lunes, 20 de diciembre de 2010

LA SUBIDA DE LA EDAD DE JUBILACION, NI URGENTE NI NECESARIA: injusta


La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.


En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.


La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.


La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.


El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.


La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.


La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.


Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.


La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.


Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10€ al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.



miércoles, 1 de diciembre de 2010

MANIFIESTO POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACIONES FINANCIERAS Y LA SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES

COMISIONES OBRERAS, UGT Y ATTAC ESPAÑA
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales. Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.

La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, y está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo, principalmente en los países del Sur, incrementando los déficits fiscales, recortando los gastos sociales y aumentando la desigualdad. Lo que resulta socialmente inadmisible es que se trata de una crisis con responsables claros, a los que no afectan las medidas adoptadas por los Gobiernos. Estos responsables son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyados por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, les han permitido alcanzar un volumen de actividad desmesurado, escasamente gravado e insuficientemente sometido a control o regulación. Los gobiernos de la Unión Europea no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en recortes sociales - con un significativo retroceso del Estado de bienestar en materiade pensiones, derechos laborales y salarios- y de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en dar prioridad a la lucha contra el déficit sin abordar la necesidad de gravar adecuadamente al sector financiero ni revisar la fiscalidad de las grandes fortunas, ni menos aún tratar de evitar la evasión fiscal practicada por las compañías multinacionales a través de los precios de transferencia.

Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa), y la lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando elentramado de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido de que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo. Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países del Sur, ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.

El ITF es una propuesta para gravar las transacciones financieras en un sector que favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos e incluso sobre los alimentos –mientras 1.000 millones de personas no saben si podrán comer cada día- y el agua potable. Su viabilidad técnica está fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y la reciente comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de Estado. La dificultad no se encuentra en las barreras técnicas, que pueden abordarse y resolverse, sino en la voluntad política.

Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no sólo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde podría después generalizarse. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas. Establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

PARAÍSOS FISCALES

Los firmantes de este Manifiesto exigimos también a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia financiera y combatir la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. Laerradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social. Los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de las finanzas internacionales, facilitando que cada año salgan de forma ilícita un billón de dólares de los países en desarrollo. No existe justificación alguna para permitir marcos fiscales desiguales y la elusión de la responsabilidad fiscal de unos pocos (multinacionales y grandes fortunas) frente a los esfuerzos soportados por el resto de la ciudadanía.


29 de noviembre de 2010