CON MÉXICO

Calderón carece de facultades constitucionales para extinguir Luz y Fuerzo del Centro y despedir a 44 mil electricistas.


Invitamos a los ciudadanos del país a leer el Decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial el 11 de octubre de 2009, en el que afirma que el artículo 89 Fracción I de la Constitución, lo faculta a: extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a despedir a 44 mil trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Lo que es falso, toda vez que tal artículo ni ningún otro de la Constitución, lo facultan para decretar esas dos medidas que tomó por si y ante si, violentando el Estado de Derecho y poniendo en peligro a la nación, a los trabajadores y sindicatos, por las siguientes razones:.


El hecho de que Felipe Calderón violente la Constitución al no cumplir en el ámbito de sus facultades sus funciones y en la vía de los hechos actue de facto, por si y ante si, en adelante le permitiría decretar la privatización de cualquier empresa pública y despedir a trabajadores, sin contar con la autorización de las autoridades facultadas por la propia Constitución y sin cumplir las leyes reglamentarias. Lo anterior demuestra que el Decreto invade las esferas que son de competencia del Congreso de la Unión (Las cámaras de Diputados y Senadores) y la jurisdicción de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).


Ya que, el artículo 73 Fracción X de la Constitución, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de energía eléctrica, debido a que las bases de creación de LFC están en el artículo 4 transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; por lo cual, Felipe Calderón debió obtener la autorización previa del Congreso, al que nunca tomo en cuenta. Del mismo modo, que la fracción XXII del artículo 123 constitucional, prohíbe el despido de los trabajadores, salvo los casos por causa justificada y mediante el debido procedimiento ante la JFCA, lo cual tampoco cumplió.


Además de carecer de una fundamentación jurídica válida, la motivación que se expresa en el Decreto se refiere básicamente a que la empresa era incosteable, inoperante e improductiva; motivación que resulta igualmente inadecuada. Porque la responsabilidad de esos errores recaen exclusivamente en la administración de la empresa y más en el director general designado por Felipe Calderón. En la falta de inversión y modernización de las instalaciones. La mala administración de LFC no es responsabilidad del SME ni de los trabajadores, menos pueden ser castigados por ello. En todo caso, se debe llamar a rendir cuentas a los administradores de LFC y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1960 a 2009, para que expliquen: ¿Por qué administraron bien CFE y mal LFC durante casi 50 años? Porque ambas empresas son del Estado y administradas por los gobiernos, por los panistas en los últimos 10 años..


Otra motivación del Decreto: es que la nómina de los electricistas es muy costosa, pese a que se ha establecido en negociaciones bilaterales con la empresa, y que contiene los mismos salarios y prestaciones pactadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de República Mexicana (SUTERM), lo que demuestra que son falsos esos argumentos del Decreto, y se acredita con las nóminas y contratos colectivos de trabajo que están depositados en la JFCA.
La fundamentación jurídica y las motivaciones del Decreto son falsas e ilegales y sólo buscan engañar a la ciudadanía.


Asimismo, se violentan otros derechos fundamentales, como son los contenidos en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que protegen las áreas estratégicas de la economía nacional como la eléctrica; también el artículo 26 que regula el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, siendo el Poder Legislativo el único facultado para modificar el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Energía; así como el artículo 123 constituciona: el derecho al empleo y a la estabilidad, los de libertad sindical: sindicalización, contratación colectiva y huelga. Todos borrados con un decretazo.


También se afectan derechos internacionales con plena vigencia nacional, como los Derechos Humanos a la integridad y dignidad humana de los trabajadores, el derecho al trabajo y seguridad social, el “derecho humano a un proyecto de vida” reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se vulneran los derechos consagrados en la Organización Internacional del trabajo (OIT) de empleo y libertad sindical desconocidos por el Decreto.


Ha sido fama pública la predisposición del poder ejecutivo contra el SME, en particular del Secretario de Trabajo, por lo que con el Decreto se comete el delito tipificado en el derecho internacional de “desvío de poder”, pues los propósitos de extinguir la empresa y de despedir a los electricistas, son diametralmente distintos a los fines del Estado y del Proyecto de Nación que se estipulan en el artículo 26 constitucional.


Y, por supuesto, se viola el artículo 128 de la Carta Magna que consagra la obligación primordial del Ejecutivo de cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. ¿Y qué decir de las responsabilidades en que incurre el titular del ejecutivo y su gobierno?


¿Qué hay detrás del Decreto?


No podemos dejar pasar hechos vergonzosos para la nación, como los ocurridos la noche del 10 de octubre, como tomar las instalaciones de trabajo con el ejército, para emitir al día siguiente el Decreto, al más puro estilo de la dictadura porfirista: primero ejecutan y después averiguan. O, que el gobierno mejore las liquidaciones a los obreros que se apuren a tomarlas, para debilitar al SME. O, que se pretenda repetir mil veces la mentira oficial, para que la sociedad la admita por consancio.


En cambio, el gremio del SME en todas las manifestaciones y actos públicos, jamás han violentado la legalidad ni han roto un solo vidrio; sus elecciones por voto secreto son verdaderos actos de democracia; cada año encabezaron la lucha contra los topes salariales y ha sido el sindicato que más ha luchado contra las reformas neoliberales. En 1999, impidieron a Zedillo realizar la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales para privatizar la industria eléctrica, como lo había hecho a los ferrocarriles en 1995. Del SME ha sidosido siempre la más generosa solidaridad con los demás.


La intención del gobierno federal detrás de la mascarada, es culminar la privatización de la industria eléctrica, a través de introducir la fibra óptica en la red eléctrica nacional para la venta telecomunicaciones, de elevar las tarifas de los usuarios y de seguir entregando la industria eléctrica a particulares nacionales y extranjeros. Lo que espera hacer con la reapertura de la nueva empresa. El que sería el negocio del sexenio.


Esa es la verdadera intención del gobierno, sabiendo que tal finalidad es contraria a los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales.


Llamamiento a la sociedad:


Los abogados, juristas y académicos del derecho, llamamos a restablecer el Estado de Derecho, tan importante como restablecer la verdad en la nación. Hoy la suerte del SME es la de todos los trabajadores. Si permitimos que un decreto destruya los derechos constitucionales laborales que han costado mas de cien años de luchas y que se extingan las empresas públicas estratégicas, después seguirá de paz que sólo brinda el Estado de Derecho, hoy quebrantado.


Por la ANAD: Lauro Sol, José Luis Contreras, Estela Ríos, Manuel Fuentes, Marina Téllez, Oscar Alzaga y ….

LÓPEZ BULLA, PRESIDENTE DE LA UNIÓN EUROPEA

Un fantasma recorre Europa: El del Tony Blair, famoso miembro del cuarteto de las Azores (el que no estaba en la foto era Durao Barroso, pero era porque fue al que le tocó, como anfitrión, tomar la cámara y hacer el retrato), que como no tiene ahora una buena colocación quiere encontrarla en Bruselas.

En las tabernas de Parapanda, de la Vera, de la Mancha, de los madriles y de otras autonomías, están surgiendo movimientos de indignación que amenazan con pasar a mayores, hasta el punto que las autoridades a las órdenes del ministro Rubalcaba han elevado preocupados informes y solicitan instrucciones porque, según puede leerse en uno de ellos al que hemos tenido acceso porque el funcionario lo dejó un momento en el mostrador de la estafeta de correos mientras gentilmente ayudaba a una atractiva señorita que aparentemente tenía dificultades para rellenar el formulario de un certificado, “están creciendo de manera preocupante grupos de activistas en pro de la ciudadanía europea que con un discurso cada más radical están encendiendo los ánimos da una parte importante de la juventud, de la edad madura e incluso de la tercera edad dado que algunos de los agitadores más activos residen en un conocido geriátrico de la localidad. Como siga adelante lo de ese tal Blair es de prever que pronto empiecen las algaradas que pueden derivar en motines”. En la taberna O Refuxo de Antón, de Bayona, ya planean secuestrar la carabela la Pinta y desembarcar en Flandes para liarla allí tan pronto el inglés se asome a Bruselas. Llegan noticias que en varias osterie boloñesas y brasseries de Francia está ocurriendo algo similar, así como en la mayoría de las tabernas de Renania-Westfalia. La cosa va en serio.

Con el Tratado de Lisboa en pañales, las derechas europeas enardecidos y prietas sus filas, han lanzado la candidatura de un individuo de un país que no está en el euro, ni en el acuerdo Schengen, que ha impuesto un protocolo (con Polonia) según el cual las disposiciones legales o administrativas internas que sean incompatibles con la Carta de Derechos Fundamentales, especialmente su parte dedicada a los derechos sociales, no podrán ser impugnadas ni ante el Tribunal de Justicia ni ante los tribunales nacionales. Un país que ha impulsado el alargamiento del tiempo de trabajo y la no aplicación de los convenios colectivos frente a un acuerdo individual entre el empresario y el trabajador y pretende convertir la Unión Europea en una zona de libre cambio sin políticas sociales comunes ni integración política. El sujeto en cuestión del que se habla tiene, además, una gran responsabilidad por los miles de muertos, destrucciones y expolios que se han producido en Irak “¿Cómo va a ser ese el que presida una Europa que dice aspirar a la paz entre la naciones del mundo?”, dicen los activitas en pro de la ciudadanía europea. La gente que tiene un poco de decencia, añaden, cuando se ha confundido tanto opta por una discreta retirada de la vida pública. Algunos movidos por una fuerte fe religiosa o incluso sin ella, se retiraban a un convento con voto de silencio para expiar su culpa. Blair se ha hecho católico, pero no parece que este dispuesto a retirarse a un convento, por eso lo mejor es que otro más cualificado ocupe el puesto de Presidente de la Unión Europea.

Precisamente los informes de las autoridades gubernativas llaman la atención de que esos movimiento tabernarios están impulsando con fuerza la candidatura de un tal José Luis López Bulla, al que describen como un sujeto que va de un sitio para otro con los bártulos de Karl Korsch, pero no les consta que los haya robado. Estaremos atentos a futuros acontecimientos porque esta candidatura está cobrando fuerza.

EL AMARGO CHOCOLATE COLOMBIANO DE NESTLÉ...

... ¿QUE ES LO QUE TIENE EL SINDICALISMO QUE CON TANTA SAÑA SE LE ATACA?.



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La mayoría de los medios creadores de opinión de continuo nos advierten a los ciudadanos de las penosas consecuencias para la democracia que tienen medidas adoptadas por los gobiernos tales como los de Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, por supuesto Cuba, e incluso alguna crítica alcanza al Brasil de Lula. Casi siempre el factor común de los denunciados peligros para la democracia tiene que ver con las intervenciones que afectan al poder económico de algunas empresas, sobre todo a las empresas de formación de opinión. Pero es llamativo que tan altruista preocupación por los valores democráticos raras veces les lleve, no ya a denunciar, sino meramente a preguntase por la suerte de los trabajadores, de las personas comunes y corrientes para quienes en una gran mayoría de los países de Latinoamérica tan dura se les presenta la vida. No es de extrañar que el sindicalismo no entre en las preocupaciones de esos medios.


Sin embargo, de forma retórica, se da por sentado que sin libertad sindical no hay democracia. Siempre y cuando, parecen decirnos, no se mal utilice esta libertad como están haciendo los trabajadores de la empresa Krafft de Argentina, por ejemplo, o los mineros de México, por poner otro ejemplo. La verdad es que, a pesar de su reconocimiento en los textos constitucionales, a pesar de los convenio 98 y 87 de la OIT, la libertad sindical es muy precaria en América Latina. En la mayoría de los países las represalias en el empleo a los trabajadores sindicalizados son moneda corriente (tampoco aquí son desconocidas). Pero, además, la legislaciones impiden constituir sindicatos de rama, con lo que el panorama es la desolación de un enjambre de pequeños sindicatos de empresa, que pueden unirse en una confederación, pero su capacidad de acción, por tanto, está mas que limitada por la propia debilidad. En cada empresa el patrón les domina con facilidad. El convenio colectivo de sector, en coherencia con lo anterior, está prohibido. Chile es un buen ejemplo de cómo gobiernos sedicentes socialistas no han podido o querido cambiar sustancialmente la legislación sindical pinochetista. El resultado es un escaso intervencionismo estatal en la relación individual de trabajo y un fuerte intervencionismo en lo colectivo, con unos niveles muy bajos de cobertura de los convenios colectivos. Argentina, Brasil y México se salen de este panorama aunque presentan otras serias perturbaciones en su sistema sindical, que ahora no vienen a cuento.


Esta saña intervencionista que limita y restringe la libertad sindical a extremos inaceptables para nuestra cultura europea se contradice con el dogma liberal de que el sindicato es una institución obsoleta. Idea que han compartido algunos social-liberales que, al máximo, conceden al sindicato un glorioso papel en el pasado, pero que ya ha perdido sentido en la sociedad postmoderna global. Si fuera así ¿Qué necesidad habría de dictar leyes tan restrictivas, cuando no negadoras de la libertad sindical? ¿Porqué los ataques ideológicos tan fuertes al sindicato? ¿No será que todavía hoy, en Europa y en todo el mundo, el sindicato tiene un papel que cumplir en defensa de la dignidad de quienes trabajan o quieren trabajar y de los que de ellos dependen? ¿No será que en unas sociedades con grandes diferencias de rentas como las latinoamericanas el sindicato puede ser una agente de primer orden el la lucha contra los privilegios y en pos de mayores cotas de igualdad, y por eso debe permanecer con el bozal puesto?


Pero es en Colombia donde las cosas adquieren carácter escandaloso por lo dramático. Allí las leyes sindicales, como en otros países, restringen al sindicato en su acción básicamente a la empresa y hacen difícil la articulación práctica entre confederaciones y sindicatos. Ya eso bastaría para poner en cuestión la calidad de la democracia en ese país, pero el asunto es mucho más grave, tanto que cuesta escribirlo sin sentir conmoción : En lo que va de año 28 sindicalistas han sido asesinados. No hay forma más radical de negar la libertad sindical que segando la vida de tantos sindicalistas. Los últimos han sido en el mes de septiembre Gustavo Gómez trabajador de NESTLÉ y Mauricio Antonio Monsalve, maestro. El 1 de octubre fueron tiroteados Mario Montes de Oca, maestro y abogado sindical, y su compañero de sindicato Alberto Luís Pastrana, este último falleció en el acto mientras que los sicarios dejaron en muy grave estado a Mario. En lo que va de año 12 sindicalistas de la empresa NESTLÉ, afiliados a Sinaltrainal, han sido asesinados, según nos viene dramáticamente informando la Confederación Sindical Internacional. Se da la circunstancia de que Gustavo Gómez antes de ser asesinado había presentado un pliego de peticiones a la empresa con vistas a negociar el convenio colectivo. El excelente cacao colombiano produce un chocolate muy amargo en manos de NESTLÉ.


En estas condiciones no es de extrañar que la tasa de afiliación sindical en Colombia sea de 4 por ciento, y mucho parece a la vista de los hechos. Lo heroico es que todavía haya trabajadores que se sumen a un sindicato para cumplir lo que es su misión: lucha por el bienestar y la dignidad de los trabajadores.


¿Hay democracia en Colombia? La respuesta es evidente. NO, porque no hay justificación posible para esta masacre. La diplomacia colombiana y parte de la opinión pública es cómplice con esta situación al justificar de las maneras más inverosímiles estos asesinatos. Entre las más usuales están que se trata de gente relacionada con las FARC o que son casos delincuencia común, aunque no faltan justificaciones tan peregrinas como que hay mucho crimen pasional, como si entrar en un sindicato fuera entrar en un laberinto de pasiones amorosas. En la OIT, ante las denuncias de que era objeto el Gobierno de Colombia, se llegó hace unos años a un acuerdo para crear una comisión de vigilancia a la que el gobierno de Uribe daría su apoyo, pero la voluntad del Gobierno de perseguir a los asesinos y poner coto a esta violencia se ha visto por los resultados que ha sido nula.


En otro orden de cosas ¿cómo es posible que estas muertes no merezcan una atención por los medios de comunicación? Unos medios de comunicación que presentan Colombia como un ejemplo de democracia frente a los autoritarismos populistas que con preocupación ven proliferar en el continente. Sería terrible pensar que para estos medios quienes, como los sindicalistas, perturban la libertad de empresa no merecen su consideración. Pero eso querría decir que se preocupan del negocio, no de la democracia en serio ni de la vida de las personas.

LOS SALARIOS, EL PRECIO DE LAS SARDINAS Y DE LOS TOMATES

Según el presidente de la patronal, el sr. Díaz Ferrán, los trabajadores deben sufrir una reducción de sus salarios de al menos un 1% porque así se adecuarán al índice de precios al consumo. Al mismo tiempo radio Parapanda nos ha informado que el precio de las sardinas en algunos señalados lugares de la costa mediterránea ha sufrido un considerable incremento. El estudio de este fenómeno no ha podido pasar desapercibido para importantes investigadores de la Universidad de Verano de Pineda de Marx, los cuales, con el concurso fundamental del matemático Rafael Rodriguez han corroborado una vez mas (pero ahora con fórmulas matemáticas que no han podido ser contestadas) la vieja ley según la cual cuando un producto pasa a ser de amplio consumo popular por su bajo precio y su buena calidad, empieza a ser menos habitual en la dieta del honrado pueblo para pasar a ser bocado de clases más acomodadas mediante una subida de su precio.


Las conclusiones de los seminarios de la Universidad de Verano de Pineda de Marx son seguidas con atención por un selecto sanedrín que en la taberna de Pilar de un lugar de la Vera toma buena nota de los acontecimientos más señalados del panorama mundial. Un agudo agricultor de regadío después de reflexionar sobre lo anterior echó su cuarto a espadas y puso sobre la barra la peliaguda cuestión de a donde vamos a ir a parar si lo que se paga a los agricultores por los tomates y otros productos hortícolas propios de la dieta veraniega es una cantidad irrisoria que malamente retribuye su trabajo. Un albañil en situación legal de desempleo demostró de forma incontrovertible la enorme diferencia entre lo pagado al agricultor y lo pedido a los clientes de comercios al por menor y de grandes superficies y las dificultades que supone llegar a fin de mes con la prestación de desempleo contributivo. Cosa rara, un autónomo con taller de chapa, pintura y mecánica, a pesar de reconocer que su actividad no había variado en los últimos años, tenía que admitir la corrección de las afirmaciones de los otros contertulios. Tras un animado debate, de modo unánime se convino que las conclusiones del seminario de Pineda de Marx estaban ajustadas a razón. A continuación se pasó a otros terrenos, incluso puede que se cayese en la especulación cuando salió a relucir que el Sr. Díaz Ferrán en 2008 se ha repartido con un buen socio 8 milloncetes de eurillos, otros beneficios a parte. La hipótesis mas aceptada, aunque no se llegase a elevar a la categoría de tesis, es que los ricos hasta la dieta mediterránea nos quieren quitar, a lo que todas las gargantas respondieron con un único grito: ¡¡ LOS SUELDOS NO SE BAJAN Y EN OTOÑO NOS VEREMOS LAS CARAS!!


Nota Bene: conviene aclarar que en este lugar de la Vera el sanedrín de que se habla sigue a rajatabla la promesa que el Falstaff verdiano hacía en el primer acto sobre sus visitas futuras a las hosterías: ir siempre con gente sobria, civil, honesta y pía.

¿POR QUÉ NO DEBE HABER REBAJA DE LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL?

Todo lo que concierne a la Seguridad Social es asunto muy delicado porque la Seguridad Social es el núcleo del Estado Social y Democrático de Derecho, sobretodo en un país como España en el que las políticas sociales más generales arrastran una histórica debilidad. La Seguridad Social no es otra cosa que la organización técnica de la solidaridad llevada a cabo por el Estado para poner a todos los ciudadanos al abrigo de las situaciones de necesidad y, de ese modo, avanzar en el camino de la igualdad, como quiere el art. 9.2 de la Constitución. Es hacer, como dijera Beveridge, que triunfe la libertad frente a la necesidad ya que un menesteroso no es libre y, por tanto no está en condiciones de gozar de los derechos fundamentales a todos reconocidos, no es, en definitiva, ciudadano. Por eso la Seguridad Social está en el pacto social fundante de la convivencia europea y está “blindada” por la Constitución con una garantía institucional. Esto quiere decir que incluso el máximo representante de la soberanía popular, el legislativo, tiene limitados sus poderes de configuración del Sistema de la Seguridad Social. Si el legislativo tiene limitados sus poderes, lo que es más que evidente ahora que está en medio de los trabajos para la renovación de los Pactos de Toledo, el Gobierno y los agentes sociales deben ser especialmente cautelosos en esta materia. Pero la prudencia y la cautela no parece que estén inspirando a la gran patronal, la CEOE, en la actual fase de concertación social al pedir una rebaja de las cotizaciones de 5 puntos, cifrada en 15.000 millones de euros. No hace falta ser actuario para darse cuenta de los efectos desastrosos que esa rebaja puede tener. Pero, sobretodo tan extemporánea pretensión es muestra de una posición ideológica inaceptable que en el fondo ataca al Estado Social y Democrático.

Si como se acaba de decir, la Seguridad Social es la organización de la solidaridad por el Estado, eso implica necesariamente redistribución de rentas desde los que más a los que menos tienen. Los enormes recursos financieros que debe manejar el Estado en España están gestionados de modo ejemplar y con una eficacia modélica a la que no llega, ni de lejos, la que muestran los sistemas de ahorro previsional voluntario, pero para gestionar esos recursos antes hay que tenerlos. El modo de financiar la Seguridad Social puede hacerse mediante cuotas calculadas sobre los salarios, mediante impuestos generales o mediante un sistema mixto, como es nuestro caso. Con la separación de fuentes de financiación las prestaciones no asistenciales, llamadas “contributivas”, se financian básicamente con cuotas calculadas sobre salarios, mientras que las prestaciones asistenciales del Sistema y las sanitarias lo hacen mediante transferencias desde los presupuestos generales del Estado, es decir, mediante el sistema impositivo general. Esta separación es criticable porque está dando lugar a una ruptura regresiva del Sistema en dos compartimentos estancos que condena al asistencialismo a aquella parte de la población con carreras profesionales frágiles (los precarios) que les impiden cumplir los requisitos más duros exigidos para causar derecho a las prestaciones no asistenciales o contributivas. Es una erosión de la solidaridad.

Enviar al asistencialismo a una parte de la población ya, en si mismo, es un grave problema porque este tipo de prestaciones exigen la prueba de la necesidad mediante la demostración de no sobrepasar un nivel de rentas muy bajo, pero lo es mas si la aportación de recursos para las prestaciones en este brazo del Sistema es débil. Para que estas prestaciones sean “suficientes” como quiere el art. 41 de la Constitución el sistema impositivo general debería ser progresivo y potente. Pero ya estamos viendo lo ampliamente extendida que está la moda de rebajar impuestos directos. La patronal, al mismo tiempo que pide rebajar las cotizaciones sobre salarios, lleva años pidiendo (y consiguiendo poco a poco) rebajas impositivas hasta el punto que puede decirse sin error que la progresividad fiscal en la práctica solo opera para los asalariados. Las prestaciones asistenciales, a pesar de las importantes subidas de los últimos años, son todavía tan pequeñas que difícilmente puede decirse que cubren los mínimos vitales de subsistencia.

Las prestaciones no asistenciales, es decir, contributivas, se financian mediante cuotas sobre salarios. La financiación por cuotas tiene la ventaja de su seguridad, pues al ser un tipo de tributo con asignación finalista no puede dedicase más que a la garantía de las prestaciones previstas, con la particularidad de que el art. 86 LGSS expresamente prohíbe que los recursos obtenidos de este modo puedan dedicarse a prestaciones asistenciales, con el efecto erosivo señalado de la solidaridad. Al no poderse dedicar más que a garantizar las prestaciones algunos argumentan que es una especie de salario diferido. La rebaja de las cotizaciones ha sido una continua reclamación de los empresarios que ha sido en alguna medida atendida, pues lejos de haber sufrido algún incremento, como podría haber ocurrido, ha tenido lugar moderadas reducciones. Además disfrutan de bonificaciones por la contratación de grupos de trabajadores con especiales dificultades frente al empleo. A todo ello hay que adicionar que desde mitad de los años 80 del pasado siglo han visto mermada su aportación a la Caja Común de la Seguridad Social de manera significativa con la imposición de topes de cotización, que dan lugar a que una parte importante de los salarios más elevados este exenta de cotizar a la Seguridad Social. Pero la voracidad de nuestros empresarios hace que cualquier reducción sea insuficiente. Reducir las cuotas empresariales implica que a un plazo breve habría que endurecer los requisitos para causar derechos a las prestaciones no asistenciales o sin prueba de la necesidad, lo que daría lugar a expulsar a más trabajadores al brazo asistencial, pero si se hace caso a la otra reivindicación empresarial de reducción del impuesto de sociedades (el impuesto sobre el patrimonio ya está casi eliminado) la solución es clara: un extremado debilitamiento del Sistema de la Seguridad Social o aumentar los impuestos indirectos que recaen sobre todos, pero de esa manera no habría redistribución de rentas y se atacaría a la esencia misma de la Seguridad Social. Ambas cosas inaceptables desde el punto de vista constitucional y desde cualquier aspiración a una sociedad mas civilizada.

CON MARCOS ANA

23 años tras los muros, 23 razones para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia

Tras 23 años en las cárceles franquistas, Marcos Ana recuerda con generosidad, sin resentimiento alguno: “No siento ningún rencor; me sentiría muy desgraciado si así fuera. Al haber sufrido tantas calamidades soy incapaz de generar venganza. La venganza no es ningún ideal político ni revolucionario. La única venganza a la que yo aspiro es ver un día el triunfo de los ideales por los que he luchado y por los que tantos hombres y mujeres en España perdieron su vida o su libertad”


Las personas, instituciones, colectivos, asociaciones, entidades, etc. abajo firmantes apoyamos la propuesta realizada por la Universidad de Granada para que le sea concedido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2009 a Marcos Ana,





1. Por su vida: por haber contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres y las mujeres.



2. Por su lucha contra la injusticia, la pobreza, la ignorancia


3. Por su defensa de la libertad,


4. Por su comprensión: “Yo me sentiría completamente desgraciado si después de haber pasado veintitrés años en la cárcel mi única venganza fuera llenar la cabeza de plomo a aquellos que fueron los causantes de que yo dejara media vida y toda mi juventud en la prisión”


5. Por su humanidad

6. Por su solidaridad


7. Por su valentía


8. Por su entereza


9. Por su honestidad


10. Por su sinceridad


11. Por su miedo


12. Por su esperanza


13. Por su lucha contra la infamia


14. Por su lucha contra la mentira


15. Por su lucha contra la crueldad demencial de los enemigos de la vida


16. Por su sencillez


17. Por su naturalidad con que es un hombre. Entero, auténtico, completo.


18. Por su integridad: “Si pretendiera saciar con la sangre los años que pasé en prisión, me sentiría desgraciado; ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de mi vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles”


19. Por su generosidad: “Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación”


20. Por su lucidez: “Si nos sentimos españoles tenemos que cerrar de una vez para siempre este ciclo sangriento, ese hecho terrible de que los españoles cada veinticinco años tengamos que estar degollándonos los unos a los otros. Espero que el futuro de España no sea el futuro de la revancha sino el de la paz y seguridad para todos los españoles


21. Por su poesía


22. Por él y para él, por todos y para todos sus compañeros de infortunio


23. Por dignidad, reparación, justicia, paz, reconciliación.




Para enviar tu firma: http://www.unpremioparamarcosana.org/

EL PERTINAZ GOBERNADOR

Me escribe el joven investigador manchego Judas del Llano las siguientes líneas:

Estimado profesor:

He visto con sorpresa en la prensa que el Gobernador del Banco de España pide una reforma laboral para abaratar el despido de los contratos indefinidos porque, según el, el despido de un trabajador con este tipo de contrato es muy costoso para el empresario pues debe de pagar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades. Según lo que aprendí en la Universidad de Castilla-La Mancha la indemnización a la que se refiere el señor Gobernador solo es de aplicación a un tipo muy concreto de despido, al despido disciplinario declarado por un juez improcedente. Otros despidos, como aquellos llamados objetivos o los colectivos por causas económicas, tecnológicas, organizativas o de producción de la empresa tienen una indemnización de 20 días, no muy alta, me parece y si el despido disciplinario es declarado procedente, el coste es nulo. Además, si no quiere pagar la indemnización también puede el empresario ahorrársela readmitiendo al trabajador. Mi sorpresa viene porque yo creía que alguien que ocupa un puesto tan importante, y el mismo servicio de estudios de su institución, deberían, creo, ser muy cuidadosos con afirmaciones tan transcendentes como esas y no confundir los distintos tipos de despido. Por esa falta de propiedad me habrían ustedes, muy justamente, suspendido en la licenciatura. Dado que al Sr. Gobernador no le podemos suspender ¿podría usted y el circulo de estudiosos de asuntos sociales de Parapanda sugerir que podemos hacer ante estas cosas? ¿Cómo es posible que pida rebajar la indemnización para quienes despiden “por la cara”? La verdad es que no lo entiendo porque hay en juego intereses vitales de los trabajadores y de sus familias, que pueden verse en situaciones dramáticas en los casos de despido.

No sé si en Parapanda surgirá alguna explicación, pero por mi parte yo tampoco lo entiendo. En otras ocasiones ya hemos tenido ocasión de destacar lo poco prudente de determinadas declaraciones del Gobernador del Banco de España y las extralimitaciones que se permite en el cumplimiento de sus funciones que, dicho sea de paso, están fijadas por ley. Con estas nuevas declaraciones da pié para que sea calificado como un “ultravirista” pertinaz. Pero, además, cuando las organizaciones patronales y los sindicatos están enfrentados sobre esta cuestión y cuando hay un debate en la sociedad española sobre un asunto tan delicado y grave como la regulación del despido, que el Gobernador del Banco emisor se posicione a favor de los empresarios genera inevitablemente una erosión en la legitimidad de la institución que dirige, y esto es grave. Hemos pedido desde aquí en otras ocasiones que o se callaba o que dimitiese, al no hacer ninguna de las dos cosas nos vimos obligados a pedir su cese, cosa que ahora hay que reiterar. No se me ocurre otra cosa.