DECLARACION DE CC.OO. UGT Y DGB

Declaración conjunta de la DGB, CC OO y UGT a la cumbre hispano alemanaEuropa en la encrucijada


Ante la Cumbre política bilateral hispano-alemana que se celebra en Madrid, hoy día 3 de Febrero de 2011, los sindicatos UGT, CC OO y DGB deseamos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación política, económica y social en la que se encuentra actualmente la Unión Europea.


Desde la primera cumbre hispano-alemana, celebrada en 1983, la Unión Europa como proyecto político y económico ha pasado por distintas fases, experimentando progreso en términos generales. Sin embargo, nunca como hoy la cooperación, la decisión y voluntad política de los gobernantes europeos han sido tan decisivas para hacer frente de un modo conveniente a los graves problemas a los que se enfrentan las economías europeas, tras la crisis iniciada en 2007-2008. Hoy en día, bastantes de ellas están zarandeadas, en la actual fase de crisis de las deudas soberanas, por la acción de los especuladores en los mercados financieros.
La recuperación económica de los países de la Unión no tendrá éxito si se basa en la adopción de las políticas económicas conservadoras de ajuste presupuestario y de reformas estructurales de signo neoliberal, sino que debe fundamentarse en la promoción del crecimiento sostenible de la economía y del empleo y el mantenimiento de la cohesión social.
Las políticas de austeridad y ajuste presupuestario y de reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE están suponiendo el mayor y más generalizado ataque a los Estados de bienestar y a los derechos sociales y laborales que han conocido los ciudadanos europeos desde el final de la segunda Guerra Mundial.
Apelamos a la responsabilidad de los gobiernos español y alemán: Europa se encuentra en una encrucijada. Aferrarse a las medidas hasta ahora adoptadas que sólo favorecen a los mercados pondrá en grave peligro la estabilidad del sistema del euro. Esto llevaría a una degradación económica, política y social de todos los países implicados. Por este motivo debemos adoptar todas las medidas necesarias para conjurar este peligro y fomentar el crecimiento y el empleo y estabilizar el euro.
El establecimiento de un mecanismo de estabilidad financiera permanente, aprobado por el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre, aún siendo una muestra del compromiso de la UE con sus Estados miembros y con el euro, no solucionará la crisis de la eurozona a la vista de la magnitud de los problemas.
Resulta imprescindible el cumplimiento de la Agenda establecida en la Cumbre del G20 de Londres para una nueva regulación del sistema financiero internacional. Si no se alcanza a nivel mundial, el ámbito de la UE debería ser suficiente para las principales medidas.
Entre las medidas a contemplar cabrían, entre otras, la prohibición de las operaciones especulativas a la baja en los mercados financieros, la intervención del Banco Central Europeo (BCE) comprando en las cantidades que fueran necesarias bonos de los Estados miembros más afectados, la creación de una Agencia Europea de la Deuda que emitiese bonos de deuda europeos (eurobonos) y el muy necesario establecimiento de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
También es posible -y política y moralmente exigibles- la erradicación de los paraísos fiscales y la regulación de las retribuciones y bonos de los directivos de las instituciones financieras.
Deseamos también transmitir que compartimos plenamente el rechazo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a las propuestas de la Comisión Europea para la gobernanza económica de la UE, por centrarse casi exclusivamente en el endurecimiento de los medios de vigilancia y control de los déficits y deudas públicas, olvidando todo lo relacionado con el crecimiento de la economía y el empleo y la política fiscal, al tiempo que se pretende a través de ellas imponer determinadas reformas, que no significan otra cosa que recortes de derechos, en campos en los que la UE no tiene competencias.
Las reformas estructurales y la consolidación fiscal por sí solos no llevarán a la recuperación de las economías europeas. Por el contrario, esta concepción errónea está retrasando la salida de la crisis y promoviendo injusticias sociales y desigualdad y el descrédito del proyecto de integración europea entre los trabajadores y trabajadoras. El gran incremento de la desigualdad social ha contribuido fuertemente a generar la actual crisis, lo mismo que ocurrió en la Gran Depresión de 1930. La desigualdad social que se está fomentando en la salida de la actual crisis es el germen de crisis futuras.
Instrumentos de desigualdad social son los contenidos de las llamadas reformas estructurales impulsadas por las instituciones de la UE y que afectan a cuestiones tan relevantes como los sistemas de pensiones y de protección social, los mercados laborales o la negociación colectiva. En particular manifestamos nuestro completo desacuerdo con las reformas de los sistemas de pensiones que empobrecen a las personas mayores y que introducen recortes profundos de las prestaciones para minar los sistemas públicos de jubilación. Además rechazamos las propuestas que vayan dirigidas a debilitar la negociación colectiva. Junto con las políticas de ajuste presupuestario estas reformas -concebidas ante todo como recortes de derechos sociales e instrumentos para disminuir los costes laborales y los gastos sociales- son la manifestación más clara de que los actuales gobernantes europeos pretenden cargar todo el coste de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y pensionistas.
Las tres confederaciones sindicales consideran que las reformas laborales y sociales tienen que ser fruto del diálogo social y de acuerdos con los interlocutores sociales. En ese sentido, valoran positivamente los acuerdos que recientemente se han alcanzado en España sobre pensiones y negociación colectiva, entre otros aspectos.
Pretender que los países europeos refuercen su competitividad en la economía global mediante la disminución de los costes laborales y el gasto social, en lugar de hacerlo en los factores que cimientan la economía del conocimiento, es un gravísimo error. Error en lo económico. Y error en lo político: así se deteriora la integración política europea.
Las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre los casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo, que legalizan el dumping social y salarial en el seno de la UE, han demostrado que la legislación europea necesita un mecanismo para asegurar la prevalencia de lo social. Reclamamos, en consonancia con la posición de la CES, la inclusión, durante el próximo proceso de revisión del Tratado de Lisboa, de una cláusula de progreso social que evite este tipo de prácticas y establezca la primacía de los derechos sociales fundamentales. En el mismo sentido, manifestamos nuestra preocupación por el futuro de las directivas sobre trabajadores extranjeros que se están tramitando en estos momentos (permiso único, temporeros y traslado de trabajadores dentro de una misma empresa). Nos parece imprescindible que se basen en los principios de la igualdad de trato y la no discriminación y que no favorezcan una mayor fragmentación del mercado de trabajo.
La DGB, CC OO y UGT deseamos también subrayar que compartimos las opiniones de destacados analistas que afirman que Europa está perdiendo sus valores y su alma. A los valores de la Economía social de mercado, hoy plenamente cuestionados, se unen los de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Un ejemplo de esto último se ha vivido en la actuación de la diplomacia europea frente a la revolución democrática en Túnez, alineándose hasta el último minuto, explícitamente o de facto por medio de un intolerable silencio e inoperatividad, detrás del dictador Ben Ali. También al no promover con claridad el cambio democrático en Egipto, y otros países de la región.
Frente a esta situación que criticamos, y reafirmándonos en nuestras convicciones sobre el valor del proyecto de integración política de la UE inseparable de su modelo social, la DGB, CC OO y UGT, de acuerdo con la orientación de la CES, consideramos fundamental alcanzar un gran acuerdo político y social europeo que, además de abordar una solución urgente y solidaria a la crisis de la deuda, impulse un Plan de recuperación de las economías europeas, basado en la inversión en infraestructuras de transporte y energía, redes de comunicación, I+D+i., educación y formación, y una transición justa a una economía verde. Exigimos que la Cumbre extraordinaria de líderes de la UE que se celebrará mañana en Bruselas, dedicada a energía e innovación, y la Cumbre de Primavera del Consejo dirijan sus esfuerzos en esta dirección.

Madrid, 3 de febrero de 2011

LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO

Apoyemos a la FIOM[1]



Fausto Bertinotti, Sergio Cofferati, Gianni Ferrara, Luciano Gallino, Francesco Garibaldo, Paolo Nerozzi, Stefano Rodotà, Rossana Rossanda, Aldo Tortorella, Mario Tronti

Hemos decidido constituir una asociación, «Lavoro e libertà», porque compartimos una común indignación cívica. La primera razón de nuestra indignación surge de la ausencia, en la lucha política italiana, de un interés por los derechos democráticos de los trabajadores y las trabajadoras. Así como mediante los mecanismos electorales los ciudadanos han sido privados de escoger a quien elegir libremente, del mismo modo –pero de manera áun más grave-- un trabajador y una trabajadora no tienen el derecho de decidir, con su propio voto, sobre diversas opciones de acuerdos sindicales que fijan su salario, sus condiciones de trabajo y sus derechos en el centro de trabajo. Pensamos en acuerdos que no ponen en discusión derechos indisponibles. Hablamos, en el caso de los acuerdos sindicales, de un derecho individual que se ejerce de forma colectiva. Un derecho de la persona que trabaja que no puede ser sustituido por las dinámicas que se dan dentro y entre las organizaciones sindicales y empresariales, aunque éstas sean necesarias e indispensables. De todo eso hay un doloroso rastro en la discusión política. Nosotros entendemos que éste debe ser uno de los elementos diferenciadores que han de estructurar las opciones presentes en las tareas políticas y civiles. La creciente importancia en la vida de todo ciudadano de las opciones que se han llevado a cabo en el campo económico debería llevar a un reforzamiento de los mecanismos de control político y de nivelación del poder económico. Sin tales mecanismos, en realidad, es más elevada la probabilidad –como lo estamos experimentando-- de sufrir duras consecuencias individuales y colectivas.

La segunda razón de nuestra indignación es el continuo esfuerzo de una extensa parte de la política italiana de redimensionar la plena libertad de ejercicio del conflicto social. Las sociedades democráticas consideran el conflicto social –ya sea el de capital/trabajo, ya sea los movimientos de la sociedad civil sobre cuestiones atinentes a los bienes públicos y el interés público-- como la esencia misma de su carácter democrático. Sólo a través de un pleno despliegue, en el ámbito de los derechos constitucionales, de tales conflictos se equilibran las potencias económicas, se alimenta la discusión pública y se controla el ejercicio del poder político. En una sociedad democrática no puede existir un interés de parte, el de la empresa, superior a cualquier otro interés y razón. Así pues, los derechos –ya sean los individuales como los colectivos-- no pueden estar subordinados a los intereses de la empresa o del sistema de empresas o a los intereses superiores del Estado. La presunta racionalidad superior de las opciones puramente económicas y de las técnicas manageriales se ha evaporado en esta gran crisis.

La idea, tan cara al gobierno, - como a la Confindustria y la Fiat - , de una sociedad basada en la sustitución del conflicto social por la atribución a un sistema corporativo de equilibrio entre las organizaciones sindicales y empresariales, bajo la égida gubernamental, del poder de adoptar, bajo la forma del consenso, toda decisión relevante sobre los temas del trabajo –incluidas las actuales prestaciones del Estado de bienestar— es de por sí un íncubo autoritario.
Estamos estupefactos, mejor dicho, indignados, por el hecho de que sobre tales escenarios plasmados en decisiones concretas ya tomadas o de las que se anuncia su adopción en leyes y acuerdos sindicales no se ejerza, con relevantes excepciones, como la manifestación del 16 de octubre protagonizada por la FIOM, una asunción de responsabilidad que englobe al mayor número posible de fuerzas sociales, políticas y culturales para combatir, impedir y quebrar esta deriva autoritaria.

Nos indigna, en fin, la continua reducción del trabajo, en todas sus formas, a una condición que niega la posibilidad de expresión y realización de uno mismo.

La precarización, la individualización de la relación de trabajo y la empresarialización de la regulación social del trabajo en un país donde la gran mayoría trabaja en empresas con menos de diez personas; el desmantelamiento de la legislación de tutela de la salud laboral y del ambiente de trabajo y la creciente dificultad –tras el autodenominado “collegato lavoro”, aprobado en el Parlamento— de que los trabajadores puedan recurrir a la tutela judicial, son los instrumentos materiales de este proceso de expolio de la dignidad de quien trabaja. Últimamente, se pretende la sustitución del Estatuto de los derechos de los trabajadores por un estatuto de los trabajos: la transformación lingüística es, por sí misma, explicativa del contenido que le corresponde. El tránsito de los portadores de derechos, los trabajadores que pueden exigirlos, a los lugares y a las actividades de trabajo, marca un proceso de abstracción/alienación en el que se reduce la efectividad de estos derechos. ¿Cómo es posible que, frente a la destrucción sistemática de un siglo de conquistas de civilización sobre los temas del trabajo no haya una respuesta a la altura de ese desafío?

Hay que volver a dar centralidad política al trabajo. Volver a poner el trabajo, el mundo del trabajo, en el centro de la agenda política: en la acción del gobierno, en los programas de los partidos y en la batalla de las ideas. Esta es, hoy, la vía maestra para la regeneración de la política y de un proyecto de liberación de la vida pública ante las derivas, la decadencia, la vulgarización y la autorreferencialidad que, en la actualidad, tan gravemente la caracterizan. La dignidad de la persena que trabaja debe ser la estrella polar que oriente toda decisión individual y colectiva.

Por estas razones hemos decidido constituir una asociación que se proponga suscitar en la sociedad, en la política y en la cultura una reflexión y una acción adecuada al intento de sostentar todas las fuerzas que sepan moverse con coherencia en este terreno.


[1] Publicado en “Il Manifesto”, 30-12-2010.

LA SUBIDA DE LA EDAD DE JUBILACION, NI URGENTE NI NECESARIA: injusta

La tercera etapa del programa antisocial del Gobierno, la de la reforma de la Seguridad Social, ya está anunciada. También parece que será un paso más en el desencuentro con los sindicatos más representativos y con amplios sectores de la ciudadanía. Tras el primer paquete que trajo la desvalorización del sector público por la reducción de salarios de los trabajadores al servicio del Estado, vino con gran celeridad la reforma laboral que ha cristalizado en la Ley 35/2010, la más intensa y regresiva de la democracia. En ambos casos el Gobierno actuó unilateralmente rompiendo la dinámica de la concertación social que tantos frutos ha dado en España. Ahora toca el tercero de los grandes objetivos que el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco de España han venido exigiendo al Gobierno de la nación.


En este contexto, que el Gobierno haya puesto a los agentes sociales y a los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo el plazo de finales de enero de 2011 para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de las pensiones (en realidad sobre la de jubilación), hace sospechar una falta de voluntad real de negociar, más bien da la impresión de que el acuerdo es de los llamados de adhesión con el guión ya escrito desde hace un cierto tiempo. El Gobierno sigue las voces de los que le recomiendan cumpla con su obligación de gobernar, aunque tenga que adoptar medidas impopulares, esto es, medidas que perjudican a las clases trabajadoras y favorecen a las élites del poder económico, pero si fuera al revés las mismas voces le tacharían de irresponsable.


La reforma de la pensión de jubilación (que es lo que está en juego) no es asunto de “urgente necesidad” desde el momento en que, incluso con los cálculos que hacen los interesados catastrofistas de siempre, se reconoce que nuestro Sistema tal y como está hoy configurado no tendría problemas hasta 30 años. Si hay que hacer la reforma en el plazo perentorio antes citado es, en palabras de la Ministra de Economía, para dar “confianza” a los especuladores financieros (los mercados), pero a cambio ¿puede el pueblo español tener confianza en que van a dejar de especular? La cosa es clara, se está actuando en beneficio, no de la ciudadanía, sino de los poderes financieros.


La Seguridad Social es una de las piezas centrales del Estado Social y Democrático de Derecho que ha hecho de Europa un ejemplo para todo el planeta. Es un modo más civilizado de convivir, es entender la democracia, no como algo acabado y dado de una vez para siempre, sino como una continua evolución en el camino hacia la igualdad real para hacer efectiva, y no meramente ficticia, la libertad. Ello implica que la acción política debe servir para transformar y mejorar las condiciones de existencia, debe ser instrumento para “remover los obstáculos” que impidan o dificulten el goce de ambas, libertad e igualdad, según podemos leer en el art. 9.2 de la Constitución española. Implica un compromiso del Estado de garantizar prestaciones suficientes ante los estados de necesidad para hacer posible el goce por toda la población de los derechos fundamentales y avanzar en “el camino hacia la Libertad desde la Necesidad” como dijo Beveridge. El art. 41 de nuestra Constitución así lo establece, así como el art. 34.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, siendo la protección de la vejez una parte fundamental de la acción protectora del Sistema, que se basa en una maravillosa organización técnica de la solidaridad dentro de la comunidad política regida por el Estado. Ese principio solidario implica redistribución de rentas desde los que más hacia los que menos tienen. Cada uno aportará a la Caja Única lo que la ley establezca y de ella saldrán los recursos para las prestaciones a las que dan lugar las contingencias protegidas. Lo que cada uno debe aportar será lo que se establezca en la ley, y lo que cada uno debe recibir será también lo que se establezca en la ley. Siempre encontraremos la mediación de la ley entre lo aportado y lo recibido, sin que exista una relación directa o contractual entre ambas cosas. La ruptura del sinalagma entre lo aportado y lo recibido es esencial para que pueda darse una redistribución de rentas entre los incluidos en el campo de aplicación del Sistema. Esa redistribución de rentas es esencial para que los que menos tienen puedan obtener satisfacción de sus necesidades gracias a las aportaciones de los que más tienen. Se “impone sacrificio a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos respecto de los enfermos; a los ocupados respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos respecto de las familias de los fallecidos; a los que no tienen cargas familiares respecto de los que las tienen” que dice la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963.


El acuerdo que pretende el Gobierno puede decirse que ya tiene trazadas sus líneas maestras en el “Documento sobre la revisión del Pacto de Toledo” de 29 de enero de 2010, el cual parte de unas “determinaciones estratégicas” que muestran una preocupante dirección en la evolución de la Seguridad Social. Para empezar, pretenden mantener equilibrio financiero sacrificando la suficiencia de las prestaciones (ya de por si modestas pues la pensión media, según datos del Ministerio de Trabajo, es de 761,82€ en 2009) querida por el art. 41 CE. Se trata de reducir el gasto para no tocar los ingresos. Acepta una falsa idea de equidad (se deben dar prestaciones según lo aportado) que prepara el terreno ideológico para introducir en la mente de los sujetos protegidos ideas propias de los sistemas de capitalización. Por eso en el citado Documento se insiste en que hay que incentivar “productos” de previsión voluntaria (la misma terminología de la Comisión Europea) y, en concreto, los fondos de pensiones en su modalidad de empleo.


La jubilación es la estrella de ese Documento en el que hay que destacar dos aspectos. El primero el desplazamiento de la edad ordinaria de jubilación desde los 65 a los 67 años, y el segundo la dependencia “en grado creciente” de las prestaciones con las aportaciones efectivas realizadas, para lo que propone calcular la base reguladora tomando en cuenta toda la vida laboral. Esto significaría para la mayoría de los futuros jubilados una reducción de su pensión, lo que se compadece mal con la suficiencia querida por el art. 41 CE.


La Comisión Europea está desde años trabajando a favor de los especuladores al afirmar, con notoria falsedad, la insostenibilidad de los sistemas de reparto y promover su sustitución parcial por los de capitalización con el manido y erróneo argumento pseudocientífico de la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, como puede verse en el Libro Verde toward adecuate, sustainable and safe European pension system de 7 de julio de 2010 (COM (2010) 365 final). Esta obra empieza con la afirmación de que estamos ante una Europa envejecida por lo que hay que hacer reformas en las pensiones aceptando como punto de partida que los sistemas de solidaridad intergeneracional son importantes, pero recuerda que las reformas deben de hacerse dentro del funcionamiento del mercado interno y los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como de acuerdo con la estrategia Europa 2020, que propugna limitar “los impuestos sobre el trabajo” y la reducción de la presión fiscal a las empresas. El Libro Verde comparte con Durao Barroso que “los fondos de pensiones son una parte integral del mercado financiero” y afirma que “completar el mercado interior con productos de pensiones tiene un directo impacto con el crecimiento potencial de la UE y, por tanto, contribuye directamente a alcanzar los objetivos de Europa 2020”. De acuerdo con sus estimaciones, los problemas en 2060 serán grandes ya que el alargamiento de la esperanza de vida dará lugar a un gran aumento de población envejecida y la tasa de natalidad no será suficiente para compensarlo. Este es un argumento tan repetido como falso. En primer lugar porque las investigaciones demográficas serias siempre dejan claro que no pueden hacerse proyecciones tan a largo plazo porque las variables que pueden surgir son muchas y no se pueden ser tenidas en cuenta en la actualidad. Por ejemplo, la introducción de políticas sociales de apoyo a la natalidad y podría dar lugar en los países del sur de Europa a un cambio en las tasas de natalidad muy importante. La esperanza de vida no mide los años que viven las personas, sino que es un promedio estimado que, además, es sensible a las diferencia de clase. En segundo lugar porque esas proyecciones no tienen en cuenta el crecimiento del PIB, el crecimiento de la productividad. Con un crecimiento modesto de la productividad habrá muchos más recursos que los actuales para las pensiones. En tercer lugar la financiación no tiene porque ser siempre hecha con cuotas sobre los salarios, puede hacerse por otros medios. Si con menos trabajadores se producen más bienes y servicios es perfectamente posible establecer un tributo sobre los beneficios, un tributo que sea progresivo. Esa es la cuestión: la redistribución de rentas.


Las propuestas de la Comisión Europea, en cambio, son claras: por una parte trabajar más y subir la edad pensionable, por otra los sistemas de los Estados miembros deben ser complejos, de varios pilares, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial de 1994. Deben consistir en una pensión mínima garantizada por el Estado, fondos de empleo privados y obligatorios y fondos privados colectivos o individuales voluntarios. Los fondos de pensiones, de acuerdo con el G 20, tienen que llegar a ser “importantes jugadores en los mercados financieros”, pero, aunque reconoce sus pérdidas (cita la pérdida del 20% de 2008 y su no recuperación en 2009), con una gran fe difícil de compartir si hay un mínimo de sensatez, propone desarrollar el mercado interior de las pensiones con un marco regulador a escala de la UE para regímenes privados de pensiones que los haga más seguros. El problema es que ese modelo ya no es Seguridad Social, es asistencialismo y ahorro que se entrega a las manos de entidades financieras. Es un ataque al Estado Social que reservaría el brazo asistencial para la población con una trayectoria profesional azarosa: los precarios. Los otros regímenes serían para quienes tengan una carrera profesional más estable y para los más pudientes. Para estas dos últimas capas de la población las mejoras sobre el mínimo provienen de su propio ahorro y de ese modo están escapando del principio solidario y redistributivo. Es un mecanismo que no resuelve el problema de los estados de necesidad de la mayoría de la población, hace huir al Estado de sus compromisos de procura asistencial y abre al mercado, al negocio, la garantía de la existencia negando la evidente realidad de la sociabilidad del riesgo de la vejez, que queda, de ese modo, abandonado a la responsabilidad individual. Ese modo de proceder de la Comisión Europea es un auténtico ataque al Estado Social, un ataque a la democracia y trata de premiar a los que han causado la presente crisis. Sus propuestas no pueden ser atendibles porque son contrarias a la intangibilidad de las estructuras fundamentales del sistema constitucional español, que no pueden ser afectadas por la cesión de competencias a la UE.


La propuesta de elevar la edad pensionable a 67 años es particularmente injusta. Va en la línea de reducción de gastos, pero también de reducción del derecho. Hay medios para ir ajustando los recursos necesarios para cubrir las necesidades del Sistema a medida que van cambiando las necesidades. El argumento de que la edad de 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era mucho más baja que hoy no es atendible. La España de los años sesenta del pasado siglo (que fue cuando se pusieron en marcha los rudimentos de la Seguridad Social ) ofrecía a las clases trabajadoras unas condiciones de vida miserables. Baste recordar que la emigración fue el destino de varios millones de españoles que consiguieron mejorar con su trabajo en Europa su pensión de jubilación. Ahora que poco a poco estamos consiguiendo muy modestas mejoras en el bienestar no es razonable presentar el duro pasado como ejemplo de racionalidad. Las aspiraciones al progreso social lo rechazan. No es un disparate que la edad pensionable se fije en 65 años como límite mínimo general. Elevar la edad de jubilación con carácter general resulta injusto porque es tratar de modo igual a los desiguales, en concreto a los que más necesitan la jubilación que son los trabajadores de profesiones más duras, con exigencias de menores cualificaciones profesionales y, por lo general, no muy bien remuneradas. Esos trabajadores pertenecen a la clase obrera tradicional y muchos se incorporaron en edades juveniles al trabajo empujados por las necesidades económicas de sus familias, por lo que cuando llegan a los 65 años ya podemos decir que están en una edad provecta. No ocurre lo mismo con trabajadores de altas cualificaciones, que pasan un largo periodo formativo, con titulación universitaria, por ejemplo, que se incorporan más tarde al trabajo. Pero también estos trabajadores con las nuevas formas de organizar el trabajo (distribución irregular de la jornada, remuneración por objetivos, etc..) están con frecuencia sometidos a situaciones de estrés que hacen poco aconsejable el mantenimiento de la cotidiana actividad laboral. Pueden recordarse los suicidios en France Telecom o en el centro de investigación y diseño de Renault. Por otro lado, cuando un país como España, con una tasa de paro algo por encima del 20%, eleva la edad de jubilación se aboca al problema social de qué hacer con los desempleados. Lo más razonable y justo es mantener la edad pensionable en los 65 años y dejar a la negociación colectiva la búsqueda de otros incentivos de jubilación flexible, adicionales o complementarios a los establecidos por ley. Una subida de la edad pensionable es en este momento inoportuna porque las clases populares, que no han sido las que han provocado la crisis, están soportando sus costes por medio de reducciones de salario, aumento de impuestos indirectos, reducción de prestaciones sociales y ven cómo las diferencias de rentas con las clases acomodadas aumentan.


Si son necesarios más ingresos para mejorar las prestaciones y mantener el equilibrio ¿no será mejor eliminar los topes de cotización que el art. 131 del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2011 establece en 3.230,10€ al mes? Con los topes de cotización los que ganan menos de esa cantidad son solidarios con el cien por cien de su salario, pero los que ganan más solo lo son parcialmente. Pero eso sería dañar los intereses de los fondos de pensiones. Una gran injusticia que pone de manifiesto la insinceridad de la reforma.

MANIFIESTO POR UN IMPUESTO A LAS TRANSACIONES FINANCIERAS Y LA SUPRESIÓN DE LOS PARAISOS FISCALES

COMISIONES OBRERAS, UGT Y ATTAC ESPAÑA

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales. Debido a la fuerte presión social de estas organizaciones y otras 200 redes de 23 países, la implantación mundial del ITF fue incluida en la agenda de la reunión del G20 en Seúl. Lamentablemente, la propuesta no fue ni tan siquiera tomada en consideración en la cumbre, por lo que es más necesario que nunca incrementar las acciones tendentes a conseguir su implantación efectiva.

La profunda crisis global en la que ahora nos encontramos, ha llevado al paro a 32 millones de trabajadores, y está extendiendo el hambre y la pobreza en el mundo, principalmente en los países del Sur, incrementando los déficits fiscales, recortando los gastos sociales y aumentando la desigualdad. Lo que resulta socialmente inadmisible es que se trata de una crisis con responsables claros, a los que no afectan las medidas adoptadas por los Gobiernos. Estos responsables son las personas e instituciones que controlan los mercados financieros, apoyados por unos gobiernos que, sin cuestionar en ningún momento la actual hegemonía de las finanzas sobre la economía productiva, les han permitido alcanzar un volumen de actividad desmesurado, escasamente gravado e insuficientemente sometido a control o regulación. Los gobiernos de la Unión Europea no han dudado en aplicar a la ciudadanía de sus países dolorosos planes de ajuste basados en recortes sociales - con un significativo retroceso del Estado de bienestar en materiade pensiones, derechos laborales y salarios- y de la Ayuda Oficial al Desarrollo, y en dar prioridad a la lucha contra el déficit sin abordar la necesidad de gravar adecuadamente al sector financiero ni revisar la fiscalidad de las grandes fortunas, ni menos aún tratar de evitar la evasión fiscal practicada por las compañías multinacionales a través de los precios de transferencia.

Ante este escenario insostenible, social, económica y ambientalmente, los firmantes de este Manifiesto exigimos la implantación inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF, o FTT en su acepción inglesa), y la lucha decidida contra la evasión fiscal, desarmando elentramado de los paraísos fiscales de modo que se recuperen recursos que legítimamente pertenecen a los ciudadanos y se generen otros adicionales suficientes para combatir las desigualdades sociales.

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS (ITF)

Desde Keynes hasta Stiglitz, pasando por James Tobin, numerosos economistas han advertido de que la falta de regulación de los mercados financieros lleva a la economía hacia la deriva especulativa estrangulando la economía productiva, que es la que genera bienes y servicios para satisfacer las necesidades sociales a la vez que crea empleo. Para hacer frente a esta situación, tanto los movimientos sociales como otras organizaciones de la sociedad civil vienen reclamando desde hace más de 10 años el establecimiento un impuesto global que regule estos mercados, y sirva a la vez para obtener recursos financieros que, penalizando fiscalmente las transacciones especulativas, impulsen el desarrollo de los países del Sur, ayuden a la financiación de la lucha contra el cambio climático y permitan establecer, mantener o fortalecer los sistemas de protección social en todos los países. Este impuesto, tendría además un efecto estabilizador sobre los precios de los activos financieros, favoreciendo el crecimiento económico y el empleo.

El ITF es una propuesta para gravar las transacciones financieras en un sector que favorece esencialmente la especulación a gran escala sobre las divisas y otros activos de la economía no productiva, pero también sobre los recursos energéticos e incluso sobre los alimentos –mientras 1.000 millones de personas no saben si podrán comer cada día- y el agua potable. Su viabilidad técnica está fuera de toda duda, como reconoce el estudio del FMI y la reciente comunicación de la Comisión Europea al Parlamento y Consejo de Jefes de Estado. La dificultad no se encuentra en las barreras técnicas, que pueden abordarse y resolverse, sino en la voluntad política.

Diferentes Jefes de Estado y de gobierno de la UE ya se han manifestado por su implantación, como es el caso de Merkel, Sarkozy y el propio Rodríguez Zapatero en la reciente cumbre de la ONU sobre los Objetivos del Milenio. Pero a estos gobernantes hay que exigirles no sólo la aplicación inmediata del impuesto, sino también la fijación de unos tipos impositivos que disuadan a los especuladores de seguir apostando en el casino financiero.
Aunque el alcance del impuesto ha de ser preferentemente global, se resalta la oportunidad de comenzar su aplicación en primer lugar en la UE o, por lo menos, en la zona euro, por ser un importante espacio económico desde donde podría después generalizarse. Su implantación es urgente porque favorece una salida de la crisis que antepone el interés de las personas al de las finanzas. Establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas es un instrumento que puede contribuir a hacer recaer los costes de la crisis en sus verdaderos culpables y servir al mismo tiempo para financiar otros objetivos de interés planetario, tales como el suministro de bienes públicos globales, la lucha contra la pobreza y sus causas, frenar el cambio climático y cumplir con el resto de los Objetivos del Milenio en España, en Europa y en el mundo.

PARAÍSOS FISCALES

Los firmantes de este Manifiesto exigimos también a los gobiernos de la UE la adopción y promoción de medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia financiera y combatir la evasión, el fraude fiscal y el lavado de dinero de todo tipo de delitos realizados a través de los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes. Laerradicación de los paraísos fiscales es perfectamente posible y es una exigencia política y moral que alcanza el más amplio consenso social. Los paraísos fiscales son el auténtico agujero negro de las finanzas internacionales, facilitando que cada año salgan de forma ilícita un billón de dólares de los países en desarrollo. No existe justificación alguna para permitir marcos fiscales desiguales y la elusión de la responsabilidad fiscal de unos pocos (multinacionales y grandes fortunas) frente a los esfuerzos soportados por el resto de la ciudadanía.


29 de noviembre de 2010

MARCELINO CAMACHO, UN HOMBRE IMPRESCINDIBLE

Recurrir a B. Brecht cuando decía aquello que los que luchan todos los días son imprescindibles para aplicarlo a Marcelino Camacho no es muy original porque es una evidencia. Marcelino ha fallecido esta madrugada y, aunque esperada, la noticia nos deja tristes porque se ha ido alguien que ha sido amado, respetado y admirado como pocos de su tiempo. Unos tiempos duros los que le tocó vivir en los que siempre estuvo luchando contra la injusticia con un coraje que no doblegó la represión franquista. La libertades que hoy tenemos todos se las debemos a gente como Marcelino y tantas otras que como él no dudaron en enfrentarse con el fascismo para mejorar la suerte de los trabajadores. Pero no solo hay que exaltar aquí su coraje, sino su inteligencia y aportación en la construcción de un sindicalismo moderno. La autonomía sindical, que es una de las señas de identidad de Comisiones Obreras, debe mucho a la lucidez de Marcelino. Hay que recordar aquí que dimitió de su cargo en el Comité Central del Partido Comunista, no porque hubiese dejado de ser comunista, sino para preservar la autonomía del sindicato, un sindicato que sigue aspirando a una sociedad igualitaria y sin explotación, pero que no acepta jugar el papel ancilar de “correa de transmisión” de un partido determinado.

Está muy en boga descalificar al comunismo por sus realizaciones totalitarias y los crímenes que en su nombre se han cometido. Denunciar esos crímenes y el totalitarismo es necesario, pero no olvidemos algunos hechos entre los cuales está que en España es difícil encontrar personas tan limpias, tan generosas, tan entregadas a la lucha por un mundo mejor en tan alto número como las que formaron parte de la familia comunista, entre las que Marcelino destaca. Es una vergüenza de nuestra sociedad que jueces que dictaban duras condenas contra los luchadores por la libertad y la igualdad siguieran ejerciendo en la democracia su profesión sin el menor rubor, es algo que Marcelino, por ejemplarizarlo en él, no se merecía. La muerte es la gran ausencia, pero es total cuando sobre los que se han ido cae el olvido. No queremos que eso ocurra con Marcelino y por eso seguirá con su ejemplo entre nosotros en las aspiraciones de un mundo más justo, más igualitario y más libre.

HACER HUELGA ES BELLO

Es el afamado maestro confitero Ferino Isla, creador del rico dulce pionono.

¿Qué tendrá la huelga que tantas pasiones desata? Cuando los sindicatos llaman a la huelga los patronos se irritan, los voceros a su servicio la demonizan, los cursis con acceso a los medios la banalizan, los políticos en ejercicio se incomodan y de modo abierto o subterráneo actúan para hacerla lo más difícil posible. La huelga desata emociones. Y las desata porque la huelga, entre otras cosas, pone en cuestión la autoridad de quienes la ejercen sobre los que trabajan. Es un acto de radical afirmación de la propia dignidad porque al decir ¡NO! Se está valorizando al individuo en cuanto se afirma como tal individuo en unión a la colectividad a la pertenece. Nunca una huelga sirve para defender un interés individual. Pero por eso mismo denuncia con la acción la injusticia de las condiciones de trabajo. No se trabaja para defender el trabajo, una paradoja, como con gran acierto ha mostrado Antonio Baylos. O lo que es lo mismo, no se trabaja porque se quiere que el trabajo sea tratado de otra manera.

Con esta huelga del 29 de septiembre los sindicatos se han convertido en lo más valioso de nuestra sociedad porque tratan de defender probablemente lo mejor que Europa ha producido en el siglo XX: el Estado Social y Democrático de Derecho. Un modo de entender la democracia que ahora mismo está siendo negado por las fuerzas del privilegio económico en un retroceso histórico aterrador. Hacer huelga (holgar no es lo bastante expresivo, ni huelguear existe en nuestro idioma) es gozar de un derecho fundamental de participación democrática. Como decía Bobbio, un serio problema de las democracias representativas es que son poco representativas. La participación de los comunes mortales en la toma de decisiones que afectan a toda la comunidad cada día es mas remota, como hemos visto estos días en que “los mercados” (es decir determinados grandes millonarios-inversores de carne y hueso) han puesto de rodillas a nuestro legítimo Gobierno…y este se ha plegado. Esa sombra de las democracias solo parcialmente se compensa a través de otras vías. Los mecanismos de concertación social, al permitir una mejor expresión de los intereses de los trabajadores, son una de ellas, por eso cuando se rompe el dialogo social y se aceptan las imposiciones “de los mercados” para reducir derechos de los trabajadores y aumentar el poder de los empresarios, no queda otro camino que la expresión directa de la voluntad de los oprimidos (si, de los oprimidos, no es un lenguaje arcaico) a través del derecho fundamental de la huelga. Pero es un derecho que cuesta, que hace salir al sujeto individual de su encierro privado para, al juntarse con los demás, llamar a transformar ordenando el desorden del mundo y, de ese modo, afirmar su desafiante presencia frente a los aparatos del poder. Se movilizan los afectos, los lazos de solidaridad y por ello, hacer huelga es bello.


Joaquín Aparicio Tovar
martes, 28 de septiembre de 2010

HABLA DON MIQUEL FALGUERA Y BARÓ

Intervención de este Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona dos días antes del 29 de segtiembre de 2010.

Permítanme que en este importante acto haga reflexiones de un simple jurista. Y permítanme también que recuerde que los juristas no hablamos de dinero, sino de derechos. Que nuestra razón de ser no pasa por el incremento de las riquezas, sino por el avance de la civilidad. Tengo la impresión de que vivimos en unos tiempos tan inciertos en los que es necesario recordar obviedades como, por ejemplo, recuperar el sentido de las palabras. Así, habrá que recordar que, contra lo que se nos quiere hacer creer, la democracia no es sinónimo sólo de libertad, sino algo más. Huelga decir que no existe democracia sin libertad, pero la democracia es también igualdad. Y la democracia es también la fraternidad, esto es, el derecho de todos los hombres y todas las mujeres a desarrollarse como personas, a partir del reconocimiento social de unos mínimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres constituyentes norteamericanos, el “derecho a la felicidad”. Nadie puede ser libre si carece de la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De ahí que Aristóteles caracterizara la democracia como “el gobierno de los hombres pobres libres”, a diferencia de la oligarquía ─“el gobierno de los hombres ricos libres”─.
De estos conceptos surgieron las ideas centrales de la Ilustración, de la que somos hijos. Y habrá que recordar también, porque a menudo se olvida, que los actuales marcos constitucionales no surgieron de la nada, sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres ─más o menos libres─ durante dos siglos. Que son la consecuencia de la lucha, de la sangre y el sufrimiento, de la pobreza laboriosa. Después de que dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejaran sus vidas en los campos de batalla en dos guerras mundiales se logró un pacto social trascendental que implicó unas nuevas normas en el reparto del pastel de la riqueza (que bien es cierto que obviaba la realidad de los países menos desarrollados), recuperando un modelo social que ya había sido mínimamente diseñado por las constituciones de Weimar y Querétaro.
No obstante, hace un cuarto de siglo ─a raíz de la aparición de lo que se conoce como neoliberalismo─, las condiciones contractuales han cambiado y se han pervertido los valores constitucionales. A pesar de que nadie lo diga, ocurre que los textos de nuestras cartas magnas se han quedado en papel mojado, en meras declaraciones sin contenido. A lo largo de estos años, los juristas hemos visto estupefactos cómo las anteriores conquistas de civilidad eran puestas en solfa, cómo el derecho tenía que someterse a la economía.
Con demasiada frecuencia oímos discursos que cuestionan la igualdad y la fraternidad por “antiguas” y reivindican una supuesta “sociedad del riesgo”, que implica la instauración del neodarwinismo social. Actualmente somos más desiguales que hace unas décadas. En otras palabras: los ricos son más ricos y los pobres, más pobres. Y ello no sólo a escala de los países opulentos, sino también a nivel mundial, como constata la OIT. Discursos y políticas que reclaman “menos Estado” y “menos regulación”, es decir, el abandono de la intervención de la sociedad como colectivo en las relaciones privadas, de tal modo que los poderosos acaben imponiendo sus intereses.
En este contexto, los juristas hemos asistido boquiabiertos a la negación de que la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirma la mayor parte de los textos constitucionales occidentales. Y, así, el triunfo en la vida parece pasar por el mero enriquecimiento ─un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de los demás─, y no por la autoemancipación individual y colectiva y la mejora de nuestras sociedades, por el declive del concepto de ciudadanía social en favor del individualismo descarnado. Hemos asistido a la negación de los derechos y los valores colectivos, contra lo que afirman las constituciones, en favor de este individualismo. Son cada vez más frecuentes las políticas, declaraciones y normas que cuestionan a los sindicatos, la negociación colectiva o el derecho de huelga. En estos precisos momentos tenemos ejemplos claros. Se nos dice ─y se nos pretende hacer creer─ que estas instituciones colectivas ─conquistadas por históricas luchas desiguales─ impiden el crecimiento económico. Se ha recortado la solidaridad social a través de una política fiscal regresiva. Y eso ha implicado el incremento de la desigualdad en derechos básicos, como el derecho a la enseñanza, el derecho a la vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar o las situaciones de dependencia.
El sistema de la Seguridad Social ─la gran conquista de la pobreza laboriosa y el máximo exponente de la fraternidad social─ es también negado, porque se nos dice que afecta a la economía y que nos incapacita para afrontar los riesgos de las sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios ─directa o indirectamente pagados por entidades financieras─ que indican la imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsión social y que obtienen un gran eco en los medios de comunicación, que nada dicen de las elevadas pérdidas de los sistemas privados de previsión. Mientras tanto, nuestras pensiones se van reduciendo y los requisitos de acceso, endureciendo.
Con la excusa del empleo ─que la práctica ha demostrado falsa─, llevamos veinticinco año de recortes de derechos de los trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulación de mayores facilidades para el despido, el abaratamiento de su coste para el empresario y a graves limitaciones de control judicial posterior. Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra foránea, en un diseño consciente de reclutamiento de un auténtico ejército industrial de reserva que abarate los gastos salariales. Y, en paralelo, asistimos también al preocupante incremento de discursos xenófobos, con actuaciones de los gobiernos de los países ricos que incumplen los tratados internacionales.
Pero ocurre que, contra lo que se nos repite, con estas políticas contrarias a la igualdad y la fraternidad, somos cada vez menos libres, porque estamos en unos momentos en que el voto de los hombres pobres libres no sirve en nada para delimitar las grandes políticas sociales y económicas. Estas políticas se diseñan en organismos y empresas transnacionales que no ha votado ni votará nadie. Y somos menos libres porque cualquier voz mínimamente crítica es omitida, cuando no quemada inquisitorialmente en una plaza pública.
La actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los hombres pobres libres, sino a estas políticas neoliberales. No deja de resultar sorprendente que poco después del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a hablar de reformar el sistema, de regular la economía. No obstante, ésa fue una idea efímera. Una vez más los hombres pobres libres han pagado de su bolsillo los excesos financieros, y la conclusión de los poderosos ha sido que dichas políticas suicidas debían incrementarse. Decidieron que eran los pensionistas, los empleados públicos y las personas dependientes quienes debían pagar las consecuencias, que la solución para la crisis era menos igualdad y menos fraternidad, que había que seguir recortando derechos a los trabajadores y a los sindicatos. Han omitido que la causa de la situación actual no es la igualdad, sino precisamente el recorte de los derechos constitucionales, de los derechos de las personas. Por eso mi asociación profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido apoyar públicamente la huelga general del próximo día 29 de septiembre, porque esencialmente somos juristas y nuestra pasión es el derecho. Alguien podría dudar y pensar que los motivos de la huelga no le afectan en nada, que eso es cosa de los trabajadores y de los sindicatos. Quien piense eso se equivoca. Lo que nos jugamos el próximo día 29 es mucho más que el redactado de unas leyes. Lo que nos jugamos es si nuestro futuro lo decidirán nuestros votos o las organizaciones financieras internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o por la oligarquía.