Como cigüeñas al campanario por San Blas,
vuelve con el nuevo-viejo Gobierno la reforma de las pensiones, o de algunas de
ellas. Esta vez la urgencia de la reforma que reclaman determinados agentes
económicos y sus intelectuales orgánicos tiene una base real de justificación
cual es el déficit de la Seguridad Social que se ha ido paliando con el Fondo
de Reserva, cosa que no es posible seguir haciendo, como es evidente. Ante la
negociación que se ha abierto en el marco del Pacto de Toledo, algunas
puntualizaciones parece conveniente hacer.
La primera es que todas las partes
presentes en las negociaciones, empezando por el Gobierno, están obligadas a
hacer una declaración pública, solemne, unánime e inequívoca de que las
pensiones se van a mantener porque se toman en serio el mandato del art. 41 de
la Constitución. Es, ni más ni menos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y
dejar de usarla para tirársela a cabeza en los debates sobre la organización
territorial del Estado. La seguridad y tranquilidad de la población lo merecen
más que sobradamente.
La segunda es que como el problema del
déficit tiene su razón de ser en la caída de los ingresos del Sistema y no en
un exceso de gastos porque las pensiones ya han sido recortadas, entre otras
cosas, con el índice de revalorización que se introdujo en 2013 y más que lo
van a ser en el cálculo de su cuantía inicial cuando se aplique, si es que se
llega a ello, el factor de sostenibilidad, el objetivo de la reforma debe de
ser mejorar sus fuentes de financiación.
Si como es evidente, y todo el mundo no
puede sino estar de acuerdo, que la devaluación salarial, el desempleo, la
temporalidad de los contratos de trabajo y el contrato a tiempo parcial son una
de las razones de esa caída de ingresos, parece oportuno atajar ese mal, para
ello la primera medida ha de ser reforzar e incentivar la negociación
colectiva, en especial la de sector porque es la mejor garantía de la mejora
salarial de miles de trabajadoras y trabajadores de las pequeñas y medianas
empresas que son la mayoría del tejido productivo español. La rectificación de
la reforma laboral se impone y si el Gobierno y los partidos que lo sostienen
no lo hacen están con claridad siendo falsarios cuando pregonan que defienden
la Seguridad Social.
Pero para mejorar los ingresos del Sistema
también hay que eliminar medidas erróneas y contraproducentes que se han
aplicado en el pasado reciente, como las bonificaciones y, sobretodo, las
deducciones directas a los empresarios de su cuota por contingencias comunes.
Las llamadas tarifas planas no sirven para la creación de empleo de calidad,
pero si para drenar los recursos de la Seguridad Social.
Otro camino para mejorar los ingresos es
la eliminación del tope de cotización establecido hoy en 3.642 € brutos al mes.
Todo lo que supere esa cifra está exento de cotización a la Seguridad Social,
lo que es injusto porque quienes ganan menos son solidarios con el cien por
cien de sus ingresos y los mejor retribuidos lo son solo en parte. Una perversa
solidaridad inversa. No es argumento decir que también hay topes de prestación
porque, como es bien sabido, nuestro Sistema (como todo que merezca el nombre
de Seguridad Social) funciona con el sistema financiero de reparto, es decir,
no hay relación sinalagmática entre las cuotas y las prestaciones. Otra cosa es
que la prudencia aconseje revisar al alza los topes de prestación (que pueden
seguir existiendo) y ahí es donde hay que hacer finos cálculos actuariales.
Mejorar la calidad del empleo (por tanto
subidas salariales) y corregir los mecanismos que drenan las fuentes de
recursos al Sistema es una necesidad cuando se observa que según datos del INE
el salario medio bruto mensual en 2014 (son los datos que dispongo, pero no
debe haber cambiado mucho) era de 1.904,8 €, siendo el salario modal (esto es,
el más frecuente) 1.374,2 € y 1.605,3 € el mediano. Si tenemos en cuenta que el
INE para estos cálculos parte de los salarios percibidos por quienes están en
alta a la Seguridad Social al menos dos meses, hemos de concluir que las
remuneraciones de los asalariados en su conjunto son inferiores porque es bien
sabido que una cantidad enorme de los contratos tienen una duración inferior a dos
meses y que los trabajadores temporales y a tiempo parcial tienen salarios más
bajos.
La tercera tiene que ver con la
financiación de la Seguridad Social por transferencias desde el Estado, esto
es, por impuestos. Se está hablando de financiar ya las prestaciones de
viudedad por esta vía. Hoy por hoy aproximadamente el 83 por ciento de los
recursos del Sistema provienen de las cotizaciones sobre salarios. No parece
descabellado reducir esa proporción aumentando la vía impositiva en un mundo en
el que nos están diciendo que la robótica y las nuevas tecnologías nos llevan a
una cuarta revolución industrial en donde la producción de bienes y servicios
precisará menos trabajadores pero aumentará los beneficios empresariales.
Permanecer en la jaula de la llamada contributividad lleva indefectiblemente a
la reducción de las prestaciones en clara oposición a la suficiencia de las
mismas que manda la Constitución. Pero este es un debate que hay que hacerlo
con tranquilidad y calma, mientras que ahora es urgente allegar recursos al
Sistema. Conviene recordar que el art. 109 del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social dice que las prestaciones a las que llama
contributivas se financiarán “básicamente” con cotizaciones sociales, pero no
cierra la vía para la financiación por impuestos, que pueden ser finalistas
para evitar un uso imprudente de la discrecionalidad por el legislativo. Ese
debate no debe de ser reservado a “los expertos”, es algo que concierne a toda
la sociedad y en especial a los trabajadores, por eso no estaría de más que los
sindicatos tuvieran en perspectiva un referéndum sobre esta materia, como
autorizadas voces ya han sugerido.
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