CON MARCOS ANA

23 años tras los muros, 23 razones para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Tras 23 años en las cárceles franquistas, Marcos Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento alguno: “No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”


Las personas, instituciones, colectivos, asociaciones, entidades, etc. abajo firmantes apoyamos la propuesta realizada por la Universidad de Granada para que le sea concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana,





1. Por su vida: por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres.



2. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia


3. Por su defensa de la libertad,


4. Por su comprensión: “Yo me sentiría completamente desgraciado si después de haber pasado veintitrés años en la cárcel mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”


5. Por su humanidad

6. Por su solidaridad


7. Por su valentía


8. Por su entereza


9. Por su honestidad


10. Por su sinceridad


11. Por su miedo


12. Por su esperanza


13. Por su lucha contra la infamia


14. Por su lucha contra la mentira


15. Por su lucha contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida


16. Por su sencillez


17. Por su naturalidad con que es un hombre. Entero, auténtico, completo.


18. Por su integridad: “Si pretendiera saciar con la sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”


19. Por su generosidad: “Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”


20. Por su lucidez: “Si nos sentimos españoles tenemos que cerrar de una vez para siempre este ciclo sangriento, ese hecho terrible de que los españoles cada veinticinco años tengamos que estar degollándonos los unos a los otros. Espero que el futuro de España no sea el futuro de la revancha sino el de la paz y seguridad para todos los españoles


21. Por su poesía


22. Por él y para él, por todos y para todos sus compañeros de infortunio


23. Por dignidad, reparación, justicia, paz, reconciliación.




Para enviar tu firma: http://www.unpremioparamarcosana.org/

EL PERTINAZ GOBERNADOR

Me escribe el joven investigador manchego Judas del Llano las siguientes líneas:

Estimado profesor:

He visto con sorpresa en la prensa que el Gobernador del Banco de España pide una reforma laboral para abaratar el despido de los contratos indefinidos porque, según el, el despido de un trabajador con este tipo de contrato es muy costoso para el empresario pues debe de pagar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Según lo que aprendí en la Universidad de Castilla-La Mancha la indemnización a la que se refiere el señor Gobernador solo es de aplicación a un tipo muy concreto de despido, al despido disciplinario declarado por un juez improcedente. Otros despidos, como aquellos llamados objetivos o los colectivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción de la empresa tienen una indemnización de 20 días, no muy alta, me parece y si el despido disciplinario es declarado procedente, el coste es nulo. Además, si no quiere pagar la indemnización también puede el empresario ahorrársela readmitiendo al trabajador. Mi sorpresa viene porque yo creía que alguien que ocupa un puesto tan importante, y el mismo servicio de estudios de su institución, deberían, creo, ser muy cuidadosos con afirmaciones tan transcendentes como esas y no confundir los distintos tipos de despido. Por esa falta de propiedad me habrían ustedes, muy justamente, suspendido en la licenciatura. Dado que al Sr. Gobernador no le podemos suspender ¿podría usted y el circulo de estudiosos de asuntos sociales de Parapanda sugerir que podemos hacer ante estas cosas? ¿Cómo es posible que pida rebajar la indemnización para quienes despiden “por la cara”? La verdad es que no lo entiendo porque hay en juego intereses vitales de los trabajadores y de sus familias, que pueden verse en situaciones dramáticas en los casos de despido.

No sé si en Parapanda surgirá alguna explicación, pero por mi parte yo tampoco lo entiendo. En otras ocasiones ya hemos tenido ocasión de destacar lo poco prudente de determinadas declaraciones del Gobernador del Banco de España y las extralimitaciones que se permite en el cumplimiento de sus funciones que, dicho sea de paso, están fijadas por ley. Con estas nuevas declaraciones da pié para que sea calificado como un “ultravirista” pertinaz. Pero, además, cuando las organizaciones patronales y los sindicatos están enfrentados sobre esta cuestión y cuando hay un debate en la sociedad española sobre un asunto tan delicado y grave como la regulación del despido, que el Gobernador del Banco emisor se posicione a favor de los empresarios genera inevitablemente una erosión en la legitimidad de la institución que dirige, y esto es grave. Hemos pedido desde aquí en otras ocasiones que o se callaba o que dimitiese, al no hacer ninguna de las dos cosas nos vimos obligados a pedir su cese, cosa que ahora hay que reiterar. No se me ocurre otra cosa.

¿QUIÉN DEBE RESPONDER POR LA CRISIS?

El estruendo que produjo el desplome de importantes entidades financieras en todo el mundo (sobretodo en Estados Unidos) enmudeció a los voceros que machaconamente habían estado salmodiando las ventajas indudables mercado no regulado y exaltando la recuperación del individuo en su actuar libre de trabas impuestas por la ley o los convenios colectivos. Al mismo tiempo surgieron algunas voces que interrogaban por los responsables del estropicio de la crisis. Ahora se ve que aquel enmudecimiento fue momentáneo y el coro liberal ha vuelto a entonar su vieja canción. Pero sigue sin respuesta la pregunta de quienes son los responsables de la crisis. No hablamos, claro está, de los que han cometido delitos, que por cierto no parece que sean muchos (Madoff y pocos mas), sino de los que con sus acciones (la creación intelectual es también un modo de actuar) han provocado estados de necesidad a tanta gente. Si fuéramos capaces de identificarlos, entonces podríamos exigirles responsabilidades. Pero el capitalismo se caracteriza por la creación de una red de artilugios jurídico-económicos cuya finalidad es precisamente la disolución o limitación de la responsabilidad de las personas físicas que tienen el poder económico (desde la invención de las sociedades anónimas a la moderna ingeniería de “externalizaciones”). Los sujetos actuantes en el tráfico económico se parapetan tras unos entes que solo gramaticalmente adquieren sustantividad: los mercados. Los mercados (¿quiénes son esos mozos? podríamos decir parafraseando a Sánchez Ferlosio) son los que han hecho y desecho (más bien esto último) y por tanto ellos serían los responsables…es decir, nadie. Sin embargo el coro liberal está ya identificando a los que deben apechugar con las consecuencias de la crisis, o lo que es lo mismo los que deben de responder, aunque, ¡que gran paradoja! no sean los causantes de la misma: los trabajadores.


Hay un acuerdo unánime en que los orígenes de la crisis no están en la legislación laboral protectora del trabajo, por el contrario en las enormes desigualdades sociales y económicas que las políticas liberales han generado en todo el mundo hay que buscar uno de sus detonantes. En los últimos años, como pone de manifiesto el informe sobre el trabajo en el mundo de octubre de 2008 publicado por la OIT, la erosión de los derechos sociales ha dado lugar a que la brecha entre los que más y menos ganan se haya agrandado en el mundo, también en Europa y en España. Los responsables hay que buscarlos en quienes han propugnado esas políticas desreguladoras y en los organismos, dirigidos por personas con nombre y apellidos, que las han impulsado (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea o determinados gobiernos nacionales).


No se trata de exigir que todos esos responsables se vistan con tela se saco y con ceniza en la cabeza caminen a pié hacia los desiertos para convertirse anacoretas, pero, al menos, podemos exigirles que guarden prudente silencio ante tantos daños causados a tanta gente. Con estupor, sin embargo, estamos viendo que no es así. Tras unos meses de silencio los teólogos del liberalismo vuelven a la carga. También ellos aceptan que la legislación laboral no está en el origen de la crisis pero con gran inconsecuencia lógica propugnan que la salida a la actual situación debe de hacerse introduciendo en nuestra ordenamiento jurídico un imposible constitucional: el despido sin causa, un despido que aumentaría las desigualdades en la relación de trabajo. El argumento es muy manido y tiene que ver con una visión muy estrecha del despido como un mero asunto de costes económicos para el empresario, que parte de la premisa de que el despido en España es caro. Premisa falsa. El despido en España no es caro. Por ejemplo, el despido disciplinario procedente tiene coste económico cero para el empresario ¿Porqué? Porque hay justa causa para despedir. El despido disciplinario improcedente (que es en el que están pensando siempre) implica pagar una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Pero es que se trata de un despido en el que un juez ha dicho que no hay razón para despedir, es un despido arbitrario, y, aún así, el empresario se obstina de modo pertinaz en mantener su voluntad. Es poco lo que tiene que pagar si se tienen en cuenta los daños que el trabajador puede sufrir con la pérdida arbitraria de su trabajo. Pero hablar en estos términos es adentrarse en el terreno de la justicia, un campo semántico ajeno a quienes propugnan el despido sin causa, que, de ese modo incurren en el olvido esencial de que el pacto en el que se asienta nuestra convivencia es el pacto constitucional y nuestra Constitución se preocupa de la justicia y de la igualdad, pues no en vano en su art. 1 las declara valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Las garantías contra el despido sin causa tienen que ver, con toda coherencia, con la justicia y, por ello están contenidas en el art. 35 de la Constitución tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional. La crisis actual debe servir para corregir las carencias todavía muy presentes en la sociedad española, y muy lacerantemente sentidas por una gran parte de la población, en el camino de alcanzar cotas más altas de justicia e igualdad, no para rebajarlas.

DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SITEMA DEMOCRÁTICO

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EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado. Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR.Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material

EL AUTORITARMISMO LIBERAL DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España, desde que es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de la Comunidad Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 108 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente.


Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político el legislativo se presenta como el representante del titular de la soberanía, del pueblo, es claro que estamos ante una cuestionable limitación del principio democrático y por eso las autoridades del Banco Central Europeo y de los Bancos Centrales nacionales deben ser extremadamente prudentes y autocontenidas en un uso restrictivo de sus facultades. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad Europea y la Ley 13/1994, de 1 de junio, dicha de Autonomía del BE, “apoyará la política económica general del Gobierno”.


Los más altos órganos rectores del BE, sin embargo, parecen interpretar la autonomía como la facultad de poder emitir sus propias opiniones sobre asuntos controvertidos según su saber y entender yendo más allá de las funciones que tienen asignadas por ley. En política social el Gobernador del BE ha pedido contención salarial, eliminación de la eficacia general del los convenios colectivos, más flexibilidad de las leyes laborales que no es otra cosa que aumento de los poderes de los empresarios y disminución de los derechos de los trabajadores, a veces en oposición a los propios preceptos constituciones. Puede pensar que el objetivo de la estabilidad de precios le permite pedir todas esas reformas, pero eso es interpretar la relación causa-efecto de modo tan exagerado como lo sería argumentar que también el carpintero que hizo la cama tiene alguna responsabilidad sobre el adulterio en ella cometido por otros. La autonomía debe compensarse con aumento de discreción y prudencia, pero no es el caso.


¿Porqué esta falta de prudencia? La comparecencia del Sr. Gobernador en la comisión parlamentaria de seguimiento de los Pactos de Toledo sobre el Sistema de la Seguridad Social lo ha puesto en claro: según el sus opiniones son técnicas y no solo suyas, son las de su servicio de estudios y, como tales, incontrovertibles, pues afirma que lo que dice responde a “un consenso de los especialistas en relación con el diagnóstico sobre la situación y los problemas de nuestro sistema de pensiones y sobre las posibles vías para afrontarlos”. Habló Blas, punto redondo. Un claro ejemplo de autoritarismo. Ese consenso no existe ni en el diagnostico de la situación, ni en la identificación de los problemas, ni mucho menos en las soluciones a los mismos. Muchos especialistas, por ejemplo, están llamando la atención sobre el problema de la suficiencia de las prestaciones del Sistema, que es lo que manda el art. 41 de la Constitución, asunto que parece ausente en su discurso y, además, pasa por alto que el Sistema de Seguridad Social no se limita a las pensiones, sino que provee prestaciones económicas y en especie de diversos tipos. El Gobernador del BE solo está pensando en una contingencia del Sistema, la de jubilación. Su razonamiento es de lo más simple, reconoce que esta materia no es técnica, sino que las decisiones a tomar son políticas, pero al revés que el artífice teórico de la Seguridad Social, W. Beveridge, la técnica se impone a la política sacando a relucir el manido argumento de la cuenta de la vieja, según el cual ahora todo esta más o menos bien, pero en el futuro los pasivos serán tantos que no podrán ser mantenidos por los activos por lo que el Sistema quebrará. Esto si que es autoritarismo. Aunque no ignora que nuestro Sistema es de reparto, es decir que los actuales activos mantienen a los actuales pasivos, no se sabe de donde saca que esa solidaridad intergeneracional no existirá en el futuro, será porque sus economistas lo digan, como en años pasados otros servicios de estudios de entidades financieras privadas anunciaron catástrofes que nuca se han producido.


El Sistema de Seguridad Social es dinámico por naturaleza y de continuo sufre modificaciones fisiológicas para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales. Consiste en la organización de la solidaridad por el Estado en la comunidad sobre la que ejerce su soberanía, por eso, mientras exista Estado Social y Democrático de Derecho existirá la Seguridad Social. Ese es el consenso entre todos los demócratas: que la Seguridad Social es una función indeclinable del Estado, como ha dejado claro el Tribunal Constitucional. Esa solidaridad significa que la Seguridad Social debe llevar a cabo una redistribución de rentas, de los que más a los que menos tienen, lo que exige políticas fiscales progresivas, como también quiere la Constitución, por cierto. Para el Gobernador y sus estudiosos, según su caduco pensamiento liberal no parece existir “margen de actuación para realizar incrementos de las cotizaciones sociales”, ignorando cuanto menos que las cotizaciones sobre salarios son solo uno de los medios de financiación del Sistema, pero no el único, y que España tiene unos niveles de presión fiscal y de gasto social por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Un ejemplo muestra que hay margen: desde hace ya bastantes años existe un tope máximo de cotización a la Seguridad Social fijado hoy en la Ley de Presupuestos para 2009 en 3.166,20 €, eso quiere decir que los que ganan más de esa cantidad son solidarios solo hasta ese límite, pero los que ganan menos son solidarios con el cien por cien de sus ingresos. El tope cotización debe desaparecer para eliminar esa perversa solidaridad inversa y para aumentar los ingresos del Sistema. Pero en esa franja superior está la clientela de los fondos de pensiones privados, que, por cierto, esos si que van mal y sobre los que nada dice el Banco de España. Que el PP sea oportunista secuaz del Gobernador y sus economistas no tiene nada de extraño, aunque si bastante de irresponsabilidad. Entre irresponsables anda el juego. En otra ocasión se le ha pedido al Gobernador que se callase o que dimitiese, como no se calla no queda otra que pedir que dimita o que le cesen.

¿LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN PELIGRO? Mejor preguntarse por las consecuencias de la libre prestación de servicios.

Una huelga que tenga como lema “empleos británicos para trabajadores británicos” tiene que producir alarma a cualquier persona con un mínimo de conocimiento, que dirían en la Mancha, pero como ya han indicado Antonio Baylos y Jose Luis López Bulla en su blog, las cosas son algo más complicadas. Como ya es habitual los medios de comunicación mas difundidos no informan sino que tratan de formar una opinión, pero en este caso, la confusión (no sabemos si interesada o no) es grande.



Veamos los hechos muy bien contados por Walter Maldonado, corresponsal de López Bulla. En el caso de esa huelga, rápidamente calificada de salvaje por algunos medios, se trata de una empresa norteamericana que subcontrata con otra siciliana (que desplaza trabajadores italianos y portugueses) para hacer trabajos en Inglaterra en una refinería de petróleo, propiedad de una empresa francesa. Así tenemos que la afirmación primera del lema de la huelga ya es problemática ¿son británicos los empleos? Solo son británicos en tanto en cuanto están en un territorio en el que el Estado británico ejerce su soberanía, pero ya sabemos cuan limitada está hoy esa soberanía y mucho más cuan limitada está su autonomía, es decir, su capacidad de imponer regulaciones sin interferencias de poderes diversos a los del propio Estado, pero también sabemos que la niebla de la ideología nacionalista impide a una amplia capa de la población ver esas limitaciones.



Por otro lado el domingo 8 de febrero fueron sometidos a referéndum los acuerdos bilaterales entre la Confederación Helvética y la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores en su extensión a los trabajadores rumanos y búlgaros. La derecha xenófoba se oponía con argumentos que aquí en España también ha utilizado el Partido Popular como el abuso de los servicios sociales, la delincuencia, el robo de empleos a los locales, etc…También pedía el no algún partido de izquierda con el argumentos totalmente contrario como es que la libre circulación traería una sobreexplotación de todos los trabajadores, es decir, que era un instrumento de dumping social, argumentos que no eran compartidos por los sindicatos interprofesionales. Triunfó el si por una holgada mayoría.



Pero, querámoslo o no, un cierto nacionalismo excluyente se está difundiendo por Europa y algo cala en los trabajadores. No es nuevo, el final de los años 20 y primeros años 30, también época de crisis y de desempleo, el nacionalismo prendió en amplias capas de las clases medias y trabajadora europea y derivó en fascismo. Conviene no olvidar la Historia. Por eso es aleccionador recordar que el nacimiento de las Comunidades Europeas no puede entenderse como un empeño solo dirigido a la consecución de objetivos económicos. Había un impulso ético cual era conseguir la paz entre las naciones europeas mediante la identificación de “intereses comunes que produjeran solidaridad de hecho” y la paz social dentro de cada una de esas naciones mediante el reconocimiento de derechos sociales a los trabajadores que, de paso, conjurase la amenaza de la revolución. Los caminos de la integración europea en estos sesenta años han sido complejos y han estado marcados por una tensión entre lo nacional, que era la esfera propia de los derechos sociales, y lo supranacional donde dominaba lo económico, es decir, las libertades de circulación de mercancías, capitales, personas, de establecimiento y servicios. No tiene nada de extraño que los trabajadores confiasen más en su propia constitución nacional que les reconocía unos derechos claros que en unos Tratados europeos que no hacían referencia alguna a esos derechos, y que, además, podían imponerse sobre la constitución nacional. De ahí que el proceso de integración tuviese que exigir, para ser real, integración no solo económica, sino paralelamente derechos sociales supranacionales. Aún con dificultades y discontinuidades, hasta el Tratado de Amsterdam se puede apreciar una cierta “europeización” de los derechos sociales al establecerse mínimos en determinadas materias, pero desde Niza (2001) hay un freno a la integración y, por el contrario, una renacionalización de la UE, de la que tan orgulloso estaba el Gobierno español de aquella época del PP, es evidente. Renacionalización en el gobierno político de la UE y freno (incluso alguna vuelta atrás) en el establecimiento de derechos sociales supranacionales. La integración apresurada de los países del este ha acentuado ese nacionalismo hasta el punto que si no se reacciona con dureza puede llegar a desfigurar la esencia de la UE en su objetivo de alcanzar la paz y garantizar derechos sociales.



Ahora algunos pretenden, como la actual presidencia Checa de turno, que vayamos a una nueva UE concebida como una zona de libre cambio en la que imperen las libertades económicas y en la que cada uno de los Estados debe hacer valer las “ventajas competitivas” que pueden dar a los empresarios (que no tienen porqué ser nacionales de ese Estado) la menor protección de los derechos de los trabajadores que ofrece su ordenamiento jurídico interno. ¿Cómo se hacen valer “esas ventajas competitivas”? Utilizando los medios que ofrecen los Tratados, claro, y, en concreto, no la libertad de circulación de trabajadores, sino la libre prestación de servicios y establecimiento. La libre circulación de trabajadores implica la no discriminación por razón de nacionalidad, lo que quiere decir que el derecho social interno se aplicará a todo trabajador ciudadano de la UE con independencia de cual sea su nacionalidad, lo que es lo mismo que decir que el trabajo iguala, pero siempre que se haya utilizado la libre circulación de personas para acceder al “mercado de trabajo” local. Pero eso no es lo que está ocurriendo hoy, sino que los trabajadores se están desplazando convertidos en unidades económicas de prestación de servicios de una empresa a otra que generalmente ha recurrido a una fórmula de descentralización productiva (con frecuencia contratas y subcontratas).



Los trabajadores desplazados a otro país por la empresa prestadora del servicio tendrán sus condiciones de trabajo reguladas por el derecho del país de origen, con lo límites de impuestos por la directiva 96/ 71/CE, limites que no operan debido a sus deficiencias técnicas en algunos ordenamientos del norte de Europa, que son precisamente los más protectores. Cuando las condiciones de trabajo entre los países de la UE eran más o menos homogéneas los problemas eran menores, pero con la ampliación de 2004 el dumping social está servido, como lo prueban los bien conocidos casos Viking, Laval, Rüffert y Luxemburgo. ¿Cómo no van a reaccionar negativamente los trabajadores locales cuando, como en el caso Rüffert, los trabajadores polacos desplazados a Alemania ganaban el 45% de lo establecido en el convenio colectivo aplicable? Explicar que no es la libertad de circulación de trabajadores, sino la prestación de servicios entre las empresas en una UE sin integración política y sin derechos sociales armonizados por arriba, es tarea urgente de los sindicatos, pero también de los poderes públicos y privados que no quieran repetir los más negros episodios de la Historia europea del siglo XX.

GRAN MANIFESTACIÓN DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO DE GAZA

Domingo 11 de enero, a las 12 H
Neptuno-Sol




GAZA: CRIMEN Y VERGÜENZA
Teresa Aranguren, José Saramago y otros. 3 de enero de 2009


No es una guerra, no hay ejércitos enfrentados. Es una matanza.


No es una represalia, no son los cohetes artesanales que han vuelto a caer sobre territorio israelí sino la proximidad de la campaña electoral lo que desencadena el ataque.


No es la respuesta al fin de la tregua, porque durante el tiempo en el que la tregua estuvo vigente el ejército israelí ha endurecido aún más el bloqueo sobre Gaza y no ha cesado de llevar a cabo mortíferas operaciones con la cínica justificación de que su objetivo eran miembros de Hamas. ¿Acaso ser miembro de Hamás despoja de condición humana al cuerpo desmembrado por el impacto del misil y al supuesto asesinato selectivo de su condición de asesinato sin más?.


No es un estallido de violencia. Es una ofensiva planificada y anunciada hace tiempo por la potencia ocupante. Un paso más en la estrategia de aniquilación de la voluntad de resistencia de la población palestina sometida al infierno cotidiano de la ocupación en Cisjordania y en Gaza a un asedio por hambre cuyo último episodio es la carnicería que en estos días asoma en las pantallas de nuestros televisores en medio de amables y festivos mensajes navideños.


No es un fracaso de la diplomacia internacional. Es una prueba más de complicidad con el ocupante. Y no se trata sólo de Estados Unidos que no es referencia moral ni política sino parte, la parte israelí, en el conflicto; se trata de Europa, de la decepcionante debilidad, ambigüedad, hipocresía, de la diplomacia europea.


Lo más escandaloso de lo que está pasando en Gaza es que puede pasar sin que pase nada. La impunidad de Israel no se cuestiona. La violación continuada de la legalidad internacional, los términos de la Convención de Ginebra y las mínimas normas de humanidad, no tiene consecuencias. Más bien, al contrario, parece que se premia con acuerdos comerciales preferentes o propuestas para el ingreso de Israel en la OCSE. Y qué obscenas resultan las frases de algunos políticos repartiendo responsabilidades a partes iguales entre el ocupante y el ocupado, entre el que asedia y el asediado, entre el verdugo y la víctima. Qué indecente la pretendida equidistancia que equipara al oprimido con su opresor. El lenguaje no es inocente. Las palabras no matan pero ayudan a justificar el crimen. Y a perpetuarlo.


En Gaza se está perpetrando un crimen. Lleva tiempo perpetrándose ante los ojos del mundo. Y nadie podrá decir, como en otro tiempo se dijo en Europa, que no sabíamos.



Teresa Aranguren, Pedro Martínez Montávez, Rosa Regás, José Saramago, Pilar del Río, Cármen Ruiz Bravo, Belén Gopegui, Constantino Bértolo, Santiago Alba