EL AMARGO CHOCOLATE COLOMBIANO DE NESTLÉ...

... ¿QUE ES LO QUE TIENE EL SINDICALISMO QUE CON TANTA SAÑA SE LE ATACA?.



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La mayoría de los medios creadores de opinión de continuo nos advierten a los ciudadanos de las penosas consecuencias para la democracia que tienen medidas adoptadas por los gobiernos tales como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, por supuesto Cuba, e incluso alguna crítica alcanza al Brasil de Lula. Casi siempre el factor común de los denunciados peligros para la democracia tiene que ver con las intervenciones que afectan al poder económico de algunas empresas, sobre todo a las empresas de formación de opinión. Pero es llamativo que tan altruista preocupación por los valores democráticos raras veces les lleve, no ya a denunciar, sino meramente a preguntase por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes para quienes en una gran mayoría de los países de Latinoamérica tan dura se les presenta la vida. No es de extrañar que el sindicalismo no entre en las preocupaciones de esos medios.


Sin embargo, de forma retórica, se da por sentado que sin libertad sindical no hay democracia. Siempre y cuando, parecen decirnos, no se mal utilice esta libertad como están haciendo los trabajadores de la empresa Krafft de Argentina, por ejemplo, o los mineros de México, por poner otro ejemplo. La verdad es que, a pesar de su reconocimiento en los textos constitucionales, a pesar de los convenio 98 y 87 de la OIT, la libertad sindical es muy precaria en América Latina. En la mayoría de los países las represalias en el empleo a los trabajadores sindicalizados son moneda corriente (tampoco aquí son desconocidas). Pero, además, la legislaciones impiden constituir sindicatos de rama, con lo que el panorama es la desolación de un enjambre de pequeños sindicatos de empresa, que pueden unirse en una confederación, pero su capacidad de acción, por tanto, está mas que limitada por la propia debilidad. En cada empresa el patrón les domina con facilidad. El convenio colectivo de sector, en coherencia con lo anterior, está prohibido. Chile es un buen ejemplo de cómo gobiernos sedicentes socialistas no han podido o querido cambiar sustancialmente la legislación sindical pinochetista. El resultado es un escaso intervencionismo estatal en la relación individual de trabajo y un fuerte intervencionismo en lo colectivo, con unos niveles muy bajos de cobertura de los convenios colectivos. Argentina, Brasil y México se salen de este panorama aunque presentan otras serias perturbaciones en su sistema sindical, que ahora no vienen a cuento.


Esta saña intervencionista que limita y restringe la libertad sindical a extremos inaceptables para nuestra cultura europea se contradice con el dogma liberal de que el sindicato es una institución obsoleta. Idea que han compartido algunos social-liberales que, al máximo, conceden al sindicato un glorioso papel en el pasado, pero que ya ha perdido sentido en la sociedad postmoderna global. Si fuera así ¿Qué necesidad habría de dictar leyes tan restrictivas, cuando no negadoras de la libertad sindical? ¿Porqué los ataques ideológicos tan fuertes al sindicato? ¿No será que todavía hoy, en Europa y en todo el mundo, el sindicato tiene un papel que cumplir en defensa de la dignidad de quienes trabajan o quieren trabajar y de los que de ellos dependen? ¿No será que en unas sociedades con grandes diferencias de rentas como las latinoamericanas el sindicato puede ser una agente de primer orden el la lucha contra los privilegios y en pos de mayores cotas de igualdad, y por eso debe permanecer con el bozal puesto?


Pero es en Colombia donde las cosas adquieren carácter escandaloso por lo dramático. Allí las leyes sindicales, como en otros países, restringen al sindicato en su acción básicamente a la empresa y hacen difícil la articulación práctica entre confederaciones y sindicatos. Ya eso bastaría para poner en cuestión la calidad de la democracia en ese país, pero el asunto es mucho más grave, tanto que cuesta escribirlo sin sentir conmoción : En lo que va de año 28 sindicalistas han sido asesinados. No hay forma más radical de negar la libertad sindical que segando la vida de tantos sindicalistas. Los últimos han sido en el mes de septiembre Gustavo Gómez trabajador de NESTLÉ y Mauricio Antonio Monsalve, maestro. El 1 de octubre fueron tiroteados Mario Montes de Oca, maestro y abogado sindical, y su compañero de sindicato Alberto Luís Pastrana, este último falleció en el acto mientras que los sicarios dejaron en muy grave estado a Mario. En lo que va de año 12 sindicalistas de la empresa NESTLÉ, afiliados a Sinaltrainal, han sido asesinados, según nos viene dramáticamente informando la Confederación Sindical Internacional. Se da la circunstancia de que Gustavo Gómez antes de ser asesinado había presentado un pliego de peticiones a la empresa con vistas a negociar el convenio colectivo. El excelente cacao colombiano produce un chocolate muy amargo en manos de NESTLÉ.


En estas condiciones no es de extrañar que la tasa de afiliación sindical en Colombia sea de 4 por ciento, y mucho parece a la vista de los hechos. Lo heroico es que todavía haya trabajadores que se sumen a un sindicato para cumplir lo que es su misión: lucha por el bienestar y la dignidad de los trabajadores.


¿Hay democracia en Colombia? La respuesta es evidente. NO, porque no hay justificación posible para esta masacre. La diplomacia colombiana y parte de la opinión pública es cómplice con esta situación al justificar de las maneras más inverosímiles estos asesinatos. Entre las más usuales están que se trata de gente relacionada con las FARC o que son casos delincuencia común, aunque no faltan justificaciones tan peregrinas como que hay mucho crimen pasional, como si entrar en un sindicato fuera entrar en un laberinto de pasiones amorosas. En la OIT, ante las denuncias de que era objeto el Gobierno de Colombia, se llegó hace unos años a un acuerdo para crear una comisión de vigilancia a la que el gobierno de Uribe daría su apoyo, pero la voluntad del Gobierno de perseguir a los asesinos y poner coto a esta violencia se ha visto por los resultados que ha sido nula.


En otro orden de cosas ¿cómo es posible que estas muertes no merezcan una atención por los medios de comunicación? Unos medios de comunicación que presentan Colombia como un ejemplo de democracia frente a los autoritarismos populistas que con preocupación ven proliferar en el continente. Sería terrible pensar que para estos medios quienes, como los sindicalistas, perturban la libertad de empresa no merecen su consideración. Pero eso querría decir que se preocupan del negocio, no de la democracia en serio ni de la vida de las personas.

LOS SALARIOS, EL PRECIO DE LAS SARDINAS Y DE LOS TOMATES

Según el presidente de la patronal, el sr. Díaz Ferrán, los trabajadores deben sufrir una reducción de sus salarios de al menos un 1% porque así se adecuarán al índice de precios al consumo. Al mismo tiempo radio Parapanda nos ha informado que el precio de las sardinas en algunos señalados lugares de la costa mediterránea ha sufrido un considerable incremento. El estudio de este fenómeno no ha podido pasar desapercibido para importantes investigadores de la Universidad de Verano de Pineda de Marx, los cuales, con el concurso fundamental del matemático Rafael Rodriguez han corroborado una vez mas (pero ahora con fórmulas matemáticas que no han podido ser contestadas) la vieja ley según la cual cuando un producto pasa a ser de amplio consumo popular por su bajo precio y su buena calidad, empieza a ser menos habitual en la dieta del honrado pueblo para pasar a ser bocado de clases más acomodadas mediante una subida de su precio.


Las conclusiones de los seminarios de la Universidad de Verano de Pineda de Marx son seguidas con atención por un selecto sanedrín que en la taberna de Pilar de un lugar de la Vera toma buena nota de los acontecimientos más señalados del panorama mundial. Un agudo agricultor de regadío después de reflexionar sobre lo anterior echó su cuarto a espadas y puso sobre la barra la peliaguda cuestión de a donde vamos a ir a parar si lo que se paga a los agricultores por los tomates y otros productos hortícolas propios de la dieta veraniega es una cantidad irrisoria que malamente retribuye su trabajo. Un albañil en situación legal de desempleo demostró de forma incontrovertible la enorme diferencia entre lo pagado al agricultor y lo pedido a los clientes de comercios al por menor y de grandes superficies y las dificultades que supone llegar a fin de mes con la prestación de desempleo contributivo. Cosa rara, un autónomo con taller de chapa, pintura y mecánica, a pesar de reconocer que su actividad no había variado en los últimos años, tenía que admitir la corrección de las afirmaciones de los otros contertulios. Tras un animado debate, de modo unánime se convino que las conclusiones del seminario de Pineda de Marx estaban ajustadas a razón. A continuación se pasó a otros terrenos, incluso puede que se cayese en la especulación cuando salió a relucir que el Sr. Díaz Ferrán en 2008 se ha repartido con un buen socio 8 milloncetes de eurillos, otros beneficios a parte. La hipótesis mas aceptada, aunque no se llegase a elevar a la categoría de tesis, es que los ricos hasta la dieta mediterránea nos quieren quitar, a lo que todas las gargantas respondieron con un único grito: ¡¡ LOS SUELDOS NO SE BAJAN Y EN OTOÑO NOS VEREMOS LAS CARAS!!


Nota Bene: conviene aclarar que en este lugar de la Vera el sanedrín de que se habla sigue a rajatabla la promesa que el Falstaff verdiano hacía en el primer acto sobre sus visitas futuras a las hosterías: ir siempre con gente sobria, civil, honesta y pía.

¿POR QUÉ NO DEBE HABER REBAJA DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

CON MARCOS ANA

23 años tras los muros, 23 razones para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Tras 23 años en las cárceles franquistas, Marcos Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento alguno: “No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”


Las personas, instituciones, colectivos, asociaciones, entidades, etc. abajo firmantes apoyamos la propuesta realizada por la Universidad de Granada para que le sea concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana,





1. Por su vida: por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres.



2. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia


3. Por su defensa de la libertad,


4. Por su comprensión: “Yo me sentiría completamente desgraciado si después de haber pasado veintitrés años en la cárcel mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”


5. Por su humanidad

6. Por su solidaridad


7. Por su valentía


8. Por su entereza


9. Por su honestidad


10. Por su sinceridad


11. Por su miedo


12. Por su esperanza


13. Por su lucha contra la infamia


14. Por su lucha contra la mentira


15. Por su lucha contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida


16. Por su sencillez


17. Por su naturalidad con que es un hombre. Entero, auténtico, completo.


18. Por su integridad: “Si pretendiera saciar con la sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”


19. Por su generosidad: “Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”


20. Por su lucidez: “Si nos sentimos españoles tenemos que cerrar de una vez para siempre este ciclo sangriento, ese hecho terrible de que los españoles cada veinticinco años tengamos que estar degollándonos los unos a los otros. Espero que el futuro de España no sea el futuro de la revancha sino el de la paz y seguridad para todos los españoles


21. Por su poesía


22. Por él y para él, por todos y para todos sus compañeros de infortunio


23. Por dignidad, reparación, justicia, paz, reconciliación.




Para enviar tu firma: http://www.unpremioparamarcosana.org/

EL PERTINAZ GOBERNADOR

Me escribe el joven investigador manchego Judas del Llano las siguientes líneas:

Estimado profesor:

He visto con sorpresa en la prensa que el Gobernador del Banco de España pide una reforma laboral para abaratar el despido de los contratos indefinidos porque, según el, el despido de un trabajador con este tipo de contrato es muy costoso para el empresario pues debe de pagar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Según lo que aprendí en la Universidad de Castilla-La Mancha la indemnización a la que se refiere el señor Gobernador solo es de aplicación a un tipo muy concreto de despido, al despido disciplinario declarado por un juez improcedente. Otros despidos, como aquellos llamados objetivos o los colectivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción de la empresa tienen una indemnización de 20 días, no muy alta, me parece y si el despido disciplinario es declarado procedente, el coste es nulo. Además, si no quiere pagar la indemnización también puede el empresario ahorrársela readmitiendo al trabajador. Mi sorpresa viene porque yo creía que alguien que ocupa un puesto tan importante, y el mismo servicio de estudios de su institución, deberían, creo, ser muy cuidadosos con afirmaciones tan transcendentes como esas y no confundir los distintos tipos de despido. Por esa falta de propiedad me habrían ustedes, muy justamente, suspendido en la licenciatura. Dado que al Sr. Gobernador no le podemos suspender ¿podría usted y el circulo de estudiosos de asuntos sociales de Parapanda sugerir que podemos hacer ante estas cosas? ¿Cómo es posible que pida rebajar la indemnización para quienes despiden “por la cara”? La verdad es que no lo entiendo porque hay en juego intereses vitales de los trabajadores y de sus familias, que pueden verse en situaciones dramáticas en los casos de despido.

No sé si en Parapanda surgirá alguna explicación, pero por mi parte yo tampoco lo entiendo. En otras ocasiones ya hemos tenido ocasión de destacar lo poco prudente de determinadas declaraciones del Gobernador del Banco de España y las extralimitaciones que se permite en el cumplimiento de sus funciones que, dicho sea de paso, están fijadas por ley. Con estas nuevas declaraciones da pié para que sea calificado como un “ultravirista” pertinaz. Pero, además, cuando las organizaciones patronales y los sindicatos están enfrentados sobre esta cuestión y cuando hay un debate en la sociedad española sobre un asunto tan delicado y grave como la regulación del despido, que el Gobernador del Banco emisor se posicione a favor de los empresarios genera inevitablemente una erosión en la legitimidad de la institución que dirige, y esto es grave. Hemos pedido desde aquí en otras ocasiones que o se callaba o que dimitiese, al no hacer ninguna de las dos cosas nos vimos obligados a pedir su cese, cosa que ahora hay que reiterar. No se me ocurre otra cosa.

¿QUIÉN DEBE RESPONDER POR LA CRISIS?

El estruendo que produjo el desplome de importantes entidades financieras en todo el mundo (sobretodo en Estados Unidos) enmudeció a los voceros que machaconamente habían estado salmodiando las ventajas indudables mercado no regulado y exaltando la recuperación del individuo en su actuar libre de trabas impuestas por la ley o los convenios colectivos. Al mismo tiempo surgieron algunas voces que interrogaban por los responsables del estropicio de la crisis. Ahora se ve que aquel enmudecimiento fue momentáneo y el coro liberal ha vuelto a entonar su vieja canción. Pero sigue sin respuesta la pregunta de quienes son los responsables de la crisis. No hablamos, claro está, de los que han cometido delitos, que por cierto no parece que sean muchos (Madoff y pocos mas), sino de los que con sus acciones (la creación intelectual es también un modo de actuar) han provocado estados de necesidad a tanta gente. Si fuéramos capaces de identificarlos, entonces podríamos exigirles responsabilidades. Pero el capitalismo se caracteriza por la creación de una red de artilugios jurídico-económicos cuya finalidad es precisamente la disolución o limitación de la responsabilidad de las personas físicas que tienen el poder económico (desde la invención de las sociedades anónimas a la moderna ingeniería de “externalizaciones”). Los sujetos actuantes en el tráfico económico se parapetan tras unos entes que solo gramaticalmente adquieren sustantividad: los mercados. Los mercados (¿quiénes son esos mozos? podríamos decir parafraseando a Sánchez Ferlosio) son los que han hecho y desecho (más bien esto último) y por tanto ellos serían los responsables…es decir, nadie. Sin embargo el coro liberal está ya identificando a los que deben apechugar con las consecuencias de la crisis, o lo que es lo mismo los que deben de responder, aunque, ¡que gran paradoja! no sean los causantes de la misma: los trabajadores.


Hay un acuerdo unánime en que los orígenes de la crisis no están en la legislación laboral protectora del trabajo, por el contrario en las enormes desigualdades sociales y económicas que las políticas liberales han generado en todo el mundo hay que buscar uno de sus detonantes. En los últimos años, como pone de manifiesto el informe sobre el trabajo en el mundo de octubre de 2008 publicado por la OIT, la erosión de los derechos sociales ha dado lugar a que la brecha entre los que más y menos ganan se haya agrandado en el mundo, también en Europa y en España. Los responsables hay que buscarlos en quienes han propugnado esas políticas desreguladoras y en los organismos, dirigidos por personas con nombre y apellidos, que las han impulsado (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Comisión Europea o determinados gobiernos nacionales).


No se trata de exigir que todos esos responsables se vistan con tela se saco y con ceniza en la cabeza caminen a pié hacia los desiertos para convertirse anacoretas, pero, al menos, podemos exigirles que guarden prudente silencio ante tantos daños causados a tanta gente. Con estupor, sin embargo, estamos viendo que no es así. Tras unos meses de silencio los teólogos del liberalismo vuelven a la carga. También ellos aceptan que la legislación laboral no está en el origen de la crisis pero con gran inconsecuencia lógica propugnan que la salida a la actual situación debe de hacerse introduciendo en nuestra ordenamiento jurídico un imposible constitucional: el despido sin causa, un despido que aumentaría las desigualdades en la relación de trabajo. El argumento es muy manido y tiene que ver con una visión muy estrecha del despido como un mero asunto de costes económicos para el empresario, que parte de la premisa de que el despido en España es caro. Premisa falsa. El despido en España no es caro. Por ejemplo, el despido disciplinario procedente tiene coste económico cero para el empresario ¿Porqué? Porque hay justa causa para despedir. El despido disciplinario improcedente (que es en el que están pensando siempre) implica pagar una indemnización de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades. Pero es que se trata de un despido en el que un juez ha dicho que no hay razón para despedir, es un despido arbitrario, y, aún así, el empresario se obstina de modo pertinaz en mantener su voluntad. Es poco lo que tiene que pagar si se tienen en cuenta los daños que el trabajador puede sufrir con la pérdida arbitraria de su trabajo. Pero hablar en estos términos es adentrarse en el terreno de la justicia, un campo semántico ajeno a quienes propugnan el despido sin causa, que, de ese modo incurren en el olvido esencial de que el pacto en el que se asienta nuestra convivencia es el pacto constitucional y nuestra Constitución se preocupa de la justicia y de la igualdad, pues no en vano en su art. 1 las declara valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Las garantías contra el despido sin causa tienen que ver, con toda coherencia, con la justicia y, por ello están contenidas en el art. 35 de la Constitución tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional. La crisis actual debe servir para corregir las carencias todavía muy presentes en la sociedad española, y muy lacerantemente sentidas por una gran parte de la población, en el camino de alcanzar cotas más altas de justicia e igualdad, no para rebajarlas.

DECLARACION SOBRE EL TRABAJO COMO ELEMENTO CLAVE EN UN SITEMA DEMOCRÁTICO

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EL TRABAJO, FUNDAMENTO DE UN CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Declaración junio 2009.

De manera unánime, expertos de todas las disciplinas sociales, gobiernos y 0rganizaciones internacionales consideran que la legislación laboral no ha sido la causa de la crisis. Sin embargo, y por paradójico que resulte, las consecuencias de la misma están teniendo un intenso y negativo impacto sobre el empleo. La actual crisis económica internacional se produce debido a un crecimiento desregulado del sector financiero de la economía con una escasa supervisión, lo que, unido a otros factores económicos, ha venido generando un fuerte incremento de las desigualdades sociales a escala planetaria.

Entre otras, se puede extraer una lección del proceso de la crisis actual: los mercados son imperfectos de manera natural. Precisamente cuando la oscuridad, la falta de transparencia y la perdida de credibilidad en la actuación de los operadores se adueñan de los mercados financieros, se ponen de manifiesto los riesgos que acarrea un tipo de crecimiento basado en la revalorización de activos financieros frente a la generación de valor en la economía real y por tanto más necesaria resulta la intervención de reguladores públicos. En el caso español las lecciones a aprender también son importantes, porque si bien es correcta la regulación del sistema bancario, ha habido muchas carencias en la prevención de los riesgos derivados de la fuerte implicación de éste en la actividad inmobiliaria. A ello hay que añadir el pinchazo de la burbuja en dicha actividad, con la que convivíamos en los últimos años en el marco de un modelo de crecimiento extremadamente vulnerable.

ES TIEMPO DE ACTUAR PARA SALIR DE LA CRISIS Y PALIAR SUS EFECTOS.

La secuencia de salida de la crisis requiere de la intervención pública en, al menos, tres escenarios interconectados, temporal y funcionalmente. En primer lugar, se trata de frenar y revertir la estrategia conservadora de restricción del crédito, por la que han optado buena parte de las instituciones financieras, que está agudizando la delicada situación de las empresas y las familias. Lo prioritario es lograr un clima de confianza que impregne a todos los sujetos de la economía y la sociedad española, y estimule la definición de un proyecto de futuro con credibilidad y recursos para ponerlo en marcha, recursos públicos para impulsar políticas industriales y energéticas y recursos financieros para incentivar la actividad del sector privado. Es urgente inyectar liquidez para hacer frente al endeudamiento del sistema financiero con el exterior e impulsar la circulación crediticia, al tiempo que se abordan sus problemas de solvencia, investigando en profundidad la situación de las principales instituciones financieras del Estado español. No debería olvidarse el interés que tiene, en esta dirección, promover una red de entidades públicas que permitan al Estado canalizar sus recursos financieros directamente a la economía real, para sortear los problemas de distribución a los que se enfrenta en la actualidad su agencia financiera, el ICO. En segundo lugar, el Estado ha de intensificar sus esfuerzos para paliar los efectos de esta crisis en los trabajadores, extendiendo las redes de protección a todos los desempleados y alargándola en el tiempo. Y en tercer lugar, ha de actuar incentivando la recuperación del consumo privado y la generación de empleo, a través de una política de incremento controlado del gasto publico, que promueva la creación de infraestructuras económicas y sociales, creando empleo y ofreciendo oportunidades de actividad productiva en los sectoresmás dinámicos de nuestro tejido empresarial, particularmente entre las PYME.Junto a estas actuaciones en el corto plazo, es también precisa la intervención del sector público para impulsar una salida de la crisis que lleve consigo un cambio paulatino y profundo del modelo productivo que ha agotado sus posibilidades de sostenibilidad en la actual crisis. Es necesario sustituir el modelo de crecimiento económico vigente hasta la fecha, apoyado en el uso intensivo de trabajo precario, mal remunerado y poco cualificado, por otro nuevo basado en la innovación que permita incrementar la calidad y la productividad del trabajo; de ahí el protagonismo que han de alcanzar las políticas industriales, energéticas y medioambientales y educativas para desbloquear los principales cuellos de botella que dificultan el cambio mencionado en España.Para ello se requieren también modificaciones profundas en las pautas y formas de gestión de las empresas, cubriendo lagunas tanto en el ámbito de la innovación gerencial y empresarial como en la formación de los trabajadores, para lo que la negociación colectiva tiene una importancia crucial. Es ahora,más que en ningún otro momento de nuestra historia moderna, cuando la innovación y la formación tienen la posibilidad de convertirse en el auténtico motor de la economía española.

LEJOS DE MANTENER POSTURAS INMOVILISTAS, SOSTENEMOS QUE LOS SISTEMAS ECONÓMICOS HAN DE SER RECONSTRUIDOS MEDIANTE LA ATRIBUCIÓN AL TRABAJO DE UNA INEXCUSABLE CENTRALIDAD.

El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material. De ahí, la imperiosa necesidad de situar el trabajo en el centro de las políticas diseñadas por los agentes públicos y de las decisiones económicas adoptadas por los agentes privados. La creación de más y mejores empleos ha de ser un objetivo irrenunciable y compartido por poderes públicos, actores y organizaciones productivas.

No es promoviendo el despido sin causa ni control judicial, como se avanza hacia un mercado laboral en el contexto de un nuevo modelo económico más productivo. La pretendida simplificación en el régimen de la contratación terminaría haciendo aflorar su verdadero propósito: la simplificación del régimen de despido. Ya no habría, salvo en limitadísimas ocasiones, despidos procedentes ni improcedentes; el resultado sería la precariedad generalizada de los trabajadores y el abaratamiento del despido.

Por tanto si resulta unánime la opinión de la inexistencia de conexiones entre la actual crisis económica y la regulación del mercado de trabajo, no es en modo alguno congruente querer aprovechar la presente situación para reducir o eliminar derechos sociales. O en palabras más enérgicas, nos parece políticamente indecente pretender desplazar a los trabajadores una parte sustancial de los costes de la crisis económica.

Las medidas de reforma laboral que se adopten han de estar coordinadas con las medidas que se introduzcan para favorecer el cambio de patrón de crecimiento. En muy buena parte, la prosperidad de la economía española y el incremento de las tasas de actividad y de empleo han estado basados a lo largo de estos años atrás en un modelo económico que ha dado de lado, hasta terminar menospreciando, las inversiones generadoras de valor añadido, las políticas de investigación, innovación y desarrollo, favorecedoras de empleos cualificados, las mejoras de la competitividad mediante la innovación y el establecimiento y potenciación de servicios eficientes o, en fin, la búsqueda de la calidad en las acciones formativas de capital humano.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA CONSTITUYE EL ESCENARIO NATURAL en el que pueden concretarse y tomar cuerpo las medidas de reforma del mercado de trabajo que se pacten en el Diálogo Social y sean transpuestas a las leyes respectivas. Una de las más urgentes necesidades de nuestro sistema de relaciones laborales es modificar el principio rector dominante en la gestión de la mano de obra, que de estar anclado en el uso y abuso de reglas de flexibilidad externa (contratación temporal y despido con escasos controles) ha de transitar a fórmulas de flexibilidad interna, negociada y con participación sindical. Y ahí es donde la actividad contractual colectiva puede colaborar de manera eficiente y equitativa. Por lo demás, la adecuada contribución de la negociación colectiva a estas tareas precisa la inmediata y urgente adaptación de su estructura, que ha de racionalizarse a través de unas técnicas de vertebración y articulación dotadas de seguridad y certidumbre jurídica, atributos éstos que son los que, precisamente, hoy no ofrece el marco legal. Estos cambios han de orientarse hacia la búsqueda de mayores niveles de productividad del trabajo, que no en la disminución en los niveles salariales o en la generalización de la precariedad laboral.

NO PERMANECEREMOS INDIFERENTES AL TIEMPO QUE NOS HA TOCADO VIVIR.Y por ello rechazamos visiones que consideramos profundamente equivocadas, que sólo cualifican como adecuadas las reformas laborales que contienen recortes en los derechos sociales y laborales. Por el contrario, abogamos por un horizonte de cambios estructurales que propicien una economía más productiva y consecuentemente un trabajo decente, más cualificado y, por extensión, más productivo. El trabajo es la fuente primera y esencial de derechos de ciudadanía social, confiere libertad individual, asegura progreso económico, garantiza cohesión y solidaridad social y ofrece seguridad material