Calderón carece de facultades constitucionales para extinguir Luz y Fuerzo del Centro y despedir a 44 mil electricistas.
Invitamos a los ciudadanos del país a leer el Decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2009, en el que afirma que el artículo 89 Fracción I de la Constitución, lo faculta a: extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que es falso, toda vez que tal artículo ni ningún otro de la Constitución, lo facultan para decretar esas dos medidas que tomó por si y ante si, violentando el Estado de Derecho y poniendo en peligro a la nación, a los trabajadores y sindicatos, por las siguientes razones:.
El hecho de que Felipe Calderón violente la Constitución al no cumplir en el ámbito de sus facultades sus funciones y en la vía de los hechos actue de facto, por si y ante si, en adelante le permitiría decretar la privatización de cualquier empresa pública y despedir a trabajadores, sin contar con la autorización de las autoridades facultadas por la propia Constitución y sin cumplir las leyes reglamentarias. Lo anterior demuestra que el Decreto invade las esferas que son de competencia del Congreso de la Unión (Las cámaras de Diputados y Senadores) y la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Ya que, el artículo 73 Fracción X de la Constitución, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de energía eléctrica, debido a que las bases de creación de LFC están en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por lo cual, Felipe Calderón debió obtener la autorización previa del Congreso, al que nunca tomo en cuenta. Del mismo modo, que la fracción XXII del artículo 123 constitucional, prohíbe el despido de los trabajadores, salvo los casos por causa justificada y mediante el debido procedimiento ante la JFCA, lo cual tampoco cumplió.
Además de carecer de una fundamentación jurídica válida, la motivación que se expresa en el Decreto se refiere básicamente a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva; motivación que resulta igualmente inadecuada. Porque la responsabilidad de esos errores recaen exclusivamente en la administración de la empresa y más en el director general designado por Felipe Calderón. En la falta de inversión y modernización de las instalaciones. La mala administración de LFC no es responsabilidad del SME ni de los trabajadores, menos pueden ser castigados por ello. En todo caso, se debe llamar a rendir cuentas a los administradores de LFC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1960 a 2009, para que expliquen: ¿Por qué administraron bien CFE y mal LFC durante casi 50 años? Porque ambas empresas son del Estado y administradas por los gobiernos, por los panistas en los últimos 10 años..
Otra motivación del Decreto: es que la nómina de los electricistas es muy costosa, pese a que se ha establecido en negociaciones bilaterales con la empresa, y que contiene los mismos salarios y prestaciones pactadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de República Mexicana (SUTERM), lo que demuestra que son falsos esos argumentos del Decreto, y se acredita con las nóminas y contratos colectivos de trabajo que están depositados en la JFCA.
La fundamentación jurídica y las motivaciones del Decreto son falsas e ilegales y sólo buscan engañar a la ciudadanía.
Asimismo, se violentan otros derechos fundamentales, como son los contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que protegen las áreas estratégicas de la economía nacional como la eléctrica; también el artículo 26 que regula el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siendo el Poder Legislativo el único facultado para modificar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; así como el artículo 123 constituciona: el derecho al empleo y a la estabilidad, los de libertad sindical: sindicalización, contratación colectiva y huelga. Todos borrados con un decretazo.
También se afectan derechos internacionales con plena vigencia nacional, como los Derechos Humanos a la integridad y dignidad humana de los trabajadores, el derecho al trabajo y seguridad social, el “derecho humano a un proyecto de vida” reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se vulneran los derechos consagrados en la Organización Internacional del trabajo (OIT) de empleo y libertad sindical desconocidos por el Decreto.
Ha sido fama pública la predisposición del poder ejecutivo contra el SME, en particular del Secretario de Trabajo, por lo que con el Decreto se comete el delito tipificado en el derecho internacional de “desvío de poder”, pues los propósitos de extinguir la empresa y de despedir a los electricistas, son diametralmente distintos a los fines del Estado y del Proyecto de Nación que se estipulan en el artículo 26 constitucional.
Y, por supuesto, se viola el artículo 128 de la Carta Magna que consagra la obligación primordial del Ejecutivo de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Y qué decir de las responsabilidades en que incurre el titular del ejecutivo y su gobierno?
¿Qué hay detrás del Decreto?
No podemos dejar pasar hechos vergonzosos para la nación, como los ocurridos la noche del 10 de octubre, como tomar las instalaciones de trabajo con el ejército, para emitir al día siguiente el Decreto, al más puro estilo de la dictadura porfirista: primero ejecutan y después averiguan. O, que el gobierno mejore las liquidaciones a los obreros que se apuren a tomarlas, para debilitar al SME. O, que se pretenda repetir mil veces la mentira oficial, para que la sociedad la admita por consancio.
En cambio, el gremio del SME en todas las manifestaciones y actos públicos, jamás han violentado la legalidad ni han roto un solo vidrio; sus elecciones por voto secreto son verdaderos actos de democracia; cada año encabezaron la lucha contra los topes salariales y ha sido el sindicato que más ha luchado contra las reformas neoliberales. En 1999, impidieron a Zedillo realizar la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, como lo había hecho a los ferrocarriles en 1995. Del SME ha sidosido siempre la más generosa solidaridad con los demás.
La intención del gobierno federal detrás de la mascarada, es culminar la privatización de la industria eléctrica, a través de introducir la fibra óptica en la red eléctrica nacional para la venta telecomunicaciones, de elevar las tarifas de los usuarios y de seguir entregando la industria eléctrica a particulares nacionales y extranjeros. Lo que espera hacer con la reapertura de la nueva empresa. El que sería el negocio del sexenio.
Esa es la verdadera intención del gobierno, sabiendo que tal finalidad es contraria a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.
Llamamiento a la sociedad:
Los abogados, juristas y académicos del derecho, llamamos a restablecer el Estado de Derecho, tan importante como restablecer la verdad en la nación. Hoy la suerte del SME es la de todos los trabajadores. Si permitimos que un decreto destruya los derechos constitucionales laborales que han costado mas de cien años de luchas y que se extingan las empresas públicas estratégicas, después seguirá de paz que sólo brinda el Estado de Derecho, hoy quebrantado.
Por la ANAD: Lauro Sol, José Luis Contreras, Estela Ríos, Manuel Fuentes, Marina Téllez, Oscar Alzaga y ….
Invitamos a los ciudadanos del país a leer el Decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2009, en el que afirma que el artículo 89 Fracción I de la Constitución, lo faculta a: extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que es falso, toda vez que tal artículo ni ningún otro de la Constitución, lo facultan para decretar esas dos medidas que tomó por si y ante si, violentando el Estado de Derecho y poniendo en peligro a la nación, a los trabajadores y sindicatos, por las siguientes razones:.
El hecho de que Felipe Calderón violente la Constitución al no cumplir en el ámbito de sus facultades sus funciones y en la vía de los hechos actue de facto, por si y ante si, en adelante le permitiría decretar la privatización de cualquier empresa pública y despedir a trabajadores, sin contar con la autorización de las autoridades facultadas por la propia Constitución y sin cumplir las leyes reglamentarias. Lo anterior demuestra que el Decreto invade las esferas que son de competencia del Congreso de la Unión (Las cámaras de Diputados y Senadores) y la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Ya que, el artículo 73 Fracción X de la Constitución, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de energía eléctrica, debido a que las bases de creación de LFC están en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por lo cual, Felipe Calderón debió obtener la autorización previa del Congreso, al que nunca tomo en cuenta. Del mismo modo, que la fracción XXII del artículo 123 constitucional, prohíbe el despido de los trabajadores, salvo los casos por causa justificada y mediante el debido procedimiento ante la JFCA, lo cual tampoco cumplió.
Además de carecer de una fundamentación jurídica válida, la motivación que se expresa en el Decreto se refiere básicamente a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva; motivación que resulta igualmente inadecuada. Porque la responsabilidad de esos errores recaen exclusivamente en la administración de la empresa y más en el director general designado por Felipe Calderón. En la falta de inversión y modernización de las instalaciones. La mala administración de LFC no es responsabilidad del SME ni de los trabajadores, menos pueden ser castigados por ello. En todo caso, se debe llamar a rendir cuentas a los administradores de LFC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1960 a 2009, para que expliquen: ¿Por qué administraron bien CFE y mal LFC durante casi 50 años? Porque ambas empresas son del Estado y administradas por los gobiernos, por los panistas en los últimos 10 años..
Otra motivación del Decreto: es que la nómina de los electricistas es muy costosa, pese a que se ha establecido en negociaciones bilaterales con la empresa, y que contiene los mismos salarios y prestaciones pactadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de República Mexicana (SUTERM), lo que demuestra que son falsos esos argumentos del Decreto, y se acredita con las nóminas y contratos colectivos de trabajo que están depositados en la JFCA.
La fundamentación jurídica y las motivaciones del Decreto son falsas e ilegales y sólo buscan engañar a la ciudadanía.
Asimismo, se violentan otros derechos fundamentales, como son los contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que protegen las áreas estratégicas de la economía nacional como la eléctrica; también el artículo 26 que regula el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siendo el Poder Legislativo el único facultado para modificar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; así como el artículo 123 constituciona: el derecho al empleo y a la estabilidad, los de libertad sindical: sindicalización, contratación colectiva y huelga. Todos borrados con un decretazo.
También se afectan derechos internacionales con plena vigencia nacional, como los Derechos Humanos a la integridad y dignidad humana de los trabajadores, el derecho al trabajo y seguridad social, el “derecho humano a un proyecto de vida” reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se vulneran los derechos consagrados en la Organización Internacional del trabajo (OIT) de empleo y libertad sindical desconocidos por el Decreto.
Ha sido fama pública la predisposición del poder ejecutivo contra el SME, en particular del Secretario de Trabajo, por lo que con el Decreto se comete el delito tipificado en el derecho internacional de “desvío de poder”, pues los propósitos de extinguir la empresa y de despedir a los electricistas, son diametralmente distintos a los fines del Estado y del Proyecto de Nación que se estipulan en el artículo 26 constitucional.
Y, por supuesto, se viola el artículo 128 de la Carta Magna que consagra la obligación primordial del Ejecutivo de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Y qué decir de las responsabilidades en que incurre el titular del ejecutivo y su gobierno?
¿Qué hay detrás del Decreto?
No podemos dejar pasar hechos vergonzosos para la nación, como los ocurridos la noche del 10 de octubre, como tomar las instalaciones de trabajo con el ejército, para emitir al día siguiente el Decreto, al más puro estilo de la dictadura porfirista: primero ejecutan y después averiguan. O, que el gobierno mejore las liquidaciones a los obreros que se apuren a tomarlas, para debilitar al SME. O, que se pretenda repetir mil veces la mentira oficial, para que la sociedad la admita por consancio.
En cambio, el gremio del SME en todas las manifestaciones y actos públicos, jamás han violentado la legalidad ni han roto un solo vidrio; sus elecciones por voto secreto son verdaderos actos de democracia; cada año encabezaron la lucha contra los topes salariales y ha sido el sindicato que más ha luchado contra las reformas neoliberales. En 1999, impidieron a Zedillo realizar la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, como lo había hecho a los ferrocarriles en 1995. Del SME ha sidosido siempre la más generosa solidaridad con los demás.
La intención del gobierno federal detrás de la mascarada, es culminar la privatización de la industria eléctrica, a través de introducir la fibra óptica en la red eléctrica nacional para la venta telecomunicaciones, de elevar las tarifas de los usuarios y de seguir entregando la industria eléctrica a particulares nacionales y extranjeros. Lo que espera hacer con la reapertura de la nueva empresa. El que sería el negocio del sexenio.
Esa es la verdadera intención del gobierno, sabiendo que tal finalidad es contraria a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.
Llamamiento a la sociedad:
Los abogados, juristas y académicos del derecho, llamamos a restablecer el Estado de Derecho, tan importante como restablecer la verdad en la nación. Hoy la suerte del SME es la de todos los trabajadores. Si permitimos que un decreto destruya los derechos constitucionales laborales que han costado mas de cien años de luchas y que se extingan las empresas públicas estratégicas, después seguirá de paz que sólo brinda el Estado de Derecho, hoy quebrantado.
Por la ANAD: Lauro Sol, José Luis Contreras, Estela Ríos, Manuel Fuentes, Marina Téllez, Oscar Alzaga y ….
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