El gran apoyo que la ciudadanía ha dado a
las convocatorias por unas pensiones dignas hechas por plataformas de
pensionistas y sindicatos está empezando a romper el muro de falacias y
obscuridad que sobre esta materia férreamente han construido los poderes
financieros a través de sus órganos mediáticos, académicos y políticos.
Una primera falacia que queda al
descubierto tiene que ver con los procedimientos legislativos. El PP y
Ciudadanos están apelando al consenso en un asunto como este, que descubren
ahora ser “de Estado” y que no debe utilizarse como arma arrojadiza en la
contienda electoral. Pues bien, la ley 23/2013, que introdujo el índice de
revalorización con abandono de la referencia al IPC y ha traído el aumento este
año de las pensiones un 0,25 %, así como el factor de sostenibilidad que se
aplicará el 1 de enero de 2019, fue aprobada en solitario por el PP siguiendo
sus arraigados hábitos de despreciar cualquier forma de consenso cuando dispone
de la mayoría parlamentaria suficiente. Lo hizo aún dejando en el estado
moribundo en el que está el Pacto de Toledo. Pero, además, el consenso
reclamado hoy es falso porque exigen el mantenimiento de ese índice de
revalorización y del factor de sostenibilidad.
La segunda falacia tiene que ver con el
respeto a la Constitución. El PP y Ciudadanos son llamados
“constitucionalistas” por los medios del establishment, pero solo
usan la Constitución como cachiporra para ser utilizada en la “cuestión
catalana”, no cuando se trata de derechos sociales. En concreto, pasan por alto
que tanto el art. 41, como el 50 de la Constitución mandan a los poderes
públicos garantizar pensiones periódicamente actualizadas y suficientes ante
los estados de necesidad. Suficientes, no mínimas. Ese es un
mandato constitucional que no queda al capricho del Gobierno de turno y, por
ello, la afirmación de M. Rajoy de subir las pensiones cuando se pueda es
contraria a él. No es “cuando se pueda” sino que se tiene que poder, y para eso
cualquier Gobierno tiene a su disposición no pocos medios, lo que no tiene el
Sr. Rajoy es voluntad política. Es más, al defender el mantenimiento del factor
de sostenibilidad se está negando a sí mismo la posibilidad de subidas futuras
de la pensión, pues ese factor es un mecanismo de ajuste automático (esa es su
gran virtud para sus defensores) de la cuantía inicial de la pensión en
función de distintos índices, básicamente la expectativa de vida de la cohorte
de los pensionistas que llegan a la edad pensionable calculada cada cinco años,
y los ingresos y gastos del Sistema, que inevitablemente traerá una rebaja,
como el mismo Gobierno reconocía en el Programa Nacional de Reformas de 2014
enviado a la Comisión Europea al afirmar que gracias al factor de
sostenibilidad se producirá “una minoración del gasto de largo plazo del
Sistema de pensiones, estimada en 0,5 % del PIB en el horizonte del 2050”, lo
que implica que cada pensionista recibirá una pensión más baja y, de ese modo,
se afirma en ese documento, se neutraliza el impacto del aumento de la
esperanza de vida. Es decir, se penalizará vivir más.
La tercera falacia tiene que ver, otra
vez, con la herencia recibida ya que se repite el mantra de que un exceso de
gastos fue lo que nos llevó a la crisis. Hay que recordar que en 2007 la
Seguridad Social tenía superávit que permitía engrosar el Fondo de
Reserva, el Estado español no tenía déficit, sino también
superávit, que la deuda pública era del 35,6 % del PIB, muy inferior a la
alemana (hoy con las políticas del PP está casi en el 100 %), pero había una
gran deuda privada. La crisis de 2008 no empezó en España y fue producida por
los excesos del capital financiero desregulado sin que nadie le haya obligado a
encarar sus responsabilidades. El problema estaba en que, entonces como ahora,
el sistema fiscal español es injusto, el Estado recauda poco de acuerdo con los
estándares europeos y lo hace, básicamente, a través de las rentas del trabajo
y del consumo (IRPF e IVA). Es regresivo en contra de lo mandado, otra vez, por
la Constitución. En ese contexto no puede olvidarse que en torno al 83 % de los
ingresos del Sistema de la Seguridad Social provienen de cuotas calculadas
sobre los salarios de los trabajadores y, por tanto, cuando el desempleo
aumenta y los salarios se devalúan, de modo inevitable se resienten sus
ingresos mientras los gastos en prestaciones son ineludibles.
Esto lleva a la cuarta falacia, que tiene
que ver con que solamente creando empleo se pueden subir las pensiones. Es
claro que el pleno empleo, al que nuestra Constitución manda orientarse la
política económica, es altamente deseable, no solo para la financiación del
Sistema de la Seguridad, pero aquella afirmación esta implícitamente
manteniendo que la financiación de las pensiones ha de hacerse a partir de
cuotas calculadas sobre los salarios, cuando en parte alguna está establecido
que necesariamente tenga que hacerse de ese modo. Esa es una trampa para meter
las pensiones en la jaula de la contributividad, que consiste en distinguir
entre prestaciones contributivas, que son aquellas de naturaleza dineraria que
se proveen sin exigir a cambio prueba de la necesidad a la persona perceptora,
y no contributivas o asistenciales, que en cambio si piden esa prueba, esto es,
demostrar que no se tienen recursos personales para afrontar la situación de
necesidad. Las contributivas exigen por lo general el cumplimiento previo de
determinados requisitos. La jubilación, por ejemplo, exige un periodo de
cotización mínimo de 15 años, cosa que no se pide para las asistenciales. La
trampa viene cuando se mezcla aquella distinción con la financiación al ligar
la financiación de las contributivas con las cotizaciones y la de las las
asistenciales con los impuestos generales. Pero como se acaba de decir, en
parte alguna está dicho que las prestaciones contributivas, entre ellas las
pensiones de jubilación, tengan que financiarse de ese modo, muy por el
contrario, el art. 109 de la vigente Ley General de la Seguridad Social dice
que las prestaciones contributivas se financiarán “básicamente” con
cotizaciones sociales, pero deja abierta la puerta para que, si es necesario,
se financien también con otros recursos, en especial con impuestos.
Lo anterior nos lleva a la sexta falacia:
la de que la demografía obliga a reducir y recortar las pensiones. El
razonamiento es más o menos este: Puesto que todos los Sistemas de la
Seguridad Social que merecen ese nombre ponen en práctica el esencial principio
solidario a través del mecanismo financiero de reparto, es decir, los activos
actuales sufragan las prestaciones de los pasivos actuales, y puesto que en el
futuro (se dice 2050) habrá muchos pasivos por el alargamiento de la esperanza
de vida y pocos activos por la bajada de las tasas de natalidad, a lo que hay
que habría que añadir los efectos de la menor necesidad de trabajadores para
producir bienes y servicios merced a la utilización de las nuevas tecnologías,
la conclusión es clara: de nuevo hay que reducir las pensiones. Pero este
razonamiento no es correcto porque, por una parte, las proyecciones
demográficas a largo plazo no son exactas, por otra, y esto es muy importante y
se mezcla con lo anterior, ese razonamiento pasa por alto que la financiación
de las pensiones no solo se puede hacer con cuotas sobre salarios, sino que si
con menos trabajadores se pueden producir más bienes y servicios no se ve bien
porqué no se puede dedicar a las pensiones una parte del aumento del PIB que
trae el progreso científico y la nueva organización de la producción. Claro es
que eso exige medidas fiscales progresivas, es decir, los que más tienen deben
pagar más. Debe recordarse que desde finales del siglo XX en todo el mundo, y
muy acusadamente en España, se ha revertido la situación en el reparto de la
riqueza total frente a la situación anterior en la que el trabajo superaba a
las rentas del capital en el reparto de la renta nacional. Hoy el 54 % del PIB
va a las rentas del capital y el 46 % a las del trabajo. Parece que la lucha de
clases existe y por el momento la va ganando la oligarquía, como reconocía el
financiero norteamericano Warrent Buffet. Con un sistema tributario justo
se puede garantizar la vida digna de los pensionistas. Pero eso, claro, no es
del agrado de los patrones de Ciudadanos y del PP.
Las reformas de 2011 y, sobretodo, de 2013
traen una reducción de las pensiones para llevarlas hacia un mínimo que en
algunos casos no será ni de subsistencia y, de ese modo, tratan de favorecer
los fondos privados de pensiones en los que tiene puesto el ojo el capital
financiero. En 1994 el Banco Mundial preconizaba construir los sistemas de
protección social en base a tres pilares, uno publico, universal, obligatorio y
de reparto, un segundo de capitalización con gestión privada, pero obligatorio
y colectivo ligado a la negociación colectiva y un terceo de
capitalización, voluntario, individual y privado. Pero a la vista del fracaso y
del drama que ese esquema trajo allí donde se aplicó (en muchos países de
América Latina) el Banco Mundial hizo un poco de autocrítica y en 2004, si
abjurar del todo del esquema de los tres pilares, preconizaba un reforzamiento
del primero, del público y de reparto. La Comisión Europea, sin embargo,
recomienda a los Estados esa vieja receta del Banco Mundial. Anima a fomentar
los fondos de pensiones, a pesar de que reconoce su escasa rentabilidad y sus
altos costes y pasa por alto que rompen el esquema solidario del Sistema de la
Seguridad Social en una huida a la más vieja técnica de atención de las
necesidades sociales: el ahorro. Ignora también que solo los más pudientes
pueden ahorrar. ¿Qué va a ahorrar quien apenas puede llegar a fin de mes? Los
fondos de pensiones ligados a la negociación colectiva, por otro lado, estarían
dirigidos a una especie de “aristocracia obrera” de las grandes empresas.
Disciplinadamente el Gobierno del PP, en el citado Programa Nacional de
Reformas, reconocía paladinamente que tiene “voluntad de fomentar la previsión
social voluntaria”. No es de extrañar que los medios dominantes de construcción
de la opinión, cuya propiedad está en manos del capital financiero, amplifiquen
esas falacias y manipulen la información, pero no parece que convenzan a los
miles de personas que se ha echado a las calles estos días.
Margaret Thatcher y sus secuaces repetían
de continuo el slogan “There Is Not Alternative” (TINA) a su política
neoliberal y autoritaria, pero ahora se ve que en materia de pensiones y en
otras muchas claramente “There Is Alternative”, hay alternativa.
Volviendo a la primera falacia conviene recordar que el 5 de julio de 2017 el
Grupo Parlamentario Unidos Podemos- en Marea, presentó una propuesta de ley que
fue admitida por la mesa del Congreso y publicada en su Boletín de 8 de septiembre
para revertir las reformas de 2011 y 2013 y modernizar el Sistema de la
Seguridad Social. Esa proposición, entre otras cosas, prevé eliminar el factor
de sostenibilidad y volver a la revalorización de acuerdo al IPC, pero fue
vetada por el Gobierno en uso abusivo del art. 134.6 de la Constitución,
demostrando su incapacidad o miedo a un debate abierto cuando no tiene mayoría
absoluta. En esa proposición se articulaban mejoras de la financiación que ya
mismo son posibles. Igual suerte han corrido otras proposiciones más recientes
para eliminar el índice de revalorización y el factor de sostenibilidad hoy
cuestionados. Este desprecio del Parlamento es preocupante. No es de extrañar
que la gente se movilice en la calle.
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