lunes, 20 de diciembre de 2010

LA SUBIDA DE LA EDAD DE JUBILACION, NI URGENTE NI NECESARIA: injusta


La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.


En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.


La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.


La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.


El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.


La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.


La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.


Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.


La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.


Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10€ al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.



miércoles, 1 de diciembre de 2010

MANIFIESTO POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACIONES FINANCIERAS Y LA SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES

COMISIONES OBRERAS, UGT Y ATTAC ESPAÑA
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales. Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.

La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, y está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo, principalmente en los países del Sur, incrementando los déficits fiscales, recortando los gastos sociales y aumentando la desigualdad. Lo que resulta socialmente inadmisible es que se trata de una crisis con responsables claros, a los que no afectan las medidas adoptadas por los Gobiernos. Estos responsables son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyados por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, les han permitido alcanzar un volumen de actividad desmesurado, escasamente gravado e insuficientemente sometido a control o regulación. Los gobiernos de la Unión Europea no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en recortes sociales - con un significativo retroceso del Estado de bienestar en materiade pensiones, derechos laborales y salarios- y de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en dar prioridad a la lucha contra el déficit sin abordar la necesidad de gravar adecuadamente al sector financiero ni revisar la fiscalidad de las grandes fortunas, ni menos aún tratar de evitar la evasión fiscal practicada por las compañías multinacionales a través de los precios de transferencia.

Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa), y la lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando elentramado de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido de que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo. Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países del Sur, ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.

El ITF es una propuesta para gravar las transacciones financieras en un sector que favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos e incluso sobre los alimentos –mientras 1.000 millones de personas no saben si podrán comer cada día- y el agua potable. Su viabilidad técnica está fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y la reciente comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de Estado. La dificultad no se encuentra en las barreras técnicas, que pueden abordarse y resolverse, sino en la voluntad política.

Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no sólo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde podría después generalizarse. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas. Establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

PARAÍSOS FISCALES

Los firmantes de este Manifiesto exigimos también a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia financiera y combatir la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. Laerradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social. Los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de las finanzas internacionales, facilitando que cada año salgan de forma ilícita un billón de dólares de los países en desarrollo. No existe justificación alguna para permitir marcos fiscales desiguales y la elusión de la responsabilidad fiscal de unos pocos (multinacionales y grandes fortunas) frente a los esfuerzos soportados por el resto de la ciudadanía.


29 de noviembre de 2010

viernes, 29 de octubre de 2010

MARCELINO CAMACHO, UN HOMBRE IMPRESCINDIBLE




Recurrir a B. Brecht cuando decía aquello que los que luchan todos los días son imprescindibles para aplicarlo a Marcelino Camacho no es muy original porque es una evidencia. Marcelino ha fallecido esta madrugada y, aunque esperada, la noticia nos deja tristes porque se ha ido alguien que ha sido amado, respetado y admirado como pocos de su tiempo. Unos tiempos duros los que le tocó vivir en los que siempre estuvo luchando contra la injusticia con un coraje que no doblegó la represión franquista. La libertades que hoy tenemos todos se las debemos a gente como Marcelino y tantas otras que como él no dudaron en enfrentarse con el fascismo para mejorar la suerte de los trabajadores. Pero no solo hay que exaltar aquí su coraje, sino su inteligencia y aportación en la construcción de un sindicalismo moderno. La autonomía sindical, que es una de las señas de identidad de Comisiones Obreras, debe mucho a la lucidez de Marcelino. Hay que recordar aquí que dimitió de su cargo en el Comité Central del Partido Comunista, no porque hubiese dejado de ser comunista, sino para preservar la autonomía del sindicato, un sindicato que sigue aspirando a una sociedad igualitaria y sin explotación, pero que no acepta jugar el papel ancilar de “correa de transmisión” de un partido determinado.

Está muy en boga descalificar al comunismo por sus realizaciones totalitarias y los crímenes que en su nombre se han cometido. Denunciar esos crímenes y el totalitarismo es necesario, pero no olvidemos algunos hechos entre los cuales está que en España es difícil encontrar personas tan limpias, tan generosas, tan entregadas a la lucha por un mundo mejor en tan alto número como las que formaron parte de la familia comunista, entre las que Marcelino destaca. Es una vergüenza de nuestra sociedad que jueces que dictaban duras condenas contra los luchadores por la libertad y la igualdad siguieran ejerciendo en la democracia su profesión sin el menor rubor, es algo que Marcelino, por ejemplarizarlo en él, no se merecía. La muerte es la gran ausencia, pero es total cuando sobre los que se han ido cae el olvido. No queremos que eso ocurra con Marcelino y por eso seguirá con su ejemplo entre nosotros en las aspiraciones de un mundo más justo, más igualitario y más libre.

viernes, 8 de octubre de 2010

HACER HUELGA ES BELLO


Es el afamado maestro confitero Ferino Isla, creador del rico dulce pionono.




¿Qué tendrá la huelga que tantas pasiones desata? Cuando los sindicatos llaman a la huelga los patronos se irritan, los voceros a su servicio la demonizan, los cursis con acceso a los medios la banalizan, los políticos en ejercicio se incomodan y de modo abierto o subterráneo actúan para hacerla lo más difícil posible. La huelga desata emociones. Y las desata porque la huelga, entre otras cosas, pone en cuestión la autoridad de quienes la ejercen sobre los que trabajan. Es un acto de radical afirmación de la propia dignidad porque al decir ¡NO! Se está valorizando al individuo en cuanto se afirma como tal individuo en unión a la colectividad a la pertenece. Nunca una huelga sirve para defender un interés individual. Pero por eso mismo denuncia con la acción la injusticia de las condiciones de trabajo. No se trabaja para defender el trabajo, una paradoja, como con gran acierto ha mostrado Antonio Baylos. O lo que es lo mismo, no se trabaja porque se quiere que el trabajo sea tratado de otra manera.

Con esta huelga del 29 de septiembre los sindicatos se han convertido en lo más valioso de nuestra sociedad porque tratan de defender probablemente lo mejor que Europa ha producido en el siglo XX: el Estado Social y Democrático de Derecho. Un modo de entender la democracia que ahora mismo está siendo negado por las fuerzas del privilegio económico en un retroceso histórico aterrador. Hacer huelga (holgar no es lo bastante expresivo, ni huelguear existe en nuestro idioma) es gozar de un derecho fundamental de participación democrática. Como decía Bobbio, un serio problema de las democracias representativas es que son poco representativas. La participación de los comunes mortales en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad cada día es mas remota, como hemos visto estos días en que “los mercados” (es decir determinados grandes millonarios-inversores de carne y hueso) han puesto de rodillas a nuestro legítimo Gobierno…y este se ha plegado. Esa sombra de las democracias solo parcialmente se compensa a través de otras vías. Los mecanismos de concertación social, al permitir una mejor expresión de los intereses de los trabajadores, son una de ellas, por eso cuando se rompe el dialogo social y se aceptan las imposiciones “de los mercados” para reducir derechos de los trabajadores y aumentar el poder de los empresarios, no queda otro camino que la expresión directa de la voluntad de los oprimidos (si, de los oprimidos, no es un lenguaje arcaico) a través del derecho fundamental de la huelga. Pero es un derecho que cuesta, que hace salir al sujeto individual de su encierro privado para, al juntarse con los demás, llamar a transformar ordenando el desorden del mundo y, de ese modo, afirmar su desafiante presencia frente a los aparatos del poder. Se movilizan los afectos, los lazos de solidaridad y por ello, hacer huelga es bello.


Joaquín Aparicio Tovar
martes, 28 de septiembre de 2010

lunes, 4 de octubre de 2010

HABLA DON MIQUEL FALGUERA Y BARÓ






Intervención de este Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona dos días antes del 29 de segtiembre de 2010.







Permítanme que en este importante acto haga reflexiones de un simple jurista. Y permítanme también que recuerde que los juristas no hablamos de dinero, sino de derechos. Que nuestra razón de ser no pasa por el incremento de las riquezas, sino por el avance de la civilidad. Tengo la impresión de que vivimos en unos tiempos tan inciertos en los que es necesario recordar obviedades como, por ejemplo, recuperar el sentido de las palabras. Así, habrá que recordar que, contra lo que se nos quiere hacer creer, la democracia no es sinónimo sólo de libertad, sino algo más. Huelga decir que no existe democracia sin libertad, pero la democracia es también igualdad. Y la democracia es también la fraternidad, esto es, el derecho de todos los hombres y todas las mujeres a desarrollarse como personas, a partir del reconocimiento social de unos mínimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres constituyentes norteamericanos, el “derecho a la felicidad”. Nadie puede ser libre si carece de la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De ahí que Aristóteles caracterizara la democracia como “el gobierno de los hombres pobres libres”, a diferencia de la oligarquía ─“el gobierno de los hombres ricos libres”─.
De estos conceptos surgieron las ideas centrales de la Ilustración, de la que somos hijos. Y habrá que recordar también, porque a menudo se olvida, que los actuales marcos constitucionales no surgieron de la nada, sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres ─más o menos libres─ durante dos siglos. Que son la consecuencia de la lucha, de la sangre y el sufrimiento, de la pobreza laboriosa. Después de que dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejaran sus vidas en los campos de batalla en dos guerras mundiales se logró un pacto social trascendental que implicó unas nuevas normas en el reparto del pastel de la riqueza (que bien es cierto que obviaba la realidad de los países menos desarrollados), recuperando un modelo social que ya había sido mínimamente diseñado por las constituciones de Weimar y Querétaro.
No obstante, hace un cuarto de siglo ─a raíz de la aparición de lo que se conoce como neoliberalismo─, las condiciones contractuales han cambiado y se han pervertido los valores constitucionales. A pesar de que nadie lo diga, ocurre que los textos de nuestras cartas magnas se han quedado en papel mojado, en meras declaraciones sin contenido. A lo largo de estos años, los juristas hemos visto estupefactos cómo las anteriores conquistas de civilidad eran puestas en solfa, cómo el derecho tenía que someterse a la economía.
Con demasiada frecuencia oímos discursos que cuestionan la igualdad y la fraternidad por “antiguas” y reivindican una supuesta “sociedad del riesgo”, que implica la instauración del neodarwinismo social. Actualmente somos más desiguales que hace unas décadas. En otras palabras: los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Y ello no sólo a escala de los países opulentos, sino también a nivel mundial, como constata la OIT. Discursos y políticas que reclaman “menos Estado” y “menos regulación”, es decir, el abandono de la intervención de la sociedad como colectivo en las relaciones privadas, de tal modo que los poderosos acaben imponiendo sus intereses.
En este contexto, los juristas hemos asistido boquiabiertos a la negación de que la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirma la mayor parte de los textos constitucionales occidentales. Y, así, el triunfo en la vida parece pasar por el mero enriquecimiento ─un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de los demás─, y no por la autoemancipación individual y colectiva y la mejora de nuestras sociedades, por el declive del concepto de ciudadanía social en favor del individualismo descarnado. Hemos asistido a la negación de los derechos y los valores colectivos, contra lo que afirman las constituciones, en favor de este individualismo. Son cada vez más frecuentes las políticas, declaraciones y normas que cuestionan a los sindicatos, la negociación colectiva o el derecho de huelga. En estos precisos momentos tenemos ejemplos claros. Se nos dice ─y se nos pretende hacer creer─ que estas instituciones colectivas ─conquistadas por históricas luchas desiguales─ impiden el crecimiento económico. Se ha recortado la solidaridad social a través de una política fiscal regresiva. Y eso ha implicado el incremento de la desigualdad en derechos básicos, como el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar o las situaciones de dependencia.
El sistema de la Seguridad Social ─la gran conquista de la pobreza laboriosa y el máximo exponente de la fraternidad social─ es también negado, porque se nos dice que afecta a la economía y que nos incapacita para afrontar los riesgos de las sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios ─directa o indirectamente pagados por entidades financieras─ que indican la imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsión social y que obtienen un gran eco en los medios de comunicación, que nada dicen de las elevadas pérdidas de los sistemas privados de previsión. Mientras tanto, nuestras pensiones se van reduciendo y los requisitos de acceso, endureciendo.
Con la excusa del empleo ─que la práctica ha demostrado falsa─, llevamos veinticinco año de recortes de derechos de los trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulación de mayores facilidades para el despido, el abaratamiento de su coste para el empresario y a graves limitaciones de control judicial posterior. Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra foránea, en un diseño consciente de reclutamiento de un auténtico ejército industrial de reserva que abarate los gastos salariales. Y, en paralelo, asistimos también al preocupante incremento de discursos xenófobos, con actuaciones de los gobiernos de los países ricos que incumplen los tratados internacionales.
Pero ocurre que, contra lo que se nos repite, con estas políticas contrarias a la igualdad y la fraternidad, somos cada vez menos libres, porque estamos en unos momentos en que el voto de los hombres pobres libres no sirve en nada para delimitar las grandes políticas sociales y económicas. Estas políticas se diseñan en organismos y empresas transnacionales que no ha votado ni votará nadie. Y somos menos libres porque cualquier voz mínimamente crítica es omitida, cuando no quemada inquisitorialmente en una plaza pública.
La actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los hombres pobres libres, sino a estas políticas neoliberales. No deja de resultar sorprendente que poco después del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a hablar de reformar el sistema, de regular la economía. No obstante, ésa fue una idea efímera. Una vez más los hombres pobres libres han pagado de su bolsillo los excesos financieros, y la conclusión de los poderosos ha sido que dichas políticas suicidas debían incrementarse. Decidieron que eran los pensionistas, los empleados públicos y las personas dependientes quienes debían pagar las consecuencias, que la solución para la crisis era menos igualdad y menos fraternidad, que había que seguir recortando derechos a los trabajadores y a los sindicatos. Han omitido que la causa de la situación actual no es la igualdad, sino precisamente el recorte de los derechos constitucionales, de los derechos de las personas. Por eso mi asociación profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido apoyar públicamente la huelga general del próximo día 29 de septiembre, porque esencialmente somos juristas y nuestra pasión es el derecho. Alguien podría dudar y pensar que los motivos de la huelga no le afectan en nada, que eso es cosa de los trabajadores y de los sindicatos. Quien piense eso se equivoca. Lo que nos jugamos el próximo día 29 es mucho más que el redactado de unas leyes. Lo que nos jugamos es si nuestro futuro lo decidirán nuestros votos o las organizaciones financieras internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o por la oligarquía.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

EL DERECHO LATINOAMERICANO CON LA HUELGA DEL 29 S

Directora de La Jornada


Le agradecemos publicar la presente carta en el diario que dignamente dirige


Los trabajadores saben mejor que nadie los efectos desastrosos de la crisis y algo peor, vivir con gobiernos neoliberales durante 28 años que abandonaron la Constitución Social vigente y que incluso actúan contra ella. Porque hace tiempo se quebranta el Estado de Derecho deliberadamente, por autoridades que toleran o apoya la creación y el uso de grupos paramilitares en Cananea, Nacozari y San Juan Copala, por los Larrea en el primer caso, y el gobierno de Oaxaca en el segundo. Y con la descarada violación a la Constitución por el gobierno y la mediocre complicidad de los ministros de la Suprema Corte al aprobar, de fondo, la privatización de Luz y Fuerza del Centro y el ilegal despido de 44 mil electricistas que, junto con sus familias, son despojados de derecho humanos básicos, como contar con un proyecto de vida.


Pero también los trabajadores saben que no pueden haber ya más luchas que avancen, si no logran la unidad interna, la solidaridad sindical nacional y, sobre todo, la internacional. Como los mineros lo muestran ejemplarmente con el apoyo que reciben de los sindicatos del mundo. Más aún, los mineros son escuchados por el gobierno de Canadá, pero nunca por el de México.


Por eso hoy es importantísimo para los trabajadores, para los ciudadanos con vocación democrática y los abogados honestos, solidarizarnos con la Huelga General de España del 29 de septiembre, como un acto internacional contra la reforma laboral regresiva hispana impuesta por la retrógrada derecha. Será una jornada de júbilo y de lucha española pero también internacional, porque la crisis la creó el capitalismo especulador arrastrando al productivo y ahora provocan el más irracional y desigual reparto mundial de la riqueza. La Asociciación Latinoamericana de Abogados Laboralistas y la ANAD llaman a los ciudadanos del mundo a apoyar la gesta ibera de dignidad obrera.



Por la ALAL, Luiz Salvador de Brasil, por la ANAD, Manuel Fuentes.

miércoles, 15 de septiembre de 2010

LA MANIA DE LOS RANKINGS, LAS MENTIRAS Y JUSTIFICACIONES DE LO INJUSTIFICABLE (A propósito de la reforma)






Ejercer el oficio de periodista en estos tiempos en los que la información disponible es abrumadora y discurre a gran velocidad por múltiples canales debe de ser difícil porque la presión de la actualidad es una dificultad añadida para separar el ruido de las nueces. Hacer esa tarea discriminatoria le llevaría al buen periodista a distinguir lo que es opinión de lo que son hechos y, después, a analizarlos de forma racional, seria y transparente, pero en la vorágine de la vida diaria podría ser comprensible que el periodista aceptase ciertos hechos apoyándose en el argumento de autoridad de quien los emite, como pueden ser reconocidos académicos o instituciones serias y fiables, pero, aún así, la obligación de una constatación, aunque sea mínima, de la corrección de esos datos es inexcusable si el medio para el que trabaja se lo permite. Todo esto viene a cuento de la manía tan difundida a establecer comparaciones y clasificaciones de las mas diversas materias o instituciones (sistemas educativos, sistemas sanitarios, universidades, calidad de vida, etc…) que llevan a cabo por lo general entidades privadas y algunos organismos internacionales, que al establecer la clasificación ya están estableciendo un canon de acuerdo con los valores que propugnan, pero la presentan como resultado de elaboraciones “objetivas y científicas”.


El problema es que es que cada vez estamos más acostumbrados a que a bombo y platillo se difunda el puesto que nuestras instituciones ocupan en un determinado ranking sin entrar en grandes honduras sobre la no neutralidad de esas clasificaciones, y claro, hay una consecuencia casi inmediata, cual es que los resultados de esas clasificaciones (casi siempre malos para España) arropan las corrientes de opinión que claman por la necesidad de reformas en la línea de los intereses preconizados por quien ha hecho la clasificación. Pocas veces se cuestiona, en primer lugar, que las comparaciones en materias sociales son en extremo difíciles de hacer porque es imposible dejar de tener en cuenta instituciones, modos de vida, etc…propios de cada sociedad que no pueden someterse a abstracciones o simplificaciones que exigen los criterios de comparación, así como la falta de homogeneidad de muchos datos con los que se hace la comparación, a lo que hay que añadir lo erróneo que normalmente resulta sumar algunos datos empíricos, inevitablemente limitados, para, sobre asuntos muy complejos, establecer relaciones de causa-efecto sin base suficiente.




Hay dos ejemplos particularmente sangrantes. Uno de ellos es la clasificación comparativa de las economías de diversos países llamada Doing Business que hace el Banco Mundial mediante la cual se trata de clasificar las economías de 188 países “en términos de su facilidad para hacer negocios”. Para hacer la clasificación se utilizan diversos indicadores como la presión fiscal (a menos impuestos mejor clasificación), o aspectos relativos a la relación laboral en donde la flexibilidad en el uso por el empresario del tiempo de trabajo, la facilidad y el menor coste para los despidos colectivos o los bajos salarios (con el límite del umbral de la pobreza, faltaría más) hacen subir en el ranking. En el último informe para 2010 no se alude al respeto a la libertad sindical como elemento que hace bajar en la clasificación, como se hacía anteriormente, pero es probable que se incluya en las rigideces. Los datos para conformar esos criterios de obtienen de la “científica” manera de encuestar a expertos en hacer negocios o sus asesores, completadas con visitas de técnicos del propio Banco y aportaciones de consultorías privadas. Así no resulta extraño que países como Francia, España o Alemania estén en el indicador laboral severamente castigados a descender a los puestos 155, 157 y 158 respectivamente. Los países con menor protección de los trabajadores, como Singapur, son los que mejores puestos tienen.



La cosa podría ser risible si no fuera porque es un instrumento de presión para que los países emprendan una carrera hacia abajo en la protección de los derechos de los trabajadores pues el Doing Business se presenta como una guía para los inversores, y ya sabemos lo que eso significa en un mundo globalizado en el que las deslocalizaciones están a la orden del día.



El segundo ejemplo es el llamado Índice de Competitividad Global que trata de medir la productividad de un país, lo que para los redactores del informe es equivalente a la capacidad de crear renta (su distribución ya es otra cosa) y es publicado por el Foro Económico Mundial, es decir, los ricos del mundo que se reúnen en Davos. Analizan 139 países usando 12 indicadores entre los que están las instituciones, las infraestructuras, la salud y la educación primaria o “la eficiencia del mercado de trabajo”. Los datos los obtienen con encuestas, de nuevo, a los lideres empresariales (como preguntar a la zorra sobre las medidas de protección del gallinero) y se dice que participan también algunos institutos o fundaciones privadas (ninguna española) que recaban otros datos. La elaboración del informe corre a cargo de conocidos economistas ultraliberales. En el presente año el primer puesto lo ocupa Suiza y España ocupa el puesto 46, detrás de países como Túnez, Omán, Tailandia, Polonia o Puerto Rico (sin comentarios). Una de las causas de tan bajo puesto es la “gran rigidez” de nuestro mercado de trabajo que es puesta de modo señalado como ejemplo negativo en la presentación misma del informe, una falacia que no se sostiene por parte ninguna ya que nuestro sistema de relaciones laborales es uno de los más flexibles de Europa, es decir, de los que menos límites tiene el empresario para disponer de la fuerza de trabajo de sus trabajadores. Es llamativo que el sistema sanitario de Túnez sea para estos preclaros veteroliberales mejor que el español. De nuevo estamos en lo mismo, de lo que se trata es crear una niebla ideológica para justificar la adopción de medidas legislativas reformadoras que reduzcan los derechos de los trabajadores, como las que acaban de aprobar las Cortes. Que esas clasificaciones estén basadas en mentiras poco importa, lo que importa es que la gente se las crea y para ello es necesario que los medios de comunicación sean el altoparlante de aquellas instituciones, pero para eso no hacen falta periodistas, solo amanuenses que resuman lo que dice la voz de su amo y no difundan información veraz, sino opiniones interesadas. Es de esperar que este tipo de operaciones de contrabando intelectual sean descalificadas por el éxito de la huelga general del 29 de septiembre.


martes, 14 de septiembre de 2010

JUECES PARA LA DEMOCRACIA






Comunicado sobre la convocatoria de huelga de trabajadores del día 29 de septiembre


En tiempos de crisis económica es preciso recordar que uno de los pilares que sustentan el Estado Constitucional es necesariamente la lucha contra las desigualdades, lo que se traduce en la concepción de los derechos sociales como instrumentos de garantía de los más débiles. Por ello consideramos inaceptable que sean precisamente nuestros conciudadanos más desfavorecidos quienes tengan que asumir los costes de una situación económica que encuentra su origen en la ventajista e irresponsable actuación de unos pocos.

El camino emprendido en el mes de junio por el Ejecutivo para luchar contra la crisis económica, que se concretó en restricciones sustanciales en los derechos de pensionistas, personas dependientes y desempleadas así como en recortes retributivos sin precedentes en el ámbito de la función pública, tras años de pérdida de poder adquisitivo, prosigue en las recientes reformas normativas, que suponen una profunda erosión de los derechos de los trabajadores (abaratamiento del despido, precarización de la contratación, merma de la negociación colectiva, debilitamiento del control judicial, etc…) y coloca al ordenamiento jurídico laboral español entre aquéllos con niveles más bajos de protección en el ámbito europeo.

Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la huelga convocada por los Sindicatos para el día 29 de septiembre de 2010.

El Secretariado

Madrid, 14 de septiembre de 2010




lunes, 13 de septiembre de 2010

EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL DEL 29 S






Cambiar de política, defender los derechos sociolaborales: MANIFIESTO PROMOVIDO POR PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES




La crisis económica no tiene sus causas ni sus respuestas en el mercado de trabajo. Nuestra experiencia nos enseña que ninguna reforma de la legislación laboral ha servido para crear empleo, sino que la recuperación económica y el crecimiento provienen de otros factores. El panorama español muestra grandes desequilibrios sectoriales y territoriales, en la conformación del mercado de trabajo con la misma legislación laboral estatal. La reforma del mercado de trabajo promulgada por el RDL 10/2010, de 16 de junio, es perjudicial porque impone un cambio desigual en la regulación del trabajo que empeora y hace retroceder las garantías sobre el empleo de los trabajadores. Y es contraproducente porque desgasta el diálogo social como método de gobierno proporcionado de las relaciones laborales y porque fracasa en la intención de cambiar el modelo de crecimiento sobre el que se deben asentar las relaciones económicas y sociales en una perspectiva de salida de la crisis.

La reforma laboral del RDL 10/2010 no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto público. Tampoco busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abarata, facilita y subvenciona el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modifica de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción; no impide el fraude en la contratación temporal ni impone límites eficaces a la misma, rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de las ETTs en varios sectores sensibles y de riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas de colocación.

El RDL 10/2010 sitúa al ordenamiento jurídico laboral español entre los niveles más bajos de la protección de los trabajadores europeos. Aumenta el autoritarismo en la empresa y erosiona las garantías de los derechos laborales, autolesionando así de forma grave el sistema democrático de relaciones laborales. Con ello se ignora que existe una relación directa entre economías fuertes con crecimiento equilibrado y sistemas de plena tutela de derechos laborales y un sindicalismo con relevantes poderes de regulación de las relaciones laborales. La reforma laboral aprobada impide que se hable de un cambio de modelo económico, porque no es posible desarrollar una economía sostenible y competitiva con un modelo laboral cada vez más precario y regresivo. Considerar que el modelo laboral y el modelo productivo no se interrelacionan mutuamente es un grave y oneroso error que nos persigue a lo largo de muchas décadas.

Más allá de la reforma laboral, el Gobierno parece decidido a “quemar las naves” en su deriva liberal de sacrificar derechos laborales y de protección social ante los mercados financieros y anuncia agresivos recortes en materia de pensiones, así como de prestaciones sociales, sanidad, servicios sociales y otras, que podrían reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Bajo la excusa de hacer sostenible el Estado de Bienestar, se reducen derechos conquistados tras ardua y larga lucha: para mantenerlo, se debilitan una y otra vez sus pilares hasta su práctica demolición. Mientras tanto, tenemos una presión fiscal sensiblemente menor que la media de nuestro entorno europeo, claramente injusta y regresiva y con insoportables niveles de fraude sin que se tenga voluntad decidida de perseguirlo eficazmente.

Los ciudadanos tenemos que reaccionar ante este aluvión de medidas injustas y regresivas que reducen nuestros derechos como trabajadores y como sujetos activos en la vida social y política. Concebimos la participación democrática como un proceso permanente y continuo que no se reduce sólo a la participación electoral para la formación de los órganos legislativos de la nación. Creemos que la huelga general no es sólo una forma de exteriorizar un conflicto social amplio y profundo, sino ante todo un acto decisivo de participación democrática que expresa, mediante la paralización de las actividades productivas y de servicios de un país determinado, la importancia del trabajo en la sociedad del siglo XXI y la necesidad que se respeten los derechos laborales como condición de ciudadanía plena.

Por eso las mujeres y los hombres que firmamos este manifiesto, desde nuestra variada situación de universitarios y profesionales de todo tipo, expresamos públicamente nuestra opinión, de sumarnos a la convocatoria de huelga general para el día 29 de septiembre en la idea que este acto de participación democrática y ciudadana obligue a los poderes públicos a cambiar de política, abandonando estas reformas globalmente regresivas y socialmente injustas.


Julio de 2010.

Radio Parapanda. Gaudeamus Igitur (Coro de la Universidad de Parapanda)

viernes, 10 de septiembre de 2010

LLAMAMIENTO DE VETERANOS SINDICALISTAS POR LA HUELGA GENERAL





Nicolás Redondo, Julián Ariza, Antón Saracíbar, Nicolás Sartorius, José María Zufiaur, José Luís López Bulla, José María Romero, Eduardo Saborido, Miguel Ángel Ordóñez, Rafael Pillado, Suso Mosquera, Tomás Tueros, Carlos Trevilla y Antonio Montalbán



El Gobierno, en contradicción con sus promesas electorales y sus declaraciones de no proceder a recortes de derechos sociales, ha adoptado una serie de medidas que entendemos lesivas para los trabajadores y otros colectivos sociales, así como para la recuperación de nuestra economía.


Somos conscientes de que nuestro país atraviesa una profunda crisis. La percepción que tenemos es que durante demasiado tiempo se ha producido un visible desajuste entre la gravedad de la situación y las medidas adoptadas para enfrentarla. La responsabilidad, en este aspecto, aunque no única, recae en el Gobierno, cuyo retraso en reaccionar ha sido grave. Tanto es así, que con la crisis ya declarada, el Gobierno adoptó una serie de medidas fiscales temerarias- eliminación del impuesto del Patrimonio, deducción de 400 euros y otras- que han agravado el déficit, mermado la capacidad inversora del Estado y su propio margen de maniobra ante la crisis. De otro lado, si bien es cierto que la crisis financiera y sus efectos tienen dimensión internacional y origen en los EE.UU, no es menos cierto que nuestra crisis inmobiliaria y de modelo productivo estaba pronosticada desde hace años, sin que se adoptaran medidas enérgicas para corregir una deriva que, al final, nos ha llevado a esos más de 4 millones de parados. Crisis inmobiliaria que tuvo su origen en gobiernos de la derecha pero que nadie quiso o pudo atajar a tiempo.


Ha sido necesaria la presión de las instituciones de la UE y otras, ante la puesta en cuestión de la solvencia de nuestro país por los mercados financieros, para que se precipitaran aquí medidas drásticas- y nos tememos que improvisadas- todas ellas, de momento, en perjuicio de los sectores populares y, en consecuencia, desequilibradas. Al impulso de tales decisiones se ha subordinado totalmente la reducción del paro a la reducción del déficit, siempre desde el recorte del gasto y la inversión, sin afectar para nada a los que más tienen y aumentando el IVA, que pagan por igual los pudientes que las rentas modestas. Déficit que, sin duda, hay que combatir pero sin sacrificar la recuperación de la economía y, sobre todo, de manera equitativa. El problema de España no es que se gasta demasiado sino que se recauda demasiado poco, pues tenemos una presión fiscal 7 puntos por debajo de la media europea y 11 con relación a los países más avanzados. Si sacrificamos la inversión y el consumo corremos el riesgo de estar años sin crecer lo suficiente y la situación de desempleo se agravará aún más. No podemos olvidar que la peor situación es aquella en que se realizan drásticos ajustes fiscales al tiempo que no llega el crédito del sistema financiero. En este sentido, sorprende el que un Gobierno como el actual haya decidido hacer este tipo de ajuste porque, en nuestra opinión, hay otras opciones menos traumáticas frente a la crisis y, desde luego, más equitativas.


Dicho lo anterior, es preciso destacar que las medidas tomadas tanto en España como en los demás países de la UE se inscribirían en una lógica que, de no combatirse, conducirían a la idea de que para competir en los mercados globales Europa tiene que recortar su Estado de Bienestar. Tal idea no es nueva y se presenta con fuerza cada vez que hay una crisis económica, cuando se pretende presentar como criterios de la ciencia económica lo que no es más que vieja ideología conservadora de sobrada insolvencia. Lo peligroso de un periodo como el actual es que en él concurren la hegemonía política de la derecha en casi toda Europa y la falta de un proyecto claro de la izquierda, lo que hace temer que esta vez los recortes pueden ser, si no lo evitamos, además de profundos de difícil arreglo. Y especialmente delicado en el caso de España donde contamos con una derecha que no sólo no ha hecho nada para salir de la crisis sino que acentuaría el carácter anti-social de las medidas.


Sabemos que, precisamente para salvar el estado del Bienestar, es necesario introducirle reformas. En Europa y en España hay que aumentar la productividad, reformar la empresa, modernizar el aparato productivo. Pero todo esto no se hará en contra de los que tienen que aplicar las reformas, ¿alguien cree que se puede aumentar la productividad de una economía basada en la innovación, reduciendo salarios y recortando derechos sociales?. Queremos llamar la atención de que además de ser radicalmente injusto que la crisis la paguen los que no han tenido ninguna responsabilidad en ella, mientras que aquellos que la han tenido toda solo reciben ayudas y subvenciones, es absurdo pretender mantener el modelo social europeo sin una fiscalidad suficiente que grave a las rentas, beneficios y capitales más altos. Las gravosas deudas de hoy son las insuficiencias fiscales de ayer.


Siguiendo en el campo de las reformas ahí está, como ejemplo, lo que se ha venido haciendo desde mediados de los años 90 con la puesta en marcha del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que era un ejemplo de sensatez. Lo rechazable ahora, es que se tomen unilateralmente medidas desproporcionadas y que se rompan marcos de diálogo y participación de los agentes sociales, como ha ocurrido con una decisión tan torpe políticamente como injusta socialmente, esto es, la congelación de las pensiones para el 2011. Congelación que no contribuye para nada a reducir el déficit, cuenta con la oposición de la mayoría del Parlamento y deja en manos de la derecha una baza importante.


Respecto de la reforma laboral, tras la experiencia de más de sesenta modificaciones del Estatuto de los Trabajadores, algunas tan profundas como las de 1984, 1994 y 2002, su virtualidad ha sido y será prácticamente nula para la generación de empleo pues, de entrada, facilita y abarata los despidos, aumenta el poder de disposición de las empresas sobre la mano de obra, debilita a los sindicatos y hace retroceder el papel del Estado en su función de tutelar las condiciones de vida y de trabajo. El mercado de trabajo es consecuencia del modelo productivo y no al revés. Mientras éste no cambie aquel no se estabilizará.


No es casual que, en este contexto se haya recrudecido, en abundantes plataformas de opinión, la campaña de desprestigio de los sindicatos. Al fin y al cabo son la principal fuerza social que, a pesar de todo, sigue teniendo capacidad para oponerse a estas medidas tan desequilibradas. Sobre los sindicatos recae, a fin de cuentas, buena parte de la responsabilidad de mejorar el modelo social europeo y contribuir a equilibrar la política que emana de las instituciones de la UE. Convendría que las fuerzas progresistas no olvidaran que sólo desde la movilización social a nivel europeo la izquierda retomara el pulso y la capacidad de llevar adelante un proyecto más justo socialmente y económicamente más eficaz. No nos estamos jugando un ajuste para paliar el endeudamiento de un país sino evitar un retroceso histórico de conquistas y derechos de los ciudadanos europeos. No se trata de permanecer estáticos sino de reformar para mejorar y salir de la crisis.


Desde la conciencia de que esto es así, en la convicción de que puede corregirse tal deriva y con la experiencia de que para conseguirlo es necesaria la movilización social, quienes suscribimos este documento -- personas que asumimos, en su día, responsabilidades en la lucha de las CC.OO. y UGT durante la dictadura franquista, en el tránsito pacífico a la democracia y en el devenir del movimiento sindical durante el periodo democrático-- hacemos un llamamiento a trabajadores y ciudadanos para que participen en las movilizaciones acordadas en unidad por los sindicatos y en la huelga general del día 29 de septiembre. Acción que persigue el objetivo de hacer rectificar la política económica del Gobierno, lesiva para los derechos de los trabajadores, haciéndola coincidir con la jornada de movilizaciones a escala europea convocada por los sindicatos de la CES, pues es en ese espacio, donde se libra la gran tarea de salir de la crisis y mejorar el estado del bienestar. Nos jugamos todos mucho.



Madrid, 7 de septiembre de 2010

martes, 24 de agosto de 2010

LA JUEZA TIRZA FLORES RECIBE EL PREMIO HANS LITTEN






Hans Litten fué un abogado alemán que en la República de Weimar participó, entre otros asuntos, en el caso del asalto de las SA del partido nazi al Palacio Edén, donde resultaron heridos veinte jovenes obreros comunistas. En el proceso penal, en el que se pretendía demostrar que el nazismo utilizaba el terror como estrategia para derruir las estructuras democráticas de la república de Weimar, Litten llamó como testigo a Adolf Hitler, que fué acusado como dirigente tel partido insurreccional y fué forzado en el juicio a jurar fidelidad a los principios democráticos de Weimar. Durante el juicio, Hitler incurrió en múltiples contradicciones y fué evidente la implicación del partido nazi en su estrategia antidemocrática y sus propósitos de exterminio de sus rivales. A la llegada al poder de Hitler en 1933, éste hizo detener al abogado, que tras ser torturado, fué internado en varios campos de concentración hasta su suicidio en 1938, en Dachau. En la democracia, la Asociación Alemana de Juristas Democratas ha creado un premio que lleva su nombre y que en esta ocasión se ha dado a la jueza hondureña Tirza Flores, como símbolo de la resistencia de los jueces demócratas opuestos al golpe de estado en Honduras. A continuación se inserta el texto del comunicado de dicho premio. La Dirección de la Vereinigung Demokratischer Juristinnen (Asociación de Juristas Demócratas de Alemania), decidió recientemente otorgar a la Jueza Tirza Flores Lanza el premio Hans Litten 2010.El Premio Hans Litten es otorgado cada dos años a juristas destacadas y destacados en su lucha por la justicia y la democracia en el sentido y los principios de Hans Litten. Hans Litten (nacido en 1903 en Halle, murió en el campo de concentración de Dachau), fue abogado, y empeñó sus esfuerzos en poner el Derecho Penal al servicio de los derechos humanos de las clases oprimidas. En los procesos, logró desenmascarar a varios responsables políticos de los asesinatos y masacres a activistas progresistas, todo dentro de un clima hostil en los tribunales, con una justicia antidemocrática y antirrepublicana. En su proceso más conocido logró citar a Hitler como testigo y desenmascarar sus fines antidemocráticos y golpistas. Hitler no se olvidó de esa vergüenza y después de tomar el poder mandó a Litten al campo de concentración, donde murió. La Asociación de Juristas Demócratas de Alemania decidió conferir a la Abogada Flores Lanza el Premio Hans Litten, por varias razones, estableciendo: “Nos hemos enterado a través de nuestras redes sociales de su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras, especialmente de su lucha por una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado de junio de 2009”; “Aparentemente, su trabajo en la dirección de la Asociación de Jueces por la Democracia, en contra de la corrupción y en contra del golpe de Estado, fueron las razones centrales de su destitución, parecidas a las de su tres colegas Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha”.La comunicación de la Asociación de Juristas Demócratas de Alemania, argumenta que otorgan el Premio 2010 a Tirza Flores Lanza en virtud de que “Nos parece que su lucha está en la línea recta de Hans Litten y de los demás premiados en las últimas décadas. Además queremos premiar su labor destacada como mujer emancipada en una sociedad machista”.Entre los últimos premiados con el premio Hans Litten están el muy conocido abogado alemán Heinrich Hannover, quien intervino en un sinnúmero de procesos de derecho penal buscando un derecho igualitario para grupos marginalizados. En el año 2006 fue premiado Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales en EE UU (Center for Constitutional Rights) conocido por sus acciones contra el presidente Bush y la defensa de encarcelados en la base militar de Guantánamo. En el año 2004 se premió a los abogados israelí y palestino Lea Tsemel y Mohammad Na´amneh, quienes desde hace mucho tiempo están luchando por los derechos humanos en Israel/Palestina y por una paz justa entre las dos naciones.La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, considera que premiar a la Abogada Tirza Flores Lanza, es un justo reconocimiento a su trayectoria y actuaciones en la judicatura y a su papel destacado junto al colectivo asociativo por la defensa de la independencia judicial y por el Estado de derecho en Honduras.

viernes, 13 de agosto de 2010

LAS SENSATAS PERORACIONES DE MACARIO LAFONTAINE




Reproducimos las atinadas observaciones de nuestro amigo Macario Lafontaine, ciudadano europeo residente en la región de la Vera, en el Noreste de Extremadura, desgranadas al calor de una animada conversación sostenida con el estimulo de un refrescante blanco de Rueda.


Reunidos un grupo de buenos cofrades en casa del Coleta, el amigo Macario sostiene que ahora es más vigente que nunca que el trabajo y su valorización es el medio para alcanzar más dignidad y libertad. Ahora se ha visto a dónde ha llevado la euforia que en los recientes tiempos pasados bastaba con cruzar el umbral de una sucursal bancaria para alcanzar los sueños consumistas que sólo parecían existir en el mundo de la publicidad. El piso y el coche nuevo venían como caídos del cielo. Parecía que era el banco el que te arreglaba la vida, no el trabajo, que sólo era sinónimo de esfuerzo y sufrimiento; pero, he aquí, que ahora algunos padres jubilados ven como su modesta casa está en peligro pues habían acudido como avalistas de sus hijos, que ahora, en paro, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. El banco, de bienhechor, ha pasado a mostrar su mano de hierro.


Pero pasando de lo particular (aquí no se dan nombres, como pide la educación ) la conversación discurrió a los grandes temas que están en la mente de todos. Esos mismos bancos que recurrieron al dinero de todos para salvarse, ahora ahogan a los pobres sin que los Estados hayan sido capaces de poner orden en el tráfico financiero mundial, aunque para el que la quiera ver, dice Macario, la lección está escrita en el libro de la vida. Ha sido la inexistencia del trabajo digno y bien remunerado, que es la base del bienestar general, lo que lo que traído los males actuales. Los últimos años han sido testigos de un progresivo aumento de las desigualdades a escala planetaria (y también en Europa) que es lo que al final ha hecho caer la ficción del mundo feliz sostenido por el crédito fácil. El resto de los cofrades estaban de acuerdo pero, europeístas españoles de primera hora, dirigieron con amargura sus dardos la Unión Europea por el lamentable papel que en este momento está jugando.


La Unión Europea, muda al principio de la crisis, se ha convertido en servil vasalla del gran capital transnacional y en lugar de valorar el trabajo, está caminado por una senda suicida marcada por los ideólogos neoliberales. El mismo Coleta, aún en su papel moderador, suscribió con fervor la común opinión de la cofradía de que si Europa ha dado algo bueno en el siglo XX ha sido el Estado Social y Democrático de Derecho y esa debería de ser su aportación al orden mundial en el siglo XXI. En este punto de la conversación, los cofrades reunidos alzaron sus copas en emocionado recuerdo del historiador recientemente desaparecido Tony Judt, y a la siguiente ronda empezaron, como es natural, a hablar mal del Gobierno y aunque Macario trataba de moderar los excesos, no tuvo mas remedio que aceptar con pesar que las ilusiones socialdemócratas han desaparecido con la reforma laboral en marcha.


Admitió que para ser coherente con sus ideas no hay más remedio que aceptar que el camino emprendido por el Gobierno refuerza el poder de los compradores del trabajo (ahora llamados emprendedores) en contra de los trabajadores. Lo malo, según se llegó a una deducción común, es que las cosas, tal y como están, no van a parar aquí si no les ponemos remedio. El capital es insaciable y quiere más, como lo muestra el coro de sus economistas sicofantes que siguen tratando de ensordecer a la gente en los medios de deformación de la opinión con la cantinela de sus falacias para reducir mas los derechos de los trabajadores. Pero eso está por ver, un grito unánime salió de todas las gargantas de la sensata concurrencia “nunca medraron los bueyes en los páramos de España”, ni menos en las vegas ni en las montañas, ni, como, es natural, en las ciudades, como se demostrará en la huelga general del 29 de septiembre
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jueves, 27 de mayo de 2010

LOS NEOLIBERALES, EL FMI Y LA FE




El 11 de mayo tuvo lugar en la villa de Madrid un “seminario de alto nivel” organizado por el FMI y el Banco de España para tratar sobre experiencias en el mercado laboral: Hacía mercados de trabajo más eficientes. El joven Judas del Llano, acreditado como corresponsal del Diario de Parapanda, nos envía con algo de retraso esta crónica. [La genial Giulietta Simionato, recientemente fallecida, preside este trabajo]



Los dos grandes problemas que tiene planteados la sociedad española son el desempleo y la alta tasa de temporalidad de las personas que trabajan para otro. En esto no parece que haya muchas discrepancias. El desempleo masivo ha sido una constante en una gran parte del desarrollo capitalista. Tanto en los inicios de la revolución industrial, cuando no existía el derecho del trabajo, como con posterioridad, los empresarios han contado con el “ejercito industrial de reserva” que acentuaba el que el mercado de trabajo sea favorable a los compradores de la fuerza de trabajo. El drama de las dos guerras mundiales en el siglo XX y el ascenso de los fascismos (a lo que contribuyó el desempleo) extendieron en toda Europa la firme convicción de que eran necesarias grandes reformas sociales que, entre otras cosas, alterasen ese estado de cosas para hacer del mercado de trabajo uno favorable a los vendedores en el que se alcanzase el pleno empleo. No es una utopía, el pleno empleo fue una realidad que se consiguió con el desarrollo del Estado Social. En la España franquista, donde nunca hubo Estado Social, nunca se alcanzó el pleno empleo. Las mujeres apartadas del trabajo y los emigrantes eran la muestra palmaria. La recuperación de las libertades coincidió con una situación económica de crisis y de aumento del desempleo, por eso el constituyente de 1978, consciente de que las instituciones libres peligran cuando vuelve el desempleo masivo (Beveridge), impuso a los poderes públicos la obligación de orientar su política económica al pleno empleo.

A partir de finales de los años setenta del pasado siglo, en un tremendo “crescendo” que hoy aturde, desde distintas sedes internacionales reguladoras de los movimientos económicos (FMI, Banco Mundial y ahora Comisión Europea) y otros centros de creación de la doctrina neoliberal se ha difundido una idea que culpabiliza al derecho del trabajo por el aumento de desempleo. La experiencia española es ilustrativa. Las exposiciones de motivos de las leyes reformadoras del Estatuto de los Trabajadores que se han promulgado desde los años 80 del pasado siglo, justificaban la eliminación de la causalidad (a necesidades permanente de las empresas contratos indefinidos y a necesidades temporales contratos por tiempo determinado) en la situación de desempleo. Se suponía que las facilidades para la contratación temporal darían lugar a una reducción del desempleo. Otras muchas reformas flexibilizadotas se han hecho desde aquellos tiempos en materias tales como movilidad geográfica y funcional, jornada, salarios, también en despido. Todo ello ha hecho que los poderes de los empresarios frente a los trabajadores hayan aumentado considerablemente y, sin embargo, ya vemos que el desempleo no se ha reducido, solo se han cambiado contratos indefinidos por contratos temporales, con perniciosas consecuencias. Es más, la situación más próxima al pleno empleo en España tuvo lugar cuando tras el acuerdo de los sindicatos y las asociaciones de empresarios en 1997 se volvió en nuestro derecho a la preferencia por el contrato indefinido y se recuperó la causalidad en la contratación, aunque la naturaleza de nuestra actividad productiva (gran desarrollo de la burbuja inmobiliaria residencial), además del fraude de ley y el abuso de la descentralización productiva no consintió la reducción significativa de la temporalidad y precariedad. De todo ello se puede sacar la conclusión de que la norma laboral tiene poca incidencia en la mayor o menor tasa de desempleo. Son otros factores los determinantes.

Pero ni de la historia, ni del derecho, ni de la sociología aprenden cosa alguna los economistas liberales de los grandes organismos económicos. Son muy desmemoriados. Un buen ejemplo lo ofreció el “seminario de alto nivel” que organizaron el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional en Madrid en este mes de mayo de 2010. La intervención de una representante del FMI, “experta” en el caso español, puede ser tomada como paradigmática. Colocó una serie de datos de distintos países ordenados en cuadros según ordenadas y abscisas, para llegar a extraer conclusiones “científicas” según las cuales el desempleo alto en España debido a la alta cobertura de la negociación colectiva, a su estructura, a su carácter normativo que hace muy difícil el uso de de las cláusulas opt-out, al exceso de protección del despido, a la generosidad de las prestaciones por desempleo y a las cotizaciones sobre salarios. Lo que llama la atención es que a partir de la mera acumulación de concretos datos estadísticos de distintos países, comparados sin otras conexiones, se atreviera a formular relaciones de causa-efecto. Algo que repugna al más elemental rigor. Un físico o un matemático siquiera lo tomaría en consideración, un científico social se escandaliza, porque la complejidad de las ciencias sociales obliga a una especial prudencia y las consecuencias pueden ser trágicas para mucha gente, porque, por supuesto, las conclusiones “científicas” de inmediato se convierten en las proposiciones normativas bien conocidas que se resumen en la palabra desregulación, que ya creíamos gastada. Según estos doctrinarios liberales, si se adoptasen sus recomendaciones (su amnesia les hace olvidar que ya hicieron esas mismas recomendaciones y se aplicaron en los 90 en Iberoamérica con desastrosas consecuencias) los empleos crecerían como las setas en un buen otoño. ¿Porqué? No aportan prueba científica. Hay que creer que así será, a pesar de las evidencias en contrario que aporta la Historia. O sea, después de tanta abscisa y ordenada todo se resuelve en una cuestión de fe, que como se sabe mueve montañas. Pero ya nos enseñó el gran Augusto Monterroso que cuando la gente era crédula, la fe generaba más problemas que resolvía, pues cada día las montañas, los ríos, las carreteras cambiaban de sitio, así es que la buena gente dejó de creer. Por eso cuando hay un terremoto, o un desprendimiento de tierras sobre una carretera es que alguien tuvo un atisbo de fe, que mas vale no tengamos en este caso a la vista de las consecuencias.



lunes, 26 de abril de 2010

LA CORRUPCIÓN DE LAS PALABRAS: Democracia en la boca de los neofranquistas




Las palabras pierden su significado cuando se hace un uso espurio de ellas y se convierten en instrumento de las mas oscuras intenciones y deseos de quien las falsean, como ocurre cuando el mentiroso llama mentiroso al que dice verdad, verdugo a quien es víctima y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La derecha española está desde hace unos años dando triste ejemplo de cómo prostituir las palabras y usar el insulto en lugar de los argumentos. Produce estupefacción ver que los lideres del PP, después de que este partido votase sobre el Estatuto de Autonomía una cosa distinta en Madrid que en Toledo, acusen al gobierno regional manchego de estar 30 años mintiendo no se sabe muy bien sobre que. Pero con las críticas a las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes del franquismo la cosa está llegando al disparate.


Resulta que según el sr. Rajoy, la sra. De Cospedal y la sra. Aguirre, además de los insultos, esas movilizaciones son “brutales”, ponen en peligro la democracia y no respetan ni la independencia judicial ni la separación de poderes. ¿Argumento? No hay, solo es así porque lo dicen ellos. Claro ejemplo de autoritarismo antidemocrático. Parece que lo democrático para ellos es no investigar el genocidio franquista. Lo democrático es convertir en reo al que intenta depurar responsabilidades por aquellos atroces asesinatos.


Esos mismos dirigentes no han dudado en alentar y asistir a manifestaciones contra el Parlamento cuando estaba tramitando algunos proyectos de leyes que no les gustaban o incluso cuando algunas leyes ya estaban aprobadas. Las Cortes son, no lo olvidemos, las representantes directas del titular de la soberanía que es el pueblo y a nadie se le ha ocurrido decir que esas movilizaciones eran antidemocráticas, sino todo lo contrario, ejemplo del uso del muy democrático derecho de manifestación. Pero para nuestra rancia derecha cuando son otros los que lo usan entonces hacen un uso antidemocrático de el. En el caso de los crímenes franquistas están diciendo que no se pueden hacer manifestaciones contra los jueces porque comprometen la independencia judicial. Dejemos de lado que en el pasado reciente altos exponentes de la derecha patria han descalificado y participado en movilizaciones contra decisiones de los tribunales (caso De Juana Chaos, caso Gúrtel, caso Yak43, etc…) y preguntémonos donde está lo antidemocrático de las movilizaciones que tanto critican ahora. Hay una pregunta elemental a hacer ¿de donde viene el poder de los jueces y tribunales? La respuesta en un sistema democrático como el que se dice tenemos no puede ser otra que del pueblo. Lo mismo pasa con el ejecutivo. Si se llevan a cabo movilizaciones contra el ejecutivo y contra el legislativo ¿porqué razón no pueden hacerse contra el judicial? ¿Es eso negar su independencia? No, con esas movilizaciones se cuestionan actuaciones concretas.


Los tribunales de justicia todos los días resuelven miles de pretensiones de los justiciables con arreglo a su buen saber y entender y no parece exacto que la justicia, a pesar del éxito mediático de la frase, “sea un cachondeo”. De algunas o de muchas decisiones judiciales se puede discrepar y la comunidad jurídica manifiesta su disenso con la crítica fundada que sirve para el mejoramiento del derecho. Pero hay casos en los que algunas resoluciones judiciales conmueven la sensibilidad y el sentido de justicia de miles de personas mas allá de la comunidad jurídica y, entonces, esas mismas personas tienen toda la legitimidad de manifestar su indignación ante lo que consideran un uso inadecuado de los poderes que el pueblo ha conferido a los jueces. Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad, pero ¿Dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones cuanto menos por dos motivos, el primero porque a diferencia de los miembros del legislativo y del ejecutivo no pueden ser removidos de sus cargos por exigencias de su independencia e imparcialidad y, en segundo lugar, porque en nuestro sistema tienen la última palabra sobre muchas materias. Gozar de estas dos características de su función no les convierte en una especie moderna de señores de horca y cuchillo. En el caso Garzón muchas personas ven, entre otras cosas, precisamente un ataque a la independencia judicial que resiente la legitimidad de los tribunales.


La verdad es que la prudencia escasea entre los lideres de la derecha española que a lo que se ve, les sale toda su vena autoritaria y recurren al insulto ante los intentos de la gente de insistir en clarificar los crímenes del genocidio franquista y honrar a sus victimas. Pero que califiquen como ataques a la democracia las recientes movilizaciones es el mismo disparate que las condenas por rebelión militar que hicieron los militares golpistas rebeldes contra quienes defendieron a legalidad republicana que todos (incluso los golpistas) habían jurado respetar. La democracia para ellos es solo un vocablo de uso retórico en beneficio propio.

lunes, 19 de abril de 2010

CARTA ABIERTA A LA DIRECCIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA


Queridos amigos, queridas amigas:
No tenemos ningún título político, corporativo o asociativo que nos legitime especialmente para esta carta. Nos dirigimos a vosotros como universitarios y profesionales del derecho que mantenemos una posición ideológica marcada por nuestra edad y nuestra historia y que converge con el ideario y la línea de actuación de Jueces para la Democracia. Muchos de nosotros, además, tenemos una antigua relación de amistad y de compañerismo con tantos y tantas magistradas y magistrados de vuestra asociación. Sobre esta confianza, os escribimos.


Estamos acostumbrados en nuestro trabajo a mantener una relación respetuosamente crítica con las decisiones de los órganos judiciales. Cuando el fallo es firme, si la decisión no realiza una interpretación adecuada de la constitución y el ordenamiento jurídico, criticamos la sentencia rebatiendo sus fundamentos jurídicos y proponiendo en su caso una reforma de la norma que ha dado lugar al fallo que es incorrecto desde nuestro punto de vista. Esta ha sido la regla a la que se han sujetado nuestras relaciones con las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sin embargo en el auto del Juez Instructor y Magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela haciendo lugar a proceder contra el Juez Baltasar Garzón por prevaricación se dan circunstancias de especial gravedad que afectan a la lucha democrática antifranquista y la memoria histórica.


Hemos conocido el rigor de la represión y de los crímenes del franquismo. La dictadura del General Franco se caracterizó por su persecución y hostilidad hacia la clase obrera y sus representantes. Estamos orgullosos de haber luchado por la democracia y la libertad, de reivindicar la amnistía política y de defender la amnistía laboral en la calle y en los tribunales, ante las restrictivas interpretaciones de aquellos tribunales de justicia, de haber contribuido con tantos otros, a derribar la dictadura, de nuestra historia como luchadores antifranquistas. Cuando, pasadas tres décadas de la transición a la democracia, el Parlamento español aprobó la Ley de Memoria Histórica, saludamos la norma como un elemento imprescindible para la consolidación definitiva del Estado Social y Democrático que instauró la constitución de 1978. Pensamos entonces y seguimos pensando hoy que hay que anular las sentencias de condena del franquismo y que hay crímenes que este régimen cometió que no se pueden considerar prescritos por la Ley de amnistía de 1977. Por eso no podíamos aceptar que el Tribunal Supremo a través del Juez instructor Luciano Varela considere que se trata de opiniones criminales incontrovertidas y que el juez que las mantuviera razonadamente, como Garzón, está prevaricando y por tanto cometiendo delito. Con ello el auto del magistrado del Tribunal Supremo, a instancias de organizaciones de ultraderecha, toma partido por el franquismo y sus crímenes y se burla de la ley de memoria histórica y de las personas que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas en la defensa de la libertad y de la igualdad.


El auto de procesamiento hecho público y el desprecio autoritario por los derechos de defensa de Garzón ha conseguido una repercusión pública nacional e internacional tan relevante que se está poniendo en crisis la legitimidad de los aparatos de justicia del Estado democrático español. Crecientes sectores de la opinión pública nacional e internacional identifican a los jueces y magistrados con posiciones ideológicas que declaran la impunidad de los crímenes del franquismo y que rechazan la ley de memoria histórica, dañando de forma posiblemente irreversible el desarrollo de nuestra democracia. Vuestra asociación, Jueces para la Democracia, es la heredera directa de Justicia Democrática, que fue una organización perseguida por la dictadura y de un clamoroso ideario democrático y radical, y sus miembros pagaron con la postergación y el aislamiento su compromiso por la democracia y su lucha antifranquista. La reivindicación de una política democrática de la actividad judicial y la necesidad de que los jueces y magistrados tomen postura frente a esta deriva autoritaria la habéis recogido en vuestro manifiesto, firmado junto con la UPF, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la democracia y que, de forma muy adecuada, habéis titulado “en la tradición de justicia democrática”. Ha sido una señal clara y contundente que ha roto el “silencio de plomo” que se había extendido entre los miembros de la judicatura respecto de este tema.


Este es el objeto de nuestra carta. Queremos expresaros, interpretando que es el sentir de muchos otros compañeros y ciudadanos, nuestra satisfacción y nuestro pleno acuerdo con el manifiesto publicado con él habéis puesto fin a ese mutismo inexplicable en el que tantos jueces y magistrados demócratas se encontraban incómodos, y lo habéis hecho mediante la condena tajante y explícita de los motivos y de la doctrina contendía en el auto de procesamiento de Garzón por el delito de prevaricación. No será en adelante posible arrojar dudas sobre la postura de la izquierda judicial sobre este particular. Con claridad, de forma muy elegante pero firme, habéis rechazado la criminalización de una opción interpretativa jurídicamente fundada y funcional a la eficacia de aspectos importantes de la memoria democrática en nuestro país.
Es evidente que esa postura vuestra está siendo sometida a presiones muy fuertes, como ahora vemos las reacciones terribles de la derecha y la extrema derecha ante la movilización popular en apoyo del juez Garzón por la memoria histórica y frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios organizativos y mediáticos sin ningún pudor. Os animamos a continuar sin vacilación por este camino, como decís justamente, en la tradición histórica de JD, honrando la memoria de tantos de sus miembros, hoy desaparecidos, que mantuvieron siempre una decidida posición a favor de la libertad y de la democracia en la larga noche de piedra del franquismo.
Cordialmente, con toda nuestra solidaridad

Joaquín Aparicio
Antonio Baylos
Luis Collado
Mercedes Garcia Arán
Enrique Lillo
Ángel Martín Aguado
Nieves San Vicente
Juan Terradillos

miércoles, 7 de abril de 2010

EL CONTRATO ÚNICO DEBE APLICARSE AL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANDO DE ESPAÑA



El Banco de España no ceja. Parece que henchido de un ardor religioso propio de la semana pasada decidió volver a azotar con la palma del martirio a los pobres ciudadanos que felices se las prometían escapando a un aislamiento gozoso fuera de la influencia penitencial. De nuevo ha atacado con la propuesta del contrato único. En otras entradas de este blog se ha indicado que el Banco de España, en tanto que parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de Funcionamiento de Unión Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 130 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente, lo que sin duda es una importante limitación del principio democrático. Esta limitación les obliga a una extraordinaria prudencia y autocontención.


Tanto el Tratado como la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, establecen sus funciones, que son tasadas. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, “apoyará la política económica general del Gobierno”. El autoritarismo del que hace gala la citada institución, con su Gobernador al frente, ha dado ahora un paso mas al irrumpir en un delicado momento del proceso de concertación social para reformular propuestas ya incluso abandonadas por la propia patronal. Ha tomado una posición de parte. Que las empresas tengan como preocupación primera la dificultad del crédito, que es, eso si, asunto de su competencia, no es, a lo que parece, la principal preocupación del Baco Emisor (de ideología ante todo). En otras ocasiones hemos mantenido que Gobernador del BE debe callarse o dimitir o ser cesado, pero ahora, un sanedrín democrático y solvente reunido en Parapanda, tras breve deliberación como corresponde a lo evidente del asunto,


1) considerando que la declaración en la que pide el contrato único es una actuación ultravires al ir mas allá de las funciones que el citado Banco por ley tiene asignadas,


2) considerando que es una manifestación de extraordinaria falta de prudencia en una institución que debería dar ejemplo de ella


HA DECIDIDO solicitar de la autoridad competente la externalización inmediata del Servicio de Estudios del Banco de España con la pérdida de la condición de funcionarios de sus miembros que no serán dejados en la calle sino que serán contratados por la empresa que resulte adjudicataria de la contrata correspondiente con la modalidad contractual por ellos propuesta.. Se recuerda a todos que en aplicación de la doctrina de la sala 4ª de TS la pérdida de la contrata puede ser una causa de extinción del contrato, aunque con el contrato único tampoco sería menester aplicar. Se trata de este modo de hacer una aplicación experimental de esta modalidad contractual.


domingo, 28 de marzo de 2010

LOS SINDICATOS CON BALTASAR GARZÓN

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.


La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas; y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales.

Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Madrid, abril de 2010