UN CORDÓN SANITARIO EN TORNO AL PP

Los cordones sanitarios son medidas excepcionales que para la defensa de la sanidad pública desde antiguo se han venido utilizando cuando surge un brote infeccioso grave o cuando una epidemia amenaza a la población. El cordón sanitario impone restricciones a derechos de las personas como la libertad de circulación o el comercio de mercaderías. Cuando en el verano de 1800 se declaró un brote de fiebre amarilla en Cádiz, y más tarde en Málaga, se impuso el establecimiento de cordones sanitarios para evitar su propagación. Hoy la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Sanidad Pública, sigue previendo estas medidas. 

En la última semana se ha plasmado en procedimientos judiciales lo que era más o menos de domino público: que hay un entramado de corrupción entre el PP, el Estado, grandes empresarios de toda la vida y medios de comunicación. Lo novedoso es que ahora se han abierto diligencias como investigados contra el director y el presidente de un diario por transmutar presuntamente el deber de información veraz por el de coacciones contra una persona que ostenta un cargo público. Que había financiación ilegal del PP es algo que desde hace años se está investigando y hay muchos indicios de que así sea, y ya se sabe que cuando se utilizan estos medios tramposos de financiación, va casi de suyo que a los encargados de esas operaciones se les queden algunos dinerillos entre las uñas. Un tanto por ciento para la caja del partido y unas cantidades para el bolsillo del mediador, pues ya se sabe que la vida está muy achuchada y hay muchos gastos. Por lo que se va sabiendo durante esta semana, había aun auténtica competición entre diversos políticos del partido apostólico a la caza y captura de comisiones que desataba pasiones encontradas, ahí están las operaciones Gürtel, Púnica, Lezo, Auditorio y Trajano.

El problema, por lo que hasta ahora se sabe, no es solo que grandes cantidades de dinero fluyan desde empresarios a las arcas del partido y los bolsillos privados de los administradores para acabar rapiñando la cosa pública, imponer privatizaciones de la sanidad y educación públicas e inicuas reformas laborales, sino que, además, la infección afecta a órganos del Estado de tal manera que los propios presuntos delincuentes marcan el paso de las actuaciones de importantes poderes públicos. Ahí están los soplos desde el Gobierno y los intentos de dificultar la investigación. Algo de tanta gravedad pediría el establecimiento de un cordón sanitario en torno al PP para evitar que la gangrena se extienda. En defensa de la salud pública democrática los partidos que creen en las virtudes del Estado de Derecho deberían unirse en torno a un programa de mínimos para aislar y desalojar al PP del poder político y proceder a una limpieza a fondo de las instituciones. Puede argüirse que no todos los militantes del PP deben ser tratados como apestados, cierto, pero también cuando se decide la imposición de un cordón sanitario quedan afectados derechos de personas no infectadas, pero el interés superior de la sana vida colectiva exige ese sacrificio, y, tal vez, esos honrados militantes, que hay que suponer habrá, deberían plantearse una refundación que purifique su partido.