miércoles, 29 de septiembre de 2010

EL DERECHO LATINOAMERICANO CON LA HUELGA DEL 29 S

Directora de La Jornada


Le agradecemos publicar la presente carta en el diario que dignamente dirige


Los trabajadores saben mejor que nadie los efectos desastrosos de la crisis y algo peor, vivir con gobiernos neoliberales durante 28 años que abandonaron la Constitución Social vigente y que incluso actúan contra ella. Porque hace tiempo se quebranta el Estado de Derecho deliberadamente, por autoridades que toleran o apoya la creación y el uso de grupos paramilitares en Cananea, Nacozari y San Juan Copala, por los Larrea en el primer caso, y el gobierno de Oaxaca en el segundo. Y con la descarada violación a la Constitución por el gobierno y la mediocre complicidad de los ministros de la Suprema Corte al aprobar, de fondo, la privatización de Luz y Fuerza del Centro y el ilegal despido de 44 mil electricistas que, junto con sus familias, son despojados de derecho humanos básicos, como contar con un proyecto de vida.


Pero también los trabajadores saben que no pueden haber ya más luchas que avancen, si no logran la unidad interna, la solidaridad sindical nacional y, sobre todo, la internacional. Como los mineros lo muestran ejemplarmente con el apoyo que reciben de los sindicatos del mundo. Más aún, los mineros son escuchados por el gobierno de Canadá, pero nunca por el de México.


Por eso hoy es importantísimo para los trabajadores, para los ciudadanos con vocación democrática y los abogados honestos, solidarizarnos con la Huelga General de España del 29 de septiembre, como un acto internacional contra la reforma laboral regresiva hispana impuesta por la retrógrada derecha. Será una jornada de júbilo y de lucha española pero también internacional, porque la crisis la creó el capitalismo especulador arrastrando al productivo y ahora provocan el más irracional y desigual reparto mundial de la riqueza. La Asociciación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y la ANAD llaman a los ciudadanos del mundo a apoyar la gesta ibera de dignidad obrera.



Por la ALAL, Luiz Salvador de Brasil, por la ANAD, Manuel Fuentes.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

LA MANIA DE LOS RANKINGS, LAS MENTIRAS Y JUSTIFICACIONES DE LO INJUSTIFICABLE (A propósito de la reforma)






Ejercer el oficio de periodista en estos tiempos en los que la información disponible es abrumadora y discurre a gran velocidad por múltiples canales debe de ser difícil porque la presión de la actualidad es una dificultad añadida para separar el ruido de las nueces. Hacer esa tarea discriminatoria le llevaría al buen periodista a distinguir lo que es opinión de lo que son hechos y, después, a analizarlos de forma racional, seria y transparente, pero en la vorágine de la vida diaria podría ser comprensible que el periodista aceptase ciertos hechos apoyándose en el argumento de autoridad de quien los emite, como pueden ser reconocidos académicos o instituciones serias y fiables, pero, aún así, la obligación de una constatación, aunque sea mínima, de la corrección de esos datos es inexcusable si el medio para el que trabaja se lo permite. Todo esto viene a cuento de la manía tan difundida a establecer comparaciones y clasificaciones de las mas diversas materias o instituciones (sistemas educativos, sistemas sanitarios, universidades, calidad de vida, etc…) que llevan a cabo por lo general entidades privadas y algunos organismos internacionales, que al establecer la clasificación ya están estableciendo un canon de acuerdo con los valores que propugnan, pero la presentan como resultado de elaboraciones “objetivas y científicas”.


El problema es que es que cada vez estamos más acostumbrados a que a bombo y platillo se difunda el puesto que nuestras instituciones ocupan en un determinado ranking sin entrar en grandes honduras sobre la no neutralidad de esas clasificaciones, y claro, hay una consecuencia casi inmediata, cual es que los resultados de esas clasificaciones (casi siempre malos para España) arropan las corrientes de opinión que claman por la necesidad de reformas en la línea de los intereses preconizados por quien ha hecho la clasificación. Pocas veces se cuestiona, en primer lugar, que las comparaciones en materias sociales son en extremo difíciles de hacer porque es imposible dejar de tener en cuenta instituciones, modos de vida, etc…propios de cada sociedad que no pueden someterse a abstracciones o simplificaciones que exigen los criterios de comparación, así como la falta de homogeneidad de muchos datos con los que se hace la comparación, a lo que hay que añadir lo erróneo que normalmente resulta sumar algunos datos empíricos, inevitablemente limitados, para, sobre asuntos muy complejos, establecer relaciones de causa-efecto sin base suficiente.




Hay dos ejemplos particularmente sangrantes. Uno de ellos es la clasificación comparativa de las economías de diversos países llamada Doing Business que hace el Banco Mundial mediante la cual se trata de clasificar las economías de 188 países “en términos de su facilidad para hacer negocios”. Para hacer la clasificación se utilizan diversos indicadores como la presión fiscal (a menos impuestos mejor clasificación), o aspectos relativos a la relación laboral en donde la flexibilidad en el uso por el empresario del tiempo de trabajo, la facilidad y el menor coste para los despidos colectivos o los bajos salarios (con el límite del umbral de la pobreza, faltaría más) hacen subir en el ranking. En el último informe para 2010 no se alude al respeto a la libertad sindical como elemento que hace bajar en la clasificación, como se hacía anteriormente, pero es probable que se incluya en las rigideces. Los datos para conformar esos criterios de obtienen de la “científica” manera de encuestar a expertos en hacer negocios o sus asesores, completadas con visitas de técnicos del propio Banco y aportaciones de consultorías privadas. Así no resulta extraño que países como Francia, España o Alemania estén en el indicador laboral severamente castigados a descender a los puestos 155, 157 y 158 respectivamente. Los países con menor protección de los trabajadores, como Singapur, son los que mejores puestos tienen.



La cosa podría ser risible si no fuera porque es un instrumento de presión para que los países emprendan una carrera hacia abajo en la protección de los derechos de los trabajadores pues el Doing Business se presenta como una guía para los inversores, y ya sabemos lo que eso significa en un mundo globalizado en el que las deslocalizaciones están a la orden del día.



El segundo ejemplo es el llamado Índice de Competitividad Global que trata de medir la productividad de un país, lo que para los redactores del informe es equivalente a la capacidad de crear renta (su distribución ya es otra cosa) y es publicado por el Foro Económico Mundial, es decir, los ricos del mundo que se reúnen en Davos. Analizan 139 países usando 12 indicadores entre los que están las instituciones, las infraestructuras, la salud y la educación primaria o “la eficiencia del mercado de trabajo”. Los datos los obtienen con encuestas, de nuevo, a los lideres empresariales (como preguntar a la zorra sobre las medidas de protección del gallinero) y se dice que participan también algunos institutos o fundaciones privadas (ninguna española) que recaban otros datos. La elaboración del informe corre a cargo de conocidos economistas ultraliberales. En el presente año el primer puesto lo ocupa Suiza y España ocupa el puesto 46, detrás de países como Túnez, Omán, Tailandia, Polonia o Puerto Rico (sin comentarios). Una de las causas de tan bajo puesto es la “gran rigidez” de nuestro mercado de trabajo que es puesta de modo señalado como ejemplo negativo en la presentación misma del informe, una falacia que no se sostiene por parte ninguna ya que nuestro sistema de relaciones laborales es uno de los más flexibles de Europa, es decir, de los que menos límites tiene el empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Es llamativo que el sistema sanitario de Túnez sea para estos preclaros veteroliberales mejor que el español. De nuevo estamos en lo mismo, de lo que se trata es crear una niebla ideológica para justificar la adopción de medidas legislativas reformadoras que reduzcan los derechos de los trabajadores, como las que acaban de aprobar las Cortes. Que esas clasificaciones estén basadas en mentiras poco importa, lo que importa es que la gente se las crea y para ello es necesario que los medios de comunicación sean el altoparlante de aquellas instituciones, pero para eso no hacen falta periodistas, solo amanuenses que resuman lo que dice la voz de su amo y no difundan información veraz, sino opiniones interesadas. Es de esperar que este tipo de operaciones de contrabando intelectual sean descalificadas por el éxito de la huelga general del 29 de septiembre.


martes, 14 de septiembre de 2010

JUECES PARA LA DEMOCRACIA






Comunicado sobre la convocatoria de huelga de trabajadores del día 29 de septiembre


En tiempos de crisis económica es preciso recordar que uno de los pilares que sustentan el Estado Constitucional es necesariamente la lucha contra las desigualdades, lo que se traduce en la concepción de los derechos sociales como instrumentos de garantía de los más débiles. Por ello consideramos inaceptable que sean precisamente nuestros conciudadanos más desfavorecidos quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos.

El camino emprendido en el mes de junio por el Ejecutivo para luchar contra la crisis económica, que se concretó en restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleadas así como en recortes retributivos sin precedentes en el ámbito de la función pública, tras años de pérdida de poder adquisitivo, prosigue en las recientes reformas normativas, que suponen una profunda erosión de los derechos de los trabajadores (abaratamiento del despido, precarización de la contratación, merma de la negociación colectiva, debilitamiento del control judicial, etc…) y coloca al ordenamiento jurídico laboral español entre aquéllos con niveles más bajos de protección en el ámbito europeo.

Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la huelga convocada por los Sindicatos para el día 29 de septiembre de 2010.

El Secretariado

Madrid, 14 de septiembre de 2010




lunes, 13 de septiembre de 2010

EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 S






Cambiar de política, defender los derechos sociolaborales: MANIFIESTO PROMOVIDO POR PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES




La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en el mercado de trabajo. Nuestra experiencia nos enseña que ninguna reforma de la legislación laboral ha servido para crear empleo, sino que la recuperación económica y el crecimiento provienen de otros factores. El panorama español muestra grandes desequilibrios sectoriales y territoriales, en la conformación del mercado de trabajo con la misma legislación laboral estatal. La reforma del mercado de trabajo promulgada por el RDL 10/2010, de 16 de junio, es perjudicial porque impone un cambio desigual en la regulación del trabajo que empeora y hace retroceder las garantías sobre el empleo de los trabajadores. Y es contraproducente porque desgasta el diálogo social como método de gobierno proporcionado de las relaciones laborales y porque fracasa en la intención de cambiar el modelo de crecimiento sobre el que se deben asentar las relaciones económicas y sociales en una perspectiva de salida de la crisis.

La reforma laboral del RDL 10/2010 no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público. Tampoco busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abarata, facilita y subvenciona el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modifica de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; no impide el fraude en la contratación temporal ni impone límites eficaces a la misma, rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de las ETTs en varios sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas de colocación.

El RDL 10/2010 sitúa al ordenamiento jurídico laboral español entre los niveles más bajos de la protección de los trabajadores europeos. Aumenta el autoritarismo en la empresa y erosiona las garantías de los derechos laborales, autolesionando así de forma grave el sistema democrático de relaciones laborales. Con ello se ignora que existe una relación directa entre economías fuertes con crecimiento equilibrado y sistemas de plena tutela de derechos laborales y un sindicalismo con relevantes poderes de regulación de las relaciones laborales. La reforma laboral aprobada impide que se hable de un cambio de modelo económico, porque no es posible desarrollar una economía sostenible y competitiva con un modelo laboral cada vez más precario y regresivo. Considerar que el modelo laboral y el modelo productivo no se interrelacionan mutuamente es un grave y oneroso error que nos persigue a lo largo de muchas décadas.

Más allá de la reforma laboral, el Gobierno parece decidido a “quemar las naves” en su deriva liberal de sacrificar derechos laborales y de protección social ante los mercados financieros y anuncia agresivos recortes en materia de pensiones, así como de prestaciones sociales, sanidad, servicios sociales y otras, que podrían reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Bajo la excusa de hacer sostenible el Estado de Bienestar, se reducen derechos conquistados tras ardua y larga lucha: para mantenerlo, se debilitan una y otra vez sus pilares hasta su práctica demolición. Mientras tanto, tenemos una presión fiscal sensiblemente menor que la media de nuestro entorno europeo, claramente injusta y regresiva y con insoportables niveles de fraude sin que se tenga voluntad decidida de perseguirlo eficazmente.

Los ciudadanos tenemos que reaccionar ante este aluvión de medidas injustas y regresivas que reducen nuestros derechos como trabajadores y como sujetos activos en la vida social y política. Concebimos la participación democrática como un proceso permanente y continuo que no se reduce sólo a la participación electoral para la formación de los órganos legislativos de la nación. Creemos que la huelga general no es sólo una forma de exteriorizar un conflicto social amplio y profundo, sino ante todo un acto decisivo de participación democrática que expresa, mediante la paralización de las actividades productivas y de servicios de un país determinado, la importancia del trabajo en la sociedad del siglo XXI y la necesidad que se respeten los derechos laborales como condición de ciudadanía plena.

Por eso las mujeres y los hombres que firmamos este manifiesto, desde nuestra variada situación de universitarios y profesionales de todo tipo, expresamos públicamente nuestra opinión, de sumarnos a la convocatoria de huelga general para el día 29 de septiembre en la idea que este acto de participación democrática y ciudadana obligue a los poderes públicos a cambiar de política, abandonando estas reformas globalmente regresivas y socialmente injustas.


Julio de 2010.

Radio Parapanda. Gaudeamus Igitur (Coro de la Universidad de Parapanda)

viernes, 10 de septiembre de 2010

LLAMAMIENTO DE VETERANOS SINDICALISTAS POR LA HUELGA GENERAL





Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán



El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.


Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU, no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.


Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.


Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter anti-social de las medidas.


Sabemos que, precisamente para salvar el estado del Bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.


Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.


Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.


No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.


Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento -- personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático-- hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.



Madrid, 7 de septiembre de 2010