En crisis que está abierta en España (y en
Europa) por la cuestión catalana se echa de menos que las personas y las
instituciones que tienen la obligación de resolver los problemas que nos
afectan, en un número importante, no se pronuncien con claridad o se
encastillen en posiciones apriorísticas cerrándose de ese modo al dialogo, lo
que es casi como decir que tienen una cerrazón de boca porque la tienen de
mente. La posición del Gobierno de la nación es profundamente errónea porque en
su fanatismo de nacionalismo españolista niega que hay una parte importante de
la sociedad catalana que no quiere seguir formando parte del Estado español.
Esa ceguera lleva a fabricar cada día más independentistas. De otro lado, los
partidos catalanes independentistas se han embarcado en una lógica de poder
constituyente que cierra la posibilidad de una negociación en el marco
constitucional que permita el diseño de una nueva organización territorial del
Estado, modificando, si es preciso, el dado en 1978, que, dicho sea de paso, en
aquel tiempo se sobreentendía provisional.
Decir que hay que defender el derecho a
expresarse libremente, el derecho a decidir, está bien, pero es necesario
después defender las opciones de irse o de quedarse con argumentos racionales.
Un grupo de personas ligadas a las organizaciones de trabajadores de Cataluña y
de España hemos opinado que los intereses de los trabajadores, de Cataluña y de
España, se defienden mejor juntos, lo que no quita la conveniencia de negociar
un nuevo marco de autogobierno. La verdad es que muchos trabajadores de
Cataluña querrían autodeterminarse frente a la clase social que les explota y,
para eso, el internacionalismo parece el mejor camino.
Es reconfortante que la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras, la mayor organización social de España, haya
dicho la suya con claridad y por derecho. Ha dicho:
Nos encontramos ante el riesgo cierto de
que el Parlament de Catalunya proclame unilateralmente la independencia y que
el Gobierno del Estado opte por recurrir al art. 155 de la Constitución
Española para adoptar las medidas que considere necesarias, limitadoras del
ejercicio del autogobierno en Cataluña, para obligar a las autoridades de esa
Comunidad a adaptarse a sus requerimientos.
La adopción de cualquiera de estas
decisiones, o ambas, en opinión de CCOO, nos
abocaría a una situación aún más grave de
la que ya venimos padeciendo y de consecuencias difícilmente imaginables. Es
por ello que hacemos un llamamiento
para que, sin apriorismos ni exclusiones,
se abra un proceso de negociación en dos
espacios que deben interpretarse como
complementarios:
1.- Sobre un nuevo marco de autogobierno
para Cataluña, que pudiera ser simultáneo a una ponencia Constitucional, que en
su caso abordara la reforma de la Carta Magna.
2.- La forma de refrendo o consulta que se
debería arbitrar para que la ciudadanía de Cataluña pueda pronunciarse legal y
libremente.
La apertura de ambos espacios de
negociación debería ser inmediata y materializarse en ausencia de medidas unilaterales.
Llama la atención que los medios del establishment apenas
le han dado la relevancia que merece.
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