Adhesión
al manifiesto en defensa de la independencia judicial
La crisis económica se ha convertido en el pretexto para
desmantelar el Estado del Bienestar y quebrar todos los consensos creados para
garantizar la convivencia pacífica y constructiva. En poco más de un año se ha
llevado a efecto un importante retroceso de las libertades de la ciudadanía.
Los derechos sociales se han reducido a la mínima expresión con la reforma
laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la
enseñanza, sin que se haya reclamado ningún sacrificio equivalente a los
grandes negocios privados. La administración de justicia, como servicio
público, debería formar parte del núcleo esencial de los esfuerzos del Estado
en un momento en el que cada vez son más quienes ven en la justicia la última
posibilidad de protección y defensa.
La inclusión de las tasas judiciales, el despido de más de 1.200
jueces interinos y la falta de convocatoria de oposiciones en los distintos
Cuerpos de la
Administración de Justicia han debilitado la ya delicada
estructura judicial. Y han condenado a cientos de miles de personas a litigios
que duran más allá de lo razonable. Se han debilitado los medios de tutela de
los grupos de personas más sensibles a los efectos de la crisis: trabajadoras y
trabajadores que ven como sus procesos se demoran meses antes de celebrar
juicio, personas desahuciadas y ejecutadas que pierden sus viviendas aun a
sabiendas de que sus préstamos podrían incluir cláusulas bancarias abusivas. De
ahí que la defensa de la
Justicia como valor, como poder y como servicio deba reclamar
la atención no solo de los operadores jurídicos, sino de toda la ciudadanía.
Pero, además, ahora se pretende deteriorar la independencia
judicial. El principio de separación de poderes es uno de los pilares
esenciales del Estado de Derecho. Por ello, en nuestra Constitución se diseñó
un sistema en el que una de las garantías de la independencia judicial era la
creación del Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias son básicas
para hacer efectivas las funciones de la judicatura en defensa de los derechos
fundamentales de la ciudadanía. Nuestra sociedad necesita de un poder judicial
sólido, con instrumentos para cumplir sus elevadas funciones y con capacidad
para afrontar los conflictos sociales sin dejarse influir por interferencias
políticas, mediáticas o de grupos de presión.
Sin embargo, el Gobierno ha impulsado un proyecto de ley en el
que arrebata importantes competencias al órgano de gobierno del poder judicial.
Ello rompe el equilibrio propio de la división de poderes. Y supone una
subordinación del poder judicial al poder político. Con esta reforma el
Ministerio de Justicia sustrae funciones sobre medios materiales y personales
que son fundamentales para la independencia judicial. Y, en un contexto en el
que se están investigando numerosos casos de corrupción, todavía resulta más
necesario que se respete la actuación de una judicatura independiente, sin que
desde cualquier Gobierno se disponga de instrumentos que puedan perturbar las
atribuciones constitucionales de nuestros juzgados y tribunales.
Sin duda, el funcionamiento del Consejo General del Poder
Judicial puede ser mejorable. Pero eso no puede suponer un pretexto para que
desde el Gobierno se despoje al CGPJ de competencias relevantes, que afectarán
al estatuto de los integrantes del poder judicial, lo cual posibilitará un
control y un condicionamiento de sus funciones jurisdiccionales.
La independencia judicial no es un privilegio de los miembros de
la judicatura, sino una garantía para los derechos fundamentales de la
ciudadanía y para la prestación de un adecuado servicio público. La puesta en
práctica de reformas que afecten a la independencia judicial dañará
necesariamente la credibilidad de nuestro Estado de Derecho. Y resulta de
especial gravedad que una reforma de estas características se haya impulsado de
manera unilateral, de forma precipitada, sin ningún diálogo real y con la
oposición de todos los sectores de la administración de justicia.
Nuestra administración de justicia se encuentra en una grave
situación de deterioro estructural por falta de medios materiales y personales
suficientes para hacer frente a las necesidades reales. Sin embargo, en lugar
de incrementarse la inversión pública, se han practicado recortes
presupuestarios que van a dificultar aún más las actuaciones de nuestros
juzgados y tribunales. Esta situación de precariedad se va a agravar ante una
reforma que debilitará las funciones de la administración de justicia, vaciará
de contenido las competencias del órgano de gobierno de la judicatura y
erosionará la división de poderes. Ante esta crítica situación, que pone en
peligro la tutela de los derechos de la ciudadanía, reclamamos al Gobierno y a
todos los poderes públicos un Pacto sobre Justicia que garantice de una vez por
todas la independencia judicial y la efectiva división de poderes que proclama la Constitución.
Jueces para la Democracia
1 comentario:
Todo eso es cierto, pero el golpe de gracia a la independencia judicial ya se dio hace muchos años, en 1985, gobernando el PSOE, supeditando ese órgano constitucional al poder de los partidos, único existente en la realidad española. Lo que se hace ahora no es más que derribar una fachada detrás de la cual ya nada queda. Quizá sea mejor así. Volveremos a la lucha a cara descubierta. Me alegro de que jueces para la democracia recupere (nunca es tarde) la defensa de la independencia judicial, que ejerce con selectivo entusiasmo cuando gobierna el PP.
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