Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.
Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.
Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.
Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.
Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.
Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.
Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.
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