UN REFERENDUM EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Sin derechos no hay democracia. Tampoco hay democracia cuando se violentan las formas y procedimientos marcados en la Constitución para la adopción de las leyes, así como cuando se altera la relación entre representante y representado hasta degradar a este último a la vieja condición de súbdito.  En las democracias  representativas la perversión del principio democrático  se acentúa cuando el representante utiliza los diversos mecanismos que el sistema le ofrece para actuar al margen del representado.  Una de de las peores corrupciones es la conversión de las elecciones en un instrumento de selección de los gobernantes con la mediación del dinero que controla la propaganda y los medios de formación de la opinión. Una vez celebrada la elección la degradación de la democracia está servida cuando el gobernante elegido se siente investido del poder de actuar al margen de cualquier compromiso con los electores para satisfacer a la oligarquía que detenta el poder económico y tanto tuvo que ver en su elección. 

El Estado Social y Democrático de Derecho, propio de las sociedades europeas de la segunda postguerra mundial y proclamado en nuestra Constitución con la forma política en que España se constituye, es un modo de mejorar las deficiencias de las democracias liberales oligárquicas mediante el reconocimiento de los derechos sociales y la orientación de toda la actividad de los poderes públicos a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En esta forma de Estado los sindicatos son piezas esenciales de la estructura constitucional y la concertación social un medio eficaz de mejorar las limitaciones de la representación política.  Si la vida democrática fuera sana, recordar estas evidencias sería un mero ejercicio de pedagogía académica, que nunca está de más, pero cuando insistir en lo evidente se ha convertido en una apremiante necesidad en la vida pública, es señal de la preocupante degradación de los valores democráticos que se está produciendo en España ( y en Europa) en estos momentos.

El PP obtuvo en las elecciones de 2011 el respaldo de aproximadamente 10.500.000 electores (una importante cantidad pero minoría del censo) que le permitieron, merced a la ley electoral, obtener una holgada mayoría absoluta. En contraste, el PSOE en las anteriores elecciones obtuvo algo más de 11.000.000 de votos y no obtuvo esa mayoría. En el 2011 los electores castigaron a este último partido, que se había embarcado en una política de recortes de derechos sociales y de sometimiento a los poderes económicos, cuyo ejemplo final fue la artera reforma de la Constitución, pactada con el PP. Es bien conocido que el programa que el PP presentó a los electores en su campaña excluía el recorte de derechos, sin embargo, una vez instalado en el poder político, de inmediato despreció la concertación social y ha llevado a cabo el más brutal recorte de derechos sociales que se haya hecho desde la promulgación de la Constitución, con la consecuencia de que está aumentando enormemente el desempleo, la desigualdad  ha llegado en España a ser una de las más altas de la UE (34 puntos del índice Gini), y la pobreza y la miseria ya afectan a una gran parte de la población. Esas medidas, además, se están adoptando con un desprecio a las formas más elementales del funcionamiento parlamentario, que, no hay que olvidar, es el medio en el que deberían expresarse los representantes del titular de la soberanía: el pueblo. La justificación del Gobierno del PP es que esos recortes se hacen porque no hay otra alternativa posible a la crisis  y, como única solución, es la que también exigen “los mercados” y los organismos supranacionales e internacionales. Pero esa justificación es falsa y antidemocrática, como cada día que pasa se puede apreciar con más claridad. En 2007 España tenía una deuda pública en torno al 37 por ciento del PIB, una de las más bajas de la UE,  y, en lugar de déficit, presentaba un superávit del 1,5 del PIB, pero la deuda privada era (y es) enorme. En la actualidad la deuda pública ronda el 80 por ciento del PIB y sigue subiendo, con unos intereses altísimos cuyo pago acaba en las manos de empresas financieras y socava los recursos que deberían estar destinados, por ejemplo, a educación y sanidad. Lo que está haciendo el Gobierno es simplemente convertir la enorme deuda privada de los bancos y las empresas (las familias ya la están pagando o les están desahuciando) en deuda pública. Es decir, el pueblo debe pagar las insensatas y egoístas decisiones económicas que la oligarquía española y no española (los bancos alemanes y franceses también están detrás de todo esto) adoptaron aprovechando la ausencia de regulaciones y controles públicos, que previamente habían conseguido imponer como dogma universal. No es cierto que “la economía”, como si fuera un designio de la naturaleza frente al que nada se puede hacer, se imponga a la política, no, se trata de una decisión política que utiliza argumentos extraídos de una concreta narración económica para hacer prevalecer los intereses de la clase social que conforma la oligarquía financiera. Lo que está ocurriendo se ajusta con toda exactitud a lo que Marx y Engels dijeron en 1848 cuando calificaban al poder público como el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.

Pero, llegados a este punto, cabe preguntarse por el valor y la esencia de la democracia. Si se cree que la democracia es la mejor manera de organizar la convivencia, entonces no cabe duda de que hay que repudiar la degradación de las formas y los contenidos (los derechos) que se está produciendo. Es hora de hacer otra política y de que el Gobierno, si quiere tener algo de legitimación democrática, deje de ser ese Consejo de Administración de la oligarquía y convoque directamente al pueblo para que se pronuncie sobre aspectos tan esenciales para su bienestar como es la política de recortes de derechos que está sufriendo, que, sin duda, tiene “la especial transcendencia” que pide el art. 92 de la Constitución para ser sometida a referéndum consultivo, que debería ser vinculante.

 Es bien sabido que nuestra Constitución tiene una fuerte impronta autoritaria al no admitir (como la Constitución italiana, por ejemplo) consultas directas a la ciudadanía en forma de referéndum que puedan incluso derogar leyes aprobadas por las Cortes. Tampoco las élites dirigentes de la Unión Europea aceptan de buen grado la llamada a las urnas del pueblo para que se pronuncie sobre asuntos concretos que le afectan. Parece que quedaron escarmentadas con los rechazos populares en Francia y Holanda a la llamada Constitución europea, pero el caso más escandaloso fue su violenta reacción ante el intento del Gobierno griego de Papandreu de llamar al pueblo a referéndum para que se pronunciase sobre las exigencias del rescate. Tan violenta que impidieron el referéndum y provocaron la dimisión de aquel gobierno para imponer uno “tecnocrático”. Sin embargo, ante el grave deterioro de la convivencia civilizada que se está produciendo en España no cabe si no reaccionar con la convocatoria de un referéndum, pues el gran riesgo es que de esta crisis se acabe saliendo dentro de muchos años (como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”)  pero con mucha más pobreza, más desigualdad, menos libertad y, por ende, con menos democracia.

LOS DERECHOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA ENTRE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y LA EMERGENCIA DEMOCRÁTICA

Ha terminado el Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla –La Mancha, en su sede de Toledo. El Curso empezó el día 10 de septiembre y durante dos semanas los 24 participantes han estado debatiendo y estudiando sobre el tema genérico que encabeza esta entrada. Este curso empezó su andadura en 1988 en la Universidad de Bolonia con el impulso de Pedro Guigelmeti y Umberto Romagnoli y desde hace varios años continúa su andadura en la Universidad de Castilla-La Mancha con la colaboración de las universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia y Verona.

Todas aquellas personas que han participado en las distintas ediciones del Curso han formado un grupo multinacional que cada año se reúne en un lugar distinto del continente a debatir sobre un tema de actualidad. Es una milagrosa fraternidad que con una gran pluralidad ideológica el nexo común de aspirar a una sociedad civilizada en la que se respeten los derechos sociales y sean la base de la convivencia. El objetivo del curso este año ha sido indagar cómo la llamada “emergencia económica”, que tan utilizada ha sido a finales de los 90 y en  los años iniciales del nuevo siglo en América Latina, está dando lugar en Europa a un cambio de paradigma que pone en cuestión, no solo el estado social, sino también el estado democrático, tal y como había venido siendo entendido hasta tiempos recientes. La gran cuestión es si Europa saldrá de esta crisis más empobrecida y menos civilizada. O dicho de otro modo, si las libertades del “mercado” serán inmunes a la participación democrática, a las decisiones políticas, generando con ello fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza. Por lo estudiado en estas dos semanas las perspectivas no son muy alentadoras si  no se produce una mayor integración política en Europa y se corrijan los grandes déficits  de democracia.

El Curso de este año ha contado con la participación de los profesores Joaquín Aparicio, Carlos Berzosa, Miguel Rodriguez-Piñero, Alberto Montero, Joaquín Pérez Rey, Berta Valdés, Laura Mora, Gerardo Pisarello, Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT en España, Torcuato di Tella, sociólogo y actual embajador de Argentina en Roma, Federico Martelloni, Donata Gotardi, Luigi Mariucci, Gian Guido Balandi, Andrea Lassandari y Umberto Romagnoli. Rodolfo Benito tuvo una importante intervención dando una profunda visión sindical del conflicto social que se está generando en Europa.

ITALIA: UN REFERÉNDUM SOBRE EL TRABAJO

Nota editorial. La red de blogs que configuran la blogosfera de Parapanda tienen  el gusto de publicar la traducción al castellano de un artículo de Umberto Romagnoli, publicado en el diario Il Manifesto del 14 de septiembre pasado, en el que explica y toma partido por la iniciativa de convocar un referéndum en el que los italianos decidan si mantienen o derogan dos normas que se han introducido en el ordenamiento jurídico italiano con ocasión de la crisis (2011 y 2012), y que afectan a dos aspectos esenciales de las relaciones laborales. En una, la norma italiana permite que los convenios de empresa puedan no aplicar los convenios colectivos nacionales de sector ni una parte sustancial de la legislación laboral en aquellas empresas o centros de trabajo donde así se pacte con el empleador. En la otra, se modifica el régimen italiano sobre el despido vigente desde 1970 en el sentido de que el despido declarado improcedente tiene como efecto la readmisión del trabajador. Esta readmisión obligatoria que era la regla general del despido injustificado queda ahora reducida al despido disciplinario, mientras que se sustituye por una indemnización en los casos de despidos objetivos o por causas económicas, aunque el régimen legal al que se llegó tras un pacto transversal con el gobierno Monti que incluía también al Partido Democrático es más complicado y embrollado. La iniciativa del referéndum  busca, en este sentido, derogar las modificaciones introducidas en este cambio legal último.

En el artículo, Romagnoli – que forma parte del comité impulsor del referéndum – explica el sentido de este referéndum y sus objetivos. Una contribución especialmente sugerente para el caso español, en donde la protesta social se vertebra en torno a la exigencia de un referéndum sobre las políticas antisociales y fracasadas del gobierno del PP.

Con el referéndum regresa la política

Umberto Romagnoli

La historia del trabajo, ya se sabe, es una historia de rescate y de chantaje. Pero el chantaje no ha tenido nunca la imprudente visibilidad, la dureza y la extensión que ha adquirido desde el caso FIAT en Pomigiliano  hasta ahora. Es algo que está a la vista de todos, pero que no está bien decirlo. Es políticamente incorrecto. De hecho, como era inevitable, la iniciativa por el referéndum en materia de trabajo ha suscitado las airadas reacciones de la politique politicienne. Se ha dicho que la iniciativa era improponible, inoportuna, sin criterios. Prescindiendo del contenido de las preguntas depositadas ante el Tribunal Supremo hace pocos días, y ello de un lado porque nuestros políticos suelen comportarse así, de otro porque entendían que los “difíciles pero avanzados compromisos” obtenidos  - respecto a la reforma del art. 18 del Statuto dei Lavoratori  sobre el despido – no podían ser discutidos de nuevo o, haciendo honor a la regla según la cual no se debe molestar al conductor, todo lo más les correspondía ajustarlos sólo a ellos mismos.

Por el contrario, la instancia del referéndum y la campaña que seguirá para la recogida de firmas sirven para sustraer la regulación del trabajo del opaco bricolaje de las transacciones privadas y para restituir a la política del derecho del trabajo la centralidad que le corresponde en el debate público. En definitiva, la politique politicienne no ha ni siquiera concebido la sospecha de que la participación popular se haya solicitado para transmitir a la población – que, sin saber aún con qué ley electoral se procederá a votar en las elecciones de abril 2013, no puede tampoco imaginar las características del futuro gobierno – un mensaje de tranquilidad y de esperanza. La tranquilidad de saber que la recuperación de la normal dialéctica política de cuya autenticidad se está perdiendo el gusto y el recuerdo, no sólo es lícita, sino que es posible aquí y ahora la esperanza de contribuir a dar una estable perspectiva de desarrollo en un área crucial de las relaciones sociales: el trabajo asalariado – al que el Doctor Strangelove que por más de diez años ha formado parte del los espacios de gobierno quería  despojar del derecho a tener derechos.

Al decir esto me refiero no tanto a las preguntas del referéndum que, revisitando críticamente la regulación del despido que se desprende de la reforma de la ministra de trabajo Fornero, prevé el retorno a la versión originaria del art. 18 del Statuto dei Lavoratori, sino más bien a la pregunta sobre el art. 8 de uno de los innumerables decretos-leyes anti-crisis emanados en los últimos días del gobierno dimitido de Berlusconi.

Es cierto que el tema del despido como objeto de las preguntas del referéndum, ha producido (por inercia, por pereza mental o quizá por ignorancia) un efecto – vampiro sobre la prensa escrita, pero la normativa que constituye el objeto del artículo 8 del decreto-ley anti-crisis es mucho más devastadora. Y lo es porque amenaza la misma existencia del derecho del trabajo como parte del ordenamiento general provista de una identidad y de una organicidad propia. Es un semi-elaborado que, confeccionado en medio de una situación comparable (no sin razón) con la que acompaña a la retirada de un ejército en fuga, debe haber creado serias dificultades incluso a quienes aprobaron su conversión en ley, dado que se votó simultáneamente un orden del día proveniente de la oposición en la que se prometí volver a examinar este tema. En efecto, previendo que la “negociación colectiva de proximidad” (es decir, periférica, empresarial y/o territorial) pueda derogar in peius no sólo los convenios sectoriales de ámbito estatal, sino también gran parte de la legislación aplicable a la relación de trabajo, la norma sanciona el definitivo y prácticamente total abandono del principio de inderogabilidad de las reglas producidas por las fuentes constitucionalmente legitimadas del derecho del trabajo, además de suponer la evaporación del principio según el cual a trabajo igual deben corresponder iguales derechos, económicos y de cualquier tipo. Es decir, es la primera vez que un legislador vende su función a sujetos privados. Es claro que en la historia de los parlamentos modernos no hay antecedentes de este tipo. Por eso nadie me puede culpar de haber adoptado una “actitud militante” si, teniendo “el privilegio de poder hablar a la opinión pública en nombre de algo que tenga que ver con cultura y política”, comento favorablemente la petición de una consulta popular sobre el trabajo. Es cierto que, como ha escrito Gustavo Zagreblesky en La Repubblica del 19 de julio, “en el clima cargado de final de legislatura hay que resistir a la llamada a las armas”, lo que no es fácil. Pero el reconocido jurista no habría creído nunca que pudiese ser tan poco complicado mantener las debidas distancias incluso al hablar de un referéndum derogatorio que, a su manera, implica de por sí “una llamada a las armas”. El caso es que esta vez la derogación tiene por objeto una opción normativa que no daña solo a una parte, sino a todas. También a los empresarios, salvo aquellos que han desarrollado un despiadado instinto predatorio  y prefieren el mercado de las reglas a las reglas del mercado. Es extraño, pero el gobierno Monti  no se ha dado cuenta de ello y no ha depurado el ordenamiento.

Nada original, sin embargo, es el segmento de la reforma de la ministra de trabajo Fornero que los impulsores del referéndum proponen formatear. De la innovación, frente a lo que se declaró como propósitos expresos, puede decirse que, si  bien lesiona bastante a los trabajadores, no agrada en la misma manera al mundo de las empresas. La norma que ha sustituido al art. 18 es laberíntica, retorcida, contradictoria. Se diría que es el producto del exceso de conciencia que atormenta a la insegura ministra de trabajo: lo atestigua la obsesiva y casi maníaca búsqueda de distinciones pseudo-conceptuales y de hiper-correctismos cuya intrincada armazón hace del conjunto legislativo un concentrado de irracionalidades. Quizá a los pandectistas del siglo XIX no les habría disgustado una manifestación tan aguda de formalismo abstracto. Pero también los súbditos de ayer, si hubieran podido manifestar sus opiniones con la libertad de los ciudadanos de hoy, se las habrían dicho de todos los colores.

Il Manifesto, 14 septiembre 2012

LOS ECOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA DE PARAPANDA LLEGAN AL MAR DEL PLATA.

Willy Jaimbuad, atento seguidor de los acontecimientos de la esfera paparandeña, nos comunica que la noticia del nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Parapanda ha provocado un temblor telúrico en el Mar del Plata cuyas consecuencias, por el momento, no están bien evaluadas, pero cuando la polvareda levantada está empezando a reposar parece que se atisba una desaceleración del movimiento centrífugo del sindicalismo porteño que en los últimos tiempos ha dado lugar a la ruptura en dos de la unitaria CTA y a la apertura de fisuras en la peronista CGT que no se sabe como podrían acabar. Ya se sabe que la pluralidad sindical se justifica y se teoriza, pero también que la unidad se deshace en la práctica mientras se predica un discurso que dice lo contrario: “¡Unidad, Unidad! Pero tu por aquí y yo por allá.”

El nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Paparanda (AVANCE DE LA UNIDAD SINDICAL) ha sido como un revulsivo en aquellas tierras y aguas, hasta el punto que tras la ingestión en señal de alegría de algunas copas de malbec algunos sindicalistas de diversa clase y condición se han puesto en acción para seguir el ejemplo. Está por ver si el movimiento centrífugo  anterior se sustituye por uno centrípeto. Parece ser que una selecta representación de estos sindicalistas ha pedido una reunión con los dirigentes de la nueva Federación en la afamada localidad de Fuentealbilla, encomendándose todos ellos al santo laico Andrés Iniesta. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en medio de los afanes de la Marcha a Madrid del 15 de septiembre.

PACO FERNÁNDEZ BUEY

Ayer sábado, 25 de agosto, el mismo día que se celebraba el 68 aniversario de la liberación de París en el que por primera vez se reconocía y honraba a los republicanos españoles que entraron los primeros en la ciudad con los tanques de la división Leclerc, fallecía Paco Fernández Buey, una de las personas imprescindibles. Muchos en la meseta no tuvimos el privilegio de tratarle en persona, pero eso no era obstáculo para sentirle como alguien próximo, porque en sus en sus escritos se traslucía una bondad que hacía sentir al lector la presencia cordial de un compañero y amigo. Un amigo empeñado en las más hermosas utopías en las que todo ser humano se puede reconocer.

Su cultura inmensa iba acompañada de una enorme curiosidad y honestidad intelectual. Es una delicia, por ejemplo, leer sus páginas sobre la cultura y el arte del quattrocento italiano en las que reflexiona sobre la visión de los pintores de la ciudad ideal.  Era un maestro en tantas cosas, pero sobretodo en alentar una conciencia crítica que no renuncia a llamarse comunista pero se aleja del dogmatismo y autoritarismo. Con cierta tristeza uno se siente inclinado a pensar que con las pérdidas de gente como Sacristán, Vázquez Montalbán y ahora Fernández Buey son muchas las pérdidas de personas imprescindibles, pero como se nos anima en el blog hermano Metiendo Bulla, nos quedan sus escritos y su enseñanzas.

DESDE ITALIA

Se está celebrando en Módena la XIX edición del seminario de Pontigano, un seminario que recibe ese nombre de la abadía que se encuentra muy cerca de  Siena. Es un seminario que se dedica al análisis, desde un punto de vista comparatista, de una institución del Derecho del Trabajo, elegida cada año según criterios de oportunidad. Este año el seminario se ha centrado en el estudio de la descentralización de la negociación colectiva. Al seminario acuden doctorand@s y profesor@s de Italia, España, Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Austria.

Como no podía ser de otro modo la contrarreforma española ha despertado el interés de los participantes que no pueden creer que en un país democrático de Europa las cosas hayan llegado al punto en que las ha llevado el PP. La democracia está en peligro en Europa, es la opinión ampliamente compartida, y el caso español es una muestra.  El 20 de julio la atención estaba puesta en la protesta social que inundó las calles de las ciudades españolas. La mayoría de la prensa, muy favorable, como es ya común, a los intereses del capital, no pudo esta vez ocultar la amplitud de la respuesta popular frente a las medidas de recortes de prestaciones y servicios sociales perpetrados por este gobierno. Pero para todo lector de la prensa italiana ha sido sorprendente la afirmación del ministro de Hacienda, el sr. Montoro, de que no hay en las arcas públicas recursos para mantener los servicios públicos. Es una noticia destacada de primera página. Si lo que pretendía con esas declaraciones era justificar tan brutales medidas ante la opinión pública interna el día en que el Congreso de Diputados las convalidaba, y de paso, como siempre echar la culpa al anterior gobierno, lo que ha conseguido es destrozar todavía más la imagen del país en el extranjero. No es extraño que pocos minutos después la prima de riesgo haya superado el record histórico y se sitúe en 590 puntos. También se han mostrado fotografías de la dureza de la represión policial y la revuelta por las calles de Madrid.  ¿Cómo es posible que alguien que ocupa un importante papel en la gestión de la cosa pública pueda actuar con tanta ligereza?  La mayoría de los  participantes en el seminario están convencidos que, después de la jornada de ayer, el Gobierno del PP carece de la mínima legitimidad y credibilidad y, por ello, debe de inmediato dimitir.

LA UE Y EL PP DESTROZAN LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

La doctrina del shock está siendo aplicada a rajatabla por el Gobierno del PP siguiendo las órdenes de los eurócratas de Bruselas y del BCE.  El sueño de una Europa como espacio de democracia, libertad e igualdad que fuese ejemplo de un orden interno mundial de que auspiciaba, entre otros muchos, Habermas, ha desaparecido. La UE se ha convertido en una amenaza para la democracia al ponerse al servicio de la oligarquía financiera europea.

El caso español sigue la senda de Grecia, Italia, Portugal, Irlanda. Pero el deterioro democrático también llega a Alemania y otros países centrales si persiste en esa política de estabilidad financiera, política fiscal regresiva y adelgazamiento del Estado social.

En 2007 España era desde el punto de vista de los ortodoxos de la estabilidad financiera modélica. No había déficit, sino superávit en las cuentas públicas, lo que invalida la propaganda mentirosa del actual gobierno de que el anterior era despilfarrador que gastaba más de lo que tenía. La deuda pública era muy pequeña, una de las más bajas de Europa Así las cosas el Gobierno Zapatero puso en práctica una desastrosa política fiscal de reducción de impuestos a las clases acomodadas. El Estado se financiaba sobretodo con impuestos sobre el consumo (IVA) y sobre las rentas del trabajo. Por ello con el estallido de la crisis, con la consecuencia de desempleo y retracción del consumo, el Estado entra en déficit, no tanto por exceso de gasto, sino, sobre todo, por defecto de ingresos.  A partir de ahí la llegada del PP al gobierno la hace negando que va a  aplicar subida de impuestos y recortes en los servicios sociales.  Pues bien, no ha hecho otra cosa desde que ha llegado. Los recortes en sanidad y educación han sido brutales, hasta el momento 10.000 millones de euros, pero se anuncian más. Pero más brutal es que al mismo tiempo se han dado enormes cantidades a los bancos. Solo a Bankia, el banco mimado del PP, ha recibido  más 24.000 millones. Más del doble de todos los recortes en sanidad y educación.

Las medidas anunciadas son de una brutalidad que solo seres despiadados y serviles son capaces de hacer. Ayer se anunciaron nuevas medidas: Debilitarán lo público mediante la reducción de salarios y del volumen de empleo de los servidores públicos quienes vienen sufriendo una dura campaña de desprestigio en los medios de comunicación. Atacarán la Seguridad Social al reducir la cuota patronal en dos puntos, al reducir la prestación por desempleo, al aumentar la edad de jubilación y endurecer los requisitos para el acceso a la pensión. Favorecerán los fondos de pensiones privados. Han destrozado las prestaciones para las personas dependientes, subirán el IVA, que es el impuesto más regresivo que existe, eliminarán las deducciones fiscales por compra de vivienda y, sin embargo, ni una sola medida impondrán que haga cargar las consecuencias de la crisis a aquellos que la provocaron.  Estas medidas, sumadas a las que ya han adoptado, como la reforma contralaboral, traerán pobreza, desempleo, atraso. Condenaran a una generación a la desesperación. Será la generación joven actual la más preparada de la historia de España, pero será una generación perdida.  Cabe preguntarse cómo es posible que sabiendo que esas son las consecuencias el Gobierno de la nación haya adoptado esas medidas. La respuesta del gobierno es doble. Una es cierta: Son medidas exigidas por Bruselas y los “mercados”. Otra es falsa, cual es que a largo plazo traerán empleo. Pero ambas vienen en el apestoso envoltorio de la mentira: Se ha despilfarrado con anterioridad, dicen,  y otros son los responsables de estos desatinos. La realidad es que todas esas medidas sirven para que ante todo cobren sus deudas los bancos alemanes (y franceses y belgas) que habían dado a manos llenas dinero a la banca española para ganar todos ellos con la burbuja inmobiliaria. Ese era el problema, la enorme deuda privada española. Las ayudas europeas van destinadas, no a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, españoles incluidos, sino a beneficiar a la oligarquía financiera. Un solo dato: No se sabe a ciencia cierta cuanto millones de euros necesitan los bancos españoles, pero los últimos recortes anunciados para el sector público suponen 65.000 millones. La cantidad máxima solicitada de Europa es de 100.000, y se dice “ off the record” que la banca española necesita con urgencia 63.000 millones. Las cifras casan ¿no?.

Así las cosas no hay que ser adivinos para ver un panorama de graves conflictos sociales, como el de la minería. En ese conflicto se ha visto cómo los mineros han recibido una ola de solidaridad mostrada con evidencia en Madrid en el día de ayer. La respuesta violenta de Gobierno no se ha hecho esperar. Negro panorama para el otoño.