martes, 27 de diciembre de 2011

ES EL TRABAJO, NO, EL EMPLEO, SEÑORA

¡Arriba los de abajo!


Es muy significativo que, junto al nombramiento como Ministro de Economía del que fuera presidente para España y Portugal del Banco Lehman Brothers hasta el momento de su ruina, el Gobierno del PP haya decidido acabar con el Ministerio de Trabajo. Ahora se llamará Ministerio de Empleo (y Seguridad Social) a cuyo cargo ha puesto a la señora Báñez. Alguien puede pensar que en unos tiempos en los que las palabras se corrompen para ocultar la realidad da un poco lo mismo cómo se nomine un Ministerio, pero no es así. Si se corrompen las palabras es para corromper las ideas, para construir la realidad al gusto de quienes las pervierten o para expresar opciones valorativas determinadas, como es el caso de la desaparición del Ministerio de Trabajo. Este Ministerio se creó en 1920, cuando las clases dominantes de la restauración borbónica decidieron unificar desde este departamento la acción pública que respondiese con algunas reformas a la llamada “cuestión social”. Aquellos años estaban dejando en España una oleada de agitación social que no podía parar la mera represión. 1917 fue un año especialmente agitado en el que una gran huelga fue la respuesta de la clase obrera, harta de soportar la carestía y el aumento de precios de los alimentos que trajo consigo la exportación a los países contendientes en la Primera Guerra Mundial que con escarnio enriquecía a una élite.

Desde entonces el Ministerio de Trabajo, aún con otros nombres añadidos, ha existido siempre, cualquiera que fuese la forma que adoptase la estructura administrativa del Gobierno en todos los periodos y regímenes que desde aquel año han existido en España: la restauración borbónica en régimen caciquil , la dictadura de Primo de Rivera, la II República, el franquismo, la transición, la monarquía parlamentaria constitucional con sus diversos periodos de gobiernos de centro, socialistas, derechas, socialistas de nuevo. Hasta la semana pasada en la que lo que era una Secretaría de Estado de Empleo dentro del Ministerio de Trabajo se ha convertido en el Ministerio eliminando el trabajo. Es un cambio que tiene que ver con un enfoque erróneo de la actual situación.

Nadie duda que el desempleo es el más grave problema de la sociedad española, pero es evidente que si los desempleados aspiran a trabajar es porque hacerlo es el modo de obtener una vida digna. Es el modo en el que la inmensa mayoría de los comunes mortales consiguen, no solo los recursos necesarios para la subsistencia, sino la sociabilidad que les hace gozar de los bienes de la ciudadanía. Los modos de trabajar pueden ser diversos, por cuenta propia o por cuenta ajena, pero siempre es necesario proteger a la persona que trabaja, porque la mercancía trabajo, objeto del contrato que lleva ese nombre, es tan delicada porque es inseparable de la persona que trabaja. No cualquier forma de trabajar vale, lo que quiere decir que es el trabajo el valioso y codiciado bien que es necesario proteger, que tiene que estar en el centro de la valoración social. Hacer evidente esta gran verdad ha costado titánicos esfuerzos a generaciones pretéritas que ahora parece que con el chantaje del empleo se quieren mandar al cubo de la basura de la historia.

Algo más del veinte por ciento de la población activa está hoy desempleada, lo que es un drama, pero eso quiere decir que el ochenta por ciento está ocupada ¿Es aceptable que en nombre de la noble lucha contra el desempleo desatendamos las tutelas que protegen a la persona que trabaja? ¿Es aceptable que la política de empleo tenga tal preeminencia que en la organización administrativa española desplace al trabajo? No es aceptable porque una política de empleo digna de ese nombre, es decir una política orientada al pleno empleo como nuestra constitución impone a los poderes públicos, solo puede hacerse desde orientación más general de la política económica y no con medidas ancilares de corte laboral. Ya se anuncia la degradación aún mayor del trabajo cuando el nuevo ministro de Economía ha fijado entre sus prioridades modificar “el mercado laboral”, es decir, reducir el trabajo a una mercancía mas maleable, como si los trabajadores fueran los causantes del desempleo. Es una hipocresía aplicar una política económica (control del déficit público, austeridad, debilitación de lo público y de los servicios sociales) que está demostrado no crea empleo, para a reglón seguido degradar las escasas garantías que protegen el trabajo con la excusa de mejorar el empleo. Hasta las personas más ingenuas se dan cuenta que de todo ello es aprovechar el miedo de los trabajadores al despido para aumentar la tasa de explotación en favor de las clases sociales que nos han llevado a esta crisis. Por eso, señora Ministra no es el empleo, sino el trabajo y su valoración el problema más grande que tenemos en España. Aún está a tiempo de mandar el BOE una rectificación de errores y volver a llamar a su Ministerio como de Trabajo. Cosas más gordas se han hecho otras veces.

domingo, 18 de diciembre de 2011

LA EXTREMA DERECHA EN UN EJERCICIO DE PATRIOTISMO...








... DESCUBRE QUE EL DERECHO SOCIAL NO PROTEGE AL TRABAJADOR. (PORQUE PARA HACERLO HAY QUE PROTEGER ANTES AL EMPRESARIO)






Los servicios de información de la República de Parapanda no descansan y en su afán por conocer las más señeras aportaciones científicas que aparecen en los medios de todo el mundo, dieron con unas revelaciones trascendentales sobre la función del derecho social, que si no han tenido la repercusión mundial que merecen solo se explica por las maquinaciones del contubernio judeo-masónico del comunismo internacional.




Esas grandes verdades se dijeron en un programa nocturno de una cadena televisiva de extremo patriotismo. Lo que algunos resentidos llaman de extrema derecha. En una tertulia en la que se dicen las verdades del barquero con el estilo popular de las barberías de pueblo de los años en los que el Caudillo guiaba los destinos de España, un grupo escogido de comunicadores, con la facundia propia de “sargentos avinados” lanzaban soflamas de cinco centímetros de profundidad a las que respondía el profesor Juan Antonio Sagardoy.





Fueron tres la grandes verdades que emergieron de esas profundidades. La primera: El Derecho del Trabajo no protege al trabajador sino al puesto de trabajo, como en la Rusia soviética y así, claro, el pobre empresario no tiene más remedio que despedir porque hace improductiva su empresa. Eso de buscar el equilibrio entre las partes contratantes desiguales, nada de nada, lo hay que hacer para proteger el trabajador es darle empleabilidad, que se vaya a otro sitio cuando el empresario considere que ya no le sirve. Pero tiene que estar formado para el nuevo trabajo, aunque sea muy distinto del que venía ejerciendo hasta ese momento. Se deducía de aquello que uno hoy puede trabajar de arquitecto y mañana de jardinero, todo es ponerse si se tiene preparación. ¿Cómo se crean esos nuevos trabajos? Evidente querido Watson, por la iniciativa libre del empresario cuando no tenga tantos obstáculos que le pone la legislación laboral.
Segunda verdad, los sindicatos actuales son un estorbo. En ese momento una pregunta que llamaba a la acción salió de la boca de una aguerrida señora “¿Qué hacemos con los sindicatos, profesor?” No hay que gasearles, eso nunca lo dijo el profesor Sagardoy. Hoy por hoy solo hay que quitarles algunas de las funciones que hacen, en concreto en materia de negociación colectiva. Hay que hacer acuerdos de empresa y para eso los sindicatos confederales estorban. Tampoco la CEOE debe tener “el poder” que tiene, porque esta organización y los sindicatos confederales se han convertido en monstruos burocráticos que solo justifican su existencia por la concertación social y por los convenios colectivos supraempesariales.




La tercera verdad, según el profesor Sagardoy, es que eso de que haya derechos sociales a la educación, a la asistencia sanitaria y en general a las prestaciones sociales de todos los ciudadanos, como si fueran “casi como un derecho natural” , eso es un disparate del que tuvo la culpa Olof Palme, quien hay que suponer que en su tumba se habrá sentido muy orgulloso de que se le atribuyan cosas que ya habían dicho William Beveridge, Herman Heller y tantos otros antes que él. Quién sabe si le mataron por creerse tales disparates e intentar llevarlos a la práctica. No señor, habrá prestaciones según se vea como van las cosas en cada momento, pero todo revisable.



Creemos que con esta revelación de los servicios informativos de la República de Paparanda hacemos una contribución para que brille la verdad frente a la conjura de izquierdistas trasnochados que lo que quieren es subir como ratas por el mástil que sostiene la bandera de la libre empresa y de la patria para roerlas. A última hora nos ha llamado el presidente de la CEOE, el sr. Rosell para felicitarnos por nuestra labor y decirnos que las discrepancias con lo dicho en ese programa son menores y que en poco tiempo se arreglaran de la manera que siempre se ha hecho.








jueves, 17 de noviembre de 2011

¿DÉFICIT?: EL DE DEMOCRACIA EN LA UNIÓN EUROPEA


La obsesión por el equilibrio presupuestario de la derecha europea se ha impuesto en España con una reforma de la Constitución sin que el titular de la soberanía, el pueblo, haya podido pronunciarse. Ha bastado un diktat de las élites que gobiernan la Unión Europea. En la tragedia griega un atropello ha ido detrás del otro. Ha bastado el anuncio de la intención de llamar en referéndum al pueblo para pronunciarse sobre las medidas de ajuste impuestas por la UE, para que los especuladores supranacionales, a quienes los medios de formación de la opinión denominan como “mercados” temblasen primero para, poco después, hacer que reaccionasen sus diligentes servidores (FMI, Comisión Europea, Sarkozy, Merkel). El resultado ya es conocido, en Grecia un gobierno elegido democráticamente ha presentado la dimisión. En Italia, aún con sus peculiaridades, ha ocurrido algo parecido. La pugna entre democracia y “mercados” se está decantando a favor de estos últimos. Las recetas de los organismos internacionales tienen que ser aplicadas por tecnócratas salidos de los intestinos de la gran banca, precisamente la que tanto ha contribuido a la generación de esta crisis. Es un escándalo que gente de Goldman Sachs sea la que tenga las riendas del gobierno económico de Europa. Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

No es extraño que los ciudadanos sientan una desafección de la integración europea, pero como desde la UE se imponen impopulares medidas a los Estados miembros, esa desafección se contagia también de las instituciones representativas de estos. La crisis no es ya económica y social, sino también política. Se ha producido una inversión importante porque muchos ciudadanos europeos podían estar razonablemente orgullosos de la integración europea, conseguida, aún con sus contradicciones y dificultades, hasta el Tratado de Amsterdam, en vigor desde 1999. Parecía en aquel tiempo que Europa estaba en el camino de llegar a ser un ejemplo para el mundo globalizado al ofrecer una fórmula de superación de los límites de los Estados nacionales mediante la creación de lazos de solidaridad entre los distintos pueblos en torno a los derechos fundamentales, en especial los de contenido social, que darían su rasgo distintivo a ese espacio de libertad. Pero la integración empezó su declive con el Tratado de Niza de 2001, la posterior ampliación a los países del este europeo y siguió con el Tratado de Lisboa. Si siempre ha habido una tensión entre las libertades económicas y los derechos fundamentales, a partir de 2001 la balanza se inclinó a favor de aquellas al tiempo que se iniciaba una regresión hacia la renacionalización. La derecha europea, y en concreto el presidente español de entonces, Aznar, volvió de Niza con el orgullo difícil de entender de haber impedido una Europa federal y ahora, de aquellos polvos, estos lodos, porque al estallar la crisis de 2008 las instituciones de la UE fueron incapaces de reaccionar, precisamente cuando más falta hacía la respuesta supranacional. A ellos hay que atribuir una parte de la responsabilidad de la lamentable situación actual.

Una situación en la que no solo se están cercenando derechos sociales, es decir, se está haciendo cargar con el peso de la crisis a los trabajadores, sino que también se están sacrificando las formas democráticas. El déficit democrático que tiene el funcionamiento de las instituciones de la UE se ha justificado como algo transitorio en tanto no emergiera un nuevo pueblo europeo, un demos titular de los poderes soberanos ante el que los dirigentes supranacionales europeos deberían de rendir cuentas. Es la justificación, por ejemplo, que hace el Tribunal Constitucional alemán para mantener sus reticencias a la atribución de competencias a la Unión. La forma de presentar la crisis por los medios de persuasión ha amedrantado a la ciudadanía, ha separado a los distintos pueblos, de lo que es muestra la inicua soledad en la que se ha dejado al pueblo griego, ha acentuado los egoísmos nacionales y alejado la formación de ese demos. Pero se da la paradoja de que, a pesar de la renacionalización que se impuso con el cambio de rumbo de Niza, los Estados nacionales son tan limitados que ahora no pueden dar respuestas eficaces, pero también son evidentes las limitaciones de la UE, lo que se está aprovechando por parte de Merkel y Sarkozy para imponer soluciones que favorecen a las clases sociales dominantes actuando al margen de los Tratados en una esfera intergubernamental de más que dudosa legalidad. No hay pues vuelta atrás a la supranacionalidad, pero la salida a esta crisis se está haciendo a costa de la democracia que si no se corrige puede tener efectos desastrosos.

Joaquín Aparicio Tovar

domingo, 16 de octubre de 2011

CON JOAN COSCUBIELA CONTRA LA XENOFOBIA

Joaquín Aparicio Tovar


El candidato al Congreso de los Diputados Joan Coscubiela ha anunciado hace unos días que impulsará, si es elegido, la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que penalice la xenofobia y el racismo. Es una iniciativa necesaria en extremo ante la deriva que está tomando nuestra democracia. Es cierto que los problemas sociales, como algunos que subyacen a la xenofobia, no se arreglan solo con leyes, pero no lo es menos que las leyes, y en particular las leyes penales, deben de expresar la ética de nuestro tiempo que oriente el comportamiento de todo@ los ciudadan@s . Los desvalores más inaceptables en una convivencia civil son los que merecen el rechazo de la sanción penal, y el racismo y la xenofobia son algunos de esos desvalores. Hay que recurrir a la reacción penal cuando personas que ocupan cargos públicos hacen declaraciones xenofóbicas o abiertamente racistas y, al mismo tiempo, dicen estar ejerciendo un derecho democrático de libertad de expresión, así como dicen pertenecer a partidos democráticos que tienen la libertad como enseña (especialmente la libertad de mercado). Es una corrupción de la democracia, pues ante todo la democracia se basa en la igualdad y en la común dignidad de los seres humanos.

Las declaraciones que denigran a quienes son diferentes, las actitudes y las acciones violentas que de modo inevitable les siguen, son manifestación de un grave mal social que con la crisis amenaza con extenderse. No es incoherente que los que se niegan a recordar los horrores del fascismo que todavía hoy mantiene en fosas clandestinas a miles de asesinados por las tierras de España, sean los que amparen y alienten aquellas actitudes. Eso constituye la primera y taimada corrosión de los valores que deben iluminar una sana convivencia democrática.

Los que quieren olvidar aquellos horrores quieren evitar las preguntas ¿cómo pudo ocurrir? ¿cómo algunos seres humanos llegaron a tal grado de abyección? Mucho se ha escrito, pero ahora y aquí recordamos un párrafo del prólogo de la novela de Primo Levi Si esto es un hombre. Primo Levi era un ciudadano de Turín que fue deportado al campo de extermino de Auschwitz en 1944 y fue de los pocos que sobrevivió. En 1958 escribió estas palabras : “Este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con intención de formular nuevos cargos; sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen, más o menos conscientemente, que “todo extranjero es un enemigo”. En la mayoría de los casos esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente; se manifiesta sólo en actos intermitentes e incoordinados, y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el Lager. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro.”

sábado, 15 de octubre de 2011

LA CARTA SECRETA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

La carta del BCE al Gobierno italianoEl texto, publicado (y traducido al Inglés) del "Corriere della Sera", enviado a Italia a principios de agosto con las medidas que deben tomarse como condición (aunque no declarada oficialmente) por el apoyo de las intervenciones del banco central.

Señor Primer Ministro,



El Consejo de Banco Central Europeo el 4 de agosto se ha discutido la situación en los mercados de bonos del gobierno italiano. El Consejo de Gobierno considera que la acción urgente es requerida por las autoridades italianas para restaurar la confianza de los inversores. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro-21 de julio 2011 llegó a la conclusión de que todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible para cumplir plenamente sus soberanos individuales y la firma de todos sus compromisos con las condiciones sostenible reformas fiscales y estructurales.



El Consejo considera que Italia tiene que fortalecer con urgencia la reputación de la soberana y su firma en su compromiso con la sostenibilidad fiscal y reformas estructurales.El Gobierno italiano ha decidido aspirar a un presupuesto equilibrado en 2014, y para ello, ha introducido recientemente un paquete de medidas. Son pasos importantes, pero no suficientes. En la situación actual, consideramos que las medidas esenciales:



1. Vemos la necesidad de medidas importantes para aumentar el potencial de crecimiento. Algunas decisiones recientes tomadas por el gobierno se mueven en esa dirección, así otras medidas que se están discutiendo con los interlocutores sociales. Sin embargo, se necesita más y es paso crucial en este sentido con la decisión. Los principales desafíos incluyen la creciente competencia, especialmente en los servicios, mejorar la calidad de los servicios públicos y el rediseño de los sistemas impositivos y regulatorios que son más adecuados para apoyar la competitividad empresarial y la eficiencia del mercado de trabajo.a) Se necesita una estrategia integral, la reforma radical y creíble, como la plena liberalización de los servicios públicos locales y los servicios profesionales.



Esto debería aplicarse en particular a la prestación de servicios locales a través de privatización a gran escala.b) Existe también la necesidad de proseguir la reforma del sistema de negociación colectiva sobre salarios, lo que permite acuerdos a nivel de empresa con el fin de reducir los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas y hacer que estos acuerdos más relevantes que otros niveles de negociación. El 28 de junio un acuerdo entre los principales sindicatos y asociaciones de la industria se están moviendo en esta dirección.c) se debe tomar un examen cuidadoso de las normas que rigen la contratación y despido de empleados, el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de políticas activas para el mercado de trabajo que son capaces de facilitar la reasignación de recursos para empresas y hacia sectores más competitivos.



2. El gobierno necesita tomar medidas inmediatas y decisivas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.a) Otras medidas son la corrección necesaria del presupuesto. Consideramos que es esencial para las autoridades italianas para anticipar al menos un año calendario de entrada en vigor de las medidas adoptadas en el paquete de julio de 2011. El objetivo debe ser un déficit mayor de lo esperado hasta ahora en el 2011, un requerimiento neto de 1% en 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013, principalmente a través de recortes de gastos.



Usted puede tomar medidas adicionales en el sistema de pensiones, el endurecimiento de los criterios de elegibilidad para la jubilación y traer de vuelta la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado rápidamente en línea con lo establecido para el sector público, con un importante ahorro en el año 2012. Además, el gobierno debería considerar una reducción significativa de los costes del empleo público, el fortalecimiento de las normas de facturación (la nota de sustitución) y, si es necesario, mediante la reducción de los salarios.b) Debe ser una cláusula de reducción automática del déficit, que especifica que cualquier desviación del déficit se compensa de forma automática con cortes horizontales en los gastos discrecionales. c) debe ser sometido a un estricto control de la asunción de la deuda, incluido el comercial, y los costos de las autoridades regionales y locales, de conformidad con los principios de la reforma en curso de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno. Dada la gravedad de la situación en los mercados financieros, consideramos crucial que todas las acciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se toman lo más pronto posible el decreto, seguida de la ratificación parlamentaria a finales de septiembre de 2011. Sería apropiado también una reforma constitucional que hace que las reglas presupuestarias más estrictas.



3. También alentamos al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar una revisión de la administración pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la capacidad para satisfacer las necesidades de las empresas. Los organismos públicos deben convertirse en el uso sistemático de indicadores de desempeño (especialmente en la salud, la justicia y la educación). Hay una necesidad de un fuerte compromiso para abolir o fusionar algunos niveles administrativos intermedios (tales como las provincias). Las acciones deben ser fortalecidas para aprovechar las economías de escala en los servicios públicos locales.Confiamos en que el Gobierno tomará las medidas adecuadas.





Mario Draghi, Jean-Claude Trichet

domingo, 4 de septiembre de 2011

NI POR LA FORMA NI POR LOS CONTENIDOS. NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN


La democracia, es de sobra conocido, implica que el ejercicio del poder debe de someterse al respeto de ciertas formas establecidas en la Constitución . Esto es una exigencia primaria y necesaria que se resume en la fórmula de estado de derecho. Pero la experiencia de los años 30 del siglo XX en que los regímenes nazis y fascistas utilizaron los mecanismos del estado de derecho para masacrar la democracia llevó a que en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial se estableciera la necesaria vinculación del entero ordenamiento jurídico y de la acción de los poderes públicos a los principios superiores de justicia, libertad, igualdad, a los que nuestra constitución añadió el pluralismo político. Esas constituciones, y también la nuestra, fueron fruto de amplio consenso social y el constituyente no es otro que el pueblo en el reside la soberanía.

Ayer, sin embargo, los ciudadanos españoles y de todo el mundo pudieron asistir atónitos al espectáculo de unos representantes de la soberanía popular que emulando a los magníficos velocistas jamaicanos han consumado el primer acto de una reforma constitucional de la que nadie sabía nada apenas diez días atrás. Acabó con los representantes del PSOE cariacontecidos y silenciosos mientras los del PP aplaudían tan contentos. Muy significativo. Si esta reforma llega a consumarse en el Senado, como es probable, se habrá constitucionalizado la prohibición del déficit público de manera taxativa, desligado de otras consideraciones de política social o económica y de ese modo se limitará profundamente la capacidad de maniobra del Estado español para llevar a cabo en determinados momentos, según las circunstancias históricas lo demanden, las transformaciones sociales que permitan corregir desequilibrios tanto territoriales como entre los diversos grupos sociales, es decir, avanzar en el camino de la igualdad que es la esencia del Estado Social. El Estado Social, y por tanto las clases menos favorecidas de la sociedad, serán los que sufran las consecuencias de esta reforma. Lo serán porque esta modificación se produce en un momento en que se está propugnado la jibarización del Estado y, en consecuencia, se propugna una política impositiva regresiva. Como ya enseñaba el sr. Perogrullo el déficit se produce por un desequilibrio entre ingresos y gastos, pero si no se apuesta por una política tributaria redistributiva, entonces la contención del déficit solo puede venir por la reducción de los gastos sociales. Ya se está viendo de modo claro lo que pasa en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha, empezando Cataluña y siguiendo por Castilla-La Mancha.

Un cambio constitucional de esta naturaleza exigiría un amplio debate social porque los parlamentarios no son los titulares de la soberanía, que hay que recordar es el pueblo, por lo tanto no deberían ser ellos los llamados a una modificación tan grave del pacto social fundante de nuestra convivencia. Mucho más cuando se hecho en pleno periodo vacacional a espaldas de la ciudadanía. El truco de reformar el art. 135 para evitar el referéndum no es más que eso, un truco porque, como se acaba de decir, con esta reforma se compromete el art. 1.1 CE, lo que, de acuerdo con el el art. 168 CE exige la convocatoria de un referéndum para ratificarla.

Se ha dicho que esta modificación se ha emprendido para dar confianza a los especuladores (los mercados). Pero no parece que los partidos mayoritarios hayan tomado nota de que ese mismo argumento lo han usado para la reforma laboral o para la reforma de la Seguridad Social y no ha servido. Cuando se cae en la sumisión a los especuladores, estos nunca se darán por satisfechos, siempre querrán más.

Tampoco es una exigencia del art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni del protocolo sobre los déficits excesivos. De hecho el valor de referencia del 3 por ciento de déficit marcado en este último texto ha sido ampliamente superado por Alemania y Francia cuando les ha sido conveniente. El problema del déficit debe encuadrarse en el nivel infraconstitucional en el marco de la integración política, social y económica europea. Al llevarlo al la constitución se está atentando, no solo contra el Estado Social, sino contra el pluralismo político pues limita de modo extraordinario la puesta en prácticas de otras políticas económicas que no sean neoliberales. Esta reforma es, además, innecesaria porque ya el art. 40 CE impone la estabilidad económica pero compaginándola con la promoción del progreso social y económico y con una “distribución de la renta regional y personal más equitativa”.

El problema, como ha señalado el diputado Antonio Gutierrez de forma lúcida, está en la dimensión europea, no en la nacional. Es evidente que sin una fuerte unión política y económica es muy difícil que funcione la moneda única, sino es pagando precios durísimos como los que estamos pagando todos los países europeos, aunque unos más y otros menos, pero ahora ya Alemania tiene un crecimiento cero y sus clases trabajadoras han visto reducida su capacidad de consumo mientras que las acomodadas han aumentado sus beneficios. Una medida de este tipo, tomada del modo apresurado como se ha hecho e inspirada por una representante de la derecha alemana como la sra. Merkel, tendrá consecuencias a medio y largo plazo para la construcción, no solo de la Europa social, sino simplemente de Europa. El socialista italiano Guiliano Amato en una entrevista con Rossana Rossanda señala una que puede ser de suma importancia cual es que en el caso de que se decidiese la creación de los eurobonos, al estar incluida en la constitución alemana la cláusula de estabilidad podría plantearse la cuestión al tribunal constitucional de aquel país (que ya ha suscitado problemas con la normativa europea) sobre la base de que con dichos bonos se estaría asumiendo la garantía de los débitos de otros, atribuyendo un débito futuro a cargo del presupuesto alemán desequilibrándolo, lo que sería inconstitucional. Otra trampa jurídica.

En resumen, ni por el contenido, ni por la forma, ni por la oportunidad está reforma constitucional no debería llevarse a cabo, pero al menos ¿no habrá un diez por ciento de diputados o senadores que pida un referéndum en aplicación del art. 167.3 CE? A ellos apelamos. Si no existieren se habrá ampliado el alejamiento ya preocupante entre los representantes políticos y l@s comunes ciudadan@s.


Joaquín Aparicio Tovar

sábado, 3 de septiembre de 2011

CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Septiembre de 2011.

viernes, 2 de septiembre de 2011

EN CONTRA DE ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Ante el anuncio de la reforma de la Constitución que se ha producido sorpresivamente en estos días, JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere manifestar públicamente su rechazo a la precipitada alteración de nuestra norma básica de convivencia.












Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas. Por ello, es fundamental que sean producto del consenso ciudadano. Su función no es sólo regular aspectos concretos de la organización política o económica, sino fundamentar esa propia organización, ser la fuente y el límite de futuras decisiones. Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales de representación democrática, pero no pueden pretender suplantar la totalidad de la participación social. Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales, son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Los debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente. Se ha propuesto una reforma por sorpresa, en período estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas sólo participadas por las cúpulas de dos partidos. Esos dos partidos ostentan legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos, pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron. Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado. Estas formas han impedido que conozcamos los motivos concretos de la reforma, el texto completo de la misma con tiempo para su análisis, y las opciones alternativas que se pudieran presentar. Ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones. El debate en las cámaras no tiene sólo la función de convencer a los grupos parlamentarios, permite que la totalidad de la sociedad contemple los argumentos que cada opción presenta. Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras. La democracia debe reconquistar la economía, la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas. Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida. Tras entregar grandes recursos públicos en rescate de instituciones privadas, la desmemoria se ha instalado a sorprendente velocidad. Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los Mercados exigen reformas que la población no puede discutir, que requieren sacrificios que no pueden cuestionarse. Decidir qué hacemos con las políticas presupuestarias, fiscales o económicas en general, permite múltiples respuestas. Pero lo propuesto no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia. Se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego, no por explicar los motivos contrarios a ellas, sino para contentar exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias ciegas e injusticias bien visibles. En consecuencia, JpD rechaza que se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica. Todo ello, con el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos Mercados.












El Secretariado, Madrid, a 29 de agosto de 2011

lunes, 15 de agosto de 2011

PEDAGOGÍA DEL LAPIDADO (Raúl Zaffaroni)

Han llegado a mi conocimiento interpretaciones del hecho que me afecta vinculándolo con conflictos a los que soy por completo ajeno. En principio, a mi juicio no tiene esto nada que ver con cruces que puedan tener otros poderes del Estado con diferentes grupos empresariales o de medios ni con otros intereses. Las interpretaciones en ese sentido las respeto, pero corren por cuenta de quien las hace y no son la mía. Tampoco tienen nada que ver con este hecho personas a las que se pretendió vincular, como candidatos, dirigentes políticos y altas personalidades de la Iglesia. Todos ellos me merecen el mayor de los respetos que, por otra parte, es el mismo que he puesto de manifiesto en toda ocasión. Nos hallamos en una etapa electoral que, codazo más o menos, quienes recordamos tiempos oscuros, la vivenciamos como una fiesta de la democracia. En modo alguno debe permitirse que se mezcle con esto.
Aunque no sea sencillo, debemos calmarnos y observar con alguna distancia los hechos. Las difamaciones pasan, unos pocos las creen, otros pocos simulan que las creen, los más las repudian; las elecciones también pasan, unos las ganan y están felices, otros las pierden y quedan tristes, pero debemos todos juntos mantener las condiciones para que siempre vengan nuevas elecciones.
Para no confundir los hechos con el marco, prefiero elegir como tema para esta clase inaugural un análisis detallado del hecho en el marco de lo que en varias publicaciones vengo denominando criminología mediática.
- Observador participante. Las circunstancias han querido que me halle en la curiosa situación de un observador participante, cuyo rol es el de objeto de una tentativa fallida de construcción mediática de la realidad (en el sentido de Berger y Luckmann). No es posible asumir la función de observador participante sin estar involucrado en el hecho investigado, pero el éxito del método depende de la distancia que logre poner el observador a la hora de extraer las consecuencias.
- Caracterización del hecho. Estimo que el hecho puede caracterizarse como lapidación mediática. Sé que no faltan quienes prefieren linchamiento mediático, pero existe una diferencia sustancial, señalada por René Girard: en el linchamiento se toca materialmente a la víctima; en la lapidación se la persigue arrojando piedras hasta que ésta sucumbe o se precipita al vacío; los ejecutores son anónimos, nadie se atribuye el resultado y nadie se contamina físicamente con la víctima. En lo mediático, evitar la contaminación física es una coartada importante (¡Se mató solo! ¡Nadie lo tocó!). La lapidación responde al llamado de un empresario moral en el sentido de Bronislaw Malinowski, es decir, de alguien que llama la atención sobre un hecho e invita a arrojar piedras. Pero las motivaciones del empresario moral no necesariamente son las mismas de quienes se van sumando a la tarea lapidaria.
- Motivaciones. En este caso los lapidadores actúan con muy diferentes motivaciones. Veamos:
1
Una ONG en busca de promoción para desplazar a posibles competidoras.
2
Sectores minoritarios de seguridad afectados ávidos de venganza (y de advertir a otros) porque el lapidado promovió el secuestro de 4.000.000 de dosis de paco y el procesamiento de más de 100 personas.
3
Sectores de burócratas internacionales o de sus subordinados o lacayos locales, preocupados por lo que el lapidado discurre acerca del crimen organizado y en especial respecto del lavado de dinero. Tienen alcance internacional y se han ocupado de difundir el hecho.
4
Sectores vinculados a intereses locales a los que resulta molesta la actual composición del máximo tribunal y su prestigio nacional e internacional.
5
Sectores de los medios que difunden el discurso vindicativo y empujan hacia el Estado gendarme, molestos porque se les analizan y ponen de manifiesto sus técnicas y sus artimañas generadoras de pánico moral.
6
Personas con escaso éxito político –algunas sólo viven de la política y de la denuncia gratuita– a las que el hecho puede brindar un escenario que sus dotes no les ofrecen (Somos los únicos limpios, todos los demás son sucios).
7
Profesionales que ven afectados sus intereses por las sentencias del tribunal, sobre el cual no pueden ejercer poder.
8
Profesionales que ambicionan ocupar un día el lugar del lapidado y envidian su prestigio y conocimiento (¿Por qué él, si yo soy más?).
9
Empleados de empresas amarillistas que procuran obtener la noticia del año y ser premiados con algún emolumento complementario.
10
Personas vinculadas a la dictadura militar o a sus simpatizantes.
11
Quienes suponen que a través del lapidado pueden erosionar a otras instituciones o personas.
12
Personas ideológicamente enfrentadas (aunque este subgrupo por lo general es reducido, porque siempre quien tiene una ideología tiene también una cosmovisión y esto impone algunos límites éticos).
La lista de lapidadores puede extenderse, pues el enunciado anterior no es exhaustivo, aunque es suficientemente demostrativo de la pluralidad de motivaciones. Lo importante es destacar que sin un empresario moral no hay lapidación, pero que tampoco la hay si no existe una cantidad de personas dispuestas a escuchar su llamado y a lapidar, aunque sus motivaciones sean por completo diferentes.
- Perfil del agredido. El segundo elemento a tener en cuenta es el perfil del agredido. Ante todo debe elegirse a alguien al que se considera capaz de quebrarse o incapaz de resistir las pedradas. Cabe presumir que el perfil de quien por lo general tiende a resolver o minimizar conflictos lo hace porque es vulnerable. El lapidado piensa que la víctima tiene puntos débiles en su vida por los que puede entrar su ponzoña y, como no los conoce, proyecta sobre la víctima su propia inmoralidad como deducción. El apedreador arroja las piedras sin estar seguro de dar en el blanco y, con la esperanza de hallar alguna falla en la víctima, presume que ésta –al igual que él– sufre la misma carencia de escrúpulos y valores, por lo que puede equivocarse fácilmente.
Cuanto más inmoral es el apedreador, mayor es la inmoralidad que proyecta sobre la víctima, al imaginarla parecida a él. El lapidador imagina una combinación de morbosidad y ambición desmedida de poder y dinero. Aunque el lapidador no dé en el blanco sigue insistiendo sobre la víctima con la esperanza de golpear mejor, pero tampoco sabe muy bien si lo conseguirá, en especial cuando a la víctima no se le encuentran fallas reales escandalosas. El perfil respetable, conservador y solemne del agredido favorece los golpes del lapidador, pues puede más fácilmente tildar a la víctima de hipócrita, pero es mucho más difícil golpear a una víctima cuando ésta tiene perfil transgresor, como en este caso.
- Instrumento. El principal instrumento de lapidación es la prensa amarilla, que es una patología de la comunicación que por regla general tiene un público cautivo cercano al de la clientela de la pornografía. Esta empresa no conoce ningún límite ético. Si bien en la ética periodística existen muchas zonas grises, la empresa amarilla no reconoce ni siquiera los principios más elementalísimos de la ética, los viola todos. Si no hiciese esto carecería de capacidad de lesión al proyectar su propia inmoralidad sobre el lapidado.
Es interesante observar que la prensa amarilla se vale de un proletariado de jóvenes que cumplen las tareas menores y más desagradables, necesitados de su salario –que debe ser miserable– y que mientras arrojan piedras sobre el lapidado le piden disculpas porque están trabajando y hasta le envían mensajes más o menos anónimos de adhesión disculpándose por no aparecer públicamente en su defensa. Algo análogo suele suceder con algunos de quienes practican personalmente la tortura.
La inmoralidad de la prensa amarilla causa a estos jóvenes serios problemas de conciencia. Las consecuencias últimas de esta degradación del proletariado del amarillismo en la personalidad de los explotados no son menores, considerando que se trata de personas muy jóvenes y que conservan restos de dignidad y valores.
- Mecánica de la agresión. La mecánica de la lapidación mediática asumió en el caso una forma bastante compleja. Se abrió con la difusión de mails hackeados, adulterados e inventados, publicados en un sitio cuya dirección electrónica fue difundida por la prensa no amarilla. Primera tentativa de lesión a la autoestima de la víctima.
Previamente, la víctima fue sometida a un estudio completo a efectos de obtener información que pudiera ser material de extorsión. El resultado de esta investigación fue alertar al banco extranjero del que la víctima era cliente desde hacía veinticinco años y éste decidió cerrarle su cuenta en razón de ser una persona políticamente expuesta. (Cabe observar que si la víctima hubiese operado con un testaferro la cuenta no hubiese sido cerrada, lo que indica que algo anda mal en el mundo y no sólo en lo local.) El banco adoptó una actitud francamente discriminatoria con un cliente antiguo y con una cuenta cuyo movimiento era ínfimo y transparente. Se comunicó con el cliente y le informó poco menos que no quería problemas con un sudaca con un depósito despreciable. Segunda lesión a la autoestima de la víctima.
Sucesivos recados telefónicos eran dejados todos los días avisando lo que se publicaría en la prensa amarilla al día siguiente. Los llamados eran insistentes, reiterados varias veces al día, dejados en el contestador, remitidos a la cuenta de mail. El objetivo era mantener al hostigado en permanente estado de zozobra y alteración del sueño, induciendo una fijación persecutoria. Esto hubiese sido muy grave en caso de personalidad paranoide. También se buscaba que éste se preguntase permanentemente si había hecho algo errado. Frente a una personalidad culpógena esto podría acarrear una grave depresión e inducir errores de conducta. No fue el caso de la víctima de este hecho, que no tiene personalidad paranoide ni mucho menos culpógena, como máximo quizás un poco esquizoide.
Esos estados se potencian a través de los mismos métodos aplicados a todo el equipo de colaboradores, hostigados a distintas horas del día y de la noche. El objetivo fue desestabilizar a éstos, cada uno de los cuales tiene sus propias características conforme a las cuales reacciona y, en su afán por contener el avance del hostigamiento, desconciertan al hostigado, que se ve obligada a contenerlos. A ese efecto la prensa amarilla se agenció los teléfonos celulares de todo el equipo mediante procedimientos que no se conocen, pero no cabe descartar su carácter corrupto.
Paralelamente se procedió a instalar una guardia de fotógrafos en la puerta del domicilio particular del hostigado y a fotografiarlo cuando entraba y salía de la casa y a seguirlo cuando caminaba por la calle, como también a todas las personas que entraban y salían, a interrogarlas, a mostrar las fotos a los vecinos para que identificasen a cada uno, a fotografiarlo en el acto electoral, a interrogar al personal de servicio. Esto buscaba producir en la vida hogareña del hostigado el mismo efecto reproductor que con sus colaboradores, en forma tal de impedirle eludir la tensión y la zozobra en ningún momento del día ni de la noche.
Entre los hechos extraños que tuvieron lugar en forma contemporánea al hostigamiento se produjo la visita de una mujer, que intentaba entrar al domicilio del hostigado, con el pretexto de ejercer la prostitución y ofrecerse para armar una coartada. Si bien puede ser una coincidencia provocada por una persona desequilibrada, no cabe descartar otras hipótesis.
Con todo esto se busca que el hostigado esté fijado en el hecho en forma permanente, lograr que no piense en otra cosa, impedirle la distancia del hecho y la consiguiente reflexión y hasta el descanso. Si esto no doblega psicológicamente al hostigado, éste debe cargar con la pesada tarea de alertar constantemente a los colaboradores, convivientes, personal de servicio, vecinos, etcétera.
Uno de los objetivos del hostigamiento era individualizar al apoderado de la víctima, proyectando sobre ésta la propia inmoralidad en la idea de que esa persona era un testaferro encargado de sus negocios sucios. En realidad la desilusión debe haber sido absoluta. No dudo de que hayan acudido al Registro de la Propiedad y verificado que éste es un monotributista que sólo posee una casa prefabricada de fin de semana en una provincia y un automóvil. Otra pedrada sin eficacia.
Alertada la víctima por el llamado del banco extranjero y en pleno trámite de transferir el dinero de la cuenta al país en forma perfectamente legal, se mantenía atenta acerca de la posibilidad de manipulación deformadora de esta información, lo que llegó el día viernes, con el adelanto por recado de la noticia de que el sábado explotaría sobre ese hecho un segundo escándalo. Con seguridad que el banco no suministró información y la prensa amarilla volvió a proyectar su propia inmoralidad y presumió que había una cuenta oculta o una suma enorme e inexplicable de dinero. Por tal motivo el hostigado le abortó la maniobra con una conferencia de prensa en Santa Fe y expuso públicamente lo referente a la cuenta y a la actitud discriminatoria del banco. La prensa amarilla de inmediato desmontó el operativo del segundo escándalo.
Un periodista publicó la falsa noticia de que la víctima había mantenido en la Casa de Gobierno una reunión de alto nivel con ministros del Poder Ejecutivo. Esto tenía toda la intención de provocar una justificada indignación de la dirigencia política opositora contra el hostigado. Afortunadamente éste la pudo desmentir públicamente de inmediato y en general la actitud de los políticos fue sumamente mesurada y prudente.
Como parte del hostigamiento, un sujeto usó el nombre del hostigado en Twitter y después de enviar varios mensajes divulgó la noticia de que había renunciado, lo que desconcertó incluso a algún dirigente político y provocó una catarata de llamadas al tribunal y al interesado, creando mayor zozobra y tensión entre las personas que lo rodeaban en su trabajo y en su domicilio.
Provocada una reacción masiva de repudio contra la prensa amarilla, un diario publicó la noticia de que las muestras de apoyo y solidaridad del exterior son obtenidas por medio de una gestión oficial. El supuesto gestor oficial es absolutamente desconocido en todos los medios académicos y universitarios del exterior.
Un comunicador excedió el marco del poder mediático emplazando al hostigado a que comparezca ante alguno de los medios para los que trabaja a dar explicaciones, porque de lo contrario debería darlas en el Congreso de la Nación, exigencia curiosa y extraña por cierto, considerando que quien la formula carece de toda función pública o de representación popular.
La prensa amarilla, frente al desprestigio que le provocó una solicitada de numerosos periodistas de diferentes medios y colores, trató de descalificarla afirmando que una de las firmas correspondía a un periodista que no había autorizado su inclusión en la solicitada. Resultó ser la de un periodista homónimo.
Ante el fracaso de la lapidación frente a la reacción masiva de repudio, la prensa amarilla trató de poner distancia del hecho, afirmando que sólo se limitó a tomar una noticia de otro medio; lo cierto es que el otro medio es un diario que alcanza el punto máximo de impudicia e ictericia y que pertenece a la misma empresa. Esto puede obedecer a la tentativa de evitar una demanda civil, aunque no parece que le preocupe demasiado; cabe pensar que su preocupación finca en el repudio general y profesional y, en definitiva, en el ridículo, del que –como alguien dijo– no se vuelve.
Como ya no quedaba nada que aclarar ni agregar, un diario difunde supuestos enfrentamientos o malestares en el seno del tribunal, información que parece proceder de un personaje de triste figura y facies inexpresiva, que por lo general comunica trascendidos insólitos (usualmente llamados chismes) y que deambula escondiéndose detrás de las columnas del Palacio de Justicia.
- Objetivos de la agresión. Como las motivaciones que mueven a los lapidadotes no son las mismas, tampoco los objetivos coinciden: unos buscan destruir psíquicamente al hostigado, dese-quilibrarlo para que reaccione de modo erróneo, sorprenderlo en esa reacción y mostrarla como confirmación de su inadecuación a los reclamos del rol. Pero otros pueden buscar objetivos menos personales y más concretos: 1) obtener su alejamiento de la función y el desprestigio institucional; 2) inferirle el mayor daño posible; 3) generar una confusión política en medio de una campaña electoral; 4) provocar un enfrentamiento con los colegas del tribunal y desarmar la armonía y respecto que debe primar entre ellos; 5) desarmar el prestigio internacional de la víctima y anular su palabra en los foros extranjeros; 6) o simplemente causar confusión y afectar la vida democrática del país hasta donde les fuese posible.
- Razones por las que no fueron alcanzados los objetivos. Las razones por las que la lapidación no obtuvo el efecto deseado son varias, poniendo de manifiesto que la construcción mediática tiene límites.
En efecto: Si bien existió un problema de consorcio, la vinculación del hostigado con este problema nunca pasó de la firma de las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles en que se practicaba, dado que no los administraba y tampoco firmaba los contratos de locación, todos a precios de plaza, nunca conoció a los inquilinos y en muchos casos ni siquiera los inmuebles. Como todo esto está perfectamente documentado, el hostigado no fue golpeado en su estabilidad emocional.
Por otra parte, las denuncias de trata de personas y de lenocinio no parecen tener fundamento en los hechos, pues hasta el momento lo que parecería haberse producido es la desnaturalización de los contratos de locación por violación de la prohibición de subalquilar y por la violación del reglamento de copropiedad en caso de eventuales molestias producidas por los subinquilinos.
Las afirmaciones de una diputada no han resultado fundadas y, además, ha admitido que conocía los hechos desde hace dos años, sin que lo notificara al hostigado, lo que indica su clara intención de reservarse la información y provocar el escándalo por la prensa amarilla durante la campaña electoral. La versión lapidaria no resulta convincente porque no puede mostrar cuál es la supuesta ventaja que alguien puede obtener de alquilar inmuebles al precio de plaza para que se ejerza la prostitución, cuando los puede alquilar al mismo precio para otro objetivo que no le acarrease problemas.
Menos aún lo hay para creer que un profesional que puede retirarse a la actividad privada y ejercer la profesión con buenos honorarios, incluso pagados por algunos de los que lo imputan (que lo quisieran a veces como abogado), emprenda una actividad absurda con su nombre y apellido y sin que le aporte ninguna renta mayor de la corriente.
Pero si bien la construcción de la realidad intentada excedía los límites de las posibilidades de ésta por inverosimilitud, en cuanto al hostigamiento lo que impidió que se alcanzase alguno de los posibles objetivos en el caso fue que el hostigado no carecía de experiencia política y mediática. Si el hecho se hubiese concretado contra una persona sin esa mínima experiencia, hubiese sido imposible evitar alguno de los objetivos dañinos propuestos. En síntesis: Por un lado se verifica que la construcción de realidad tiene el límite de la alucinación: una ilusión puede llegar a tener éxito, pero una alucinación nunca puede tenerlo. Por otro lado, se prueba que el hostigamiento tiene el límite que le pone la personalidad y la experiencia de la víctima.
- Consecuencias sociales del hecho. Evaluando el hecho en cuanto a sus consecuencias sociales negativas, podemos señalar tres diferentes niveles de efectos.
En el plano comunicacional, la generalización de esta metodología de hostigamiento crearía el grave riesgo de estimular a los que en toda sociedad tienen vocación de inquisidores para que un buen día impulsen una ley mordaza. Esto debe evitarse a cualquier precio; la única ley de prensa tiene ciento cincuenta y ocho años y es muy buena: es la Constitución nacional. No sólo no se necesita sino que es menester rechazar terminantemente cualquier intento de otra ley de prensa acerca de contenidos. El amarillismo no se combate con censura, sino con definiciones. Se lo combate evitando que los medios serios se mezclen con el amarillismo, aunque eso pueda arrojar algún rédito pasajero e inmediato. Esa mezcla venenosa debilita la credibilidad de los medios y fortalece a los partidarios de la censura.
Una vez aislado de los medios serios, el amarillismo no molesta, pues al igual que la pornografía tiene un público cautivo y hace su negocio, sucio pero tolerable, porque su público sabe lo que lee (este es el otro aspecto que lo asemeja a la pornografía).
En lo político, la generalización de estos hechos puede llevar a la opinión la impresión de que en la política y en la función pública nadie está limpio, que todos los candidatos son sucios, que todos se mueven por intereses bastardos, que no hay ideales ni vocación de servicio. Eso es la antipolítica y ésta es el campo de cualquier aventurero extrasistema y siempre fue el preludio de todas las dictaduras, con costos invariablemente muy altos para los pueblos.
En lo antropológico no puedo dejar de observar que para intentar destruir psíquicamente a una persona se requiere una pulsión de odio tan brutal que en otras condiciones se materializaría en forma directamente destructiva en el plano físico. Me pregunto qué mueve semejante pulsión destructiva. ¿Qué genera o motiva semejando grado de odio? Y llego a la conclusión de que en el fondo es el afán crematístico y de poder. Poder y dinero es la clave. ¡Son locos! ¡Están alienados! Han alcanzado un grado tal de alienación que olvidan el viejo adagio popular: no hay mortaja con bolsillo. Si es que ya no lo tienen, reunirán el dinero que les alcance para vivir muchas vidas, pero no los vivirán, porque hay una sola y única vida, con límite infranqueable. Quizás esta afirmación sea demasiado existencialista y, por ende, resulte un poco pasada de moda, pero no puedo dejar de llamar a la reflexión desde esta perspectiva frente a semejante grado de alienación.
Un día todos podemos estar en la cama de un hospital mirando al techo sin saber si mañana o dentro de un rato lo podremos ver. ¿Qué consolará a estas personas en ese momento? Se han olvidado que todo ser humano que nace es ya suficientemente viejo como para morir y mañana mismo podemos no estar. El afán crematístico les borra la conciencia hasta ese límite; Tánatos los domina por completo. Por suerte son los menos, porque de lo contrario la especie humana no tendría futuro y yo creo que lo tiene. La humanidad no está representada por ellos: prueba es la presencia de todos ustedes.

miércoles, 18 de mayo de 2011

"EL FASCISMO ETERNO" DE LA DERECHA ESPAÑOLA





La posibilidad de alternancia entre diversos partidos en el ejercicio del poder político es consustancial a un sistema democrático. Pero para que esa posible alternancia no sea traumática es necesario que los diversos actores políticos acepten las bases del juego democrático. Es decir, el respeto por las formas y los procedimientos marcados por las leyes, en especial por la Constitución. El respeto de las formas y procedimientos exige en la esfera política, como en la social y en la individual, un comportamiento que lleva respetar ciertos límites, límites que no están establecidos solo por las leyes, sino por una ética formada en torno a los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político que son proclamados como valores superiores de nuestro ordenamiento (art. 1.1 CE). La realización de esos valores, en especial el valor de la igualdad, es lo que hace que la democracia no sea algo acabado de una vez por todas, sino que se está haciendo cada día. Nadie tiene un plano con el camino único para la realización de esos valores, por eso caben diversas opciones políticas que ofrecen distintos caminos, pero no deben poner en cuestión la meta. Y eso es lo preocupante de situación española.

En España tenemos una derecha que es exponente de lo que Umberto Eco llama “el fascismo eterno”. Nuestra derecha formalmente no reivindica el franquismo (aunque no ha condenado ese régimen ni la violencia genocida que desató), pero como recuerda Eco, “aunque los regímenes políticos sean derribados y las ideologías criticadas y deslegitimadas, detrás de un régimen y de una ideología hay siempre un modo de pensar y de sentir, una serie de hábitos culturales, una nebulosa de instintos oscuros e insondables pulsiones”. El exterminio de judíos y comunistas que hizo Hitler no fue producto de una elaboración ideológica nacida de golpe en aquellos años. No, se alimentó de odios seculares que fueron canalizados aprovechando y explotando la frustración que sentían algunas capas de la población, en especial las clases medias, en una época de profunda crisis.

El fascismo hoy es “un totalitarismo difuminado” del que la derecha española nos brinda cada día numerosos ejemplos. Reivindica la libertad y denosta lo público frente a lo privado, pero es la libertad de enriquecerse unos cuantos a la sombra de lo público. Convierte la salud, la educación, la cultura, el territorio, en fin, en objeto de negocio para las clases privilegiadas con lo que agrandan las diferencias sociales y ciegan el camino de la igualdad. Corrompe y empobrece el lenguaje público con slóganes publicitarios vacios de contenido. La derecha española hace gala de su sempiterna arrogancia y quiere imponer a todos patrones de conducta nacional-católicos, que con su tradicional hipocresía ella misma no cumple.

Pero puede que lo peor sea su continua llamada a las más bajas pasiones y oscuros instintos de la gente para, con la potencia de los muchos medios de formación de la opinión de que dispone, hacer imposible el debate argumentado sobre la mejor satisfacción de las necesidades de la mayoría de gente. Llama a esos bajos instintos cuando irrumpe con las escandalosas denuncias sobre aumento de la delincuencia y pidiendo mano dura, aunque los datos muestren que en España el índice de delincuencia es de los más bajos de Europa. En esta campaña electoral hemos visto con estupor cómo en vez de hablar de las opciones que ofrece sobre servicios sociales, educación, cultura, salud, protección del territorio y de sus riquezas, se está utilizando el terrorismo de forma visceral y emotiva, hasta el punto de deslegitimar instituciones esenciales de nuestro estado como el Tribunal Constitucional. También vemos cómo la derecha apela al miedo al diferente para lanzar el discurso de la xenofobia alimentando la llama nacionalista que ve al de fuera como un competidor que viene a quitarnos lo nuestro. Da la casualidad que estas elecciones son autonómicas y municipales, pero ni la inmigración y ni el terrorismo son competencia (salvo en muy pequeña parte la inmigración) de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Son asuntos de la Unión Europea y del Estado.

El gran problema no es la alternancia en el poder, sino la instalación en la ciudadanía de una cultura impregnada de elementos del fascismo. No hay que olvidar que Hitler y Mussolini subieron al poder ayudados por la clase dominante utilizando los medios electorales de las democracias liberales.

jueves, 14 de abril de 2011

VIVA LA REPÚBLICA





Hoy es el aniversario de aquel 14 de abril de 1931 que para la mayoría de la población española fue un día de alegría, ilusión y esperanza. Una minoría empezó a rumiar las hieles del odio sin aceptar jamás la legalidad republicana. Conspiró casi desde ese mismo día y poco más de un año después ya hizo su primer intento de golpe de estado, que fracasó en agosto de 1932, pero el triunfo electoral limpio del Frente Popular en 1936 fue contestado con la sublevación militar de julio de ese año que provocó la sangrienta guerra civil y la más sangrienta represión de la larga y terrible dictadura franquista.




La II República, que se definía como una república democrática de trabajadores de todas clases, puso en marcha y aplicó un cuerpo de legislación social que aún hoy sorprende por su cantidad y por su calidad, como ya dijeran ilustres laboralistas. El nacimiento del derecho del trabajo español tuvo lugar en este momento. Hasta entonces había leyes sociales que carecían de la coherencia interna que permitiera hablar de un auténtico derecho del trabajo como rama autónoma del derecho. El reconocimiento de derechos para los trabajadores y sus sindicatos ya en 1931 dio lugar a un mejoramiento importante de sus condiciones de vida que estimuló el consumo interno y evitó que los más perniciosos efectos de la crisis del 29 golpeasen a España.




Aquí llegó la onda larga de la buena legislación social de la República de Weimar. No hubo una Comisión Europea que impusiese políticas de austeridad, pero las potencias occidentales (Francia y sobretodo Gran Bretaña) acabaron siendo cómplices del fascismo al abandonar a su suerte a la República cuando los militares golpistas se alzaron en armas con la ayuda de Hitler y Mussolini. Ante los ataques virulentos que nuestro actual Estado Social y Democrático de Derecho el día 12 pasado la Facultad de Relaciones Laborales y el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha organizaron una jornada de estudio sobre el mismo, porque saber es amar y la gente defiende lo que ama. La ignorancia propia de los fascistas les predispone al odio. Ya la II Republica era ya un estado social y democrático. Como homenaje a las mujeres y hombres que hicieron posible aquel breve sueño se reproduce un texto del gran Antonio Machado publicado por primera vez el 14 de abril de 1937, en plena gura civil y reproducido hoy en el suplemento del diario Público por Josep Fontana:




“Unos cuantos hombres honrados, que llegaban al poder sin haberlo deseado, acaso sin haberlo esperado siquiera, pero obedientes a la voluntad progresiva de la nación, tuvieron la insólita y genial ocurrencia de legislar atenidos a normas estrictamente morales, de gobernar en el sentido esencial de la historia, que es el porvenir. Para esos hombres eran sagradas las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo; contra ellas no se podía gobernar, porque el satisfacerlas era precisamente la más honda razón de ser de todo gobierno. Y esos hombres, nada revolucionarios, llenos de respeto, mesura y tolerancia, ni atropellaron ningún derecho ni desertaron de ninguno de sus deberes”.




La derecha española jamás se lo perdonó, ni se lo perdona. Por eso hoy volvemos a gritar: ¡¡¡ VIVA LA REPÚBLICA !!!










lunes, 21 de marzo de 2011

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN





El sábado 19 de marzo, en la Plaza Mayor de Madrid, cientos de personas se reunieron para exigir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la masacre franquista y en solidaridad con el juez Baltasar Garzón. La convocatoria la hacían los sindicatos CCOO y UGT y varias asociaciones en defensa de la memoria y de solidaridad con las víctimas de la dictadura a la que se sumaron los artistas imprescindibles, los que nunca fallan cuando están en juego las más hermosas causas cívicas. Allí estaban personas que habían sufrido con saña los rigores de la represión franquista, como Marcos Ana o Concha Carretero, compañera esta de algunas de las 13 rosas. Su vigor que la avanzada edad no ha debilitado, la fuerza de sus convicciones, su ausencia de rencor, a pesar de todo lo que han sufrido, emocionaba a quienes bajo el picor del sol primaveral no se cansaban de escuchar el testimonio y la poesía con que los sucesivos oradores les confortaban frente a las ignominias del mundo en el que vivimos, en el que los verdugos de siempre vuelve a ejercer su papel a través de la mano ciega de un aparato judicial que se deslegitima y deteriora la democracia. El canto a capela de un poema de García Montero que hizo un genial Miguel Ríos fue un vibrante colofón del acto que tuvo momentos sublimes, como cuando Juan Diego hizo una magistral lectura del poema de León Felipe que sigue.


Pero ya no hay locos.



Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, /aquel estrafalario fantasma del desierto y ... ni en España hay locos. /Todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. /Oíd ... esto, /historiadores ... filósofos ... loqueros ... /Franco ... el sapo iscariote y ladrón en la silla del juez repartiendo castigos y /premios, /en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo prendida del pecho, /y el hombre aquí, de pie, firme, erguido, sereno, /con el pulso normal, con la lengua en silencio, /los ojos en sus cuencas y en su lugar los huesos ... /El sapo iscariote y ladrón repartiendo castigos y premios .../y yo, callado, aquí, callado, impasible, cuerdo ... /¡cuerdo!, sin que se me quiebre el mecanismo del cerebro. /¿Cuándo se pierde el juicio? (yo pregunto, loqueros). /¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo, cuándo es cuando se enuncian los /conceptos /absurdos y blasfemos /y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obscenos? /¿Cuándo es cuando se dice por ejemplo: /No es verdad. Dios no ha puesto /al hombre aquí, en la Tierra, bajo la luz y la ley del universo; /el hombre es un insecto /que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello? /¿Cuándo si no es ahora (yo pregunto, loqueros), /cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, /sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? /¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo /y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto? /Si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos /que el orín de los perros; /si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos /categoría que el estiércol; /si no es ahora ... ¿cuándo se pierde el juicio? /Respondedme loqueros, /¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro? /Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, /aquel estrafalario fantasma del desierto /y ... ¡Ni en España hay locos! ¡Todo el mundo está cuerdo, /terrible, monstruosamente cuerdo! ... /¡Qué bien marcha el reloj! ¡Qué bien marcha el cerebro! /Este reloj ..., este cerebro, tic-tac, tic-tac, tic-tac, es un reloj perfecto ..., /perfecto, ¡perfecto!

martes, 15 de marzo de 2011

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS, CONCEPTO, ACTORES E INSTRUMENTOS

JORNADAS DE ESTUDIO


Albacete 7 y 8 de abril de 2011.

Organización: UCLM. Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Centro Europeo y Latinoamericano para el Dialogo Social.

Colabora: Editorial Bomarzo

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Dirección : Joaquín Aparicio Tovar y Berta Valdés de la Vega.

Jueves 7 de abril.

9.30 h.- Presentación de las Jornadas

Joaquín Aparicio. Catedrático de Derecho del Trabajo (Universidad Castilla-La Mancha),

Margarita Barañano. Profesora Titular de Sociología (Universidad Complutense de Madrid)


Berta Valdés. Catedrática de Derecho del Trabajo (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)

10 h.- En torno al concepto de RSE.

Moderadora: Fátima Guadamillas . Profesora Titular de Organización de Empresas. Vicerrectora de Ordenación Académica (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA).

La RSE: ¿Se trata de una escenificación lograda?

Eva Kocher. Catedrática de Derecho del Trabajo (Universidad Frankfurt der Oder);

Empresa responsable y sociedad: Una aproximación constitucional.

Antonio Baylos. Catedrático de Derecho del Trabajo (Universidad Castilla-La Mancha)

Las transformaciones del derecho en el capitalismo actual.

Francisco Serra. Profesor Titular de Derecho Constitucional (Universidad Complutense de Madrid)

14h.- Almuerzo

16h.- En torno al concepto y contenidos de la RSE.


Moderadora: Margarita Barañano. Profesora Titular de Sociología (Universidad Complutense de Madrid)


La RSE en relación al derecho.

Rolando Cendón. Profesor Asociado (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)

La huida de la responsabilidad jurídica y RSE: las deslocalizaciones empresariales y la protección de la salud.


Joaquín Aparicio y Berta Valdés (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA)


Estrategia empresarial y políticas voluntarias para hacer efectiva la igualdad.


Amparo Merino . Profesora Titular de Derecho del Trabajo (UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA).


Día 8.-


10 h. En torno a los actores y los instrumentos.


Moderador: Luís Collado García. Profesor Asociado de Derecho del Trabajo ( UCLM)


Los actores sociales ante la RSE de empresas transnacionales con sede central en España: Posiciones discusivas y prácticas implementadas.


Mar Maira. Profesora asociada de sociología. (Universidad Complutense de Madrid)

Instrumentos de RSE y gobernanza en la globalización económica.

Manuel Correa. Catedrático Acreditado de Derecho del Trabajo (Universidad Carlos III)


12.00. - Mesa redonda: Sindicatos y empresas ante la RSE


Modera: Jordi Ribó. Secretario Confederal de Economía Social y Autoempleo de la CS de CCOO.

Eduardo García (Director de RSE de Repsol) ; Fernando Rocha (Fundación 1º de Mayo); Antonio Guerrero (Fundación Francisco Largo Caballero).


INSCRIPCIÓN GRATUÍTA en

José Miguel Navarro. Telef. 967 599200 ext. 2041, Fax 967 599236
Jose.Navarro@uclm.es

lunes, 14 de marzo de 2011

LA JUVENTUD PORTUGUESA HABLA COLECTIVAMENTE







Manifesto de “Geraçâo à rasca. ”Manifiesto de la Generación Precaria.




Nosotros los desempleados, “quinientoseuristas” y otros que somos mal remunerados, esclavos disfrazados, sub contratados, contratados a plazo fijo, falsos trabajadores independientes , trabajadores intermitentes, pasantes, bolseros, trabajadores-estudiantes, trabajadores, madres, padres e hijos de Portugal.Nosotros, que hasta ahora fuimos cómplices de esta condición, estamos aquí, hoy, para dar nuestra contribución en el sentido de iniciar un cambio cualitativo en el País. Estamos aquí, hoy, porque no podemos seguir aceptando esta situación precaria a la cual fuimos arrastrados. Estamos aquí, hoy, porque nos esforzamos a diario con el intuito de merecer un futuro digno, con estabilidad e seguridad en todas las áreas de nuestra vida.
Protestamos para que todos los responsables de nuestra situación de incertidumbre actual – políticos, empleadores y nosotros mismos – actúen como un todo para cambiar rápidamente esta realidad, que se torno insustentable.Caso contrario:a) Se defrauda el presente, por no tener oportunidad para demostrar e ejercer nuestro potencial, impidiendo de esa manera que no exista una mejoría en las condiciones económicas y sociales del país. Se desperdician las aspiraciones de toda una generación que no puede prosperar.b) Insultamos el pasado, porque las generaciones anteriores trabajaron por nuestro acceso a la educación, por nuestra seguridad, por nuestros derechos laborales y por nuestra libertad. Se desperdiciaron décadas de esfuerzo, inversión e dedicación.
C) Se Hipoteca el Futuro, que puede ser visto sin una educación de calidad para todos y sin justas reformas para aquellos que trabajaron toda su vida. Se desperdician los recursos e habilidades que podrían llevar al país a un suceso económico.Somos la generación con mayor nivel de formación académica en la historia del país. Por eso, no bajaremos los brazos ni por el cansancio, ni por la frustración ni por la falta de perspectivas. Creemos que tenemos las herramientas e recursos necesarios para alcanzar un futuro mejor para nosotros y para Portugal.
No protestamos contra otras generaciones. Apenas no estamos ni queremos estar esperando por que los problemas se resuelvan. Protestamos por una solución de la cual queremos formar parte.

lunes, 14 de febrero de 2011

LOS SINDICATOS Y LOS ACUERDOS SOCIALES





Tras la firma del Acuerdo Social y Económico, CCOO y UGT han recibido ciertas críticas, algunas más que críticas auténticos insultos. La crítica es un ejercicio de libertad que hace más sana la vida democrática porque al aportar argumentos, permite ayudar a encontrar mejores soluciones a los siempre complejos problemas sociales para los que nadie tiene una solución mágica. El insulto no, porque al no aportar argumentos no solo no contribuye a buscar una solución sino que la dificulta. Por desgracia el insulto en la vida pública española es una pesada una herencia que lejos de debilitarse se está robusteciendo, a lo que no son ajenos tantos medios de persuasión convertidos en altoparlantes de exabruptos propios de las tertulias cuarteleras del franquismo, que en un país culto y democrático deberían estar erradicados.


CCOO y UGT son piezas esenciales de nuestra democracia. Lo avalan su historia y su presencia diaria en los centros de trabajo, y los trabajadores cada cuatro años de forma democrática lo valoran y les confieren la mayor representatividad haciéndoles superar los exigentes requisitos impuestos por la ley. Incluso la afiliación sindical no es tan baja como se dice (es más alta que en Francia, por ejemplo). Son, con enorme diferencia, las mayores organizaciones sociales de este país de tan poca cultura asociativa. Ni por su potente estructura organizativa, ni por la audiencia electoral tan extensa puede ponerse en cuestión su calidad representativa, como alguien en un evidente exceso ha llegado a hacer en estos días.


Los sindicatos, especialmente los más representativos, CCOO y UGT, son piezas esenciales de la democracia, como el art. 7 de la Constitución deja claro, porque sin ellos la democracia misma languidecería. Al no ser posible hoy una democracia directa, en las democracias representativas se abre una gran brecha entre representantes y representados, lo que da lugar, como decía N. Bobbio, a que sean poco representativas. Es necesario, por tanto, buscar vías para su mejora. La concertación social en la Europa posterior a la segunda guerra mundial ha sido una de ellas y en particular, en España. A través de los grandes sindicatos confederales se expresan y defienden intereses, no solo de los trabajadores afiliados, sino del conjunto de los asalariados en nuestra compleja sociedad pluriclasista. En el más noble sentido de la palabra los sindicatos confederales son sujetos políticos que, sin embargo, no aspiran a detentar el poder político. El Estado Social y Democrático de Derecho en que según el art. 1.1 de nuestra Constitución se constituye España no es posible sin ese papel de los sindicatos. Pero la Concertación social no supone el abandono del conflicto, como también la historia reciente de España enseña, es más, sin conflicto no es pensable la concertación.


Pero expresar esos amplios y grandes intereses de los asalariados (la inmensa mayoría de la población) no es tarea sencilla porque los sindicatos confederales deben proceder a una difícil tarea de mediación entre los múltiples intereses sectoriales o particulares (cuando no egoístas) de determinados grupos. Es falso presentar nuestra sociedad como una dividida de modo simplista entre insiders y outsiders en la que los sindicatos más representativos defienden a los insiders frente a los outsiders. La mera comparación con los sindicatos corporativos (pongamos el de controladores aéreos) es suficiente.


Mediar entre intereses complejos en asuntos trascendentales no es sencillo, como es el caso del Acuerdo Social y Económico de enero pasado. Especialmente no lo era porque el contexto es muy adverso a los intereses de los trabajadores. Estamos sufriendo un duro ataque al Estado Social y Democrático de Derecho. Los grandes poderes económico-financieros llevan desde años presionando para modificar radicalmente nuestro Sistema de Seguridad Social, no es nada nuevo. Pero ahora esos poderes han redoblado sus ataques con la renovada da alianza del Banco Mundial, el FMI, la OCDE, y ahora, la Comisión Europea. Han redoblado los ataques porque en Europa no se han encontrado frente a un sujeto político lo bastante fuerte como para impulsar una salida a la crisis que fortalezca los derechos sociales y limite o elimine los poderes de las oligarquías dominantes. La reforma de la Seguridad Social española no era de tan urgente necesidad como para que tener que cerrarse en el mes de enero de 2011. Era una imposición de los especuladores internacionales, como la Ministra de Economía reconoció (había que dar confianza a los mercados), con un guión escrito por la Comisión Europea. En su Libro Verde de julio de 2010, siguiendo las pautas marcadas en 1994 por el Banco Mundial, viene a propugnar dar un gran protagonismo a los fondos de pensiones gestionados por entes privados, a pesar de reconocer sus enormes pérdidas. Su modelo es establecer un sistema en varios pilares, uno público y obligatorio que garantice una pensión mínima muy baja, otro (u otros) de fondos de pensiones profesionales y obligatorios, pero gestionados por entes privados y otros de fondos de pensiones voluntarios individuales y gestionados también por privados. El resto de la historia ya es conocida: se redobló el bombardeo mediático para aterrorizar a la población sobre el futuro de nuestra Seguridad Social, porque como los mismos operadores financieros han reconocido, un buen funcionamiento del Sistema de Seguridad no deja espacio a los fondos privados.


CCOO y UGT forzaron una negociación denostada por los economistas orgánicos de la banca y las grandes empresas y por las autoridades económicas de nuestro Gobierno que, al abominar de la concertación social, mostraban la cara autoritaria y antidemocrática de sus propuestas. Casi con toda seguridad, sin la huelga general de 29 de septiembre la reforma de la Seguridad Social se habría impuesto de forma unilateral en una línea más próxima a los designios del Libro Verde de la Comisión Europea. Si, como dicen algunos de sus críticos, los sindicatos confederales defendieran a los insiders les habría sido fácil aceptar las propuestas de la Comisión dando prioridad a los fondos de empleo. Pero no han hecho eso, han mediado tratando de defender los intereses del conjunto de los asalariados que solo a través de un sistema como el nuestro de reparto se pueden garantizar. Han defendido nuestro Sistema que en tantos sentidos es modélico y que bien harían otros países en imitar. Claro está que sin una izquierda política a escala europea los sindicatos nacionales, y en concreto los españoles, están como un boxeador al que atan un brazo. En estas condiciones es razonable que se sopesase mucho la decisión de convocar una nueva huelga porque tiene un coste, sobre todo para los trabajadores que la hacen en una situación de altas tasas de desempleo.


El Acuerdo tiene aspectos positivos, el más importante que no pone en cuestión el sistema de reparto actual. El Sistema se refuerza, además, por la integración en el régimen general de los trabajadores agrícolas por cuenta ajena y las trabajadoras (porque la mayoría son mujeres) del hasta ahora régimen especial de empleados de hogar. También es importante y positiva la subida de las bases de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos, o que se consideren cotizados los periodos dedicados al cuidado de hijos que provocaron abandono del trabajo o los periodos de becas de los jóvenes por los que no se cotizó. Tampoco conviene pasar por alto que el periodo de carencia de la pensión de jubilación siga siendo de 15 años, pues su subida (como estaba previsto) habría expulsado del brazo contributivo a los trabajadores con carreras de cotización más cortas. También se ha evitado que se impongan los 67 años como edad pensionable general ya que hay varias edades de jubilación a partir de los 61 años. Pero negar que se han endurecido los requisitos para alcanzar el cien por cien de la pensión sería negar la evidencia. Por eso los argumentos que criticaban las propuestas del gobierno siguen siendo válidos. El Sistema tiene buena salud, pero no puede aceptarse la idea de la contributividad entendida como que la prestación tenga que ser proporcional a lo aportado por el sujeto individual. Eso, por mucho que lo digan los economistas liberales, no tiene nada de equitativo. Es introducir ideas propias de la capitalización en un sistema de reparto. Las aportaciones al Sistema han de hacerse, como hasta ahora, básicamente con cuotas calculadas sobre los salarios, pero no hay que cerrar la puerta (como no lo hace el actual art. 86 LGSS) a ingresos procedentes de impuestos, preferiblemente con adscripción finalista a la Seguridad Social, lo que implica no renunciar a un sistema tributario progresivo como quiere la Constitución. Y en el corto plazo la lucha por no reducir los niveles salariales (que es lo que esconden las propuestas tramposas de ligar salarios y productividad) es de vital importancia porque, no solo afecta a las rentas salariales de cada trabajador individual, sino que, dado el sistema de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, afectará a la cuantía de esta última y, de paso, a los recursos de la Caja Común del Sistema.

domingo, 6 de febrero de 2011

DECLARACION DE CC.OO. UGT Y DGB

Declaración conjunta de la DGB, CC OO y UGT a la cumbre hispano alemanaEuropa en la encrucijada


Ante la Cumbre política bilateral hispano-alemana que se celebra en Madrid, hoy día 3 de Febrero de 2011, los sindicatos UGT, CC OO y DGB deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación política, económica y social en la que se encuentra actualmente la Unión Europea.



Desde la primera cumbre hispano-alemana, celebrada en 1983, la Unión Europa como proyecto político y económico ha pasado por distintas fases, experimentando progreso en términos generales. Sin embargo, nunca como hoy la cooperación, la decisión y voluntad política de los gobernantes europeos han sido tan decisivas para hacer frente de un modo conveniente a los graves problemas a los que se enfrentan las economías europeas, tras la crisis iniciada en 2007-2008. Hoy en día, bastantes de ellas están zarandeadas, en la actual fase de crisis de las deudas soberanas, por la acción de los especuladores en los mercados financieros.
La recuperación económica de los países de la Unión no tendrá éxito si se basa en la adopción de las políticas económicas conservadoras de ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, sino que debe fundamentarse en la promoción del crecimiento sostenible de la economía y del empleo y el mantenimiento de la cohesión social.
Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE están suponiendo el mayor y más generalizado ataque a los Estados de bienestar y a los derechos sociales y laborales que han conocido los ciudadanos europeos desde el final de la segunda Guerra Mundial.
Apelamos a la responsabilidad de los gobiernos español y alemán: Europa se encuentra en una encrucijada. Aferrarse a las medidas hasta ahora adoptadas que sólo favorecen a los mercados pondrá en grave peligro la estabilidad del sistema del euro. Esto llevaría a una degradación económica, política y social de todos los países implicados. Por este motivo debemos adoptar todas las medidas necesarias para conjurar este peligro y fomentar el crecimiento y el empleo y estabilizar el euro.
El establecimiento de un mecanismo de estabilidad financiera permanente, aprobado por el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, aún siendo una muestra del compromiso de la UE con sus Estados miembros y con el euro, no solucionará la crisis de la eurozona a la vista de la magnitud de los problemas.
Resulta imprescindible el cumplimiento de la Agenda establecida en la Cumbre del G20 de Londres para una nueva regulación del sistema financiero internacional. Si no se alcanza a nivel mundial, el ámbito de la UE debería ser suficiente para las principales medidas.
Entre las medidas a contemplar cabrían, entre otras, la prohibición de las operaciones especulativas a la baja en los mercados financieros, la intervención del Banco Central Europeo (BCE) comprando en las cantidades que fueran necesarias bonos de los Estados miembros más afectados, la creación de una Agencia Europea de la Deuda que emitiese bonos de deuda europeos (eurobonos) y el muy necesario establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
También es posible -y política y moralmente exigibles- la erradicación de los paraísos fiscales y la regulación de las retribuciones y bonos de los directivos de las instituciones financieras.
Deseamos también transmitir que compartimos plenamente el rechazo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a las propuestas de la Comisión Europea para la gobernanza económica de la UE, por centrarse casi exclusivamente en el endurecimiento de los medios de vigilancia y control de los déficits y deudas públicas, olvidando todo lo relacionado con el crecimiento de la economía y el empleo y la política fiscal, al tiempo que se pretende a través de ellas imponer determinadas reformas, que no significan otra cosa que recortes de derechos, en campos en los que la UE no tiene competencias.
Las reformas estructurales y la consolidación fiscal por sí solos no llevarán a la recuperación de las economías europeas. Por el contrario, esta concepción errónea está retrasando la salida de la crisis y promoviendo injusticias sociales y desigualdad y el descrédito del proyecto de integración europea entre los trabajadores y trabajadoras. El gran incremento de la desigualdad social ha contribuido fuertemente a generar la actual crisis, lo mismo que ocurrió en la Gran Depresión de 1930. La desigualdad social que se está fomentando en la salida de la actual crisis es el germen de crisis futuras.
Instrumentos de desigualdad social son los contenidos de las llamadas reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE y que afectan a cuestiones tan relevantes como los sistemas de pensiones y de protección social, los mercados laborales o la negociación colectiva. En particular manifestamos nuestro completo desacuerdo con las reformas de los sistemas de pensiones que empobrecen a las personas mayores y que introducen recortes profundos de las prestaciones para minar los sistemas públicos de jubilación. Además rechazamos las propuestas que vayan dirigidas a debilitar la negociación colectiva. Junto con las políticas de ajuste presupuestario estas reformas -concebidas ante todo como recortes de derechos sociales e instrumentos para disminuir los costes laborales y los gastos sociales- son la manifestación más clara de que los actuales gobernantes europeos pretenden cargar todo el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y pensionistas.
Las tres confederaciones sindicales consideran que las reformas laborales y sociales tienen que ser fruto del diálogo social y de acuerdos con los interlocutores sociales. En ese sentido, valoran positivamente los acuerdos que recientemente se han alcanzado en España sobre pensiones y negociación colectiva, entre otros aspectos.
Pretender que los países europeos refuercen su competitividad en la economía global mediante la disminución de los costes laborales y el gasto social, en lugar de hacerlo en los factores que cimientan la economía del conocimiento, es un gravísimo error. Error en lo económico. Y error en lo político: así se deteriora la integración política europea.
Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre los casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo, que legalizan el dumping social y salarial en el seno de la UE, han demostrado que la legislación europea necesita un mecanismo para asegurar la prevalencia de lo social. Reclamamos, en consonancia con la posición de la CES, la inclusión, durante el próximo proceso de revisión del Tratado de Lisboa, de una cláusula de progreso social que evite este tipo de prácticas y establezca la primacía de los derechos sociales fundamentales. En el mismo sentido, manifestamos nuestra preocupación por el futuro de las directivas sobre trabajadores extranjeros que se están tramitando en estos momentos (permiso único, temporeros y traslado de trabajadores dentro de una misma empresa). Nos parece imprescindible que se basen en los principios de la igualdad de trato y la no discriminación y que no favorezcan una mayor fragmentación del mercado de trabajo.
La DGB, CC OO y UGT deseamos también subrayar que compartimos las opiniones de destacados analistas que afirman que Europa está perdiendo sus valores y su alma. A los valores de la Economía social de mercado, hoy plenamente cuestionados, se unen los de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Un ejemplo de esto último se ha vivido en la actuación de la diplomacia europea frente a la revolución democrática en Túnez, alineándose hasta el último minuto, explícitamente o de facto por medio de un intolerable silencio e inoperatividad, detrás del dictador Ben Ali. También al no promover con claridad el cambio democrático en Egipto, y otros países de la región.
Frente a esta situación que criticamos, y reafirmándonos en nuestras convicciones sobre el valor del proyecto de integración política de la UE inseparable de su modelo social, la DGB, CC OO y UGT, de acuerdo con la orientación de la CES, consideramos fundamental alcanzar un gran acuerdo político y social europeo que, además de abordar una solución urgente y solidaria a la crisis de la deuda, impulse un Plan de recuperación de las economías europeas, basado en la inversión en infraestructuras de transporte y energía, redes de comunicación, I+D+i., educación y formación, y una transición justa a una economía verde. Exigimos que la Cumbre extraordinaria de líderes de la UE que se celebrará mañana en Bruselas, dedicada a energía e innovación, y la Cumbre de Primavera del Consejo dirijan sus esfuerzos en esta dirección.

Madrid, 3 de febrero de 2011