El escandaloso deterioro de la atención sanitaria que sufren los ciudadanos de Madrid es una de las más claras muestras del ataque al Estado Social y Democrático de Derecho, que está llevando a cabo el Partido Popular. El derecho a la protección de la salud es una de los pilares del sistema de garantías que deben ser provistas por el Estado para conseguir avanzar en el camino de la igualdad y la dignidad humana, como quiere nuestra Constitución. La separación progresiva y abusiva el tronco de la Seguridad Social de la asistencia sanitaria, inició un camino que el Gobierno de Esperanza Aguirre, en su furia ultraliberal (pero pagando con recursos públicos los negocios privados) está llevando a unas consecuencias que dentro de pocos años harán irreconocible lo que una vez fue un sistema de protección de la salud aceptablemente bueno, aunque mejorable. Se debe de de insistir en que la asistencia sanitaria no es una parte de una difusa “sanidad”, sino parte esencial de la acción protectora de la Seguridad Social y, por tanto, podrían ponerse límites a los poderes autonómicos en el diseño de los sistemas de gestión de esta prestación siempre y cuando afectasen, como es el caso de Madrid, al contenido de la prestación. Por otro lado el concepto de Seguridad Social excluye el ánimo de lucro, luego sería inaceptable lo que la Comunidad de Madrid llama “gestión indirecta”, que no es otra cosa que privatización.
El 21 de enero pasado la Sala de la Sección decimoséptima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó una Resolución en forma de Auto contra el que no cabe recurso, donde estimando el recurso presentado en su día por los Drs. Montes Mieza y López Varas, acuerdan tener por suprimida toda mención respecto a la mala praxis médica. Por tanto: podemos afirmar que nuestros compañeros imputados no solo no cometieron ninguna acción delictiva sino que tampoco incurrieron en mala praxis. Por todo ello y tras casi tres años de gravísimos ataques al honor y a la intimidad de los profesionales del servicios de urgencias del Hospital Severo Ochoa, así como de acoso y represión laboral sobre otros profesionales y trabajadores del centro, hoy cuando resplandece su inocencia, es día de exigir responsabilidades. (Comunicado de la Asociación para la Defensa del Hospital Severo Ochoa)
La situación de la sanidad en Madrid es crítica. La actuación de los dirigentes del PP de la CAM, en especial el ex consejero Lamela y el actual Güemes respecto de los profesionales médicos ultrajados y expulsados de su trabajo ha permitido dar visibilidad a aspectos conscientemente dejados en la sombra por el poder político regional. Al margen de las reacciones que sobre el caso Montes han tenido los dirigentes del PP y los grupos mediáticos afines, que pone de manifiesto que en nuestro Estado de derecho no existe límite para la calumnia y la denigración de los ciudadanos honestos de pensamiento de izquierdas, la desfachatez de la derecha madrileña, envalentonada ante la nula respuesta política a sus proyectos, se manifiesta sin tapujos en la progresiva privatización de la sanidad y en la voladura controlada del servicio público. La izquierda social está intentando una respuesta, movilizando a los ciudadanos madrileños el próximo día 7 de febrero a las 7 de la tarde ante la sede de la Consejería de Sanidad (sic?) de la CAM, en la castiza calle de la Aduana de Madrid, a dos pasos de la Puerta del Sol. Este blog cede la palabra a un documento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid que analiza con claridad la situación en la que nos encontramos. En concordancia con los convocantes de la manifestación, en Parapanda nos parece que hay que movilizarse para evitar este desastre ciudadano.
El escandaloso deterioro de la atención sanitaria que sufren los ciudadanos de Madrid es una de las más claras muestras del ataque al Estado Social y Democrático de Derecho, que está llevando a cabo el Partido Popular. El derecho a la protección de la salud es una de los pilares del sistema de garantías que deben ser provistas por el Estado para conseguir avanzar en el camino de la igualdad y la dignidad humana, como quiere nuestra Constitución. La separación progresiva y abusiva el tronco de la Seguridad Social de la asistencia sanitaria, inició un camino que el Gobierno de Esperanza Aguirre, en su furia ultraliberal (pero pagando con recursos públicos los negocios privados) está llevando a unas consecuencias que dentro de pocos años harán irreconocible lo que una vez fue un sistema de protección de la salud aceptablemente bueno, aunque mejorable. Se debe de de insistir en que la asistencia sanitaria no es una parte de una difusa “sanidad”, sino parte esencial de la acción protectora de la Seguridad Social y, por tanto, podrían ponerse límites a los poderes autonómicos en el diseño de los sistemas de gestión de esta prestación siempre y cuando afectasen, como es el caso de Madrid, al contenido de la prestación. Por otro lado el concepto de Seguridad Social excluye el ánimo de lucro, luego sería inaceptable lo que la Comunidad de Madrid llama “gestión indirecta”, que no es otra cosa que privatización.
La FRAVM y la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) convocan una concentración frente a la sede de la consejería de Sanidad (C/ Aduana, 29) para denunciar las consecuencias de la privatización de la sanidad pública. Todas las asociaciones vecinales y coordinadoras ciudadanas que están llamadas a participar en el acto de protesta.
* Porque en Madrid tenemos listas de espera de hasta diez días para una primera consulta en Atención Primaria* Porque muchos profesionales sanitarios dan servicio ¡a más de 1.500 personas!* Porque, a pesar de todo ello y del hecho de que nuestra región se sitúa a la cola de las Comunidades Autónomas en inversión en Atención Primaria (AP), el equipo de Aguirre ha invertido un 0,7% menos que el pasado año* Porque, aunque la población madrileña ha crecido un 20% en los últimos cinco años, el Gobierno regional ha congelado la plantilla del personal sanitario. Cabe esperar, por tanto, que la atención que reciba la ciudadanía empeore (más aún) los próximos años* Porque las precarias condiciones laborales que ofrece la consejería de Güemes (presión asistencial, jornadas interminables…) hace que muchos profesionales “huyan de la sanidad pública”. Un ejemplo: la/os pediatras.En este contexto, el equipo de Esperanza Aguirre ha invertido cantidades ingentes de dinero en publicidad para hacer que, mientras el dedo señala a la luna, el tonto mire al dedo: los nuevos hospitales. Centros “dotados de los medios diagnósticos y terapéuticos más modernos y avanzados” que forman parte “del gran proceso de modernización y ampliación de la sanidad pública emprendida por el Gobierno regional”, según reza el mensaje institucional.Más allá del brillo publicitario que emana de esta operación cosmética, la realidad se muestra obstinada:* Los nuevos hospitales son de gestión privada. Tanto la propiedad de los edificios, como la gestión de los servicios no sanitarios corresponde a empresas privadas (muchas de ellas afectadas por la recesión de la construcción que buscan en la sanidad un nuevo nicho de mercado, como FCC, Acciona, Sacyr y Dragados). Toda/os y cada una/o de nosotra/os les pagaremos con nuestros impuestos un canon mensual durante 30 años prorrogables. Esta fórmula, adoptada hace diez años en Gran Bretaña, se ha mostrado no sólo ineficaz (algunos colaboradores de M. Thatcher han llegado a utilizar calificativos menos amables) en términos de calidad de la atención sanitaria, sino más cara, ya que las empresas privadas perciben beneficios de, al menos, el 15%. Los costes de los hospitales bajo esta fórmula son cuatro veces mayores que bajo un sistema sanitario 100x100 público. Y son las arcas públicas, nuestros impuestos, los que financian tanto los sobrecostes como los márgenes de beneficios de las empresas privadas. ¿Podría haber alguna conexión entre los recortes presupuestarios en la AP y el consiguiente deterioro de la atención en nuestros centros de salud y el pago de estos conceptos? No seamos malpensada/os.* Aunque quedan por inaugurar casi todos los centros hospitalarios, ya en 2007 pagamos de nuestros bolsillos cerca de 70 millones de euros (más de 11.600.000.000 de las antiguas pesetas) por servicios no prestados.* Mientras seguimos mirando al dedo, las empresas continúan conquistando la luna: la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2008 permite que, en un futuro, este modelo de gestión se extienda al resto de hospitales públicos (el Gregorio Marañón, el Doce de Octubre, el Princesa, Las Paz, el Ramón y Cajal…), de manera que nuestra salud estará, cada vez más, en manos de empresas ajenas al sector sanitario.* La gestión privada de los “servicios no sanitarios” (la limpieza, por ejemplo) en los nuevos hospitales no es baladí: en los últimos tres años 116 personas han muerto en el hospital londinense de Saint George por bacterias que podrían -y deberían- ser combatidas con una mejor higiene hospitalaria. Está suficientemente contrastado que la política de subcontratación de servicios no sólo disminuye la calidad y aumenta los riesgos, sino que, en caso de que estos riesgos den lugar a algún “efecto colateral”, como el mencionado, dificulta el control y diluye las responsabilidades jurídicas.* Desafortunadamente, este modelo de gestión adoptado por nuestros “responsables” políticos esconde aún otras sorpresas: la natural búsqueda de beneficios económicos por parte de las empresas hace que los centros privados deriven a otros hospitales, los públicos, a los pacientes más vulnerables, aquellos que presentan patologías crónicas o complejas, ya que requieren hospitalizaciones más prolongadas y resultan, por tanto, menos rentables.* “Bueno –podemos consolarnos-, al menos ahora tendremos más camas, dejaremos de ver enfermos en los pasillos de nuestros hospitales y contaremos con más médicos y servicios más modernos”. Terca realidad: el número de camas por cada 1.000 habitantes de los nuevos centros está muy lejos del 5/1.000 recomendado: Vallecas (0,76), Sur (0,83), Tajo (0,85), Henares (1,10) Sureste (0,68) y Norte (0,92). Tampoco crearán nuevas plazas para profesionales sanitarios, sino que reasignarán los actuales efectivos. Es decir, trasladarán a los nuevos hospitales profesionales que en la actualidad trabajan en otros centros. Esta congelación en la contratación de personal nos da la pista de otro aspecto de la realidad que la consejería de Sanidad “olvida” referir: en los próximos años se prevé eliminar entre 1.600 y 2.000 camas de los hospitales públicos, una cantidad que los nuevos centros no alcanza. En otras palabras, la construcción de los nuevos hospitales no supondrá el incremento del número de camas disponibles. * El sigiloso trasvase de recursos públicos a empresas privadas acelera el paso: la consejería de Sanidad ya ha anunciado una profunda reorganización de la AP en las zonas de influencia de los nuevos hospitales siguiendo el modelo de Alzira (Valencia), por el que los centros de salud y los ambulatorios de especialidades dependerán organizativa y económicamente de los hospitales privados.* El equipo de Gobierno de Esperanza Aguirre se obstina en defender la “gestión indirecta” de los servicios sanitarios ignorando que no hay experiencia alguna que avale las bondades de este modelo. La única ventaja que la Organización Mundial de la Salud le concede es la rapidez en la construcción de los centros hospitalarios. Ni Aguirre ni Güemes (el consejero de Sanidad que ha sustituido al innoble Lamela) pueden aferrarse a este argumento: los famosos siete hospitales nacen con un año de retraso.* No importa: si no encuentran justificaciones se construyen. Con disimulo, eso sí. ¿Cómo? Desprestigiando la sanidad pública. Tampoco en este frente han tenido demasiada suerte, a la luz del auto que exculpa definitivamente a los médicos del Severo Ochoa acusados de mala praxis.* Aunque, bien pensado, tampoco parece que necesiten justificar sus decisiones. ¿Alguien ha podido ver los estudios de planificación sanitaria que aconsejaran construir ocho nuevos hospitales en las ubicaciones elegidas? ¿Alguna de las 13.000 personas que en noviembre de 2006 presentaron, a través de la FRAVM, sus alegaciones a la propuesta de zonificación sanitaria ha obtenido respuesta? ¿Alguien ha tenido ocasión de conocer ese misterioso nuevo mapa sanitario que justifique esta fiebre constructora que actúa en detrimento de la inversión en la Atención Primaria? Lo que si vemos, sufrimos y denunciamos quienes durante años hemos luchado por conquistar los derechos de ciudadanía y por construir redes de protección social que garanticen una atención sanitaria universal, de calidad y gratuita es el incremento de las listas de espera, la precarización de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y la merma creciente de recursos en nuestros centros de salud. Y cada vez somos más. Cada vez son más las plataformas y coordinadoras ciudadanas (en Latina, San Blas, Carabanchel, Moncloa, Vallecas, Ciudad Lineal, el corredor del Henares, Aranjuez, Leganés…) y las asociaciones y sindicatos de profesionales que, privados de la posibilidad –contemplada por la ley- de participar en la gestión de los servicios sanitarios, salen a la calle para denunciar las demoledoras consecuencias del modelo sanitario impulsado –e impuesto- por el PP. Unas consecuencias que ya lamentan en países como Gran Bretaña y que apenas hemos comenzado a padecer aquí.Ya en el año 2000 la movilización ciudadana consiguió que el Gobierno eliminara las Fundaciones Sanitarias, entidades opacas al control político y público. Movilicémonos ahora nosotros para evitar este desastre ciudadano.
Este llamamiento se reproduce en los blogs hermanos: "Según Antonio Baylos" y "Metiendo bulla". Todos a la manifestación del día 7 de febrero a las 7 de la tarde.
