Nota editorial. La red de blogs
que configuran la blogosfera de Parapanda tienen el gusto de publicar la traducción al
castellano de un artículo de Umberto Romagnoli, publicado en el
diario Il Manifesto del 14 de septiembre pasado, en el
que explica y toma partido por la iniciativa de convocar un referéndum en el
que los italianos decidan si mantienen o derogan dos normas que se han
introducido en el ordenamiento jurídico italiano con ocasión de la crisis (2011
y 2012), y que afectan a dos aspectos esenciales de las relaciones laborales.
En una, la norma italiana permite que los convenios de empresa puedan no
aplicar los convenios colectivos nacionales de sector ni una parte sustancial
de la legislación laboral en aquellas empresas o centros de trabajo donde así
se pacte con el empleador. En la otra, se modifica el régimen italiano sobre el
despido vigente desde 1970 en el sentido de que el despido declarado
improcedente tiene como efecto la readmisión del trabajador. Esta readmisión
obligatoria que era la regla general del despido injustificado queda ahora
reducida al despido disciplinario, mientras que se sustituye por una
indemnización en los casos de despidos objetivos o por causas económicas,
aunque el régimen legal al que se llegó tras un pacto transversal con el
gobierno Monti que incluía también al Partido Democrático es más complicado y
embrollado. La iniciativa del referéndum busca,
en este sentido, derogar las modificaciones introducidas en este cambio legal último.
En el artículo, Romagnoli – que forma parte del comité impulsor
del referéndum – explica el sentido de este referéndum y sus objetivos. Una
contribución especialmente sugerente para el caso español, en donde la protesta
social se vertebra en torno a la exigencia de un referéndum sobre las políticas
antisociales y fracasadas del gobierno del PP.
Con el referéndum regresa la política
Umberto
Romagnoli
La
historia del trabajo, ya se sabe, es una historia de rescate y de chantaje.
Pero el chantaje no ha tenido nunca la imprudente visibilidad, la dureza y la
extensión que ha adquirido desde el caso FIAT en Pomigiliano hasta ahora.
Es algo que está a la vista de todos, pero que no está bien decirlo. Es
políticamente incorrecto. De hecho, como era inevitable, la iniciativa por el
referéndum en materia de trabajo ha suscitado las airadas reacciones de la politique
politicienne. Se ha dicho que la iniciativa era improponible, inoportuna,
sin criterios. Prescindiendo del contenido de las preguntas depositadas ante el
Tribunal Supremo hace pocos días, y ello de un lado porque nuestros políticos
suelen comportarse así, de otro porque entendían que los “difíciles pero
avanzados compromisos” obtenidos - respecto a la reforma del art. 18 del
Statuto dei Lavoratori sobre el despido – no podían ser discutidos de
nuevo o, haciendo honor a la regla según la cual no se debe molestar al
conductor, todo lo más les correspondía ajustarlos sólo a ellos mismos.
Por
el contrario, la instancia del referéndum y la campaña que seguirá para la
recogida de firmas sirven para sustraer la regulación del trabajo del opaco bricolaje
de las transacciones privadas y para restituir a la política del derecho
del trabajo la centralidad que le corresponde en el debate público. En
definitiva, la politique politicienne no ha ni siquiera concebido la
sospecha de que la participación popular se haya solicitado para transmitir a
la población – que, sin saber aún con qué ley electoral se procederá a votar en
las elecciones de abril 2013, no puede tampoco imaginar las características del
futuro gobierno – un mensaje de tranquilidad y de esperanza. La tranquilidad de
saber que la recuperación de la normal dialéctica política de cuya autenticidad
se está perdiendo el gusto y el recuerdo, no sólo es lícita, sino que es
posible aquí y ahora la esperanza de contribuir a dar una estable perspectiva
de desarrollo en un área crucial de las relaciones sociales: el trabajo
asalariado – al que el Doctor Strangelove que por más de diez años ha formado
parte del los espacios de gobierno quería despojar del derecho a tener
derechos.
Al
decir esto me refiero no tanto a las preguntas del referéndum que, revisitando
críticamente la regulación del despido que se desprende de la reforma de la
ministra de trabajo Fornero, prevé el retorno a la versión originaria del art.
18 del Statuto dei Lavoratori, sino más bien a la pregunta sobre el art. 8 de
uno de los innumerables decretos-leyes anti-crisis emanados en los últimos días
del gobierno dimitido de Berlusconi.
Es
cierto que el tema del despido como objeto de las preguntas del referéndum, ha
producido (por inercia, por pereza mental o quizá por ignorancia) un efecto –
vampiro sobre la prensa escrita, pero la normativa que constituye el objeto del
artículo 8 del decreto-ley anti-crisis es mucho más devastadora. Y lo es porque
amenaza la misma existencia del derecho del trabajo como parte del ordenamiento
general provista de una identidad y de una organicidad propia. Es un
semi-elaborado que, confeccionado en medio de una situación comparable (no sin
razón) con la que acompaña a la retirada de un ejército en fuga, debe haber
creado serias dificultades incluso a quienes aprobaron su conversión en ley,
dado que se votó simultáneamente un orden del día proveniente de la oposición
en la que se prometí volver a examinar este tema. En efecto, previendo que la
“negociación colectiva de proximidad” (es decir, periférica, empresarial y/o
territorial) pueda derogar in peius no sólo los convenios sectoriales de
ámbito estatal, sino también gran parte de la legislación aplicable a la
relación de trabajo, la norma sanciona el definitivo y prácticamente total
abandono del principio de inderogabilidad de las reglas producidas por las
fuentes constitucionalmente legitimadas del derecho del trabajo, además de
suponer la evaporación del principio según el cual a trabajo igual deben
corresponder iguales derechos, económicos y de cualquier tipo. Es decir, es la
primera vez que un legislador vende su función a sujetos privados. Es claro que
en la historia de los parlamentos modernos no hay antecedentes de este tipo.
Por eso nadie me puede culpar de haber adoptado una “actitud militante” si,
teniendo “el privilegio de poder hablar a la opinión pública en nombre de algo
que tenga que ver con cultura y política”, comento favorablemente la petición
de una consulta popular sobre el trabajo. Es cierto que, como ha escrito
Gustavo Zagreblesky en La
Repubblica del 19 de julio, “en el clima cargado
de final de legislatura hay que resistir a la llamada a las armas”, lo que no
es fácil. Pero el reconocido jurista no habría creído nunca que pudiese ser tan
poco complicado mantener las debidas distancias incluso al hablar de un
referéndum derogatorio que, a su manera, implica de por sí “una llamada a las
armas”. El caso es que esta vez la derogación tiene por objeto una opción
normativa que no daña solo a una parte, sino a todas. También a los
empresarios, salvo aquellos que han desarrollado un despiadado instinto
predatorio y prefieren el mercado de las reglas a las reglas del mercado.
Es extraño, pero el gobierno Monti no se ha dado cuenta de ello y no ha
depurado el ordenamiento.
Nada
original, sin embargo, es el segmento de la reforma de la ministra de trabajo
Fornero que los impulsores del referéndum proponen formatear. De la innovación,
frente a lo que se declaró como propósitos expresos, puede decirse que,
si bien lesiona bastante a los trabajadores, no agrada en la misma manera
al mundo de las empresas. La norma que ha sustituido al art. 18 es laberíntica,
retorcida, contradictoria. Se diría que es el producto del exceso de conciencia
que atormenta a la insegura ministra de trabajo: lo atestigua la obsesiva y
casi maníaca búsqueda de distinciones pseudo-conceptuales y de
hiper-correctismos cuya intrincada armazón hace del conjunto legislativo un
concentrado de irracionalidades. Quizá a los pandectistas del siglo XIX no les
habría disgustado una manifestación tan aguda de formalismo abstracto. Pero
también los súbditos de ayer, si hubieran podido manifestar sus opiniones con
la libertad de los ciudadanos de hoy, se las habrían dicho de todos los
colores.
Il Manifesto, 14 septiembre 2012
