En 1937 Pablo
Neruda escribió un hermoso poema titulado “Explico algunas cosas” en el que
daba cuenta de un cambio importante de su poesía y del abandono de “la
metafísica cubierta de amapolas”. Ya había sido asesinado su amigo Federico
García Lorca. Hoy, el presidente de nuestro Tribunal Constitucional también
debería explicar algunas cosas. En estos tiempos la memoria colectiva es
frágil, parece como si estuviera sufriendo la enfermedad de Alzheimer y, por
eso mismo, conviene recordar algunas cosas de nuestro reciente pasado. Una de
ellas fue la hostilidad con que la derecha española recibió el advenimiento del
Tribunal Constitucional y, más en concreto, una parte del poder judicial.
Se le acusaba de ser “un tribunal político” frente al poder judicial que, por
supuesto, no lo era. En ese mismo sector judicial estaba muy extendida la
idea de que la
Constitución era “programática”, y que la función de los
tribunales consistía en resolver las pretensiones de los justiciables aplicando
las leyes, no la
Constitución. Se pueden encontrar algunas decisiones de
ciertos tribunales que confirman lo dicho. Hoy ese tipo de decisiones, por
fortuna, parecen piezas arqueológicas, pero para que esto sea así ha sido
fundamental la aportación académica, el buen hacer de otros muchos jueces y
magistrados y, de modo determinante, la labor del Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional en estos años se ha ganado prestigio, respeto,
legitimidad, en definitiva, por el rigor de los argumentos esgrimidos en sus
sentencias.
Pero aquella
hostilidad inicial ha estado siempre latente y en los últimos años se han hecho
evidentes los intentos de erosionar el prestigio adquirido, hasta el punto que
no se ha dudado en recurrir, en momentos muy concretos, a insidiosos
ataques a través los medios de formación de opinión. La militancia en el
PP del magistrado Pérez de los Cobos, posteriormente elegido Presidente, en
este contexto, no deja de ser problemática. Porque aunque en si en sí misma no
se considere causa de incompatibilidad, como han entendido la mayoría de los
magistrados y magistradas del TC, no puede obviarse la profunda crisis en la
que está sumida la sociedad española, crisis no solo económica, sino política y
moral, que afecta todas las instituciones del Estado y obliga a una mayor
transparencia y exquisito comportamiento a quienes ocupan cargos públicos.
Los partidos
políticos, como dice la
Constitución en su título preliminar “son un instrumento
fundamental para la participación política” y, por ello, prima facie, militar en un partido, no puede ser en
modo alguno motivo de menosprecio o infravaloración social. Todo lo contrario.
La actividad política es una de las más nobles actividades a las que puede
dedicarse un o una ciudadana, y si bien es cierto que no tiene porque
quedar canalizada en exclusiva a través de los partidos, no lo es menos que
quienes opten por hacerlo de esa forma, también deben gozar de dicha nobleza si
la práctica de ese partido discurre en el respeto a los valores
democráticos, como también pide nuestra Constitución. Cuando un partido no
condena el franquismo, tolera actitudes fascistas o incurre repetidamente en
corrupción, la nobleza de la actividad política desaparece.
Hay también
una práctica que se compadece mal con los valores democráticos cual es la
ocupación de las instituciones más importantes del aparato del Estado para
usarlas como apéndice de propio partido. Algo de esto es lo que puede estar
pasando en la actualidad en España desde que el PP alcanzó la mayoría absoluta
en las Cortes, por arte del birlibirloque de la ley electoral. Un ejemplo de la
ocupación de las instituciones pueden ser las maniobras para conseguir el
nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de alguna persona con
escuálidos méritos, pero de fidelidad demostrada a los dictados de las fuerzas
de la derecha. Y es en este contexto donde la militancia del actual
presidente “cruje”, una militancia que fue ocultada en el trámite
correspondiente ante el Senado. “Las apariencias son muy importantes, porque lo
que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los
Tribunales deben inspirar “, dijo el propio Tribunal Constitucional en la STC 162/1999.
El Dr. Pérez
de los Cobos debería dar, en pos de la exigible transparencia y exquisito comportamiento,
algunas explicaciones sobre su papel como de administrador único de una
sociedad fundada en 2003 llamada Labour
Prospectives, dedicada a la
“elaboración de estudios en el ámbito de las relaciones laborales, análisis de
la negociación colectiva y asesoramiento general en el ámbito social”.
Esa sociedad suspendió sus actividades cuando el actual presidente fue nombrado
magistrado constitucional, en estricto cumplimiento de la prohibición de
desarrollar actividad profesional o mercantil que impone el art. 159.4 de la Constitución , pero
parece que hasta ese momento tuvo una no desdeñable actividad a juzgar por
facturaciones de los años 2009 y 2010 que superan en mucho el salario anual de
un catedrático universitario. Sería bueno que, para despejar cualquier duda de
imparcialidad objetiva (no haber tomado postura previa sobre el tema que se
debata en el Tribunal) y subjetiva (no haber tenido relaciones indebidas con
las partes) se aclarase qué estudios o asesoramientos, quién y para quién
se han realizado. Por otro lado, a la vista de la dedicación
universitaria del Dr. Pérez de los Cobos, debería también explicar la
compatibilidad de su condición de administrador único de la citada sociedad con
la de profesor a tiempo completo que implica la prohibición de actividades
profesionales o mercantiles. La legislación universitaria da la
posibilidad de que los profesores a tiempo completo suscriban contratos por
servicios remunerados con personas físicas o jurídicas siempre que quien
facture sea la Universidad ,
que retendrá para sí misma el 20 por ciento del importe total.
Todos estos
extremos deberían de ser explicados si el Presidente quiere que la legitimidad
del Tribunal no sufra menoscabo.
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