1. El 11 de setiembre pasado se han cumplido 42 años
del golpe de estado de Pinochet contra el Gobierno democrático del presidente
Salvador Allende. La Junta Militar puso en práctica un plan de extermino de una
parte de la población chilena comprometida en la transformación del país para
conseguir mayores cuotas de igualdad, libertad y bienestar. La dictadura de
Pinochet se unía a un ciclo de dictaduras militares en el continente
latinoamericano apoyadas por los Estados Unidos (Henry Kisinger fue el gran
muñidor de las maquinaciones subversivas de los militares chilenos). Brasil,
Uruguay y Argentina sufrieron también la opresión de feroces dictaduras, que
establecieron entre ellas vínculos asesinos para perseguir a los ciudadanos
demócratas más allá de sus propias fronteras. Fue la llamada Operación
Cóndor. Poco a poco los dictadores fueron abandonado los más altos
puestos del poder político de modo tal que a partir de los años 90 del pasado
siglo en todos los países se establecieron regímenes constitucionales y, aunque
la impronta de las dictaduras en mayor o menor medida siguió presente, los
aspectos más brutales como los asesinatos, torturas, desapariciones de
personas, robos de niños, exilio y otras graves violaciones de los derechos
humanos dejaron de existir y fueron execrados por la sociedad.
Sin embargo la huella de las dictaduras siguió
presente sobre los derechos sociales. En general, la recuperación de las
libertades individuales propias de un Estado de derecho ha sido menos
problemática que la de los derechos que dan contenido a un Estado social y
democrático, los cuales, por el contrario, todavía hoy tienen una existencia
efímera y, en consecuencia, la desigualdad es lacerante en estos países,
siendo Chile un ejemplo singular por el enorme poder que sigue detentando su
clase oligárquica.
No puede negarse que en Chile se han dado pasos
importantes para recuperar la memoria colectiva de su historia reciente,
dignificar a las victimas de la dictadura y castigar a los asesinos, aunque
haya sido no sin dificultades. El Estado chileno ha creado un esplendido museo
de los derechos humanos en la capital, Santiago, que es un ejemplo a seguir
para otros países (como por ejemplo España). En ese museo muchos visitantes no
pueden contener las lágrimas de la emoción. Hay zonas del mismo que se
recomienda no visiten los jóvenes menores de 14 años, que en todo caso deben ir
acompañados de adultos. Ver una auténtica sala de torturas con los instrumentos
originales que los militares usaban convulsiona incluso a los espíritus más
robustos. Es una pieza importante en la construcción de una cultura y una
conciencia cívica que se expresa como un clamor con el grito: ¡NUNCA MÁS!
2. Pero al mismo tiempo la dictadura ha dejado impreso
en la sociedad chilena un modo de entender las relaciones de trabajo y los
derechos sociales que los diversos Gobiernos democráticos posteriores y sus
correspondientes mayorías parlamentarias no han podido o no han querido
modificar. Para empezar no han cambiado la actual Constitución redactada en la
etapa final de Pinochet que es seriamente cuestionable. El movimiento por una
nueva asamblea constituyente no ha sido, por el momento, capaz de imponerse. La
libertad de prensa no ha tenido un gran cambio. Los medios de comunicación
están concentrados en manos de una oligarquía que no deja espacio a una opinión
pública plural. Más que libertad de prensa hay libertad de empresa que obstruye
los caminos de una información veraz.
3. Chile fue uno de los primeros países de América
Latina que reconoció el derecho de sindicación, si bien lo fue como reacción de
las clases conservadoras frente a un incremento de la actividad sindical libre,
ilegal o alegal. Una ley de 1924 reguló el derecho a fundar sindicatos. Era una
ley autoritaria bajo la cual la personalidad de los sindicatos se concedía por
el Presidente de la República, establecía una fuerte fiscalización de su
vida interna por la Inspección de Trabajo, prohibía la negociación
colectiva en la agricultura, así como la sindicación en el sector público.
También imponía conciliaciones obligatorias para solución de conflictos. Como
en otros países, hubo una continua evolución hacia el reconocimiento de una
auténtica libertad sindical. En 1931, entre otras cosas, frente a la anterior
negociación por empresas, se empezó a permitir la negociación colectiva
sectorial a los sindicatos de oficio y se reconoció el derecho de huelga con la
prohibición del esquirolaje. En 1964 se reconoció el derecho sindical pleno a
los trabajadores de la agricultura y en 1968 se crearon comisiones tripartitas
que negociaban condiciones mínimas por ramas de la producción. El reconocimiento
constitucional efectivo de la libertad sindical tuvo que esperar a 1971,
con la llegada al poder del Gobierno de Unidad Popular de Allende. En 1973 la
tasa de sindicación era del 34 por ciento, la más alta jamás habida. En 1972
hubo una experiencia muy interesante: los “cordones industriales”, que fueron
formas de organización autogestionaria en algunas empresas como reacción a la
“huelga patronal” (en especial en el sector del transporte por carretera,
fundamental en Chile) que provocó una situación de desabastecimiento de muchos
productos en el país.
4. La política laboral de la dictadura que se impuso
en 1973 tiene dos etapas bien diferenciadas, pero que tienen en común la feroz
represión de toda disidencia. La primera etapa es aquella en la que se
intentó imponer un modelo propio de los militares caracterizado por una
especie de integración corporativa de los sindicatos afines, al estilo de lo
que llevó a cabo el franquismo en España. Implicaba, por supuesto, la supresión
de la auténtica libertad sindical que sería sustituida por un organismo
integrador que consideraba el interés de la empresa un valor superior que no
podía ser puesto en cuestión. En consecuencia, la huelga quedaba proscrita,
pero sería posible una negociación por ramas de actividad aunque sin autonomía
sindical.
Ese modelo no llegó a tener una auténtica implantación
y a partir de 1975 lo que se impuso fue el llamado Plan Laboral de
los civiles neoliberales afectos a la dictadura, que llevaron a cabo por la
fuerza de las armas la “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher. El autor
del Plan Laboral fue el ministro José Piñera, recién regresado
de los Estados Unidos, en donde había hecho su doctorado. Sus ideas son un
reflejo de las de Friedman y Hayek. Proponía “modernizaciones” en siete
áreas para entronizar el libre mercado. Estas eran la de trabajo, la previsión
social, educación, salud, justicia, agricultura y administración. No en todas
estas áreas se llevaron a cabo, pero en algunas las transformaciones fueron profundas
y demoledoras. En previsión social se privatizaron los Seguros Sociales
cambiando el sistema financiero de reparto por el de capitalización privada y
obligatoria, lo que ha dado lugar hoy a una desprotección y empobrecimiento de
la mayoría de la población incluida en el esquema y a un enriquecimiento de las
entidades financieras. Lo curioso es que los militares y los Carabineros
(policía militarizada) no consintieron ir a la capitalización privada y
permanecieron en su Seguro Social. Criminales pero no idiotas.
La educación fue considerada como un bien objeto de
tráfico comercial, lo que trajo la expansión de todo tipo de centros educativos
privados, incluidas las universidades, muchas de ellas de calidad ínfima. Los
estudiantes universitarios tiene que contraer créditos, que tardan años en
devolver, para pagar su educación. Esta situación provocó masivas protestas en
las calles en 2012-2013, que contribuyeron a un cambio de signo político en
2014, como más adelante se indicará. En la Justicia se suprimió la jurisdicción
especializada de lo social para remitir el conocimiento de los pleitos
laborales a la costosa y lenta jurisdicción civil. Solo bien entrados los años
90 del pasado siglo se consiguió restaurar la jurisdicción social tras arduos
esfuerzos de las asociaciones de abogados laboralistas y algunos académicos.
El Plan Laboral de la dictadura
aceptaba reconocer de modo formal la libertad sindical, sobre todo para evitar
un boicot de los sindicatos norteamericanos AFL-CIO contra las exportaciones
chilenas. En realidad los sindicatos resultantes de ese plan son una caricatura
de sindicatos. No puede haber sindicatos de sector o rama de actividad, están
prohibidos, solo pueden ser de empresa. La negociación colectiva tampoco puede
ser sectorial, sino también solo de empresa. Hay un pluralismo sindical a
ultranza con una competencia entre los sindicatos y otros grupos negociadores
en la empresa como si fuera un mercado, con la consecuencia de que el
empresario acaba eligiendo el sindicato con el que negocia. Dada la estructura
de las empresas chilenas, los sindicatos son minúsculos. El 53 por ciento de
ellos tiene menos de 40 afiliados. En la idea de Piñera la negociación
colectiva no ha de ser un mecanismo de redistribución de ingresos o riqueza en
el país. La sindicación, aún hoy, ha caído al 14 por ciento y la cobertura de
los convenios colectivos solo alcanza al 8,4 por ciento de los trabajadores.
La huelga solo podía ser admitida en la fase de
negociación de un convenio colectivo, pero se permitía (y se permite) al
empresario la sustitución de los trabajadores huelguistas por otros contratados
“ad hoc”, con lo cual, las pocas veces que se utiliza, es un instrumento
absolutamente ineficaz. Se legalizó el esquirolaje. Este plan puede resumirse
en que es extremadamente rígido e intervencionista en lo colectivo, pero
abstencionista y flexible en la relación individual que está dominada por la
voluntad unilateral del empresario.
5. La transición a la democracia está siendo
extremadamente lenta. Tras perder un plebiscito sobre su continuidad en el
poder en 1988, Pinochet aceptó negociar una reforma constitucional con algunos
partidos (entre los que no estaba el Comunista, que seguía siendo ilegal) que
acabó dando lugar a la actual constitución que data de 1989 y que, entre otras
cosas, reservaba a Pinochet cargo de senador vitalicio. Desde 1990, con la
excepción del periodo 2010 a 2014 en que ganó las elecciones la derecha chilena
con el presidente Piñera, hermano del autor del Plan Laboral de
la dictadura, los gobiernos han sido de la Concertación por la Democracia, una
coalición de partidos en la que los más importantes han sido la democracia
cristiana y el partido socialista. Desde 1990 al 2000 hubo dos presidentes
demócratas cristianos, Adlwin y Frei (el primero con Pinochet como jefe
del ejercito) y, salvo el paréntesis ya citado de Piñera, los socialistas Lagos
y Bachelet, que ha revalidado el cargo en 2014. Pues bien, durante todo
ese periodo el Plan Laboral de la dictadura no se tocó, ni, como
en Argentina, no se volvió a un sistema público de previsión social. Las
protestas estudiantiles de 2012-2013 contra la mercantilización de la educación
contribuyeron a la pérdida del poder por la derecha. Los partidos de la
oposición, agrupados en la coalición Nueva Mayoría, con la novedad de que
incluye al Partido Comunista, se comprometieron a llevar a cabo serias reformas
en la educación. Reformas que están en curso y que los grupos económicos
privados pretenden que las universidades privadas reciban subvenciones sin
discriminación frente a las públicas.
Sobre la reforma del Plan Laboral en
la Nueva Mayoría había bastante ambigüedad aunque, finalmente, se presentó un
proyecto de ley, ahora en discusión en el Senado, que no cambia los elementos
esenciales de aquel Plan. Mantiene la negociación colectiva por
empresa, da más posibilidades para que en las empresas los sindicatos negocien
medidas de “flexibilidad” en horario, salario, tiempo de trabajo, organización
de trabajo, etc…La huelga solo será posible dentro de proceso de negociación de
un convenio colectivo y, esta es la parte más positiva, limita la capacidad del
empresario para sustituir a trabajadores huelguistas, aunque no se prohíbe.
Hará falta el acuerdo con el sindicato de la empresa para extender un convenio
negociado a la totalidad de los trabajadores, aún a los no sindicados. Este
aspecto es criticado por los empresarios pues argumentan que es imponer una
especie de obligatoriedad de la sindicación. Los argumentos para no cambiar los
aspectos esenciales del Plan de la dictadura son siempre los mismos, esto es,
introducir la negociación colectiva sectorial, reconocer la libertad sindical,
incluida la huelga, limitar los poderes organizativos del empresario será malo
para la economía nacional. Pero mantener esa opinión es un sarcasmo cuando se
observa que casi el 50 por ciento de los asalariados a tiempo completo gana
menos de 337 € al mes, y de esos, el 17 por ciento menos de 218 €, en un país
en el que los precios no están muy alejados de los de España y en el que los
servicios públicos distan mucho de ser gratuitos. Los datos disponibles (2013)
muestran que, de acuerdo con el índice Gini, Chile es el país con más
desigualdad de todos los de la OCDE. Un triunfo del neoliberalismo que muestra
así su esencia violenta y antidemocrática como es propio de las clases
oligárquicas cuyo poder sigue siendo intocado.
[1] Algunos de los
datos usados en este articulo han sido tomados de K. Narbona: “Una historia del
tiempo presente: lo que cambió el plan laboral de la dictadura”, publicado por
la Fundación Sol, en septiembre 2015. www.fundacionsol.
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