LA EXTREMA DERECHA EN UN EJERCICIO DE PATRIOTISMO...

... DESCUBRE QUE EL DERECHO SOCIAL NO PROTEGE AL TRABAJADOR. (PORQUE PARA HACERLO HAY QUE PROTEGER ANTES AL EMPRESARIO)

Los servicios de información de la República de Parapanda no descansan y en su afán por conocer las más señeras aportaciones científicas que aparecen en los medios de todo el mundo, dieron con unas revelaciones trascendentales sobre la función del derecho social, que si no han tenido la repercusión mundial que merecen solo se explica por las maquinaciones del contubernio judeo-masónico del comunismo internacional.

Esas grandes verdades se dijeron en un programa nocturno de una cadena televisiva de extremo patriotismo. Lo que algunos resentidos llaman de extrema derecha. En una tertulia en la que se dicen las verdades del barquero con el estilo popular de las barberías de pueblo de los años en los que el Caudillo guiaba los destinos de España, un grupo escogido de comunicadores, con la facundia propia de “sargentos avinados” lanzaban soflamas de cinco centímetros de profundidad a las que respondía el profesor Juan Antonio Sagardoy.

Fueron tres la grandes verdades que emergieron de esas profundidades. La primera: El Derecho del Trabajo no protege al trabajador sino al puesto de trabajo, como en la Rusia soviética y así, claro, el pobre empresario no tiene más remedio que despedir porque hace improductiva su empresa. Eso de buscar el equilibrio entre las partes contratantes desiguales, nada de nada, lo hay que hacer para proteger el trabajador es darle empleabilidad, que se vaya a otro sitio cuando el empresario considere que ya no le sirve. Pero tiene que estar formado para el nuevo trabajo, aunque sea muy distinto del que venía ejerciendo hasta ese momento. Se deducía de aquello que uno hoy puede trabajar de arquitecto y mañana de jardinero, todo es ponerse si se tiene preparación. ¿Cómo se crean esos nuevos trabajos? Evidente querido Watson, por la iniciativa libre del empresario cuando no tenga tantos obstáculos que le pone la legislación laboral.
Segunda verdad, los sindicatos actuales son un estorbo. En ese momento una pregunta que llamaba a la acción salió de la boca de una aguerrida señora “¿Qué hacemos con los sindicatos, profesor?” No hay que gasearles, eso nunca lo dijo el profesor Sagardoy. Hoy por hoy solo hay que quitarles algunas de las funciones que hacen, en concreto en materia de negociación colectiva. Hay que hacer acuerdos de empresa y para eso los sindicatos confederales estorban. Tampoco la CEOE debe tener “el poder” que tiene, porque esta organización y los sindicatos confederales se han convertido en monstruos burocráticos que solo justifican su existencia por la concertación social y por los convenios colectivos supraempesariales.

La tercera verdad, según el profesor Sagardoy, es que eso de que haya derechos sociales a la educación, a la asistencia sanitaria y en general a las prestaciones sociales de todos los ciudadanos, como si fueran “casi como un derecho natural” , eso es un disparate del que tuvo la culpa Olof Palme, quien hay que suponer que en su tumba se habrá sentido muy orgulloso de que se le atribuyan cosas que ya habían dicho William Beveridge, Herman Heller y tantos otros antes que él. Quién sabe si le mataron por creerse tales disparates e intentar llevarlos a la práctica. No señor, habrá prestaciones según se vea como van las cosas en cada momento, pero todo revisable.

Creemos que con esta revelación de los servicios informativos de la República de Paparanda hacemos una contribución para que brille la verdad frente a la conjura de izquierdistas trasnochados que lo que quieren es subir como ratas por el mástil que sostiene la bandera de la libre empresa y de la patria para roerlas. A última hora nos ha llamado el presidente de la CEOE, el sr. Rosell para felicitarnos por nuestra labor y decirnos que las discrepancias con lo dicho en ese programa son menores y que en poco tiempo se arreglaran de la manera que siempre se ha hecho.

¿DÉFICIT?: EL DE DEMOCRACIA EN LA UNIÓN EUROPEA

La obsesión por el equilibrio presupuestario de la derecha europea se ha impuesto en España con una reforma de la Constitución sin que el titular de la soberanía, el pueblo, haya podido pronunciarse. Ha bastado un diktat de las élites que gobiernan la Unión Europea. En la tragedia griega un atropello ha ido detrás del otro. Ha bastado el anuncio de la intención de llamar en referéndum al pueblo para pronunciarse sobre las medidas de ajuste impuestas por la UE, para que los especuladores supranacionales, a quienes los medios de formación de la opinión denominan como “mercados” temblasen primero para, poco después, hacer que reaccionasen sus diligentes servidores (FMI, Comisión Europea, Sarkozy, Merkel). El resultado ya es conocido, en Grecia un gobierno elegido democráticamente ha presentado la dimisión. En Italia, aún con sus peculiaridades, ha ocurrido algo parecido. La pugna entre democracia y “mercados” se está decantando a favor de estos últimos. Las recetas de los organismos internacionales tienen que ser aplicadas por tecnócratas salidos de los intestinos de la gran banca, precisamente la que tanto ha contribuido a la generación de esta crisis. Es un escándalo que gente de Goldman Sachs sea la que tenga las riendas del gobierno económico de Europa. Es como poner al zorro a cuidar del gallinero.

No es extraño que los ciudadanos sientan una desafección de la integración europea, pero como desde la UE se imponen impopulares medidas a los Estados miembros, esa desafección se contagia también de las instituciones representativas de estos. La crisis no es ya económica y social, sino también política. Se ha producido una inversión importante porque muchos ciudadanos europeos podían estar razonablemente orgullosos de la integración europea, conseguida, aún con sus contradicciones y dificultades, hasta el Tratado de Amsterdam, en vigor desde 1999. Parecía en aquel tiempo que Europa estaba en el camino de llegar a ser un ejemplo para el mundo globalizado al ofrecer una fórmula de superación de los límites de los Estados nacionales mediante la creación de lazos de solidaridad entre los distintos pueblos en torno a los derechos fundamentales, en especial los de contenido social, que darían su rasgo distintivo a ese espacio de libertad. Pero la integración empezó su declive con el Tratado de Niza de 2001, la posterior ampliación a los países del este europeo y siguió con el Tratado de Lisboa. Si siempre ha habido una tensión entre las libertades económicas y los derechos fundamentales, a partir de 2001 la balanza se inclinó a favor de aquellas al tiempo que se iniciaba una regresión hacia la renacionalización. La derecha europea, y en concreto el presidente español de entonces, Aznar, volvió de Niza con el orgullo difícil de entender de haber impedido una Europa federal y ahora, de aquellos polvos, estos lodos, porque al estallar la crisis de 2008 las instituciones de la UE fueron incapaces de reaccionar, precisamente cuando más falta hacía la respuesta supranacional. A ellos hay que atribuir una parte de la responsabilidad de la lamentable situación actual.

Una situación en la que no solo se están cercenando derechos sociales, es decir, se está haciendo cargar con el peso de la crisis a los trabajadores, sino que también se están sacrificando las formas democráticas. El déficit democrático que tiene el funcionamiento de las instituciones de la UE se ha justificado como algo transitorio en tanto no emergiera un nuevo pueblo europeo, un demos titular de los poderes soberanos ante el que los dirigentes supranacionales europeos deberían de rendir cuentas. Es la justificación, por ejemplo, que hace el Tribunal Constitucional alemán para mantener sus reticencias a la atribución de competencias a la Unión. La forma de presentar la crisis por los medios de persuasión ha amedrantado a la ciudadanía, ha separado a los distintos pueblos, de lo que es muestra la inicua soledad en la que se ha dejado al pueblo griego, ha acentuado los egoísmos nacionales y alejado la formación de ese demos. Pero se da la paradoja de que, a pesar de la renacionalización que se impuso con el cambio de rumbo de Niza, los Estados nacionales son tan limitados que ahora no pueden dar respuestas eficaces, pero también son evidentes las limitaciones de la UE, lo que se está aprovechando por parte de Merkel y Sarkozy para imponer soluciones que favorecen a las clases sociales dominantes actuando al margen de los Tratados en una esfera intergubernamental de más que dudosa legalidad. No hay pues vuelta atrás a la supranacionalidad, pero la salida a esta crisis se está haciendo a costa de la democracia que si no se corrige puede tener efectos desastrosos.

Joaquín Aparicio Tovar

CON JOAN COSCUBIELA CONTRA LA XENOFOBIA

Joaquín Aparicio Tovar

El candidato al Congreso de los Diputados Joan Coscubiela ha anunciado hace unos días que impulsará, si es elegido, la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que penalice la xenofobia y el racismo. Es una iniciativa necesaria en extremo ante la deriva que está tomando nuestra democracia. Es cierto que los problemas sociales, como algunos que subyacen a la xenofobia, no se arreglan solo con leyes, pero no lo es menos que las leyes, y en particular las leyes penales, deben de expresar la ética de nuestro tiempo que oriente el comportamiento de todo@ los ciudadan@s . Los desvalores más inaceptables en una convivencia civil son los que merecen el rechazo de la sanción penal, y el racismo y la xenofobia son algunos de esos desvalores. Hay que recurrir a la reacción penal cuando personas que ocupan cargos públicos hacen declaraciones xenofóbicas o abiertamente racistas y, al mismo tiempo, dicen estar ejerciendo un derecho democrático de libertad de expresión, así como dicen pertenecer a partidos democráticos que tienen la libertad como enseña (especialmente la libertad de mercado). Es una corrupción de la democracia, pues ante todo la democracia se basa en la igualdad y en la común dignidad de los seres humanos.

Las declaraciones que denigran a quienes son diferentes, las actitudes y las acciones violentas que de modo inevitable les siguen, son manifestación de un grave mal social que con la crisis amenaza con extenderse. No es incoherente que los que se niegan a recordar los horrores del fascismo que todavía hoy mantiene en fosas clandestinas a miles de asesinados por las tierras de España, sean los que amparen y alienten aquellas actitudes. Eso constituye la primera y taimada corrosión de los valores que deben iluminar una sana convivencia democrática.

Los que quieren olvidar aquellos horrores quieren evitar las preguntas ¿cómo pudo ocurrir? ¿cómo algunos seres humanos llegaron a tal grado de abyección? Mucho se ha escrito, pero ahora y aquí recordamos un párrafo del prólogo de la novela de Primo Levi Si esto es un hombre. Primo Levi era un ciudadano de Turín que fue deportado al campo de extermino de Auschwitz en 1944 y fue de los pocos que sobrevivió. En 1958 escribió estas palabras : “Este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con intención de formular nuevos cargos; sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen, más o menos conscientemente, que “todo extranjero es un enemigo”. En la mayoría de los casos esta convicción yace en el fondo de las almas como una infección latente; se manifiesta sólo en actos intermitentes e incoordinados, y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está el Lager. La historia de los campos de destrucción debería ser entendida por todos como una siniestra señal de peligro.”

LA CARTA SECRETA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

La carta del BCE al Gobierno italianoEl texto, publicado (y traducido al Inglés) del "Corriere della Sera", enviado a Italia a principios de agosto con las medidas que deben tomarse como condición (aunque no declarada oficialmente) por el apoyo de las intervenciones del banco central.

Señor Primer Ministro,



El Consejo de Banco Central Europeo el 4 de agosto se ha discutido la situación en los mercados de bonos del gobierno italiano. El Consejo de Gobierno considera que la acción urgente es requerida por las autoridades italianas para restaurar la confianza de los inversores. La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro-21 de julio 2011 llegó a la conclusión de que todos los países del euro reafirman solemnemente su determinación inflexible para cumplir plenamente sus soberanos individuales y la firma de todos sus compromisos con las condiciones sostenible reformas fiscales y estructurales.



El Consejo considera que Italia tiene que fortalecer con urgencia la reputación de la soberana y su firma en su compromiso con la sostenibilidad fiscal y reformas estructurales.El Gobierno italiano ha decidido aspirar a un presupuesto equilibrado en 2014, y para ello, ha introducido recientemente un paquete de medidas. Son pasos importantes, pero no suficientes. En la situación actual, consideramos que las medidas esenciales:



1. Vemos la necesidad de medidas importantes para aumentar el potencial de crecimiento. Algunas decisiones recientes tomadas por el gobierno se mueven en esa dirección, así otras medidas que se están discutiendo con los interlocutores sociales. Sin embargo, se necesita más y es paso crucial en este sentido con la decisión. Los principales desafíos incluyen la creciente competencia, especialmente en los servicios, mejorar la calidad de los servicios públicos y el rediseño de los sistemas impositivos y regulatorios que son más adecuados para apoyar la competitividad empresarial y la eficiencia del mercado de trabajo.a) Se necesita una estrategia integral, la reforma radical y creíble, como la plena liberalización de los servicios públicos locales y los servicios profesionales.



Esto debería aplicarse en particular a la prestación de servicios locales a través de privatización a gran escala.b) Existe también la necesidad de proseguir la reforma del sistema de negociación colectiva sobre salarios, lo que permite acuerdos a nivel de empresa con el fin de reducir los salarios y las condiciones de trabajo a las necesidades específicas de las empresas y hacer que estos acuerdos más relevantes que otros niveles de negociación. El 28 de junio un acuerdo entre los principales sindicatos y asociaciones de la industria se están moviendo en esta dirección.c) se debe tomar un examen cuidadoso de las normas que rigen la contratación y despido de empleados, el establecimiento de un sistema de seguro de desempleo y un conjunto de políticas activas para el mercado de trabajo que son capaces de facilitar la reasignación de recursos para empresas y hacia sectores más competitivos.



2. El gobierno necesita tomar medidas inmediatas y decisivas para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.a) Otras medidas son la corrección necesaria del presupuesto. Consideramos que es esencial para las autoridades italianas para anticipar al menos un año calendario de entrada en vigor de las medidas adoptadas en el paquete de julio de 2011. El objetivo debe ser un déficit mayor de lo esperado hasta ahora en el 2011, un requerimiento neto de 1% en 2012 y un presupuesto equilibrado en 2013, principalmente a través de recortes de gastos.



Usted puede tomar medidas adicionales en el sistema de pensiones, el endurecimiento de los criterios de elegibilidad para la jubilación y traer de vuelta la edad de jubilación de las mujeres en el sector privado rápidamente en línea con lo establecido para el sector público, con un importante ahorro en el año 2012. Además, el gobierno debería considerar una reducción significativa de los costes del empleo público, el fortalecimiento de las normas de facturación (la nota de sustitución) y, si es necesario, mediante la reducción de los salarios.b) Debe ser una cláusula de reducción automática del déficit, que especifica que cualquier desviación del déficit se compensa de forma automática con cortes horizontales en los gastos discrecionales. c) debe ser sometido a un estricto control de la asunción de la deuda, incluido el comercial, y los costos de las autoridades regionales y locales, de conformidad con los principios de la reforma en curso de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno. Dada la gravedad de la situación en los mercados financieros, consideramos crucial que todas las acciones mencionadas en los apartados 1 y 2 se toman lo más pronto posible el decreto, seguida de la ratificación parlamentaria a finales de septiembre de 2011. Sería apropiado también una reforma constitucional que hace que las reglas presupuestarias más estrictas.



3. También alentamos al gobierno a tomar medidas inmediatas para garantizar una revisión de la administración pública con el fin de mejorar la eficiencia administrativa y la capacidad para satisfacer las necesidades de las empresas. Los organismos públicos deben convertirse en el uso sistemático de indicadores de desempeño (especialmente en la salud, la justicia y la educación). Hay una necesidad de un fuerte compromiso para abolir o fusionar algunos niveles administrativos intermedios (tales como las provincias). Las acciones deben ser fortalecidas para aprovechar las economías de escala en los servicios públicos locales.Confiamos en que el Gobierno tomará las medidas adecuadas.





Mario Draghi, Jean-Claude Trichet

NI POR LA FORMA NI POR LOS CONTENIDOS. NO A ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

La democracia, es de sobra conocido, implica que el ejercicio del poder debe de someterse al respeto de ciertas formas establecidas en la Constitución . Esto es una exigencia primaria y necesaria que se resume en la fórmula de estado de derecho. Pero la experiencia de los años 30 del siglo XX en que los regímenes nazis y fascistas utilizaron los mecanismos del estado de derecho para masacrar la democracia llevó a que en las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial se estableciera la necesaria vinculación del entero ordenamiento jurídico y de la acción de los poderes públicos a los principios superiores de justicia, libertad, igualdad, a los que nuestra constitución añadió el pluralismo político. Esas constituciones, y también la nuestra, fueron fruto de amplio consenso social y el constituyente no es otro que el pueblo en el reside la soberanía.

Ayer, sin embargo, los ciudadanos españoles y de todo el mundo pudieron asistir atónitos al espectáculo de unos representantes de la soberanía popular que emulando a los magníficos velocistas jamaicanos han consumado el primer acto de una reforma constitucional de la que nadie sabía nada apenas diez días atrás. Acabó con los representantes del PSOE cariacontecidos y silenciosos mientras los del PP aplaudían tan contentos. Muy significativo. Si esta reforma llega a consumarse en el Senado, como es probable, se habrá constitucionalizado la prohibición del déficit público de manera taxativa, desligado de otras consideraciones de política social o económica y de ese modo se limitará profundamente la capacidad de maniobra del Estado español para llevar a cabo en determinados momentos, según las circunstancias históricas lo demanden, las transformaciones sociales que permitan corregir desequilibrios tanto territoriales como entre los diversos grupos sociales, es decir, avanzar en el camino de la igualdad que es la esencia del Estado Social. El Estado Social, y por tanto las clases menos favorecidas de la sociedad, serán los que sufran las consecuencias de esta reforma. Lo serán porque esta modificación se produce en un momento en que se está propugnado la jibarización del Estado y, en consecuencia, se propugna una política impositiva regresiva. Como ya enseñaba el sr. Perogrullo el déficit se produce por un desequilibrio entre ingresos y gastos, pero si no se apuesta por una política tributaria redistributiva, entonces la contención del déficit solo puede venir por la reducción de los gastos sociales. Ya se está viendo de modo claro lo que pasa en las Comunidades Autónomas en las que gobierna la derecha, empezando Cataluña y siguiendo por Castilla-La Mancha.

Un cambio constitucional de esta naturaleza exigiría un amplio debate social porque los parlamentarios no son los titulares de la soberanía, que hay que recordar es el pueblo, por lo tanto no deberían ser ellos los llamados a una modificación tan grave del pacto social fundante de nuestra convivencia. Mucho más cuando se hecho en pleno periodo vacacional a espaldas de la ciudadanía. El truco de reformar el art. 135 para evitar el referéndum no es más que eso, un truco porque, como se acaba de decir, con esta reforma se compromete el art. 1.1 CE, lo que, de acuerdo con el el art. 168 CE exige la convocatoria de un referéndum para ratificarla.

Se ha dicho que esta modificación se ha emprendido para dar confianza a los especuladores (los mercados). Pero no parece que los partidos mayoritarios hayan tomado nota de que ese mismo argumento lo han usado para la reforma laboral o para la reforma de la Seguridad Social y no ha servido. Cuando se cae en la sumisión a los especuladores, estos nunca se darán por satisfechos, siempre querrán más.

Tampoco es una exigencia del art. 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ni del protocolo sobre los déficits excesivos. De hecho el valor de referencia del 3 por ciento de déficit marcado en este último texto ha sido ampliamente superado por Alemania y Francia cuando les ha sido conveniente. El problema del déficit debe encuadrarse en el nivel infraconstitucional en el marco de la integración política, social y económica europea. Al llevarlo al la constitución se está atentando, no solo contra el Estado Social, sino contra el pluralismo político pues limita de modo extraordinario la puesta en prácticas de otras políticas económicas que no sean neoliberales. Esta reforma es, además, innecesaria porque ya el art. 40 CE impone la estabilidad económica pero compaginándola con la promoción del progreso social y económico y con una “distribución de la renta regional y personal más equitativa”.

El problema, como ha señalado el diputado Antonio Gutierrez de forma lúcida, está en la dimensión europea, no en la nacional. Es evidente que sin una fuerte unión política y económica es muy difícil que funcione la moneda única, sino es pagando precios durísimos como los que estamos pagando todos los países europeos, aunque unos más y otros menos, pero ahora ya Alemania tiene un crecimiento cero y sus clases trabajadoras han visto reducida su capacidad de consumo mientras que las acomodadas han aumentado sus beneficios. Una medida de este tipo, tomada del modo apresurado como se ha hecho e inspirada por una representante de la derecha alemana como la sra. Merkel, tendrá consecuencias a medio y largo plazo para la construcción, no solo de la Europa social, sino simplemente de Europa. El socialista italiano Guiliano Amato en una entrevista con Rossana Rossanda señala una que puede ser de suma importancia cual es que en el caso de que se decidiese la creación de los eurobonos, al estar incluida en la constitución alemana la cláusula de estabilidad podría plantearse la cuestión al tribunal constitucional de aquel país (que ya ha suscitado problemas con la normativa europea) sobre la base de que con dichos bonos se estaría asumiendo la garantía de los débitos de otros, atribuyendo un débito futuro a cargo del presupuesto alemán desequilibrándolo, lo que sería inconstitucional. Otra trampa jurídica.

En resumen, ni por el contenido, ni por la forma, ni por la oportunidad está reforma constitucional no debería llevarse a cabo, pero al menos ¿no habrá un diez por ciento de diputados o senadores que pida un referéndum en aplicación del art. 167.3 CE? A ellos apelamos. Si no existieren se habrá ampliado el alejamiento ya preocupante entre los representantes políticos y l@s comunes ciudadan@s.


Joaquín Aparicio Tovar

CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERÉNDUM

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.

Septiembre de 2011.

EN CONTRA DE ESTA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Ante el anuncio de la reforma de la Constitución que se ha producido sorpresivamente en estos días, JUECES PARA LA DEMOCRACIA quiere manifestar públicamente su rechazo a la precipitada alteración de nuestra norma básica de convivencia.

Los textos constitucionales no son simples leyes que configuren opciones económicas coyunturales. Son el fundamento y motivo de la conformación de un grupo humano como sociedad democrática en la que es la ciudadanía la que se dota de unas normas de juego básicas rectoras de la vida en común y dentro de las que deben pugnar las distintas propuestas y opciones políticas. Por ello, es fundamental que sean producto del consenso ciudadano. Su función no es sólo regular aspectos concretos de la organización política o económica, sino fundamentar esa propia organización, ser la fuente y el límite de futuras decisiones. Los partidos políticos son instituciones políticas fundamentales de representación democrática, pero no pueden pretender suplantar la totalidad de la participación social. Los debates públicos en los que participan múltiples agentes sociales, son los que permiten construir consensos y hablar de ciudadanía y no de súbditos. Los debates de calado precisan de tiempo para escuchar las voces diversas, sopesar sus aportaciones y decidir de una forma libre y consciente. Se ha propuesto una reforma por sorpresa, en período estival y de forma precipitada, marcando plazos imposibles y con negociaciones opacas sólo participadas por las cúpulas de dos partidos. Esos dos partidos ostentan legitimidad democrática para lo que han resultado elegidos, pero no pueden arrogarse la totalidad de la voluntad de quienes votaron. Representar no es sustituir completamente la voluntad de quien es representado. Estas formas han impedido que conozcamos los motivos concretos de la reforma, el texto completo de la misma con tiempo para su análisis, y las opciones alternativas que se pudieran presentar. Ni siquiera se ha respetado a las Cortes Generales como lugar de debate, imponiendo a las mismas el voto disciplinado a ciegas de las opciones. El debate en las cámaras no tiene sólo la función de convencer a los grupos parlamentarios, permite que la totalidad de la sociedad contemple los argumentos que cada opción presenta. Cuando el debate es una mera verificación de lo preacordado, a espaldas de las propias organizaciones políticas, por algunas personas de la dirección de cada partido, se vacía peligrosamente de contenido la función democrática de las Cámaras. La democracia debe reconquistar la economía, la política debe reocupar sus espacios en las decisiones económicas. Cuando hace unos años estalló la actual crisis financiera, muchas voces autorizadas hablaron de la necesidad de revisar las decisiones de desregulación económica y liberalización de unos mercados instalados en la impunidad del derroche y la ganancia privada desmedida. Tras entregar grandes recursos públicos en rescate de instituciones privadas, la desmemoria se ha instalado a sorprendente velocidad. Las decisiones económicas aparecen nuevamente abocadas a un discurso de necesidad indiscutible. Nos cuentan, de nuevo, que los Mercados exigen reformas que la población no puede discutir, que requieren sacrificios que no pueden cuestionarse. Decidir qué hacemos con las políticas presupuestarias, fiscales o económicas en general, permite múltiples respuestas. Pero lo propuesto no es una política económica a votar por la ciudadanía, sino elevar una determinada opción económica de corte neoliberal a definidora de nuestro marco permanente de convivencia. Se pretende expulsar y marginar a legítimas opciones económicas del campo de juego, no por explicar los motivos contrarios a ellas, sino para contentar exigencias mercantiles de quienes siguen apostando por campar a sus anchas en un descontrolado mercado de ganancias ciegas e injusticias bien visibles. En consecuencia, JpD rechaza que se banalice el valor y significado de la Constitución, que se juegue con ella a espaldas de la ciudadanía suplantando a los propios representantes políticos, y se nos pretenda imponer como única opción posible una determinada orientación de política económica. Todo ello, con el objetivo último de contentar los intereses concretos de quienes se esconden detrás de los supuestos Mercados.

El Secretariado, Madrid, a 29 de agosto de 2011