La editorial Bomarzo acaba de publicar un
libro de la Dra. Teresa Nahas con el titulo Reflexiones sobre
los efectos del capital globalizado en las relaciones de trabajo, que lleva
un prólogo de Joaquín Aparicio
Tovar que parcialmente se reproduce aquí. Con su publicación queremos animar a
leer tan interesante libro.
En 1975 el escritor británico John Berger
y el fotógrafo suizo Jean Mohr publicaron un libro sobre la emigración en
Europa, con el objetivo de mostrar que las economías de los países ricos dependían
de la mano de obra de naciones más pobres, aunque el libro es mucho más que
eso. En ese libro, titulado Un séptimo hombre, puede leerse
que “para el capitalismo no es concebible que el subdesarrollo pueda ser una
situación de pobreza insuperable, de la que no se pueda salir. Y, sin embargo,
el capitalismo mantiene a casi la mitad del mundo precisamente en esa
situación. Esta contradicción entre la teoría y la práctica es una de las
razones por las que el capitalismo y sus instituciones culturales ya no son
capaces de explicarse a sí mismos ni de explicar el mundo”. En los ya bastantes
años que desde entonces han pasado han tenido lugar importantes
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, sin embargo,
como reconoce John Berger en un prólogo a una nueva edición en 2002, el
libro no ha dejado de ser de actualidad. Es más, “es hoy más incisivo, más
apasionado y más conmovedor que cuando se publicó la primera vez”. Esas mismas
palabras son plenamente válidas hoy. Probablemente ello se debe a que, a pesar
de las crisis, no solo no han cesado los movimientos migratorios hacia Europa,
así como hacia otros lugares del planeta considerados “primer mundo”, sino que
han tomado una dimensión mucho mayor en todos los sentidos que han dejado
pequeño el secular desgarro que toda emigración conlleva. Hoy los movimientos
de personas que buscan una vida mejor tienen un dramatismo tal que han
convertido al Mediterráneo, cantado por Homero como el “mar color de vino”, en
una enorme fosa común de miles de ignotas personas que no pudieron alcanzar la
tierra en la esperaban realizar sus aspiraciones de dejar atrás la pobreza o la
guerra o las persecuciones religiosas, políticas, raciales o de origen sexual.
El capitalismo “realmente existente” de
nuestros días ha acentuado su fracaso y ahora condena a la pobreza, a la
exclusión social, no solo a una parte importante de poblaciones de los países
eufemísticamente llamados “en vías de desarrollo” (un desarrollo que nunca
llega), sino también a una parte cada vez más amplia de la clase
trabajadora de los mismos países hegemónicos con un aumento exponencial de la
desigualdad. El informe Oxfam de enero de 2016, Una economía al
servicio del 1%, citando fuentes de Credit Suisse, revela que el 1% de la
población mundial más rica acumula más riqueza que el 99% restante, así mismo
pone de manifiesto que “en 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que
3.600 millones (la mitad más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010,
eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo
se ha incrementado en un 44% en apenas cinco años, algo más de medio billón de
dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.
Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se
redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del 41%.
Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial
sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que
el 50% de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.
Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en
quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de tres
dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado
menos de un centavo al año”.
Estos datos muestran que el siglo XXI ha
empezado mal y las cosas no van camino de mejorar, más bien al contrario. Si al
aumento descarnado de la pobreza le sumamos las guerras y otras persecuciones
de grupos de poblaciones, es inevitable que los flujos migratorios alcancen en
el futuro una dimensión todavía mayor de la actual.
Todo esto se ha producido en un tiempo en
el que se ha acelerado la circulación a escala planetaria de mercancías, de
capitales, de servicios y se ha hecho posible la difusión masiva y rápida de
formas culturales, generalmente nacidas en los países metropolitanos, merced a
las nuevas tecnologías de la comunicación que no escapan al control de
minoritarios grupos económicos. El capital financiero ha dominado a la economía
mundial cada vez más controlada por una business community que
erosiona la soberanía y autonomía de los Estados-nación. Es lo que de modo
resumido se suele denominar “globalización”.
La preocupación ante este estado de cosas
movió, o tal vez conmovió, a la doctora Thereza Nahas, desde su sensibilidad de
jueza de los social de Sao Paulo, a enfrentarse a ellas para preguntarse cual
debe ser el fin de las normas sociales, para preguntarse si hoy sigue siendo
válida la aspiración a la justicia social universal como base de la paz mundial
que en su Constitución preconiza la Organización Internacional del Trabajo.
Para ello acomete un riguroso estudio que parte, como no podía ser de otro
modo, de un análisis de la globalización en el que constata cómo mientras el
capital se mueve prácticamente sin los obstáculos de las fronteras, para los
trabajadores, en cambio, estas se levantan muchas veces como muros
infranqueables, con la consecuencia adicional de que, en ese movimiento a
escala planetaria, el capital juega con una especie de “mercado” jurídico para
tener en cuenta en la elección de los países destinarios de inversiones
aquellos en los que los ordenamientos jurídico-laborales sean más complacientes
con los empresarios en una especie de subasta a la baja de las garantías de los
derechos de los trabajadores. El Doing Business del Banco
Mundial ha sido un buen y vergonzante ejemplo de ello. Pero si esto ha de
ser así, la doctora Nahas pone claro que nuestro sistema democrático y
civilizatorio empieza a tener serias quiebras porque si se reducen las normas
laborales a que sean eficientes para la actividad económica pierden todo su
sentido, que no es otro que buscar una aceptable igualdad entre partes social y
económicamente desiguales (trabajador y empresario). Se ha producido entonces
un desequilibrio excesivo en favor de la parte más poderosa de la relación de
trabajo y se pone en evidencia el “mito de la globalización” como generadora de
riqueza y bienestar.
No se trata de que en un mercado mundial
de trabajo, que cómo se acaba de decir, la existencia de fronteras para los
trabajadores demuestra que no es tal, los trabajadores más cualificados en el
dominio de las nuevas tecnologías serán los ganadores frente a los perdedores,
los poco cualificados que por efecto de la deslocalización productiva van a
permanecer en los países subdesarrollados. El profundo y muy interesante
estudio que lleva a cabo sobre los trabajadores fronterizos, los migrantes y
los desplazados con ocasión de una prestación de servicios muestra que la
mayoría de los trabajadores pierde y para ello trae a colación el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá.
Pero en una investigación de este tipo era
obligado estudiar los fenómenos de integración regional que en el mundo se han
producido, en concreto el MERCOSUR y, sobretodo, la Unión Europea, a la que
dedica especial atención por ser el ejemplo más avanzado de integración que
puede encontrarse, lo que es muy meritorio para una investigadora brasileña no
habituada a las categorías, con frecuencia abstrusas, de su derecho y sus
relaciones con los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. La Unión
Europea es una creación excepcional de un momento histórico preciso, como
señaló el gran historiador Eric Hobsbawm, que tenía el impulso ético de
alcanzar la paz entre los Estados europeos, secularmente desgarrados por
guerras entre ellos, y por alcanzar paz social en el interior de cada uno de
esos Estados mediante el reconocimiento de derechos sociales, cosa que se
plasmó en las constituciones que reconocen el Estado Social y Democrático de
Derecho como una superación de las muy imperfectas democracias liberales. El
desarrollo económico que la integración debería de traer, que es básicamente
competencia de las instituciones supranacionales, no debería arrumbar los
derechos sociales, más bien garantizados en las constituciones nacionales, pero
al basarse la Unión las cuatro libertades fundamentales de libre circulación de
mercancías, libre circulación de capitales, libre circulación de personas, es
decir de trabajadores, y libre prestación de servicios y establecimiento, no
cabe duda que la tensión entre lo económico (más bien anclado en el espacio
supranacional) y lo social (más bien anclado en el espacio nacional) ha estado
siempre latente. El embate de la globalización neoliberal y su influencia
ideológica en los gobiernos de los Estados miembros, además de la ampliación a
partir de 2004 a los países del Este de Europa, una vez en la órbita del
“socialismo realmente existente”, ha roto el delicado e inestable equilibrio,
que con sus altibajos, se había mantenido hasta el inicio del nuevo siglo. En
concreto, la libre prestación de servicios y establecimiento está chocando con
la garantía de derechos sociales y está empezando a provocar un social
dumping entre los Estados europeos al permitir cierta jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (casosViking, Laval, Rüffert,
entre otros) la aplicación de la ley del país de origen a los trabajadores
desplazados temporalmente con ocasión de una prestación de servicios. Eso ha
sido posible porque la relativa, aún con sus excepciones, homogeneidad entre
los ordenamientos jurídico-laborales de los Estados que existía antes de la
ampliación de 2004 se ha roto, a lo que hay que añadir el uso ( mejor abuso) de
las técnicas de descentralización productiva por parte de las empresas. El
Tribunal de Justicia, frente la jurisprudencia de los años noventa, ha relajado
considerablemente la protección de los derechos de los trabajadores y la
prohibición del social dumping como una exigencia imperativa
de interés general limitadora de la libertad de prestación de servicios. Pero
nada está escrito en piedra para que perdure eternamente, como la STJUE en el
caso Ammattiliito permite atisbar.
El estudio de las tensiones en el derecho
de la Unión Europea entre la libre prestación de servicios y la protección de
los derechos de los trabajadores le ha llevado a la doctora Nahas, en un
magnifico ejemplo de coherencia, a estudiar estos problemas más allá de sus
fronteras, en concreto, a estudiar la influencia sobre los derechos sociales de
la actividad de la Organización Mundial del Comercio, que tiene como objetivo
la liberalización del comercio mundial y, más en concreto, el Acuerdo General
del Comercio de Servicios, que en su modo 4 se refiere, precisamente, a los
servicios que exigen para su prestación desplazamientos de trabajadores. Es
crítica con la dirección que va tomando la liberalización del comercio basada
en el dogma, que la experiencia evidencia falso y el citado informe Oxfam
demuestra, de que la eliminación de reglas (incluidas las del trabajo) trae
mayor riqueza para todos, al contrario, considera que “pese a que la fuerza de
trabajo integra la organización empresarial en ningún momento los planes
económicos se han preocupado de proteger a los trabajadores de las
consecuencias del capital globalizado” por lo que quedan expuestos a poderes
muy superiores y fuera de su control.
El Acuerdo Transpacifico de Cooperación
Económica (TPP en sus siglas en inglés) y el Transatlantic Trade and Investment
Partnership que se está negociando casi en secreto por la Comisión Europea y los
Estados Unidos merecen atención de la Dra. Nahas. Sobre ellos no puede sino
llegar a conclusiones muy críticas pues la experiencia del TPP muestra que la
desigualdad en países como México o Perú lejos de disminuir aumentó. Las
previsiones, que por lo que se ha sabido, se pretende hace el TTIP sobre las
demandas ante tribunales de arbitraje que pueden hacer las empresas
transnacionales contra los Estados huyendo de la jurisdicción de los tribunales
ordinarios, así como la llamada “cooperación regulatoria” entiende que no harán
sino empeorar los estándares de protección de los derechos sociales.
Después de este recorrido por tan
complejos problemas podría pensarse que la respuesta a aquellos interrogantes
sobre si en este mundo global hay un espacio para las normas sociales que
ofrezcan tutela para conseguir mayores cotas de justicia social podría ser
negativa o pesimista y, sin duda, la Dra. Nahas no niega la evidencia que
apunta en ese sentido, pero su trabajo tiene mucho de denuncia y de apuesta por
una reconstrucción del Estado Social y Democrático sobre nuevas bases que no
sean las de la globalización neoliberal. Una reconstrucción enmarcada en una
mayor implicación con la construcción de un orden supranacional que tenga como
punto de referencia un renovado papel de los Convenios de la OIT para que el
trabajo humano deje de ser efectivamente tratado como una mercancía. No parece
que, por el momento, las cosas vayan en esa dirección pues, al contrario, los
Gobiernos, con demasiada frecuencia, se comportan como fieles servidores de los
grandes poderes económico-financieros privados, según estamos viendo en la
reciente evolución en Europa y América Latina, pero el futuro no está
escrito.
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