martes, 8 de julio de 2008

DIRECTIVA DE RETORNO. Una página negra para el Derecho




En este mes de junio de 2008 las instituciones europeas han escrito una página negra para el derecho.

El Consejo, esto es, el conjunto de ministros de los veintisiete países europeos, alcanzada la unanimidad, ha impuesto al Parlamento someterse a la aprobación en primera lectura del texto de la Directiva sobre el retorno de ciudadanos de terceros países residentes ilegales, que debe ser objeto de codecisión. Para ello ha amenazando con el reenvío a un periodo de largo término, es decir, con el bloqueo. Una solución que algunos consideraban negativa porque una parte de los países miembros ( al menos siete) tienen en vigor normativas que se consideran menos garantistas de los derechos humanos de las personas en estancia irregular o clandestina que la propuesta del Consejo. El resultado de este compromiso, sin embargo, está ante los ojos de todos: una normativa susceptible de violar los derechos humanos de los inmigrantes irregulares en todos los países europeos.

El forzamiento que ha efectuado el Consejo y la aceptación por parte de la mayoría del Parlamento son tanto más graves si se considera con cuanta fuerza ha siso pedida la ampliación de las competencias del Parlamento, única entre las instituciones europeas que es democráticamente elegida. Pero si pasar de la consulta a la codecisión significa aceptar el chantaje del Consejo, mejor sería, paradójicamente, seguir en el ámbito de la consulta que, por lo menos, dejaría al Parlamento más libre de expresar su opinión. En todo caso el compromiso se ha alcanzado por amplia mayoría: La suma de los votos contrarios y de las abstenciones es muy inferior a la de los votos a favor.

Y así se han aprobado normas que violan nuestro milenario habeas corpus, porque consienten que en el continente europeo una persona pueda ser detenida por 18 meses sin control judicial alguno, permiten que un niño no acompañado sea expulsado a un país que puede no ser el suyo, prevén para la repatriación voluntaria un periodo comprendido entre siete y treinta días. ¿En siete días se puede tener que dejar todo lo que se tiene, sacar a lo hijos de la escuela, organizar el viaje de regreso a un país del cual puede que uno haya salido hace mucho tiempo?

Esta Directiva no muestra una Europa solidaria, justa pero acogedora, una Europa baluarte y garantía de los derechos de la persona. Muestra una Europa fortaleza, que se prepara para construir muros y prisiones para los más débiles en nuestro próximo futuro.

Como juristas europe@s expresamos nuestro profundo desacuerdo tanto por el contenido como por el método adoptado para tomar esta decisión y nos comprometemos a combatirla con las armas del derecho y de la libertad crítica de una opinión pública europea que debe comenzar a hacer oír su propia voz.

Milán, Verona, Barcelona, 30 de junio de 2008.

Las primeras firmantes de esta carta han sido Marzia Barbera, Donata Gottardi y Julia López, profesoras de Derecho del Trabajo, a las que se han sumado ya otras muchas firmas en todo el continente. (Traducción de Joaquín Apapricio Tóvar)

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Estimado profesor: ¿dónde enviar nuestras firmas? Noa haría un favor si lo añadiera en el manifiesto. Saludos, Javier Carlos Campuzano (Facultad de Jurisprudencia. Bogotá)

GUILLERMO DIAZ dijo...

Mas que Directiva de retorno yo la califico como Directiva de la Verguenza.
Entiendo que se trata de un claro atentado a los derechos fundamentales de la persona y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los propios acuerdos del Consejo Europeo de 15 de Octubre de 1999 sobre creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia para los extranjeros no comunitarios que considera que el espacio de la Unión Europea de paz y prosperidad, no puede ser dominio exclusivo de los ciudadanos europeos.




Igualmente la Directiva contradice la carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea firmada el 12 de Diciembre de 2007 en su artº 4º: Nadie podrá ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes y en su artículo 49: la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.




Considero que la prioridad de las políticas migratorias debería de orientarse hacia la integración social a la que por ejemplo alude nuestra vigente Ley de Extranjería y que ahora se quiere reformar, así como al escrupuloso respeto a los derechos humanos, y no limitarse a la aplicación de medidas de control y represión.