumamente peligrosas para el futuro de la UE. Lo que están logrando las instituciones europeas, entre ellas el BCE, es poner en peligro la propia existencia de la UE. Deben de ser conscientes de que el Pacto social sobre el que se edificaron los Estados de bienestar europeos y la propia UE, está roto o seriamente deteriorado.
El diagnóstico sobre el fracaso de la política europea es tan ampliamente compartido que, en los últimos días, varios responsables políticos europeos, entre ellos el propio presidente del BCE, Mario Dragui, han emitido declaraciones diciendo que había que ocuparse del problema del crecimiento económico, incluso convocando una cumbre del Consejo sobre el tema. ¡Al cabo de dos años de tener al crecimiento y al empleo en el más absoluto de los
olvidos!

A la vista de las declaraciones sobre la cumbre del crecimiento emitidas por los máximos responsables del gobierno alemán, el único poder político real en Europa, en el sentido de que las políticas de austeridad y equilibrio fiscal y el Nuevo Tratado son intocables, se hace difícil pensar que en dicha cumbre, si se celebra, se vaya más allá de la retórica sobre el crecimiento y el empleo. En todo caso, los responsables políticos europeos se hacen eco, a su manera, de una exigencia que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) viene formulando desde hace dos años. Tienen que ser muy conscientes de que la ciudadanía de los Estados de la Unión difícilmente va a perdonar, en el momento actual de la larga crisis que padecemos, una nueva cumbre hecha sólo de humo y palabras, como tantas otras que han tenido que padecer en los últimos años.

Los asistentes a la Cumbre del BCE de Barcelona deben saber que los trabajadores españoles no van a olvidar fácilmente como el BCE obligó a cambiar, en agosto de 2011, la Constitución Española, fruto de un consenso histórico, con nocturnidad y alevosía, en sólo quince días. Tampoco que el cambio fuera para constitucionalizar la obligación de hacer cero el déficit público, cosa que los sindicatos españoles y europeos rechazamos firmemente. Porque es sumamente inconveniente atar de pies y manos a los gobiernos, impidiendo que adopten medidas anticíclicas en los momentos de crisis. Es solamente la expresión de la ideología más conservadora en materia de economía política.

Por último, es bueno recordar, a la ciudadanía española, como el presidente del BCE, Mario Dragui, es posiblemente uno de los mayores ejemplos de colusión entre los intereses privados y las instituciones públicas en detrimento de los ciudadanos. Bastaría recordar que fue vicepresidente de Goldman Sachs para Europa, entre 2002 y 2006, cuando este banco norteamericano inundaba el mundo, y buena parte de la banca europea, con los peores productos financieros tóxicos que motivaron el estallido de la más grave crisis financiera desde la de 1929. Al mismo tiempo, Goldman Sachs diseñaba para el Gobierno del conservador Constantinos Mitsotakis, a cambio de una cuantiosa remuneración, la falsificación de las cuentas públicas de Grecia. Esta falsificación fue una de las causas de la crisis de la deuda griega, que está en el origen de nuestros males actuales. Está claro que la trayectoria de Mario Dragui es el mejor ejemplo de la inexistencia del concepto de responsabilidad política o moral en el mundo de las finanzas y de la política europea.

30 de marzo de 2012


lunes, 23 de abril de 2012

LA INDIGNACIÓN DE LA UNIVERSIDAD


Desde 2010 la democracia en España (en Europa) está sufriendo un continuo ataque hasta el punto de era cada día más evidente su pérdida de calidad. La reforma de la Constitución en el verano de 2011 fue un hecho de extrema gravedad, pero desde que el PP, con medio millón de votos menos que el PSOE en 2008 logró  gracias a las maravillas de la ley electoral la mayoría absoluta en las cámaras, cada día vemos como el deterioro de nuestro sistema democrático nos acerca más a una oligarquía. Este fin de semana hemos tenido ocasión de ver dos graves muestras con las intervenciones por Decreto-Ley en Universidades y RTVE. Es necesario entrar el blog hermanoSegún Antonio Baylos para ilustrarse sobre estos hechos. Poco antes de lanzar el ataque a las Universidades en el BOE, como es habitual (mucho más cuando el Ministro del ramo se ganaba su buen sustento en el negocio de la manipulación de la opinión)  y como corresponde a la insensatez y falta de sentido de lo público que le caracteriza, este Gobierno lanzó una diatriba contra las Universidades a las que calificaba de escasa calidad aduciendo todo tipo de falsedades. Los rectores de las Universidades han publicado este manifiesto que aquí se ofrece, con la esperanza que la preocupación que dicen sentir de un paso más en la defensa de la institución.

Los rectores manifiestan su preocupación por las declaraciones del Ministro sobre el Sistema Universitario Español

El análisis de los datos disponibles, contrastados por diferentes organismos nacionales e internacionales, no permite compartir muchas de las afirmaciones, ni el diagnóstico, que se ha hecho del Sistema Universitario Español. Efectivamente, en España existe un claro desajuste entre recursos públicos empleados y resultados obtenidos en docencia, investigación y transferencia del conocimiento. Sin embargo, los resultados son proporcionalmente muy superiores al esfuerzo público realizado.

En docencia, el 79% de los estudiantes que inician sus estudios, finalizan con un título universitario, siendo la media en la OCDE del 70%. Además, en los últimos años se ha producido una clara mejoría del rendimiento académico, a raíz de la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), a pesar de haber realizado la adaptación con un esfuerzo inversor claramente inferior al de otros países.

En una situación de mercado mejor que la actual, el nivel de formación de los universitarios españoles ha demostrado claramente su adecuación. No parece, pues, correcto relacionar la preparación de los estudiantes y la eficacia de la Universidad con la falta de empleo, especialmente entre los jóvenes. En este sentido, la preparación académica de nuestros estudiantes es, en términos generales, claramente satisfactoria.
En investigación, entre 1997 y 2007, la producción científica española creció un 80%, hasta constituir el 3,4 % de la producción científica mundial, realizándose dos terceras partes de este porcentaje en las universidades. Este esfuerzo ha convertido a España en la novena potencia científica, y en la octava en publicaciones por habitante, con resultados similares a Japón. En este ámbito, una universidad española se sitúa entre el 1% que agrupa a las mejores universidades del mundo, ocho universidades dentro del 2%, 24 en el 4% y todas las públicas y tres privadas, en el 10%.

Es un resultado más que notable si consideramos que España sólo invierte en I+D+i un 1,39% de su PIB, muy lejos del 2,3% que es la media de la OCDE. Relacionando la producción científica por habitante con el porcentaje de gasto en I+D+i, resultamos ser uno de los cuatro sistemas más eficiente del mundo.

En transferencia, ciertamente España contribuye muy poco (0,8%) a las patentes mundiales. Sin embargo, el porcentaje de patentes que en España proviene del sector universitario, es el segundo más alto del mundo. En consecuencia, no parece correcto señalar el sistema universitario español como el principal responsable del bajo porcentaje de innovación de nuestro país.

Asimismo, cabe recordar que en los últimos años el Sistema Universitario Español ha estado sometido a importantes cambios para adaptarse al Espacio Europeo. Lo que las universidades necesitan actualmente es estabilidad normativa y una financiación acorde con las capacidades y necesidades del país. Por ello, es imprescindible un compromiso conjunto entre administraciones públicas y universidades.

Las universidades estamos y estaremos siempre al servicio de la sociedad, dispuestas a continuar trabajando en la adecuación del sistema a las necesidades de nuestro país, especialmente en estos momentos de crisis.

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas

 Madrid, 17 de abril de 2012