Robar a la Seguridad Social: el objetivo de la 'tarifa plana' no es el pleno empleo

Con la excusa de luchar contra el desempleo se han cometido en España los más graves atentados a los derechos de los trabajadores y, correlativamente, se han ido ampliando los poderes empresariales. Desde los años 70 del pasado siglo las élites dominantes en Europa y Estados Unidos iniciaron el viraje hacia las políticas que hoy de modo simplificado se denominan neoliberales y que, entre otras muchas cosas, implicaban abandonar el objetivo del pleno empleo, que llegó a conseguirse en muchos países de Europa. El pleno empleo socaba la disciplina en la empresa  e incentiva a que los trabajadores cuestionen el poder empresarial y el mismo modo de organizar la producción, lo que acaba teniendo su reflejo en la disciplina social. Volver a contar con un “ejército industrial de reserva” es un eficaz modo de aterrorizar a los trabajadores y romper sus vínculos de solidaridad que cristalizan de modo primordial en el sindicato y, como es bien conocido, la gente aterrorizada tiende a hacerse inactiva política y socialmente. Las políticas de empleo que se han emprendido en España y en Europa han sido hipócritas porque se han limitado a medidas marginales, sin duda algunas necesarias, pero fuera de la auténtica y principal política de empleo que no es otra que una política económica general que tenga al pleno empleo como objetivo central.

Esas políticas de empleo marginales (Beveridge las denominaba operaciones auxiliares de limpieza) han transitado, entre otros caminos, por la formación profesional, por los servicios de colocación, pero, sobre todo, han entrado a saco en la esencia del Derecho del Trabajo alterando su función de búsqueda de un relativo equilibrio en la social y económica relación desequilibrada entre empresario y trabajador. Estas, como las enfermedades asociadas a procesos virales, son oportunistas. Contra toda evidencia se ha culpabilizado al Derecho del Trabajo del desempleo, de ahí que en nombre de la política de empleo se haya elevado el estandarte de la flexibilidad (después sustituido por el oxímoron de la flexiguridad)  hasta desfigurar  el Derecho del Trabajo, en especial con la reforma de 2012.

Pero no solo se ha actuado contra el Derecho del Trabajo, sino contra el gran pilar del Estado Social y Democrático de Derecho: la Seguridad Social. Para incentivar el empleo (sobre todo de los grupos más vulnerables) se han ideado mecanismos para que los empresarios vean reducidas las cotizaciones que están obligados a hacer a la Seguridad Social. Las menos de las veces esos mecanismos han consistido en deducciones directas de la cuota empresarial y las más en bonificaciones. La diferencia es importante porque en las bonificaciones el empresario, ciertamente, ve reducida su aportación pero la Tesorería General de la Seguridad  Social ingresa la cantidad completa porque otros organismos públicos (por lo general los servicios públicos de empleo) aportan la diferencia, en definitiva, se hace un trasvase de recursos para no arriesgar la función de la Seguridad Social.

Después de más de treinta años aplicando estas recetas la realidad es tozuda y muestra que la mayor o menor tasa de empleo tiene poco o nada que ver con estas medidas. El desempleo, que en España es crónico y en determinados momentos (como los actuales) se hace agudo, es consecuencia de la peculiar estructura productiva del país, que mientras no cambie no será posible conseguir el pleno empleo al que están obligados los poderes públicos por el art. 40.1 de la Constitución y por la mayoría de los Estatutos de Autonomía.

Si después de más de treinta años esas medias han mostrado su fracaso hay que preguntarse si el legislador es tan ciego como para no darse cuenta de ello, lo que es evidente no puede ser el caso. Si de nuevo se han puesto en práctica en estos momentos de profunda crisis es porque el objetivo no es el pleno empleo, sino otro muy distinto cual es aprovechar el dramatismo de las 5.896.300 personas desempleadas, que reconoce la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, para construir un mundo en el que los derechos sociales y las instituciones esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho sean cosa del pasado, y en el que los detentadores de los poderes económicos campen a sus anchas. El pasado es el futuro que pretenden imponer.

La promulgación del citado RD-L 3/2014 es un ejemplo especialmente sangrante de lo hasta aquí dicho. Es una norma inicua, en primer lugar por su forma. La utilización de la legislación de urgencia es una grosera deslegitimación de la democracia representativa porque impide a los representantes de la soberanía popular debatir sobre una medida tan importante como la que con esta norma se impone. Pero la doctrina del schock que está aplicando este Gobierno trata de paralizar y asfixiar las aspiraciones y la cultura democrática de la población con su cascada de normas de urgencia en evidente desprecio del art. 81.1 CE que reserva este tipo de norma a los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”.

El RD-L 3/2014 (convalidado acrítica y sumisamente por la mayoría parlamentaria del PP y algunos de sus secuaces), al reducir la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes en una cantidad enorme, socaba de modo grave la financiación de la Seguridad Social, lo que es llamativo pocas semanas después de que esa misma mayoría aprobase recortes en las pensiones en aras de la “sostenibilidad” del Sistema. Es una reducción, no una bonificación. Es decir, la Tesorería de la Seguridad Social verá seriamente drenados sus recursos en una cantidad que economistas tanto de FEDEA, como de Comisiones Obreras, han cifrado en torno a más de 2.700 millones de euros. El mecanismo que se ha ideado es simple. Si el empresario contrata a un trabajador de modo indefinido entre el 25 de febrero y el 31 de diciembre de 2014, durante los 24 meses siguientes a la fecha del contrato su cuota, sea cual sea el salario del trabajador, será de 100 euros al mes si el contrato es a tiempo completo, de 75 euros si es a tiempo parcial con una jornada equivalente al 75 por ciento de la completa y de 50 euros si es a media jornada. Finalizado el plazo de 24 meses, las empresas que en el momento de celebrar el contrato objeto de reducción cuenten con menos de 10 trabajadores, tendrán una reducción durante otros 12 meses del 50 por ciento de la cuota empresarial correspondiente a ese trabajador.

Para ver la enormidad de la reducción basta traer a colación la Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, que desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social para 2014. Si se toma como ejemplo la base máxima de cotización, establecida en 3.597 euros al mes, y se le aplica el tipo de 23,60 por ciento, que corre a cargo del empresario, la cuota resultante (salvo error) es de 848,89 euros. Sin embargo, gracias al RD-l 3/2014, queda reducida a 100 euros en el caso de que se trate de un contrato a tiempo completo (un considerable ahorro de 748,89 euros), o a 50 euros si el contrato lo es a media jornada. Si es un trabajador que debe cotizar por la base mínima de 753 euros, la cuota que tendría que pagar su empresario sería de 177,70 euros al mes, pero en este caso su ahorro es mucho menor, solo de 77,70 euros.

Se ha publicitado que se introducen precauciones para prevenir fraudes, pero son muy insuficientes. Para acogerse a esta reducción el empresario no tendrá que haber hecho despidos objetivos o disciplinarios declarados improcedentes o despidos colectivos en los seis meses anteriores a la celebración de este tipo de contratos, pero no se tendrán en cuenta los despidos hechos antes del 25 de febrero de 2014. Para acogerse a esta espectacular reducción las contrataciones deben aumentar el empleo indefinido y el total de la empresa y mantenerlos al menos durante un periodo de 36 meses, pero si antes de esa fecha se extinguen los contratos a los doce meses de la contratación, el empresario deberá ingresar el 100 por 100 de la diferencia con la cuota que le correspondía. Si la extinción se produce a los 24 meses de la contratación se reintegrará el 50 por 100 y si se produce a los 36 meses de la contratación el reintegro será solo del 33 por ciento. Aún  incurriendo en ilegalidad el empresario sale ganado y perdiendo la Seguridad Social. Hay que aclarar que no se tendrán en cuenta ni los despidos objetivos ni los disciplinarios “que no sean declarados improcedentes”, no cuentan por tanto aquellos casos en los que por las más variadas razones el trabajador no se atreva a demandar contra el despido, incluidos los acuerdos extrajudicales, por poner un ejemplo.

Estas reducciones también se aplican (según se dice en la exposición de motivos que se remite a la disposición adicional décima del al Ley 27/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, pero no se hace mención a ellas en el articulado), a los hijos de los trabajadores autónomos menores de 30 años o mayores de esa edad si tienen dificultades de empleo, lo que sin duda es un portillo abierto al fraude.

La pregunta que asalta ahora es si esa reducción de la cotización va a repercutir en la base reguladora para el cálculo de las prestaciones que, de cumplirse los requisitos del hecho causante, puedan corresponder al trabajador. La respuesta es negativa. La prestación no se resentirá, pero entonces se falsea la manida discusión de la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social. Lo que se está haciendo con esta medida es drenar las aportaciones al Sistema y no sirve el argumento de que esta medida provocará un aumento enorme de contrataciones que compensará las reducciones. Eso es un puro acto de fe que ni los más fervientes creyentes de las bondades de la medida se toman en serio a la vista de la experiencia histórica de otras medidas semejantes para el empresario (bonificaciones) ensayadas y fracasadas en el pasado.  A lo que sin duda da lugar es, a parte de la reducción de ingresos, a una injusta y grosera solidaridad inversa por la irregresividad de la cotización ya que, como ya se ha visto, los salarios más altos son los que salen más beneficiados frente a los más bajos. Es una medida, además, que no ofrece garantías de que aumente la contratación indefinida de calidad ya que también se favorece el trabajo a tiempo parcial. Si el control del nivel de empleo total, que se prevé hay que hacer cada seis meses, no es efectivo, es bastante probable que se produzca una sustitución de contratos temporales por indefinidos a tiempo parcial o completo, pero sin aumento real del empleo. A la vista de cómo este Gobierno está tratando a la inspección del trabajo, no parece una temeridad abrigar escepticismo sobre la eficacia de los controles. 

Por otro lado no hay que olvidar que muchos contratos indefinidos son en realidad precarios porque, dado el abuso de las distintas maneras de externalización productiva en España, la mayoría de las empresas dependen de formulas contractuales como las contratas o subcontratas para mantener su actividad y, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, en la mayoría de los casos de pérdida de la contrata el empresario tiene justa causa para despedir de tal manera que en realidad el contrato indefinido en realidad es temporal. 

Se ha dicho que esta medida es una concesión hecha a los empresarios para compensar la subida de las bases de cotización que se hizo a finales de 2013 al incluirse en las mismas los salarios en especie. Puede ser, pero se enmarca en una política más amplia que se auspicia desde la Comisión Europea, que nunca se cansa de pedir más reformas de los Sistemas de Seguridad Social que tiendan a reducir a su mínima expresión los esquemas de reparto para favorecer fondos de pensiones (a pesar de ser ruinosos) y, al tiempo, como dice la agenda Europa 2020 limitar “los impuestos sobre el trabajo”, es decir, las cotizaciones sociales. Reducir la cotización de los empresarios (no la de los trabajadores) pero no tener el coraje de reducir de modo proporcional la base reguladora (lo que además de impopular sería injusto) es algo muy parecido a robar a la Seguridad Social. Se trata primero de vaciar la Tesorería General de la Seguridad Social para después llevar a cabo nuevas reformas limitadoras de los derechos a las prestaciones en aras de la “sostenibilidad” del Sistema. Cuanta hipocresía. 

Joaquín Aparicio Tovar | Catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla La Mancha

EL ESTADO SOCIAL NO FUE UN REGALO

Joaquín Aparicio Tovar

En la esfera de Parapanda han parecido unas interesantes aportaciones de los amigos Javier Aristu (1) y Paco Rodríguez de Lecea (2) que suscitan algunas reflexiones críticas.  La tesis central, con todos los riesgos de las simplificaciones, es que la crisis de la izquierda tiene mucho que ver con que mira al pasado, mira al Estado Social que es hijo de una sociedad industrial que ya no existe y a la que servía. La crisis del Estado Social es también la crisis de la izquierda.  “El Estado Social, dice Aristu, hizo posible sustituir las viejas solidaridades interindividuales (a través de la familia, los gremios, las diversas asociaciones de todo tipo que desde la Edad Media han jalonado la historia europea) que hicieron posible que las personas pudieran sobrevivir en mundos hostiles […] El Estado social “expropió” el protagonismo de la solidaridad de la gente y levantó un inmenso edificio de servicios sociales, con fondos aportados por los impuestos”, a lo que Rodríguez de Lecea añade: “me interesa en particular esa idea de la expropiación, de la desposesión de la solidaridad que podían proporcionar los agentes sociales a partir de sus propios recursos […] nos encontramos hoy a la intemperie: huérfanos del welfare al que tanto quisimos y que tanto nos quiso, y privados de la solidaridad paliativa generada antes por la propia sociedad y que fue arrasada de raíz por la poderosa competencia del Estado benefactor”.

Quizá sea conveniente distinguir entre Estado Social y Estado de Bienestar. Para algunos, como Ignacio Sotelo y parece que los amigos con los que aquí se discrepa, el Estado de Bienestar (aún con otro nombre) es una invención de Weimar que tenía como objetivo la superación del capitalismo por métodos democráticos, mientras que el Estado Social, por el contrario, lo reforzaría, aunque dando prestaciones sociales. Pero, si miramos nuestra Constitución (y otras de Europa occidental) lo más correcto es pensar que el Estado Social es distinto del Estado de bienestar porque este último alude a una función del Estado y no a su “configuración global”. Implica “un proceso democrático, más complejo […] que el de la simple democracia política, puesto que ha de extenderse a otras dimensiones”, como dijo García Pelayo. Este es el primer punto de discrepancia con Aristu y Rodríguez de Lecea. El Estado Social ha de verse como lo que es, como un proceso de profundización del principio democrático en el camino de realización de la igualdad real. La democracia no es algo dado para siempre, depende, como enseñó el maestro Josep Fontana, de la capacidad de lucha que se tenga para exigir derechos sociales, que, no olvidemos, son expresión de la igualdad real. No se puede achacar al Estado Social la crisis económica, social, política y ética actual y la consiguiente crisis de la izquierda política. Ya es algo que se venía gestando desde la llamada crisis del petróleo de los años 70 del pasado siglo. Las élites capitalistas entendieron que ya se había demasiado lejos en las realizaciones del Estado Social y para ello lo primero a eliminar fue el pleno empleo, que una vez que existió, socavaba las bases de la autoridad en la empresa y, por ende,  en la sociedad. Que los partidos socialistas de Europa occidental, en el ambiente de la guerra fría, abandonasen el horizonte de emancipación que las fuerzas antifascistas lograron abrir en el pacto constituyente posterior a la segunda guerra mundial, ya es otra cosa.

Otro punto  de discrepancia es que los amigos Aristu y Rodríguez de Lecea tienen una especie de nostalgia de una mítica solidaridad que a lo largo de la historia hizo posible que la gente sobreviviese en mundos hostiles. Que existió solidaridad interpersonal y, en especial, dentro de un grupo profesional definido no cabe la menor duda, pero  tampoco la cabe de que sus resultados fueron deplorables. Las masas de menesterosos y depauperados, de excluidos sociales, fue una lacerante realidad en Europa  hasta después de la segunda guerra mundial. Hasta el Estado Social. La solidaridad no resolvía tan grave problema. No es que no hubiese medios, incluso arbitrados por el Estado, en la lucha contra la miseria (poor laws, beneficencia, asistencia social) pero las prestaciones que dispensaban estigmatizaban a quienes las percibían y por ello el orgullo de mucha gente les hacía alejarse de tan dudosa merced. Si el seguro social, primero, y la Seguridad Social, después, tuvieron éxito y prestigio entre los trabajadores fue porque proveían sus prestaciones con el título de derecho subjetivo, y los derechos no estigmatizan, sino que hacen entrar a la gente en la esfera de la ciudadanía. Esto lo vio claro Lloyd George cuando en 1911 importó a Gran Bretaña el seguro social, criticado por los socialistas fabianos, como los Webb, porque no atajaba las causas de la pobreza, sino sus efectos.  Hay que recordar que ni el seguro social ni la Seguridad Social, que es el núcleo del Estado Social, fueron concesiones graciosas hechas por las clases dominantes a los trabajadores, sino que les fueron ganadas. En el campo de aplicación de los seguros sociales de Bismarck solo entraban los trabajadores de la industria que no superasen un cierto nivel de rentas, es decir, los que apoyaban a los partidos revolucionarios.

Por último, el problema de la ciudadanía. Ser ciudadano es tener derechos y los derechos sociales, propios del Estado Social, hacen pasar a sus titulares de súbditos a ciudadanos.  Después de la Revolución francesa, vino la estabilización liberal, vino el termidor pero ¿se debe renegar por ello de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano?

1.-:http://encampoabierto.wordpress.com/2014/03/21/nuevas-solidaridades/

2.- Contra el Estado de Bienestar. http://lopezbulla.blogspot.com.es/

Radio Parapanda.  http://lopezbulla.blogspot.com.es/2014/03/solidaridades-y-estado-social.html

EN RECUERDO DE TONY BENN

El viernes pasado falleció Tony Benn. Fue durante 50 años miembro de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico a donde llegó elegido a los 25 años por el partido laborista. También fue ministro en los gabinetes de Harold Wilson, primero, y de James Callaghan después. En la esfera de Parapanda hace pocos días López Bulla (1) destacaba la inanidad de ese señor que ocupa la Moncloa, llamado Rajoy, que, sin una idea propia conocida, se limita a cumplir obediente los mandatos de los poderos del dinero frente a un conservador de tomo y lomo como Churchill que era capaz de tomar por si mismo decisiones sin esperar lisonjear a los de su clase social. Tony Benn siempre pensó por si mismo y no se sometió a los dictados de su partido. Cuanto más avanzaba en edad, tanto más se rejuvenecía y se iba por el camino de la izquierda, como ya Harold Wilson apreció. Renunció a su puesto en la Cámara de los Lores que por su aristocrático origen le correspondía. Firme defensor de los sindicatos y de los derechos sociales. Pacifista militante abogó por el desarme nuclear, abanderó luchas contra todas las guerras, aún a costa de soportar los insultos de los nacionalistas furiosos, como cuando la de las Malvinas. Uno se puede preguntar ¿cómo es posible que militase en el mismo partido que Tony Blair, el de la guerra de Iraq?

Pero no es la primera vez que vemos a gente valiosa moverse en un complicado equilibrio entre tacticismo de la política diaria y el mundo de las ideas emancipadoras. Desde luego lo que Tony Benn quería no tenía mucho que ver con lo que pensaba y practicaba Blair. Benn decía que para controlar a la gente primero se la asusta y después se la desmoraliza. Se les deja sin esperanza, pero una nación educada, saludable y segura de si misma es más difícil de gobernar, de ahí su radicalismo democrático al defender derechos sociales y la acción sindical. No es muy alentador vivir en un mundo que va a echar de menos a gente como Tony Benn o el ya desaparecido hace unos años Michel Foot.

Radio Parapanda. JLLB LA POLÍTICA EN LA CALLE. Homenaje a Tony Benn

Carta del escritor Italo Calvino a favor del aborto.

Cuando la segunda ola de feminismo se encontraba en su momento de plenitud, en 1975, el escritor Italo Calvino envió una carta al intelectual Claudio Magris, como respuesta a su artículo en contra del aborto llamado “The Deluded”, publicado en el periódico italianoCorriere della sera.

A continuación las palabras de Calvino:

Traer a un niño al mundo tiene sentido sólo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. Si no, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal. Un ser humano se convierte en humano no sólo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través del acto de voluntad y amor de otras personas. Si este no es el caso, la humanidad se vuelve —lo cual ya ocurre— no más que una madriguera de conejos. Una madriguera no libre sino constreñida a las condiciones de artificialidad en las que existe, con luz artificial y alimentos químicos.

Sólo aquellas personas que están 100% convencidas de poseer la capacidad moral y física no sólo de mantener a un hijo sino de acogerlo y amarlo, tienen derecho a procrear. Si no es el caso, deben primeramente hacer todo lo posible para no concebir y si conciben, el aborto no representa sólo una triste necesidad sino una decisión altamente moral que debe ser tomada con completa libertad de conciencia. No entiendo cómo puedes asociar la idea del aborto con el concepto de hedonismo o de la buena vida. El aborto es un hecho espeluznante.

En el aborto la persona que es vulnerada física y moralmente es la mujer. También para cualquier hombre con conciencia cada aborto es dilema moral que deja una marca, pero ciertamente aquí el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre, que cada hombre debería morderse la lengua tres veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en este infierno. Déjame decirte que eres verdaderamente responsable, por decir lo mínimo. Yo no me burlaría tanto de las “medidas de higiene profiláctica”, ciertamente nunca te has sometido a rasgarte el vientre. Pero me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales.

Lamento que tal divergencia de opiniones en estas cuestiones éticas básicas haya interrumpido nuestra amistad.

Italo Calvino, con claridad y con gran profundidad, pone en esta carta las cosas en su sitio.  Traer seres humanos al mundo no es, o mejor, no debería ser, solo consecuencia de una actividad  biológica. Si para la adopción el Estado toma, con buen criterio, toda una serie de precauciones que tienden en sustancia a comprobar la idoneidad de los adoptantes, no se ve porqué no se deben adoptar precauciones semejantes de cara a la concepción biológica. Negar la fuerza de la atracción sexual y sepultarla bajo su condena no evita que exista y que el sexo se practique. Lo sensato entonces sería fomentar una adecuada educación de ciudadanía, una de cuyas partes es la educación sexual. Pero en España la moralidad que trata de imponer la iglesia católica, no solo a su grey, si no a todo el mundo, niega el sexo como fuente de placer y propugna políticas que erradiquen la educación sexual lo que lleva a muchas personas a la procreación cuando en modo alguno  la deseaban y, en tantos casos, no teniendo la mínima idoneidad de ser padres. ¡ Basta de tanta hipocresía como la que rezuma el anteproyecto de ley de aborto del PP! Es otra muestra de su empeño en hacer de  l@s español@s súbdit@s y no ciudadan@s libres.

COSPEDAL TE ODIA

Un amigo de Castilla –La Mancha me ha mandado el correo de más abajo que me permito reenviaros. La situación que estamos viviendo en España es alarmante. La desigualdad aumenta, los derechos sociales son pisoteados, los trabajadores cada vez más sometidos al terror del despido y condenados a soportar reducciones salariales. Los ricos cada día son más ricos. El PP trabaja para ellos. Pero ese partido lo tiene claro, ante las previsibles protestas pone en marcha, primero la represión policial-administrativa, segundo la represión penal, tercero dificulta el acceso a la justicia aumentando las tasas. Como debe ser. La justicia solo para quien pueda pagarla. Ya  no son solo los derechos sociales, también los derechos civiles y políticos los que están en riesgo. En todo ese panorama destaca la Sra. Cospedal, cuyo franquismo vital le rezuma por todos los poros de su piel y en el  rictus de su cara. Si lo estimáis oportuno podéis adheriros al manifiesto y difundirlo. Un abrazo

Queridas amigas y amigos;

Los últimos tiempos, como bien sabéis, están resultando duros y riesgosos para el trabajo político. Tanto es así que las multas y sanciones están lloviendo por doquier, incluso a personas que no se encontraban en los lugares donde se dice haber cometido ilícitos penales y/o administrativos. Por ello, desde IU-CLM se ha lanzado esta campaña mediática que intenta, en clave de humor, denunciar públicamente los excesos y la violencia del poder público. Si lo entendéis oportuno, por favor firmad el manifiesto que un grupo de notables trabajadores de la política ha elaborado y, en su caso, dadle difusión por vuestros canales sociales:

http://www.cospedalteodia.org/. Merece la pena leer las acusaciones que se les hace a estos compañeros, que el día 16-D tendrán un ulterior juicio por insultos tan graves como “Marín, gorrino, trabaja de interino”.

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA DICTADURA

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA DICTADURA FRANQUISTA 1939-1977. La insoportable banalidad del mal.

Autor: Manuel Ortiz Heras. Editorial Bomarzo. Albacete, 2013.

Escribe: Joaquín Aparicio Tovar

El 27 de noviembre ha tenido lugar en la Librería popular de Albacete la presentación del libro que más arriba se indica.  El titular de este blog tuvo el honor de decir unas palabras a modo de presentación, antes de que el autor, protagonista de la noche, dialogase largo y tendido con un público culto, atento y perspicaz. Estas son, más o menos, las palabras de presentación

Eric Hobsbawn dejó escrito: “ El historiador deja la futurología para otros. Pero tiene una ventaja sobre ellos: la historia lo ayuda, si no a predecir el futuro, si a reconocer en el presente lo que es nuevo desde un punto de vista histórico; y, quizá, a partir de aquí, a arrojar cierta luz sobre el futuro”.

Pero, también, podríamos añadir, a identificar lo que en el presente persiste del pasado para su explicación y para que pueda haber una transmisión de la experiencia de generaciones pasadas hacia las sucesivas a fin de de construir un futuro mejor, un futuro de progreso, no de regresiones.

Este libro de Manuel Ortiz ayuda a comprender mejor la persistencia de rasgos del franquismo incrustados en el sistema político actual, que a muchos ya les cuesta llamar democrático. Es un libro escrito por un historiador, pero no está dirigido a un público académico que tiene la historia como objeto de su profesión. Pero es un libro de historia, escrito con todo el rigor científico, al que se la ha dado una forma que ha reducido hasta lo imprescindible el aparato bibliográfico a pié de página para facilitar su lectura a los no especialistas.

Su tesis central es que en el régimen franquista “la violencia se manifestó de forma poliédrica y mutó a lo largo de aquellos cuarenta años porque no fue exclusivamente un instrumento de la dictadura en la inmediata posguerra sino una característica del régimen que duró hasta sus últimos momentos, llegando a impregnar todos los aspectos de la vida cotidiana de la población”. Está en la esencia del régimen y no fue reactiva, sino premeditada, exaltó una cultura de la violencia, como el fascismo italiano y nazismo alemán, que pervivió a lo largo de toda su existencia. Los bandos y ordenes de Queipo de Llano, reproducidos en el libro, son claros: “ Serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados en número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos”, como lo son también las instrucciones del director de la sublevación militar, Emilio Mola: “ Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo”…”¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España”…”Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. 

En el libro se muestran las distintas formas que adoptó la violencia y cómo se fue adaptando a los cambios sociales y económicos y a la propia evolución del régimen. La violencia impregno toda la vida cotidiana de la población y produjo una socialización del miedo, un “miedo paralizante”. La población acosada fijó su prioridad en la supervivencia.

Es falsa la idea de que el régimen fue violento al principio y luego se hizo apacible convirtiéndose en una “dictablanda”. El autor muestra como Julián Grimau fue el último torturado y asesinado tras la pantomima de un juicio militar, en 1963, por hechos supuestamente ligados a la Guerra Civil, pero la violencia permanece y reprime protestas que ya no están ligadas a sucesos del periodo de la guerra, sino son fruto de los cambios socioeconómicos. Pero el régimen sigue con la exaltación de la cultura violenta y la mística de la guerra y los caídos de su bando, con cuya memoria se quiere justificar la continuidad de la represión de los opositores. 

El libro explica tanto las diversas formas de violencia, como los cambios que se iban produciendo según los distintos periodos históricos. Así, en la postguerra o fase de consolidación del régimen hay una violencia brutal y extremada ejercida tanto por el ejército, constituido como instrumento esencial de la represión, como por bandas de civiles fascistas alentadas y protegidas por el ejército, las fuerzas represivas y los oligarcas. Solo entre 1939 hasta el 1944 se calcula tuvieron lugar 250.000 ejecuciones, en un país que estaba en torno a los 24.000.000 de habitantes. Una cifra espeluznante. A esas ejecuciones hay que sumar las muertes por desnutrición, enfermedades, los exilados y las cárceles llenas. España era un enorme penal. Muchas personas sospechosas de no ser afectas al régimen, y que  no estaban en la cárcel, tenían sobre si la espada de Damocles de los Expedientes de Responsabilidades Políticas que daban lugar a la depuración de los cuerpos de funcionarios, cosa que ocurrió con muchos maestros y profesores de enseñanzas medias y de universidad, o daban lugar al expolio de los bienes y la condena a la miseria. Se buscaba crear y mantener en la gente una sensación de incertidumbre. Después la violencia fue cambiando, pero no cedió. El franquismo, sostenido sobre todo por los Estados Unidos, el Vaticano y Gran Bretaña, se vio favorecido por el anticomunismo de la guerra fría y siguió practicando una violencia atroz. Por ejemplo, entre 1954 y 1963 hubo 50 ejecuciones por delitos políticos.

En el llamado desarrollismo, el régimen ya se ha consolidado, por eso no necesita la extremada violencia de los primeros años, pero siguió siendo implacable, aunque la violencia era más “aleatoria”, lo que servía para extender un miedo difuminado en la población. Se repetían los asesinatos y muertes por disparos de la policía y las torturas en las comisarias (Billy el niño es solo uno de los muchos torturadores de esa época). 

El periodo llamado de la transición  (de 1975, fecha de la muerte del dictador, a finales de 1978, fecha de promulgación de la Constitución) se ha presentado como modélico y pacifico. Nada más lejos de la realidad, como nos muestra este libro. Por ejemplo, hay más de 60 muertos por disparos de la policía entre 1975 y 1982. Por eso, con todo acierto este libro lleva la violencia franquista hasta 1977, porque con la muerte del dictador no murió la dictadura. La violencia en esta fase se centró mucho en la represión de conflictos sociolaborales. Llama la atención la cifra de 2.745 detenidos por motivos políticos y sociales entre enero de 1977 y marzo de ese mismo año, siendo ministro Martín Villa.

Aunque no está explícitamente dicho en el libro, hay algo en este periodo que recuerda la primera la fase de la guerra y postguerra, cual es que la violencia se ejerce tanto por las Fuerzas de Orden Público como por bandas de ultraderechistas fascistas que actuaban en complicidad y tolerancia con la policía, como fue el caso de la masacre de los Abogados de Atocha.

Los aspectos más brutales de la violencia franquista estaban acompañados de otras manifestaciones. El autor describe muy bien la violencia administrativa, pues para muchas cosas de la vida cotidiana, como el permiso de conducir o la obtención del pasaporte, era necesario un certificado de buena conducta expedido por la policía, que en muchos casos no se le daba a un peticionario, pero sin resolución formal denegatoria y así quedaba en una situación de espera desesperante. Ahora este tipo de violencia asoma las orejas con la nueva ley de seguridad ciudadana que el PP va a tramitar en las Cortes. También describe la violencia moral, en la que tenía un papel relevante la Iglesia Católica desde el púlpito y el confesionario y, sobre todo, estableciendo la moral que celosamente los poderes civiles se encargaban de hacer cumplir. Esa violencia llevaba aparejada la violencia de género con un aplastante machismo que impregnaba toda la vida y masacraba la libertad de las mujeres. La cultura y la educación fueron blanco directo de la represión franquista, que traba imponer los valores más tradicionales tratando de exterminar los de la cultura y educación que  la República llevó adelante.

La violencia laboral fue especialmente dura. A los salarios de hambre se añadían la criminalización de los sindicatos y de la acción colectiva y el autoritarismo en la empresa. El franquismo veía al proletariado, producto de la modernización que socavaba las bases del sistema oligárquico tradicional, como un enemigo por la osadía de expresar sus aspiraciones de emancipación, especialmente en la II República. La explotación del trabajo de los reclusos mediante las Colonias Penitenciarias Militarizadas y los Batallones de Trabajo son especialmente elocuentes. Se utilizó el trabajo de los reclusos para hacer obras públicas y para ponerlo al servicio de empresas privadas. Entre 1939 y 1946 los beneficios ascendieron a 100.000 millones de pesetas de las de entonces. Una cantidad enorme. Todavía en los años 70, podemos leer en este libro, el constructor Banús se aprovechó de este sistema. Se disparaba a los trabajadores que repartían octavillas llamando a una huelga y se condenaba a duras penas de prisión a quienes constituían sindicatos clandestinos, como es el caso de los condenados de las Comisiones Obreras en el sumario 1001, en diciembre de 1973.

La justicia fue elemento esencial en la violencia franquista y hoy padecemos las consecuencias de que no hubiera una reconversión este aparato del Estado. Todos los jueces comprometidos en la represión siguieron en sus puestos y promocionaron con posterioridad. Era una justicia de clase, que en la jurisdicción penal castigaba con inusitada dureza delitos de hurto y robo que muchos de ellos eran producto de la necesidad y la pobreza.

Tras lo leído en este libro, cabe pensar que todas estas manifestaciones de violencia dieron lugar a que el régimen franquista, usando la mentira sostenida sobre el miedo, instaló en una parte de la población una representación falsa sobre la realidad de España y sobre su carácter profundamente violento que hoy todavía se pretende mantener. Esa violencia trata de extirpar los valores de emancipación puestos en circulación por la Ilustración, a los que considera antiespañoles, como ya hemos visto que decía Mola.

El pensamiento totalitario está presente en el discurso de alguien como el presidente Rajoy cuando dice que “los españoles” apoyan sus medidas, cuando lo cierto es que solo una minoría le ha votado. Pero los otros, aun mayoría, no deben de ser españoles, españoles de bien. Es la vieja idea franquista de la antiespaña. También asoma el pensamiento totalitario cuando se pone por encima de la libertad y la igualdad el orden, una determinada manera de entender la seguridad y la posesión de algunos bienes materiales individuales, aunque sean modestos, como cada día vemos más en el discurso oficial y en las leyes que se están promulgando. Pero para que esos valores se instalen hoy en amplias capas de la población, a parte de la utilización de los medios de persuasión para crear opinión, es importante que siga funcionando la falsa representación del franquismo a la que se acaba de aludir. Una representación que para que funcione necesita banalizar la extremada violencia en la que se instaló de modo permanente. Es lo que se hace cuando se dice que la violencia solo existió en los primeros años, pero que fue reactiva y semejante a la violencia republicana y, además,  se oculta la que siguió. Por eso es tan oportuno el subtitulo de este libro que no es una mera cita culterana de Hannah Arendt. 

¿PORQUÉ HABLAN DE SOSTENIBILIDAD CUANDO EN REALIDAD SON RECORTES DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?

Todo hace pensar que el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, hoy en trámite en Congreso, se convertirá en Ley con los votos del PP y el rechazo de la oposición, como ha ocurrido con otras importantes leyes. Se consumará entonces otro tremendo recorte a los derechos sociales, ahora a la pensión de jubilación. Fuentes del Gobierno ya  lo han cifrado en 33.000 millones de euros, mientras expertos externos consideran que la cifra es mucho mayor. Será un quebrantamiento claro de la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social impuesta a los poderes públicos por los artículos 41 y 50 CE y un incumplimiento palmario del programa electoral del partido que sustenta al Gobierno, que se intentan justificar corrompiendo el lenguaje. Se dice que se garantiza la suficiencia de las pensiones, cuando en realidad se reducen, y la sostenibilidad del sistema, que, sin embargo, es puesta en cuestión para justificar el recorte.

Si los poderes públicos tomasen en serio los mandatos constitucionales (“los poderes públicos mantendrán un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad”, dice el art. 41 CE)  no habría lugar al debate de la sostenibilidad. Es un debate que está mal enfocado porque se ha desplazado la discusión sobre los medios para cuestionar el fin. La mera duda ya ofende. El mensaje catastrofista de que las pensiones no se podrán pagar en el futuro solo es posible si hay un poder público que incumple sus obligaciones impuestas por la Constitución. La obligación de los legisladores es buscar los medios para cumplir el fin, que no se puede discutir porque la “opción por la Seguridad Social”, para decirlo con palabras de Alonso Olea, ya está tomada por el constituyente de 1978. Pero, además, Seguridad Social no es cualquier cosa, está protegida por una garantía institucional que obliga a preservar sus rasgos esenciales, entre los que hay que destacar la Solidaridad, que no es aquí una palabra hueca de uso propagandístico. Se expresa a través de dos técnicas muy concretas: la ruptura de la relación sinalagmática entre lo que se aporta y lo que se recibe, y la consideración conjunta de contingencias.  

Cuando se habla de ruptura de la relación sinalagmática entre lo aportado y lo percibido se quiere decir que la Seguridad Social es una institución corporativa que crea un ámbito jurídico en el que los sujetos incluidos en su campo de aplicación, a resultas de la posición que ocupen en el mismo, tendrán que soportar cargas (obligaciones) y ventajas (derechos), pero no hay una relación directa entre cargas y ventajas, entre aportaciones y prestaciones. Esa técnica exige, para su correcto funcionamiento, un sistema financiero de reparto, es decir, que lo actuales activos financien las prestaciones de los actuales pasivos, lo que da lugar a una solidaridad intrageneracional (sanos con enfermos), e intergeneracional (jóvenes con viejos). La consecuencia es que la ley establece que la suficiencia de la prestación no está directamente ligada a la capacidad contributiva de los sujetos,  a lo aportado. Es decir, da lugar a que se produzca una redistribución de rentas desde los que más tienen a los que menos tienen. Pero esto lleva al asunto de la contributividad que, tal y como se está entendiendo últimamente, emponzoña el debate de la sostenibilidad y conduce a la inevitabilidad de los recortes. La contributividad no quiere decir otra cosa que los sujetos obligados a hacerlo deben contribuir al sostenimiento del Sistema. Las opciones pueden ser hacerlo mediante impuestos o mediante cuotas calculadas sobre los salarios. Nuestro Sistema, como otros, utiliza un esquema mixto.

Las cotizaciones calculadas sobre los salarios tienen la ventaja de que son finalistas, están afectadas al fin de garantizar las prestaciones. Cuando el art. 86 de la LGSS clasifica las prestaciones, lo hace según su modo de financiación y llama contributivas a las prestaciones económicas que enumera, que se financian “básicamente” con cotizaciones. Pero no está impidiendo otros medios de financiación, como podrían ser los impuestos.  La contributividad correctamente entendida se debe predicar entonces del conjunto del Sistema, pero no de la relación de cotización y la relación de prestación de cada sujeto individual, que hay que insistir, son independientes.   

Pero la contributividad da un viraje hacia lo individual cuando se la acompaña de los criterios de proporcionalidad, entendida no con un postulado de ponderación,  y de equidad alejada de la idea aristotélica. Desde 1997 la equidad no es más que un reforzamiento de la proporcionalidad entendida como relación directa entre lo aportado y lo percibido por cada sujeto individual, que no tiene en cuenta la redistribución de rentas y, por tanto, se aleja de la solidaridad. El juego combinado de la proporcionalidad, la equidad y la  contributividad que se hace ahora supone introducir un razonamiento propio de los sistemas de capitalización dentro de uno de reparto e induce al equívoco (aunque solo lo sea en la mentalidad de los sujetos protegidos) de una restauración de la relación silagmática entre cuota y prestación, cosa que está vedada en Seguridad Social.

Diseñar un Factor de Sostenibilidad, como hace el proyecto citado, sin preguntarse  sobre la suficiencia de la prestación, sino como explícitamente se decía en el Informe de los expertos nombrados “ad hoc” por el Gobierno (p.30), “nace para moderar el crecimiento de las pensiones si los recursos del sistema no son capaces de soportar un crecimiento mayor”, y al tiempo se mueve en la idea de financiación por cuotas y la de contributivitividad que se acaba de señalar, es evidente que tiene que llevar al equilibrio presupuestario  de la LO 2/2012, de 27 de abril, por la vía de la reducción de las prestaciones individuales, cosa que ya estaba predeterminada al utilizar los falsos argumentos de la demografía y el déficit. En la Exposición de Motivos del Proyecto puede leerse que “en 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es de 19 años […] en cifras absolutas, el número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones”, es decir, un incremento del 66,7 % en cuarenta años, pero con manifiesta insustanciabilidad pasa por alto que “desde 1900 la riqueza de nuestro país ha crecido 24 veces y la población tan solo una vez y media” y no tiene en cuenta que, aun en el supuesto de que los datos de 2052 coincidieran con las previsiones (lo que es más que dudoso), en sí mismo eso no sería un problema, como no lo fue que en solo 20 años  (desde 1985 a 2005) hubiera un incremento de personas mayores de 65 años  del 77 %, pero no hubo especiales problemas porque los ocupados fueron un 72 % más en ese mismo periodo.

El déficit actual de la Seguridad Social debe encararse mejorando los ingresos del Sistema y para ello, entre otras muchas actuaciones, se deben, en primer lugar, mejorar los salarios, se deben incentivar los convenios de sector, frente a la tendencia actual de favorecer el convenio de empresa o, simplemente, la de no negociar convenios. Los salarios en España son escandalosamente bajos. El salario medio en 2013 se ha situado en 1639 € al mes. Un 15%  inferior a la media europea. Pero el que cobran la mayoría de los trabajadores es mucho más bajo porque las diferencias salariales son notables. La caída del poder adquisitivo desde 2012 ha sido 2,3%. Estos datos son coherentes con que desde 2012 la participación de las rentas del trabajo en el PIB ha caído por debajo del 50%, mientras que las del capital han superado esa cifra, con el consiguiente aumento de la desigualdad. Y, sobre todo, se ha de cambiar la política económica para conseguir el pleno empleo, que es un objetivo voluntariamente abandonado por las élites económicas y políticas en el poder en España y en Europa.    

El Factor de Sostenibilidad se define en el Proyecto como “un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes”.  Es un razonamiento propio del seguro y no de Seguridad Social. Viene a decirse que, dado que los longevos se aprovechan más del Sistema, hay que penalizarles con un coeficiente reductor en el cálculo inicial de su pensión. Lo sorprendente es que se dice que eso se hace por equidad, porque los que se jubilaron antes tienen una esperanza de vida menor y se aprovecharan menos del sistema. Pero esto es pasar de la contributividad general a la individual e ir en contra de la esencial idea de la sociabilidad del riesgo al culpabilizar al anciano de serlo. Habría que recordar, además, que la esperanza de vida no quiere decir que los sujetos protegidos, que son siempre personas de carne y hueso, vayan a vivir esos años, algunos ni de lejos lo harán. Las diferencias de clase, de género, de profesión se dejarán sentir. En concreto, puesto que las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los hombres, serán penalizadas, lo que con casi total seguridad es un caso de discriminación indirecta prohibida.  

El proyecto de ley, como hacía el Informe de los expertos del Gobierno, pretende cambiar, para la revalorización de las pensiones, la referencia al Índice de Precios al Consumo (hoy en el art. 48 de la Ley General de la Seguridad Social) por el nuevo Índice de Revalorización, lo que solo puede explicarse por el deseo de conseguir desde 2014 el recorte de las pensiones y el consiguiente ahorro en las mismas.  El nuevo Índice tomaría en cuenta determinadas variables a las que se aplica un llamado factor alfa fijado discrecionalmente cada 5 años  y que oscila entre un 0,25 y un  0,33. El incremento de las pensiones no podrá ser inferior al 0,25 por 100, ni superior al 0,25 por 100 del IPC. Esto es alejarse de la aspiración a la suficiencia de la prestación establecida en la Constitución y contrario al art 12.3 de la Carta Social Europea (ratificada por España) que dice así: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes Contratantes se comprometen: A  esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social....”

El problema no está en la sostenibilidad, sino en la suficiencia de las pensiones. Quién está en la miseria, de facto no tiene derechos. En España el 70 % de las pensiones medias contributivas no llegan a 1000€ al mes (un 25% más baja que la media de la UE), la pensión media de jubilación es de 972,15€ al mes, un 59,5 % € del salario medio, la pensión asistencial no puede ser superior a 5.108,6€ al año (unos 426€ al mes) y el 26 % de los hogares tienen por referencia a un pensionista. Con este panorama salarial y de pensiones y con  el desempleo en el 26 %, introducir un Factor de Sostenibilidad y un Índice de Revalorización  que de modo automático traerá una reducción de la pensión, es contrario a lo previsto en nuestra Constitución. Las pensiones en España deben subir y no por ello serán insostenibles. Según datos del Eurostat, en 2010 nuestro gasto en pensiones era de 10,7%  del PIB, mientras que el gasto medio en el UE era del 13%. La presión fiscal en España es del 32,6%, mientras que en la UE es del 40%. Es decir, hay un largo camino que nos queda por recorrer para mejorar las pensiones y alcanzar mayores cotas de igualdad.

Reducir la pensión es un camino para favorecer a la parte más acomodada de la población la huida a los fondos privados de pensiones, es decir, proteger al capital financiero culpable de la desastrosa situación en que nos encontramos. Así hay que entender la previsión de que la aplicación del Factor de Sostenibilidad se difiera a 2019 a fin de que los ciudadanos sean informados y “puedan tomar medidas”. Ya se sabe quiénes pueden hacerlo. Lo que se pretende es dar un paso más en la conversión de la deuda privada (de las entidades financieras sobre todo) en deuda pública. Ya se han destinado al sistema financiero quebrado más de 40.000 millones de euros que no se van a recuperar, como ha informado el presidente del FROB, mientras que el ministro de Economía dijo que no iba a costar nada a los ciudadanos. Esa cantidad ha pasado a engrosar la deuda pública, lo que conlleva a exigir que a los 11.000 millones de recortes en educación y sanidad se añadan ahora los de la pensión de jubilación.