LA JUEZA TIRZA FLORES RECIBE EL PREMIO HANS LITTEN

Hans Litten fué un abogado alemán que en la República de Weimar participó, entre otros asuntos, en el caso del asalto de las SA del partido nazi al Palacio Edén, donde resultaron heridos veinte jovenes obreros comunistas. En el proceso penal, en el que se pretendía demostrar que el nazismo utilizaba el terror como estrategia para derruir las estructuras democráticas de la república de Weimar, Litten llamó como testigo a Adolf Hitler, que fué acusado como dirigente tel partido insurreccional y fué forzado en el juicio a jurar fidelidad a los principios democráticos de Weimar. Durante el juicio, Hitler incurrió en múltiples contradicciones y fué evidente la implicación del partido nazi en su estrategia antidemocrática y sus propósitos de exterminio de sus rivales. A la llegada al poder de Hitler en 1933, éste hizo detener al abogado, que tras ser torturado, fué internado en varios campos de concentración hasta su suicidio en 1938, en Dachau. En la democracia, la Asociación Alemana de Juristas Democratas ha creado un premio que lleva su nombre y que en esta ocasión se ha dado a la jueza hondureña Tirza Flores, como símbolo de la resistencia de los jueces demócratas opuestos al golpe de estado en Honduras. A continuación se inserta el texto del comunicado de dicho premio. La Dirección de la Vereinigung Demokratischer Juristinnen (Asociación de Juristas Demócratas de Alemania), decidió recientemente otorgar a la Jueza Tirza Flores Lanza el premio Hans Litten 2010.El Premio Hans Litten es otorgado cada dos años a juristas destacadas y destacados en su lucha por la justicia y la democracia en el sentido y los principios de Hans Litten. Hans Litten (nacido en 1903 en Halle, murió en el campo de concentración de Dachau), fue abogado, y empeñó sus esfuerzos en poner el Derecho Penal al servicio de los derechos humanos de las clases oprimidas. En los procesos, logró desenmascarar a varios responsables políticos de los asesinatos y masacres a activistas progresistas, todo dentro de un clima hostil en los tribunales, con una justicia antidemocrática y antirrepublicana. En su proceso más conocido logró citar a Hitler como testigo y desenmascarar sus fines antidemocráticos y golpistas. Hitler no se olvidó de esa vergüenza y después de tomar el poder mandó a Litten al campo de concentración, donde murió. La Asociación de Juristas Demócratas de Alemania decidió conferir a la Abogada Flores Lanza el Premio Hans Litten, por varias razones, estableciendo: “Nos hemos enterado a través de nuestras redes sociales de su trabajo en la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras, especialmente de su lucha por una justicia democrática y transparente después del golpe de Estado de junio de 2009”; “Aparentemente, su trabajo en la dirección de la Asociación de Jueces por la Democracia, en contra de la corrupción y en contra del golpe de Estado, fueron las razones centrales de su destitución, parecidas a las de su tres colegas Ramón Barrios, Guillermo López Lone y Luis Chévez de la Rocha”.La comunicación de la Asociación de Juristas Demócratas de Alemania, argumenta que otorgan el Premio 2010 a Tirza Flores Lanza en virtud de que “Nos parece que su lucha está en la línea recta de Hans Litten y de los demás premiados en las últimas décadas. Además queremos premiar su labor destacada como mujer emancipada en una sociedad machista”.Entre los últimos premiados con el premio Hans Litten están el muy conocido abogado alemán Heinrich Hannover, quien intervino en un sinnúmero de procesos de derecho penal buscando un derecho igualitario para grupos marginalizados. En el año 2006 fue premiado Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales en EE UU (Center for Constitutional Rights) conocido por sus acciones contra el presidente Bush y la defensa de encarcelados en la base militar de Guantánamo. En el año 2004 se premió a los abogados israelí y palestino Lea Tsemel y Mohammad Na´amneh, quienes desde hace mucho tiempo están luchando por los derechos humanos en Israel/Palestina y por una paz justa entre las dos naciones.La Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras, considera que premiar a la Abogada Tirza Flores Lanza, es un justo reconocimiento a su trayectoria y actuaciones en la judicatura y a su papel destacado junto al colectivo asociativo por la defensa de la independencia judicial y por el Estado de derecho en Honduras.

LAS SENSATAS PERORACIONES DE MACARIO LAFONTAINE

Reproducimos las atinadas observaciones de nuestro amigo Macario Lafontaine, ciudadano europeo residente en la región de la Vera, en el Noreste de Extremadura, desgranadas al calor de una animada conversación sostenida con el estimulo de un refrescante blanco de Rueda.


Reunidos un grupo de buenos cofrades en casa del Coleta, el amigo Macario sostiene que ahora es más vigente que nunca que el trabajo y su valorización es el medio para alcanzar más dignidad y libertad. Ahora se ha visto a dónde ha llevado la euforia que en los recientes tiempos pasados bastaba con cruzar el umbral de una sucursal bancaria para alcanzar los sueños consumistas que sólo parecían existir en el mundo de la publicidad. El piso y el coche nuevo venían como caídos del cielo. Parecía que era el banco el que te arreglaba la vida, no el trabajo, que sólo era sinónimo de esfuerzo y sufrimiento; pero, he aquí, que ahora algunos padres jubilados ven como su modesta casa está en peligro pues habían acudido como avalistas de sus hijos, que ahora, en paro, no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. El banco, de bienhechor, ha pasado a mostrar su mano de hierro.


Pero pasando de lo particular (aquí no se dan nombres, como pide la educación ) la conversación discurrió a los grandes temas que están en la mente de todos. Esos mismos bancos que recurrieron al dinero de todos para salvarse, ahora ahogan a los pobres sin que los Estados hayan sido capaces de poner orden en el tráfico financiero mundial, aunque para el que la quiera ver, dice Macario, la lección está escrita en el libro de la vida. Ha sido la inexistencia del trabajo digno y bien remunerado, que es la base del bienestar general, lo que lo que traído los males actuales. Los últimos años han sido testigos de un progresivo aumento de las desigualdades a escala planetaria (y también en Europa) que es lo que al final ha hecho caer la ficción del mundo feliz sostenido por el crédito fácil. El resto de los cofrades estaban de acuerdo pero, europeístas españoles de primera hora, dirigieron con amargura sus dardos la Unión Europea por el lamentable papel que en este momento está jugando.


La Unión Europea, muda al principio de la crisis, se ha convertido en servil vasalla del gran capital transnacional y en lugar de valorar el trabajo, está caminado por una senda suicida marcada por los ideólogos neoliberales. El mismo Coleta, aún en su papel moderador, suscribió con fervor la común opinión de la cofradía de que si Europa ha dado algo bueno en el siglo XX ha sido el Estado Social y Democrático de Derecho y esa debería de ser su aportación al orden mundial en el siglo XXI. En este punto de la conversación, los cofrades reunidos alzaron sus copas en emocionado recuerdo del historiador recientemente desaparecido Tony Judt, y a la siguiente ronda empezaron, como es natural, a hablar mal del Gobierno y aunque Macario trataba de moderar los excesos, no tuvo mas remedio que aceptar con pesar que las ilusiones socialdemócratas han desaparecido con la reforma laboral en marcha.


Admitió que para ser coherente con sus ideas no hay más remedio que aceptar que el camino emprendido por el Gobierno refuerza el poder de los compradores del trabajo (ahora llamados emprendedores) en contra de los trabajadores. Lo malo, según se llegó a una deducción común, es que las cosas, tal y como están, no van a parar aquí si no les ponemos remedio. El capital es insaciable y quiere más, como lo muestra el coro de sus economistas sicofantes que siguen tratando de ensordecer a la gente en los medios de deformación de la opinión con la cantinela de sus falacias para reducir mas los derechos de los trabajadores. Pero eso está por ver, un grito unánime salió de todas las gargantas de la sensata concurrencia “nunca medraron los bueyes en los páramos de España”, ni menos en las vegas ni en las montañas, ni, como, es natural, en las ciudades, como se demostrará en la huelga general del 29 de septiembre.

LOS NEOLIBERALES, EL FMI Y LA FE

El 11 de mayo tuvo lugar en la villa de Madrid un “seminario de alto nivel” organizado por el FMI y el Banco de España para tratar sobre experiencias en el mercado laboral: Hacía mercados de trabajo más eficientes. El joven Judas del Llano, acreditado como corresponsal del Diario de Parapanda, nos envía con algo de retraso esta crónica. [La genial Giulietta Simionato, recientemente fallecida, preside este trabajo]



Los dos grandes problemas que tiene planteados la sociedad española son el desempleo y la alta tasa de temporalidad de las personas que trabajan para otro. En esto no parece que haya muchas discrepancias. El desempleo masivo ha sido una constante en una gran parte del desarrollo capitalista. Tanto en los inicios de la revolución industrial, cuando no existía el derecho del trabajo, como con posterioridad, los empresarios han contado con el “ejercito industrial de reserva” que acentuaba el que el mercado de trabajo sea favorable a los compradores de la fuerza de trabajo. El drama de las dos guerras mundiales en el siglo XX y el ascenso de los fascismos (a lo que contribuyó el desempleo) extendieron en toda Europa la firme convicción de que eran necesarias grandes reformas sociales que, entre otras cosas, alterasen ese estado de cosas para hacer del mercado de trabajo uno favorable a los vendedores en el que se alcanzase el pleno empleo. No es una utopía, el pleno empleo fue una realidad que se consiguió con el desarrollo del Estado Social. En la España franquista, donde nunca hubo Estado Social, nunca se alcanzó el pleno empleo. Las mujeres apartadas del trabajo y los emigrantes eran la muestra palmaria. La recuperación de las libertades coincidió con una situación económica de crisis y de aumento del desempleo, por eso el constituyente de 1978, consciente de que las instituciones libres peligran cuando vuelve el desempleo masivo (Beveridge), impuso a los poderes públicos la obligación de orientar su política económica al pleno empleo.

A partir de finales de los años setenta del pasado siglo, en un tremendo “crescendo” que hoy aturde, desde distintas sedes internacionales reguladoras de los movimientos económicos (FMI, Banco Mundial y ahora Comisión Europea) y otros centros de creación de la doctrina neoliberal se ha difundido una idea que culpabiliza al derecho del trabajo por el aumento de desempleo. La experiencia española es ilustrativa. Las exposiciones de motivos de las leyes reformadoras del Estatuto de los Trabajadores que se han promulgado desde los años 80 del pasado siglo, justificaban la eliminación de la causalidad (a necesidades permanente de las empresas contratos indefinidos y a necesidades temporales contratos por tiempo determinado) en la situación de desempleo. Se suponía que las facilidades para la contratación temporal darían lugar a una reducción del desempleo. Otras muchas reformas flexibilizadotas se han hecho desde aquellos tiempos en materias tales como movilidad geográfica y funcional, jornada, salarios, también en despido. Todo ello ha hecho que los poderes de los empresarios frente a los trabajadores hayan aumentado considerablemente y, sin embargo, ya vemos que el desempleo no se ha reducido, solo se han cambiado contratos indefinidos por contratos temporales, con perniciosas consecuencias. Es más, la situación más próxima al pleno empleo en España tuvo lugar cuando tras el acuerdo de los sindicatos y las asociaciones de empresarios en 1997 se volvió en nuestro derecho a la preferencia por el contrato indefinido y se recuperó la causalidad en la contratación, aunque la naturaleza de nuestra actividad productiva (gran desarrollo de la burbuja inmobiliaria residencial), además del fraude de ley y el abuso de la descentralización productiva no consintió la reducción significativa de la temporalidad y precariedad. De todo ello se puede sacar la conclusión de que la norma laboral tiene poca incidencia en la mayor o menor tasa de desempleo. Son otros factores los determinantes.

Pero ni de la historia, ni del derecho, ni de la sociología aprenden cosa alguna los economistas liberales de los grandes organismos económicos. Son muy desmemoriados. Un buen ejemplo lo ofreció el “seminario de alto nivel” que organizaron el Banco de España y el Fondo Monetario Internacional en Madrid en este mes de mayo de 2010. La intervención de una representante del FMI, “experta” en el caso español, puede ser tomada como paradigmática. Colocó una serie de datos de distintos países ordenados en cuadros según ordenadas y abscisas, para llegar a extraer conclusiones “científicas” según las cuales el desempleo alto en España debido a la alta cobertura de la negociación colectiva, a su estructura, a su carácter normativo que hace muy difícil el uso de de las cláusulas opt-out, al exceso de protección del despido, a la generosidad de las prestaciones por desempleo y a las cotizaciones sobre salarios. Lo que llama la atención es que a partir de la mera acumulación de concretos datos estadísticos de distintos países, comparados sin otras conexiones, se atreviera a formular relaciones de causa-efecto. Algo que repugna al más elemental rigor. Un físico o un matemático siquiera lo tomaría en consideración, un científico social se escandaliza, porque la complejidad de las ciencias sociales obliga a una especial prudencia y las consecuencias pueden ser trágicas para mucha gente, porque, por supuesto, las conclusiones “científicas” de inmediato se convierten en las proposiciones normativas bien conocidas que se resumen en la palabra desregulación, que ya creíamos gastada. Según estos doctrinarios liberales, si se adoptasen sus recomendaciones (su amnesia les hace olvidar que ya hicieron esas mismas recomendaciones y se aplicaron en los 90 en Iberoamérica con desastrosas consecuencias) los empleos crecerían como las setas en un buen otoño. ¿Porqué? No aportan prueba científica. Hay que creer que así será, a pesar de las evidencias en contrario que aporta la Historia. O sea, después de tanta abscisa y ordenada todo se resuelve en una cuestión de fe, que como se sabe mueve montañas. Pero ya nos enseñó el gran Augusto Monterroso que cuando la gente era crédula, la fe generaba más problemas que resolvía, pues cada día las montañas, los ríos, las carreteras cambiaban de sitio, así es que la buena gente dejó de creer. Por eso cuando hay un terremoto, o un desprendimiento de tierras sobre una carretera es que alguien tuvo un atisbo de fe, que mas vale no tengamos en este caso a la vista de las consecuencias.

LA CORRUPCIÓN DE LAS PALABRAS: Democracia en la boca de los neofranquistas

Las palabras pierden su significado cuando se hace un uso espurio de ellas y se convierten en instrumento de las mas oscuras intenciones y deseos de quien las falsean, como ocurre cuando el mentiroso llama mentiroso al que dice verdad, verdugo a quien es víctima y así podríamos seguir con muchos ejemplos. La derecha española está desde hace unos años dando triste ejemplo de cómo prostituir las palabras y usar el insulto en lugar de los argumentos. Produce estupefacción ver que los lideres del PP, después de que este partido votase sobre el Estatuto de Autonomía una cosa distinta en Madrid que en Toledo, acusen al gobierno regional manchego de estar 30 años mintiendo no se sabe muy bien sobre que. Pero con las críticas a las movilizaciones contra la impunidad de los crímenes del franquismo la cosa está llegando al disparate.


Resulta que según el sr. Rajoy, la sra. De Cospedal y la sra. Aguirre, además de los insultos, esas movilizaciones son “brutales”, ponen en peligro la democracia y no respetan ni la independencia judicial ni la separación de poderes. ¿Argumento? No hay, solo es así porque lo dicen ellos. Claro ejemplo de autoritarismo antidemocrático. Parece que lo democrático para ellos es no investigar el genocidio franquista. Lo democrático es convertir en reo al que intenta depurar responsabilidades por aquellos atroces asesinatos.


Esos mismos dirigentes no han dudado en alentar y asistir a manifestaciones contra el Parlamento cuando estaba tramitando algunos proyectos de leyes que no les gustaban o incluso cuando algunas leyes ya estaban aprobadas. Las Cortes son, no lo olvidemos, las representantes directas del titular de la soberanía que es el pueblo y a nadie se le ha ocurrido decir que esas movilizaciones eran antidemocráticas, sino todo lo contrario, ejemplo del uso del muy democrático derecho de manifestación. Pero para nuestra rancia derecha cuando son otros los que lo usan entonces hacen un uso antidemocrático de el. En el caso de los crímenes franquistas están diciendo que no se pueden hacer manifestaciones contra los jueces porque comprometen la independencia judicial. Dejemos de lado que en el pasado reciente altos exponentes de la derecha patria han descalificado y participado en movilizaciones contra decisiones de los tribunales (caso De Juana Chaos, caso Gúrtel, caso Yak43, etc…) y preguntémonos donde está lo antidemocrático de las movilizaciones que tanto critican ahora. Hay una pregunta elemental a hacer ¿de donde viene el poder de los jueces y tribunales? La respuesta en un sistema democrático como el que se dice tenemos no puede ser otra que del pueblo. Lo mismo pasa con el ejecutivo. Si se llevan a cabo movilizaciones contra el ejecutivo y contra el legislativo ¿porqué razón no pueden hacerse contra el judicial? ¿Es eso negar su independencia? No, con esas movilizaciones se cuestionan actuaciones concretas.


Los tribunales de justicia todos los días resuelven miles de pretensiones de los justiciables con arreglo a su buen saber y entender y no parece exacto que la justicia, a pesar del éxito mediático de la frase, “sea un cachondeo”. De algunas o de muchas decisiones judiciales se puede discrepar y la comunidad jurídica manifiesta su disenso con la crítica fundada que sirve para el mejoramiento del derecho. Pero hay casos en los que algunas resoluciones judiciales conmueven la sensibilidad y el sentido de justicia de miles de personas mas allá de la comunidad jurídica y, entonces, esas mismas personas tienen toda la legitimidad de manifestar su indignación ante lo que consideran un uso inadecuado de los poderes que el pueblo ha conferido a los jueces. Se admite que los legisladores y el Gobierno no tienen el monopolio de la verdad, pero ¿Dónde está escrito que los jueces lo tienen? En efecto no lo tienen y, además, deben ser especialmente prudentes en el ejercicio de sus funciones cuanto menos por dos motivos, el primero porque a diferencia de los miembros del legislativo y del ejecutivo no pueden ser removidos de sus cargos por exigencias de su independencia e imparcialidad y, en segundo lugar, porque en nuestro sistema tienen la última palabra sobre muchas materias. Gozar de estas dos características de su función no les convierte en una especie moderna de señores de horca y cuchillo. En el caso Garzón muchas personas ven, entre otras cosas, precisamente un ataque a la independencia judicial que resiente la legitimidad de los tribunales.


La verdad es que la prudencia escasea entre los lideres de la derecha española que a lo que se ve, les sale toda su vena autoritaria y recurren al insulto ante los intentos de la gente de insistir en clarificar los crímenes del genocidio franquista y honrar a sus victimas. Pero que califiquen como ataques a la democracia las recientes movilizaciones es el mismo disparate que las condenas por rebelión militar que hicieron los militares golpistas rebeldes contra quienes defendieron a legalidad republicana que todos (incluso los golpistas) habían jurado respetar. La democracia para ellos es solo un vocablo de uso retórico en beneficio propio.

CARTA ABIERTA A LA DIRECCIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA

Queridos amigos, queridas amigas:
No tenemos ningún título político, corporativo o asociativo que nos legitime especialmente para esta carta. Nos dirigimos a vosotros como universitarios y profesionales del derecho que mantenemos una posición ideológica marcada por nuestra edad y nuestra historia y que converge con el ideario y la línea de actuación de Jueces para la Democracia. Muchos de nosotros, además, tenemos una antigua relación de amistad y de compañerismo con tantos y tantas magistradas y magistrados de vuestra asociación. Sobre esta confianza, os escribimos.


Estamos acostumbrados en nuestro trabajo a mantener una relación respetuosamente crítica con las decisiones de los órganos judiciales. Cuando el fallo es firme, si la decisión no realiza una interpretación adecuada de la constitución y el ordenamiento jurídico, criticamos la sentencia rebatiendo sus fundamentos jurídicos y proponiendo en su caso una reforma de la norma que ha dado lugar al fallo que es incorrecto desde nuestro punto de vista. Esta ha sido la regla a la que se han sujetado nuestras relaciones con las decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Sin embargo en el auto del Juez Instructor y Magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela haciendo lugar a proceder contra el Juez Baltasar Garzón por prevaricación se dan circunstancias de especial gravedad que afectan a la lucha democrática antifranquista y la memoria histórica.


Hemos conocido el rigor de la represión y de los crímenes del franquismo. La dictadura del General Franco se caracterizó por su persecución y hostilidad hacia la clase obrera y sus representantes. Estamos orgullosos de haber luchado por la democracia y la libertad, de reivindicar la amnistía política y de defender la amnistía laboral en la calle y en los tribunales, ante las restrictivas interpretaciones de aquellos tribunales de justicia, de haber contribuido con tantos otros, a derribar la dictadura, de nuestra historia como luchadores antifranquistas. Cuando, pasadas tres décadas de la transición a la democracia, el Parlamento español aprobó la Ley de Memoria Histórica, saludamos la norma como un elemento imprescindible para la consolidación definitiva del Estado Social y Democrático que instauró la constitución de 1978. Pensamos entonces y seguimos pensando hoy que hay que anular las sentencias de condena del franquismo y que hay crímenes que este régimen cometió que no se pueden considerar prescritos por la Ley de amnistía de 1977. Por eso no podíamos aceptar que el Tribunal Supremo a través del Juez instructor Luciano Varela considere que se trata de opiniones criminales incontrovertidas y que el juez que las mantuviera razonadamente, como Garzón, está prevaricando y por tanto cometiendo delito. Con ello el auto del magistrado del Tribunal Supremo, a instancias de organizaciones de ultraderecha, toma partido por el franquismo y sus crímenes y se burla de la ley de memoria histórica y de las personas que fueron asesinadas, torturadas y encarceladas en la defensa de la libertad y de la igualdad.


El auto de procesamiento hecho público y el desprecio autoritario por los derechos de defensa de Garzón ha conseguido una repercusión pública nacional e internacional tan relevante que se está poniendo en crisis la legitimidad de los aparatos de justicia del Estado democrático español. Crecientes sectores de la opinión pública nacional e internacional identifican a los jueces y magistrados con posiciones ideológicas que declaran la impunidad de los crímenes del franquismo y que rechazan la ley de memoria histórica, dañando de forma posiblemente irreversible el desarrollo de nuestra democracia. Vuestra asociación, Jueces para la Democracia, es la heredera directa de Justicia Democrática, que fue una organización perseguida por la dictadura y de un clamoroso ideario democrático y radical, y sus miembros pagaron con la postergación y el aislamiento su compromiso por la democracia y su lucha antifranquista. La reivindicación de una política democrática de la actividad judicial y la necesidad de que los jueces y magistrados tomen postura frente a esta deriva autoritaria la habéis recogido en vuestro manifiesto, firmado junto con la UPF, MEDEL y la Federación Latinoamericana de Jueces para la democracia y que, de forma muy adecuada, habéis titulado “en la tradición de justicia democrática”. Ha sido una señal clara y contundente que ha roto el “silencio de plomo” que se había extendido entre los miembros de la judicatura respecto de este tema.


Este es el objeto de nuestra carta. Queremos expresaros, interpretando que es el sentir de muchos otros compañeros y ciudadanos, nuestra satisfacción y nuestro pleno acuerdo con el manifiesto publicado con él habéis puesto fin a ese mutismo inexplicable en el que tantos jueces y magistrados demócratas se encontraban incómodos, y lo habéis hecho mediante la condena tajante y explícita de los motivos y de la doctrina contendía en el auto de procesamiento de Garzón por el delito de prevaricación. No será en adelante posible arrojar dudas sobre la postura de la izquierda judicial sobre este particular. Con claridad, de forma muy elegante pero firme, habéis rechazado la criminalización de una opción interpretativa jurídicamente fundada y funcional a la eficacia de aspectos importantes de la memoria democrática en nuestro país.
Es evidente que esa postura vuestra está siendo sometida a presiones muy fuertes, como ahora vemos las reacciones terribles de la derecha y la extrema derecha ante la movilización popular en apoyo del juez Garzón por la memoria histórica y frente al neofranquismo que se instala en demasiados espacios organizativos y mediáticos sin ningún pudor. Os animamos a continuar sin vacilación por este camino, como decís justamente, en la tradición histórica de JD, honrando la memoria de tantos de sus miembros, hoy desaparecidos, que mantuvieron siempre una decidida posición a favor de la libertad y de la democracia en la larga noche de piedra del franquismo.
Cordialmente, con toda nuestra solidaridad

Joaquín Aparicio
Antonio Baylos
Luis Collado
Mercedes Garcia Arán
Enrique Lillo
Ángel Martín Aguado
Nieves San Vicente
Juan Terradillos

EL CONTRATO ÚNICO DEBE APLICARSE AL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANDO DE ESPAÑA

El Banco de España no ceja. Parece que henchido de un ardor religioso propio de la semana pasada decidió volver a azotar con la palma del martirio a los pobres ciudadanos que felices se las prometían escapando a un aislamiento gozoso fuera de la influencia penitencial. De nuevo ha atacado con la propuesta del contrato único. En otras entradas de este blog se ha indicado que el Banco de España, en tanto que parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales, está sometido al Tratado de Funcionamiento de Unión Europea y a los estatutos de ese Sistema que tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de los precios. Las funciones que tiene atribuidas son en esencia las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión para lo cual el art. 130 del Tratado se encarga de dejar bien claro que los órganos rectores de los Bancos Centrales nacionales y del Banco Central Europeo no podrán solicitar o aceptar instrucciones de las autoridades comunitarias, de los gobiernos nacionales o de cualquier otro órgano, incluido el legislativo. Es decir, gozan de autonomía en el ámbito de sus funciones, lo que es lo mismo que decir no son políticamente responsables ante el legislativo por las decisiones que tomen en esa materia que tanto afecta a la vida cotidiana de la gente, lo que sin duda es una importante limitación del principio democrático. Esta limitación les obliga a una extraordinaria prudencia y autocontención.


Tanto el Tratado como la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, establecen sus funciones, que son tasadas. Más allá de esas funciones (y dentro del objetivo de la estabilidad de precios) el Banco de España, “apoyará la política económica general del Gobierno”. El autoritarismo del que hace gala la citada institución, con su Gobernador al frente, ha dado ahora un paso mas al irrumpir en un delicado momento del proceso de concertación social para reformular propuestas ya incluso abandonadas por la propia patronal. Ha tomado una posición de parte. Que las empresas tengan como preocupación primera la dificultad del crédito, que es, eso si, asunto de su competencia, no es, a lo que parece, la principal preocupación del Baco Emisor (de ideología ante todo). En otras ocasiones hemos mantenido que Gobernador del BE debe callarse o dimitir o ser cesado, pero ahora, un sanedrín democrático y solvente reunido en Parapanda, tras breve deliberación como corresponde a lo evidente del asunto,


1) considerando que la declaración en la que pide el contrato único es una actuación ultravires al ir mas allá de las funciones que el citado Banco por ley tiene asignadas,


2) considerando que es una manifestación de extraordinaria falta de prudencia en una institución que debería dar ejemplo de ella


HA DECIDIDO solicitar de la autoridad competente la externalización inmediata del Servicio de Estudios del Banco de España con la pérdida de la condición de funcionarios de sus miembros que no serán dejados en la calle sino que serán contratados por la empresa que resulte adjudicataria de la contrata correspondiente con la modalidad contractual por ellos propuesta.. Se recuerda a todos que en aplicación de la doctrina de la sala 4ª de TS la pérdida de la contrata puede ser una causa de extinción del contrato, aunque con el contrato único tampoco sería menester aplicar. Se trata de este modo de hacer una aplicación experimental de esta modalidad contractual.

LOS SINDICATOS CON BALTASAR GARZÓN

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS (CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.


La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas; y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales.

Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Madrid, abril de 2010