UNA HUELGA NECESARIA FRENTE A UNA REFORMA CONTRALABORAL ILEGÍTIMA

La modificación de las normas laborales que ha impuesto el Partido Popular es un ataque frontal contra el modo de entender la democracia que emergió en el pacto constituyente de 1978 y que cristalizó en la Constitución. Es ilegítima, tanto por su contenido como por su forma, además de que conculca Convenios de la OIT ratificados por España y es de más que dudosa constitucionalidad en varios aspectos. Atenta contra la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho. Esta cláusula encierra la idea de que la libertad no es posible sin avanzar en el camino de igualdad. No es retorica hueca, es mera constatación del dato histórico de que la desigualdad, aún reconociéndose la igualdad formal ante la ley, conlleva explotación y sojuzgación a los poderes privados. La finalidad del Derecho del Trabajo es buscar una cierto equilibrio entre la posición social y económicamente desequilibrada del empresario y del trabajador. Para ello la ley imponía límites infranqueables a la voluntad contractual en materias esenciales para evitar sobreexplotación de la persona que trabaja. La Constitución, por su parte, protege la dimensión colectiva del trabajador, al sindicato y reconoce el derecho fundamental de huelga y el de negociación colectiva como instrumentos de defensa de la dignidad de los trabajadores amenazada en la directa relación individual. Como fruto de esa protección la ley reconoce así mismo la eficacia del convenio colectivo. Por último, la tutela judicial efectiva se ofrece a los trabajadores al dotar al juez de lo social de jurisdicción para la solución de las controversias con los empresarios. Todos esos elementos han sido seriamente cercenados.

Con esta reforma contralaboral se le ha dotado al empresario de un extraordinario poder de disposición unilateral sobre elementos esenciales de la relación de trabajo como la determinación y cuantía del salario, aspectos importantes del tiempo de trabajo, la movilidad funcional y geográfica y, en fin, despido. Se ha limitado de modo extraordinario el campo de acción y la eficacia del convenio colectivo, con lo que muchos trabajadores quedarán sin la cobertura de un convenio sometidos al poder unilateral del empresario. Se ha reducido la indemnización por despido y, lo que es más grave, se debilitado la exigencia de una causa justa para despedir. Por último, la formulación legal deja un espacio casi nulo al juez de lo social para decidir a sobre la justificación o no de la decisiones empresariales. Es una contrarreforma que consagra una vuelta al feudalismo empresarial que con el advenimiento de la democracia ya se consideraba pasado. Pues no, en una terrible regresión de nuevo está aquí, como el dinosaurio.

En el siglo XVI Juan Luís Vives advertía que la fuerza de los más grandes reyes caería de inmediato si sus vasallos les sustrajeran su apoyo. La clase dominante solo puede seguir siéndolo en tanto en cuanto su sistema de valores, sus ideas, sean también dominantes. Las técnicas para conseguirlo se han desarrollado mucho en nuestros días a partir, entre otras, de las enseñanzas del ministro nazi de propaganda, Goebbels. No es de extrañar que ante esta gran regresión en la historia el PP haya desplegado sus poderosos medios de persuasión. Merece la pena destacar que sus voceros apenas entran en el análisis del contenido de esta reforma (cuanto más se conoce, más se rechaza), sino que hacen una llamada a un acto de fe colectivo para que la ciudadanía crea que servirá para crear empleo. Defender la dignidad del trabajo, como hacen los sindicatos, es, según el PP, atacar a los desempleados, pero lo sorprendente es que lo que se ofrece sea que para ser empleado haya que ser sobreexplotado. Ese ya es un mensaje para todos, empleados y desempleados: todos tienen que someterse a la disciplina del señor de la empresa, que para eso está investido de una racionalidad económica incuestionable que le dice cómo usar la mercancía trabajo.

Establecido el anterior dogma de fe el siguiente paso es anatematizar a los críticos, como con la simpleza y el autoritarismo que la caracteriza hace, entre tantos otros, la sra. De Cospedal. Las protestas, según ellos son injustificadas porque la reforma, de la que se oculta su contenido, ha sido adoptada por un partido que ha recibido el apoyo electoral masivo de la población. Este argumento es profundamente falaz por tres motivos cuanto menos. En primer lugar el PP recibió 10.500.000 votos, mientras que el anterior gobierno del PSOE había obtenido en 2008 11.000.000 de votos. El que con menos votos se pueda obtener la mayoría absoluta solo es achacable al arte de birlibirloque de la ley electoral, no, es claro, a un mayor consenso social. Por cierto que ese mayor número de votos del anterior partido del gobierno no impidió al PP desarrollar una agresiva campaña de desgaste en las Cortes y fuera de ellas, en donde sus medios afines no dudaron (ni dudan) en recurrir a la mentira, el insulto y otros recursos propios de regímenes fascistas.

En segundo lugar porque en democracia la legitimidad del Parlamento no la única legitimidad. Los sindicatos, en concreto, como bien claro establece el art. 7 de nuestra Constitución, son piezas esenciales de nuestro sistema institucional (el art. 7 está en el Título Preliminar) y están para defender los intereses de los trabajadores. Uno de los problemas de las democracias representativas es la gran distancia que existe entre representantes y representados y, por lo mismo, se trata de mejorar su calidad reconociendo otras legitimidades que actúan por otros mecanismos, como son la concertación social o el recurso a la expresión directa, a la huelga y manifestaciones, cuando es necesario.

En tercer lugar porque el Gobierno y su partido, con un acuerdo bajo la mesa con la organización empresarial, han actuado de mala fe cegando la vía de la concertación y ocultado al pueblo los contenidos de esta contrarreforma. Pocas semanas antes de que se dictase el RD-L 3/2012 lo sindicatos confederales (mayoritarios en este país de modo abrumador según las recientes elecciones acabadas en diciembre de 2011)) firmaron con la CEOE el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva en el que arbitraban unas prudentes medidas para adecuar las relaciones laborales a los tiempos de crisis, que incluían moderación salarial y flexibilidad interna negociada. Ese Acuerdo ha saltado por los aires porque el Gobierno lo desconoció y aplicó esta contrarreforma de manera urgente no justificada, que tenía previamente preparada, y que fue ocultada a la ciudadanía en la campaña electoral.

La Sra. De Cospedal se preguntaba qué les decían los sindicatos a los parados. Es muy claro, les dicen que hay que defender la dignidad del trabajo ante un ataque tan duro como este que pone en peligro los valores de la democracia. En cambio el PP, fiel servidor de la más rancia oligarquía, les dice que, como meros portadores de una mercancía de usar y tirar, deben doblegarse a los dictados de los patrones.

Joaquín Aparicio Tovar