REPENSANDO EL TEMARIO DEL DERECHO LABORAL: INMIGRACIÓN Y TRABAJO
No es de extrañar que en la cultura jurídica laboralista el tema de la inmigración destaque como una materia central sobre la que se debe reflexionar tanto en relación con las políticas que disciplinan el flujo migratorio como sobre las condiciones concretas que se aprecian en el trabajo materialmente prestado por los inmigrantes, su relación con el llamado trabajo irregular o informal, y la necesidad de no separar a este colectivo del resto de identidades que pueblan el espacio del trabajo asalariado. Sobre esta tema se ha discutido también en el campo de verano “Trabajando el futuro del derecho del trabajo” que se comentaba en el post anterior del blog, y también en esta ocasión nuestro cronista es el profesor de la UCLM Antonio García-Muñoz Alhambra. En ese debate hay que tener en cuenta que las sensibilidades del sur y del norte pueden variar a la hora de comprender “el lado laboral” de la inmigración, que sin embargo no puede concebirse sin la afirmación de un radical principio de igualdad de trato en las condiciones de trabajo y empleo con las y los trabajadores del Estado en el que presten sus servicios, con independencia de si tienen o no permiso de trabajo, como afirma la LOEX española – aunque este principio no se traslade incorrectamente a la relación jurídica de seguridad social – y mediante el fomento de la organización colectiva en sindicatos como forma de responder a las vulneraciones cotidianas de derechos laborales y humanos que sufren estas personas. Este es el resumen de los debates que se celebraron en el final del verano:
La segunda jornada del encuentro en San Vito dei Normanni abordaba un tema de completa (y en el caso italiano, trágica) actualidad: el fenómeno migratorio. Se trata, sin duda, de un tema clave en el momento histórico actual, con especial urgencia en Europa, donde la migración se ha convertido en el centro del debate político en muchas elecciones nacionales y regionales, como lo fue en el Brexit y lo será probablemente en la próxima campaña de las elecciones europeas.
La coordinación de la sesión estaba a cargo de Manoj Dias-Abey (Universidad de Bristol) y Andrea Iossa (Universidad de Lund), que llevaron a cabo sendas presentaciones en las que, por un lado, ponían en contexto global la realidad de las migraciones y, por otro, analizaban como caso de estudio la evolución de las políticas suecas de migración y asilo.
A diferencia de lo que sucedía en relación con el medio ambiente, la migración no es un tema ajeno al pensamiento laboralista. El punto de partida del debate estaba en la reflexión sobre las intersecciones entre derecho del trabajo y régimen migratorio y la interacción entre ambos, que genera como es sabido distintos niveles de vulnerabilidad y explotación de las personas migrantes y tiene un mayor o menor impacto en el mercado de trabajo y su regulación.
En el análisis de esta intersección, la visión convencional de la regulación del fenómeno migratorio puede, y debe, ser contestada desde una óptica laboralista. En efecto, se trata de una visión excesivamente preocupada en regular el fenómeno migratorio en sí mismo, sin una conciencia clara de su impacto en el mercado de trabajo y mucho menos en las condiciones en las que las personas migrantes acceden o se ven excluidos del mismo (o al menos no una conciencia que se pueda expresar abiertamente, volveré sobre este punto). Así, la regulación en materia de migración genera en muchas ocasiones situaciones de vulnerabilidad laboral que deben ser combatidas: el estatuto de una persona de acuerdo a la regulación migratoria no debería tener como consecuencia una lesión de sus derechos laborales y, en este sentido, el discurso iuslaboralista debería defender la independencia de las protecciones que ofrece el derecho laboral a los trabajadores con independencia de su estatuto jurídico de acuerdo a las leyes migratorias.
Gran parte del debate se centró en reflexionar sobre capacidad del derecho para excluir/incluir a los individuos en una comunidad, y en como pensar una relación entre derecho laboral y regulación de la migración que resulte incluyente e integradora y disminuya la vulnerabilidad (y por lo tanto la tendencia a ser explotados a niveles inaceptables) de las personas migrantes. De alguna manera, la tensión entre comunidad y pertenencia (identidad, podríamos decir) y migración es sumamente compleja. No obstante, la capacidad de la realidad material del trabajo como herramienta de inclusión social es incuestionable, por lo que evitar los estatutos diferenciados que fragmenten a los trabajadores es una medida funcional a la inclusión de las personas migrantes y a la creación de comunidad.
Sin embargo, el discurso no debe limitarse al impacto de la migración en las sociedades de acogida (y en el mercado laboral receptor) sino que el fenómeno migratorio se debe entender en una perspectiva más amplia, global, donde se aplica sobre los propios trabajadores el principio de división internacional del trabajo (se adivinan aquí divisiones estructuradas por criterios como la raza, además del sexo y la clase, residuos del sistema colonial). Es en esta perspectiva global donde las políticas migratorias de los Estados se vuelven sospechosas en relación con la conciencia de su impacto en el mercado de trabajo: parece que desde la perspectiva de la división global del trabajo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aparece estructurada por los Estados en favor de sus propios intereses (por ejemplo, en relación con los trabajos de cuidados, como una forma barata de welfare, necesidad acentuada en la época de la austeridad) o de los intereses de los empleadores. O en otras palabras: permitir un mayor nivel de explotación de los trabajadores migrantes es funcional a la acumulación capitalista global. En un sistema donde los movimientos de bienes y capitales son prácticamente libres y muy fluidos a nivel global, el control selectivo y estructurado por las leyes de migración del movimiento de trabajadores es uno de los atributos “normales” de funcionamiento del sistema que hacen posible una mayor explotación del factor trabajo.
En este sentido los laboralistas, más allá de la denuncia de casos extremos de abuso en el discurso de la esclavitud moderna, deben denunciar la vulnerabilidad estructural que generan los regímenes de regulación de la migración y oponerse a que tengan un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes como trabajadores. No se trata necesariamente de una política de fronteras abiertas, sino de inclusión y participación igualitaria en la comunidad en la que se vive y trabaja.
De enorme interés resultó asimismo la segunda sesión abierta al público, donde participaron la profesora de la Universidad de Foggia Madia D’Onghia, el abogado laboralista (avvocato di strada, prefería definirse) Claudio di Martino y la activista Rosa Vaglio. Los tres invitados analizaron, desde distintos ángulos, la situación de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola de Puglia, más concretamente en la recogida del tomate, materia prima de la salsa de tomate que, desde esta región italiana, se exporta a todo el mundo. En las charlas de los invitados, donde se describía la realidad material de los inmigrantes, que viven en auténticos guetos en mitad del campo (desmantelados periódicamente por orden de los jueces), entre el rechazo social al inmigrante (cuando es pobre) y la necesidad económica de su presencia como mano de obra barata, y que trabajan por salarios de miseria debido a su extrema situación de vulnerabilidad, se podía ver claramente la conexión entre el sistema económico global (que impone precios, como ironizaba Claudio di Martino, de 0,39 céntimos de euros por una lata de 700 gramos de tomate, lo que supone que el productor recibe un precio aún menor) y la realidad material de unas personas que se hace visible a nivel local, en este caso, en los campos y plazas (donde son recogidos de madrugada por los caporales) de las localidades agrícolas de Puglia.
Sin duda los insoportables niveles de explotación de estos trabajadores son posibles por su estatuto jurídico de inmigrantes ilegales, que facilita la inaplicación de cualquier tipo de legislación a su actividad, incluyendo cualquier tipo de norma laboral. Si, de hecho, se aplicaran las normas italianas vigentes en la recogida del tomate de la región de Puglia, como hacen en la iniciativa Sfrutazero (#SfruttaZero) presentada por Rosa Vaglio, sus condiciones de vida mejorarían muchísimo (podrían, por ejemplo, acceder a una vivienda) pero el precio de una lata de 500 gramos de tomate queda por encima de los tres euros (aunque de momento las venden todas, gracias a los consumidores concienciados, no parece una alternativa que pueda competir a gran escala con los precios anteriormente señalados para los 700 gramos).
De nuevo la extensión de la crónica recomienda para aquí, aunque esta serie finalizará, si el titular del blog lo tiene a bien, con una tercera y última entrega.
REPENSANDO EL TEMARIO DEL DERECHO LABORAL: INMIGRACIÓN Y TRABAJO
No es de extrañar que en la cultura jurídica laboralista el tema de la inmigración destaque como una materia central sobre la que se debe reflexionar tanto en relación con las políticas que disciplinan el flujo migratorio como sobre las condiciones concretas que se aprecian en el trabajo materialmente prestado por los inmigrantes, su relación con el llamado trabajo irregular o informal, y la necesidad de no separar a este colectivo del resto de identidades que pueblan el espacio del trabajo asalariado. Sobre esta tema se ha discutido también en el campo de verano “Trabajando el futuro del derecho del trabajo” que se comentaba en el post anterior del blog, y también en esta ocasión nuestro cronista es el profesor de la UCLM Antonio García-Muñoz Alhambra. En ese debate hay que tener en cuenta que las sensibilidades del sur y del norte pueden variar a la hora de comprender “el lado laboral” de la inmigración, que sin embargo no puede concebirse sin la afirmación de un radical principio de igualdad de trato en las condiciones de trabajo y empleo con las y los trabajadores del Estado en el que presten sus servicios, con independencia de si tienen o no permiso de trabajo, como afirma la LOEX española – aunque este principio no se traslade incorrectamente a la relación jurídica de seguridad social – y mediante el fomento de la organización colectiva en sindicatos como forma de responder a las vulneraciones cotidianas de derechos laborales y humanos que sufren estas personas. Este es el resumen de los debates que se celebraron en el final del verano:
La segunda jornada del encuentro en San Vito dei Normanni abordaba un tema de completa (y en el caso italiano, trágica) actualidad: el fenómeno migratorio. Se trata, sin duda, de un tema clave en el momento histórico actual, con especial urgencia en Europa, donde la migración se ha convertido en el centro del debate político en muchas elecciones nacionales y regionales, como lo fue en el Brexit y lo será probablemente en la próxima campaña de las elecciones europeas.
La coordinación de la sesión estaba a cargo de Manoj Dias-Abey (Universidad de Bristol) y Andrea Iossa (Universidad de Lund), que llevaron a cabo sendas presentaciones en las que, por un lado, ponían en contexto global la realidad de las migraciones y, por otro, analizaban como caso de estudio la evolución de las políticas suecas de migración y asilo.
A diferencia de lo que sucedía en relación con el medio ambiente, la migración no es un tema ajeno al pensamiento laboralista. El punto de partida del debate estaba en la reflexión sobre las intersecciones entre derecho del trabajo y régimen migratorio y la interacción entre ambos, que genera como es sabido distintos niveles de vulnerabilidad y explotación de las personas migrantes y tiene un mayor o menor impacto en el mercado de trabajo y su regulación.
En el análisis de esta intersección, la visión convencional de la regulación del fenómeno migratorio puede, y debe, ser contestada desde una óptica laboralista. En efecto, se trata de una visión excesivamente preocupada en regular el fenómeno migratorio en sí mismo, sin una conciencia clara de su impacto en el mercado de trabajo y mucho menos en las condiciones en las que las personas migrantes acceden o se ven excluidos del mismo (o al menos no una conciencia que se pueda expresar abiertamente, volveré sobre este punto). Así, la regulación en materia de migración genera en muchas ocasiones situaciones de vulnerabilidad laboral que deben ser combatidas: el estatuto de una persona de acuerdo a la regulación migratoria no debería tener como consecuencia una lesión de sus derechos laborales y, en este sentido, el discurso iuslaboralista debería defender la independencia de las protecciones que ofrece el derecho laboral a los trabajadores con independencia de su estatuto jurídico de acuerdo a las leyes migratorias.
Gran parte del debate se centró en reflexionar sobre capacidad del derecho para excluir/incluir a los individuos en una comunidad, y en como pensar una relación entre derecho laboral y regulación de la migración que resulte incluyente e integradora y disminuya la vulnerabilidad (y por lo tanto la tendencia a ser explotados a niveles inaceptables) de las personas migrantes. De alguna manera, la tensión entre comunidad y pertenencia (identidad, podríamos decir) y migración es sumamente compleja. No obstante, la capacidad de la realidad material del trabajo como herramienta de inclusión social es incuestionable, por lo que evitar los estatutos diferenciados que fragmenten a los trabajadores es una medida funcional a la inclusión de las personas migrantes y a la creación de comunidad.
Sin embargo, el discurso no debe limitarse al impacto de la migración en las sociedades de acogida (y en el mercado laboral receptor) sino que el fenómeno migratorio se debe entender en una perspectiva más amplia, global, donde se aplica sobre los propios trabajadores el principio de división internacional del trabajo (se adivinan aquí divisiones estructuradas por criterios como la raza, además del sexo y la clase, residuos del sistema colonial). Es en esta perspectiva global donde las políticas migratorias de los Estados se vuelven sospechosas en relación con la conciencia de su impacto en el mercado de trabajo: parece que desde la perspectiva de la división global del trabajo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aparece estructurada por los Estados en favor de sus propios intereses (por ejemplo, en relación con los trabajos de cuidados, como una forma barata de welfare, necesidad acentuada en la época de la austeridad) o de los intereses de los empleadores. O en otras palabras: permitir un mayor nivel de explotación de los trabajadores migrantes es funcional a la acumulación capitalista global. En un sistema donde los movimientos de bienes y capitales son prácticamente libres y muy fluidos a nivel global, el control selectivo y estructurado por las leyes de migración del movimiento de trabajadores es uno de los atributos “normales” de funcionamiento del sistema que hacen posible una mayor explotación del factor trabajo.
En este sentido los laboralistas, más allá de la denuncia de casos extremos de abuso en el discurso de la esclavitud moderna, deben denunciar la vulnerabilidad estructural que generan los regímenes de regulación de la migración y oponerse a que tengan un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes como trabajadores. No se trata necesariamente de una política de fronteras abiertas, sino de inclusión y participación igualitaria en la comunidad en la que se vive y trabaja.
De enorme interés resultó asimismo la segunda sesión abierta al público, donde participaron la profesora de la Universidad de Foggia Madia D’Onghia, el abogado laboralista (avvocato di strada, prefería definirse) Claudio di Martino y la activista Rosa Vaglio. Los tres invitados analizaron, desde distintos ángulos, la situación de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola de Puglia, más concretamente en la recogida del tomate, materia prima de la salsa de tomate que, desde esta región italiana, se exporta a todo el mundo. En las charlas de los invitados, donde se describía la realidad material de los inmigrantes, que viven en auténticos guetos en mitad del campo (desmantelados periódicamente por orden de los jueces), entre el rechazo social al inmigrante (cuando es pobre) y la necesidad económica de su presencia como mano de obra barata, y que trabajan por salarios de miseria debido a su extrema situación de vulnerabilidad, se podía ver claramente la conexión entre el sistema económico global (que impone precios, como ironizaba Claudio di Martino, de 0,39 céntimos de euros por una lata de 700 gramos de tomate, lo que supone que el productor recibe un precio aún menor) y la realidad material de unas personas que se hace visible a nivel local, en este caso, en los campos y plazas (donde son recogidos de madrugada por los caporales) de las localidades agrícolas de Puglia.
Sin duda los insoportables niveles de explotación de estos trabajadores son posibles por su estatuto jurídico de inmigrantes ilegales, que facilita la inaplicación de cualquier tipo de legislación a su actividad, incluyendo cualquier tipo de norma laboral. Si, de hecho, se aplicaran las normas italianas vigentes en la recogida del tomate de la región de Puglia, como hacen en la iniciativa Sfrutazero (#SfruttaZero) presentada por Rosa Vaglio, sus condiciones de vida mejorarían muchísimo (podrían, por ejemplo, acceder a una vivienda) pero el precio de una lata de 500 gramos de tomate queda por encima de los tres euros (aunque de momento las venden todas, gracias a los consumidores concienciados, no parece una alternativa que pueda competir a gran escala con los precios anteriormente señalados para los 700 gramos).
De nuevo la extensión de la crónica recomienda para aquí, aunque esta serie finalizará, si el titular del blog lo tiene a bien, con una tercera y última entrega.
REPENSANDO EL TEMARIO DEL DERECHO LABORAL: INMIGRACIÓN Y TRABAJO
No es de extrañar que en la cultura jurídica laboralista el tema de la inmigración destaque como una materia central sobre la que se debe reflexionar tanto en relación con las políticas que disciplinan el flujo migratorio como sobre las condiciones concretas que se aprecian en el trabajo materialmente prestado por los inmigrantes, su relación con el llamado trabajo irregular o informal, y la necesidad de no separar a este colectivo del resto de identidades que pueblan el espacio del trabajo asalariado. Sobre esta tema se ha discutido también en el campo de verano “Trabajando el futuro del derecho del trabajo” que se comentaba en el post anterior del blog, y también en esta ocasión nuestro cronista es el profesor de la UCLM Antonio García-Muñoz Alhambra. En ese debate hay que tener en cuenta que las sensibilidades del sur y del norte pueden variar a la hora de comprender “el lado laboral” de la inmigración, que sin embargo no puede concebirse sin la afirmación de un radical principio de igualdad de trato en las condiciones de trabajo y empleo con las y los trabajadores del Estado en el que presten sus servicios, con independencia de si tienen o no permiso de trabajo, como afirma la LOEX española – aunque este principio no se traslade incorrectamente a la relación jurídica de seguridad social – y mediante el fomento de la organización colectiva en sindicatos como forma de responder a las vulneraciones cotidianas de derechos laborales y humanos que sufren estas personas. Este es el resumen de los debates que se celebraron en el final del verano:
La segunda jornada del encuentro en San Vito dei Normanni abordaba un tema de completa (y en el caso italiano, trágica) actualidad: el fenómeno migratorio. Se trata, sin duda, de un tema clave en el momento histórico actual, con especial urgencia en Europa, donde la migración se ha convertido en el centro del debate político en muchas elecciones nacionales y regionales, como lo fue en el Brexit y lo será probablemente en la próxima campaña de las elecciones europeas.
La coordinación de la sesión estaba a cargo de Manoj Dias-Abey (Universidad de Bristol) y Andrea Iossa (Universidad de Lund), que llevaron a cabo sendas presentaciones en las que, por un lado, ponían en contexto global la realidad de las migraciones y, por otro, analizaban como caso de estudio la evolución de las políticas suecas de migración y asilo.
A diferencia de lo que sucedía en relación con el medio ambiente, la migración no es un tema ajeno al pensamiento laboralista. El punto de partida del debate estaba en la reflexión sobre las intersecciones entre derecho del trabajo y régimen migratorio y la interacción entre ambos, que genera como es sabido distintos niveles de vulnerabilidad y explotación de las personas migrantes y tiene un mayor o menor impacto en el mercado de trabajo y su regulación.
En el análisis de esta intersección, la visión convencional de la regulación del fenómeno migratorio puede, y debe, ser contestada desde una óptica laboralista. En efecto, se trata de una visión excesivamente preocupada en regular el fenómeno migratorio en sí mismo, sin una conciencia clara de su impacto en el mercado de trabajo y mucho menos en las condiciones en las que las personas migrantes acceden o se ven excluidos del mismo (o al menos no una conciencia que se pueda expresar abiertamente, volveré sobre este punto). Así, la regulación en materia de migración genera en muchas ocasiones situaciones de vulnerabilidad laboral que deben ser combatidas: el estatuto de una persona de acuerdo a la regulación migratoria no debería tener como consecuencia una lesión de sus derechos laborales y, en este sentido, el discurso iuslaboralista debería defender la independencia de las protecciones que ofrece el derecho laboral a los trabajadores con independencia de su estatuto jurídico de acuerdo a las leyes migratorias.
Gran parte del debate se centró en reflexionar sobre capacidad del derecho para excluir/incluir a los individuos en una comunidad, y en como pensar una relación entre derecho laboral y regulación de la migración que resulte incluyente e integradora y disminuya la vulnerabilidad (y por lo tanto la tendencia a ser explotados a niveles inaceptables) de las personas migrantes. De alguna manera, la tensión entre comunidad y pertenencia (identidad, podríamos decir) y migración es sumamente compleja. No obstante, la capacidad de la realidad material del trabajo como herramienta de inclusión social es incuestionable, por lo que evitar los estatutos diferenciados que fragmenten a los trabajadores es una medida funcional a la inclusión de las personas migrantes y a la creación de comunidad.
Sin embargo, el discurso no debe limitarse al impacto de la migración en las sociedades de acogida (y en el mercado laboral receptor) sino que el fenómeno migratorio se debe entender en una perspectiva más amplia, global, donde se aplica sobre los propios trabajadores el principio de división internacional del trabajo (se adivinan aquí divisiones estructuradas por criterios como la raza, además del sexo y la clase, residuos del sistema colonial). Es en esta perspectiva global donde las políticas migratorias de los Estados se vuelven sospechosas en relación con la conciencia de su impacto en el mercado de trabajo: parece que desde la perspectiva de la división global del trabajo la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes aparece estructurada por los Estados en favor de sus propios intereses (por ejemplo, en relación con los trabajos de cuidados, como una forma barata de welfare, necesidad acentuada en la época de la austeridad) o de los intereses de los empleadores. O en otras palabras: permitir un mayor nivel de explotación de los trabajadores migrantes es funcional a la acumulación capitalista global. En un sistema donde los movimientos de bienes y capitales son prácticamente libres y muy fluidos a nivel global, el control selectivo y estructurado por las leyes de migración del movimiento de trabajadores es uno de los atributos “normales” de funcionamiento del sistema que hacen posible una mayor explotación del factor trabajo.
En este sentido los laboralistas, más allá de la denuncia de casos extremos de abuso en el discurso de la esclavitud moderna, deben denunciar la vulnerabilidad estructural que generan los regímenes de regulación de la migración y oponerse a que tengan un impacto negativo en los derechos de las personas migrantes como trabajadores. No se trata necesariamente de una política de fronteras abiertas, sino de inclusión y participación igualitaria en la comunidad en la que se vive y trabaja.
De enorme interés resultó asimismo la segunda sesión abierta al público, donde participaron la profesora de la Universidad de Foggia Madia D’Onghia, el abogado laboralista (avvocato di strada, prefería definirse) Claudio di Martino y la activista Rosa Vaglio. Los tres invitados analizaron, desde distintos ángulos, la situación de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola de Puglia, más concretamente en la recogida del tomate, materia prima de la salsa de tomate que, desde esta región italiana, se exporta a todo el mundo. En las charlas de los invitados, donde se describía la realidad material de los inmigrantes, que viven en auténticos guetos en mitad del campo (desmantelados periódicamente por orden de los jueces), entre el rechazo social al inmigrante (cuando es pobre) y la necesidad económica de su presencia como mano de obra barata, y que trabajan por salarios de miseria debido a su extrema situación de vulnerabilidad, se podía ver claramente la conexión entre el sistema económico global (que impone precios, como ironizaba Claudio di Martino, de 0,39 céntimos de euros por una lata de 700 gramos de tomate, lo que supone que el productor recibe un precio aún menor) y la realidad material de unas personas que se hace visible a nivel local, en este caso, en los campos y plazas (donde son recogidos de madrugada por los caporales) de las localidades agrícolas de Puglia.
Sin duda los insoportables niveles de explotación de estos trabajadores son posibles por su estatuto jurídico de inmigrantes ilegales, que facilita la inaplicación de cualquier tipo de legislación a su actividad, incluyendo cualquier tipo de norma laboral. Si, de hecho, se aplicaran las normas italianas vigentes en la recogida del tomate de la región de Puglia, como hacen en la iniciativa Sfrutazero (#SfruttaZero) presentada por Rosa Vaglio, sus condiciones de vida mejorarían muchísimo (podrían, por ejemplo, acceder a una vivienda) pero el precio de una lata de 500 gramos de tomate queda por encima de los tres euros (aunque de momento las venden todas, gracias a los consumidores concienciados, no parece una alternativa que pueda competir a gran escala con los precios anteriormente señalados para los 700 gramos).
De nuevo la extensión de la crónica recomienda para aquí, aunque esta serie finalizará, si el titular del blog lo tiene a bien, con una tercera y última entrega.
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