La fallida operación de colocar a Pérez de
los Cobos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto,
una vez más, el efecto gangrenoso que para democracia en España supone el
Partido Popular. La democracia es algo más que sujeción de los poderes públicos
a reglas y procedimientos, también es respeto a determinados contenidos
establecidos en la Constitución, como los derechos sociales que dan vida al
principio de igualdad considerado en el art. 1 como un “valor superior”.
Pero, además de todo ello, implica asumir una cultura, más allá de las leyes,
que supone la aceptación de ciertos límites en el comportamiento personal y
colectivo. Esa cultura, al estar integrada, aún con mayores o menores
deficiencias, en las sociedades allende los Pirineos (con la excepción de
ciertos países del este europeo, como Polonia o Hungría) es la que ha hecho
imposible que quien es visto como vocero del Gobierno ocupe una plaza de juez
en el TEDH.
Decían los clásicos que aquel país que no
tiene separación de poderes ni tabla de derechos fundamentales no tiene
constitución. Pues bien, ¿qué pasa con nuestra constitución cuando el Gobierno
manipula con éxito para colocar en los puestos claves de la judicatura a
personas de su confianza ideológica saltándose el criterio de mérito y
capacidad tan pregonado por el propio texto constitucional? ¿Qué pasa cuando
después judicializa asuntos que deberían resolverse por vías de negociación
política abierta? No se trata solo de Cataluña, sino que se está acosando en la
jurisdicción a instituciones regidas por grupos de signo progresista, como es
el caso del Ayuntamiento de Madrid, sometido a un constante bombardeo de
pleitos en los tribunales para tratar de invisibilizar, obstaculizar o impedir
su ejemplar y honrada gestión y su lucha contra la corrupción.
¿Qué pasa cuando el Gobierno (con la
aquiescencia de Ciudadanos) bloquea al Parlamento e impide que cumpla con
su función legislativa? Este Gobierno, ha vetado, haciendo un uso torticero del
art. 134.6 CE, más de 40 proyectos de leyes en el último año. Algo insólito en
democracia.
¿Qué pasa con los derechos, sobre todo con
los sociales? Ahí seguimos, por poner solo algunos ejemplos, con la ley
mordaza, el control de los medios de formación de la opinión, el código penal
que criminaliza la huelga, la reforma laboral y de Seguridad Social, los
recortes en sanidad y educación, las privatizaciones, el formidable y corrupto
entramado empresarial y del PP. Todo ello que ha traído una brutal merma de
derechos, un achicamiento de los espacios de libertad y un aumento brutal de la
desigualdad. A pesar de todo esto, los políticos del PP y sus huestes
mediáticas se incluyen a sí mismos en un selecto club de “constitucionalistas”.
No, Felipe VI, la constitución no es un
adorno, es algo mucho más, pero sobretodo no es una cachiporra con la que
golpear a todos aquellos que son adversarios políticos. La unidad de España no
solo es un asunto territorial, sino que depende de tener una sociedad
cohesionada por el respeto por todos, pero ante todo por los poderes públicos,
a reglas, procedimientos y los valores superiores de libertad, igualdad,
justicia y pluralismo político, y por la efectividad de los derechos sociales
que hace tenga sentido el valor de la igualdad. Por vivir con una cultura
cívica, hoy en franca regresión, alejada de la cuartelera franquista instalada
en no pocas covachuelas gubernamentales que no conoce límites.
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