QUEREMOS NUECES, NO RUIDOS

Hay que aclarar, ante todo, quienes somos los que decimos:  "queremos nueces". Aclaración necesaria para evitar semejanzas con eximios representantes del partido de los corrompedores y corruptos, todavía hoy en el Gobierno, aunque en funciones, a quienes se les llena la boca arrogándose la recta interpretación de lo que quieren u opinan “los españoles”.

Teniendo en cuenta que en las elecciones solo les ha confiado su representación una minoría del cuerpo electoral (más o menos el 28 por ciento),  y no consta que antes de hacer tales afirmaciones hayan recibido una llamada de teléfono o un triste whatsapp  del 72 por ciento restante, resulta claro que hacer tales afirmaciones es el resultado de una mentalidad autoritaria de corte fascista como la de Franco quien, por la gracia de Dios, sabía interpretar lo que los españoles tenían que pensar por el bien de la patria. Se conoce que les cuesta mucho abandonar esa escuela. Pues lo dicho, para no incurrir en semejante aberración, este nosotros aspira a incluir a todas aquellas personas, que no son todas las españolas, que en las elecciones de diciembre votaron, a la vista de lo que propusieron los partidos, por recomponer los desastres causados por las políticas austericidas y represivas de los últimos años. Es una gran mayoría a la que hay que sumar, como diría el admirado López Bulla, algunos conocidos y saludados. Los amigos están incluidos de oficio. 

Cuando pedimos nueces pedimos que haya cambios concretos que limiten el inmenso poder que en España tiene una ínfima élite económica a cuyo servicio actúan los medios de comunicación más difundidos, aunque cada vez menos atendibles y más degradados. Esos medios se hacen eco de supuestas manifestaciones de representantes de los partidos políticos que podrían liderar un cambio sin analizar ni destacar (es más, se ocultan) las medidas necesarias sobre las que se podría construir una alianza. Por el contrario se mete ruido con la gobernabilidad, la estabilidad, la necesidad de una coalición “moderada” que incluya el PP (!!) . En esa operación está el nuevo partido de la derecha, Ciudadanos y el PSOE parece sigue hablando del pacto con este partido como sólido punto de arranque para cualquier acuerdo con otras fuerzas de progreso. ¿Por qué no nos ahorran tanto ruido y nos dicen lo que es necesario hacer? El nosotros de más arriba opina que quien tiene una posición maximalista es Ciudadanos al no querer revertir la inicua reforma laboral.

Una posición que el PSOE no debería asumir, está a tiempo de corregir si de verdad, como dice, quiere que el PP pase una temporada en el taller de reparaciones sin mando en plaza. Además de revertir el desastre de la regulación vigente sobre la prestación de trabajo, es urgente la derogación de la ley mordaza, la reforma del código penal, la protección efectiva de la educación y la sanidad públicas, poner orden en la radiotelevisión pública para que deje de ser instrumento de adoctrinamiento partidista, reforma de la ley electoral y llevar otra voz a Bruselas para construir una Unión Europea más decente. Estas serían las nueces que estamos deseando caigan del nogal de la democracia, aunque no sea el tiempo agrícola de ello. 

POR UN GOBIERNO COMPROMETIDO CON EL TRABAJO DECENTE.

Pasada la primera fase de búsqueda de coaliciones parlamentarias para formar Gobierno, se abre otra nueva. No parece aventurado sostener que estamos inmersos en un alarmante deterioro de la democracia y por ello cualquier acuerdo de gobierno debe tener como objetivo central acabar con él. Para ello, parece evidente que no se puede contar con el Partido Popular que con sus políticas ha sido y es un agente clave de ese deterioro. Ahora que llega la Semana Santa el PP debería emprender un largo camino por el desierto ataviado con jirones de un pobre saco por toda vestimenta, arrojándose ceniza por la cabeza en señal de expiación. Aunque la arrogancia que le caracteriza es casi seguro le impedirá hacerlo. Un partido, además, altamente sospechoso de dejarse atrapar, para obtener financiación ilegal, en una red tejida por poderosos corruptores a cambio del reparto de prebendas desde el poder que le otorga el dominio de instituciones públicas. Presuntamente ha concurrido a las elecciones como la atleta Marta Domínguez, militante suya, hacía en las competiciones: recurriendo al doping y por ello ha sido privada de las medallas que tan torticeramente obtuvo. Debería de haber un mecanismo para privar de sus escaños a los partidos tramposos cuando han recurrido al doping de la financiación irregular.

Pero la única o principal amalgama de la nueva coalición no puede ser mandar al PP a la travesía del desierto. Tendrá que ser construida en positivo, es decir, hay que ponerse a “desfacer enturertos”. Muchas son las tareas que hay que emprender, pero podrían resumirse en la urgente necesidad de limitar los grandes poderes económicos y sociales (en especial mediáticos) que una ínfima élite detenta generando una enorme desigualdad y un vaciamiento del Estado Social y Democrático de Derecho en que, según nuestra constitución, España se constituye. De todas esas tareas hay una esencial, cual es la dar al trabajo el valor social y político que tiene. El trabajo con derechos, resultado de la azarosa y heroica lucha de generaciones que nos han precedido, ha sido el resultado de la construcción de un Derecho del Trabajo que tiene como esencia la búsqueda de un reequilibrio (aún imperfecto) de la posición social y económicamente desequilibrada entre empresario y trabajador. Reconocer derechos a la persona que trabaja ha sido el pasaporte hacia la ciudadanía para quienes, teniendo que vender su trabajo, no eran sino súbditos en un mundo de sujetos de derecho solo formalmente iguales pero realmente muy desiguales. La imposible separación de la persona que trabaja del trabajo que por el contrato se obliga a prestar al empresario hace que, en una sociedad que aspire a un mínimo de decencia, el trabajo no pueda ser considerado una mercancía.

Por esta razón el pacto del PSOE con Ciudadanos, en lo que al trabajo se refiere, si se mantiene en sus términos actuales, no puede ser la base de coaliciones más amplias,  porque desvaloriza y despolitiza el trabajo. Por poner algún ejemplo, el “contrato estable y progresivo”, inspirado en el programa de Ciudadanos,  de dos años de duración máxima, es una contradicción en los términos pues ¿cómo puede ser estable lo que es temporal?. Se presenta como una gran novedad para superar la precariedad pero su grave error de partida es que con ese contrato se abandona de modo definitivo la causalidad en la contratación, según la cual para necesidades permanentes de las empresas deberían hacerse contratos indefinidos. Ahora este contrato será el modo de ingreso ordinario al trabajo, pero, además, ignora que hay necesidades en sí mismas temporales, como las obras o servicios determinados, las circunstancias eventuales por razón de la producción o las situaciones de interinidad. La precariedad viene de la amplia facultad de disposición del contrato de modo unilateral en manos del empresario, ya sea indefinido o temporal. Amplia disponibilidad que muestra toda su potencia lesiva en la enorme facilidad para despedir. La confusión entre precariedad y temporalidad se produce cuando, como ocurre ahora, hay fraude masivo en la utilización de las figuras contractuales temporales. En vez de perseguir el fraude, lo que se hace con este “contrato estable y progresivo” es legalizarlo.  La precariedad tiene otra gran fuente en la banalización de la causa para despedir. La Constitución, el Convenio 158 OIT, la Carta Social Europea, la carta de Derechos Fundamentales de la UE y el propio Estatuto de los Trabajadores exigen que para que el despido sea lícito tiene que, además de cumplir con requisitos de forma y poder ser revisado ante un tercero neutral (jueces en nuestro caso), responder a una causa lícita. Reducir el problema del despido al montante de la indemnización es degradar la exigencia de causa. La indemnización, en los casos de despidos declarados contrarios a derecho, solo tiene sentido cuando no hay posibilidad de readmisión del trabajador a su puesto, que sería lo coherente.  En la práctica se está instalando una cultura de despedir sin causa a cambio de una indemnización tasada y limitada, cada vez más limitada, cuando, de acuerdo a buena técnica jurídica, esos casos deberían ser declarados nulos con opción para el trabajador por la readmisión o la indemnización. Si optase por la indemnización (por temor al futuro clima laboral, por ejemplo), además de la indemnización tasada y limitada, podría reclamar por todos los daños que la decisión injusta de despedir del empresario le ha causado, daños que tendrían que ser demostrados.

Nada de todo esto se refleja en el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, sino que, por el contrario, se insiste en la línea de tendencia de enfangar la problemática del despido, que es donde se pone más descarnadamente de manifiesto “la violencia del poder privado” (BAYLOS y PÉREZ REY), en un asunto de indemnización. La regla de “toma el dinero (poco) y corre” es una clara expresión de tratar al trabajo (por tanto al trabajador) como una mercancía, una commodity para decirlo en la jerga de los economistas que inspiran en los últimos tiempos las reformas laborales. Si hay una voluntad de “regeneración democrática” un partido como Ciudadanos, que ha sacado 3.500.446 votos y 40 diputados, debería estar de acuerdo en ceder en sus posiciones en materia social frente a partidos como PSOE, Podemos, IU, PNV (que no tiene en materia social una ideología neoliberal) y Coalición Canaria que suman más de 12.000.000 de votos y 168 diputados. Para ello sería bueno que trajeran a su mente que, nacida como respuesta a la terrible experiencia de la 1ª Guerra Mundial, la OIT cumplirá su centenario en 2019. Sigue vigente lo que su Constitución establece: “que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”, y que “si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países.  Por ello, el primer principio fundamental sobre los que se basa es que “el trabajo no es una mercancía”.

CHILE, LABORATORIO DEL NEOLIBERALISMO: CRIMINAL Y TRIUNFANTE[1]

1. El 11 de setiembre pasado se han cumplido 42 años del golpe de estado de Pinochet contra el Gobierno democrático del presidente Salvador Allende. La Junta Militar puso en práctica un plan de extermino de una parte de la población chilena comprometida en la transformación del país para conseguir mayores cuotas de igualdad, libertad y bienestar. La dictadura de Pinochet se unía a un ciclo de dictaduras militares en el continente latinoamericano apoyadas por los Estados Unidos (Henry Kisinger fue el gran muñidor de las maquinaciones subversivas de los militares chilenos). Brasil, Uruguay y Argentina sufrieron también la opresión de feroces dictaduras, que establecieron entre ellas vínculos asesinos para perseguir a los ciudadanos demócratas más allá de sus propias fronteras. Fue la llamada Operación Cóndor. Poco a poco los dictadores fueron abandonado los más altos puestos del poder político de modo tal que a partir de los años 90 del pasado siglo en todos los países se establecieron regímenes constitucionales y, aunque la impronta de las dictaduras en mayor o menor medida siguió presente, los aspectos más brutales como los asesinatos, torturas, desapariciones de personas, robos de niños, exilio y otras graves violaciones de los derechos humanos dejaron de existir y fueron execrados por la sociedad.

Sin embargo la huella de las dictaduras siguió presente sobre los derechos sociales. En general, la recuperación de las libertades individuales propias de un Estado de derecho ha sido menos problemática que la de los derechos que dan contenido a un Estado social y democrático, los cuales, por el contrario, todavía hoy tienen una existencia efímera y, en consecuencia,  la desigualdad es lacerante en estos países, siendo Chile un ejemplo singular por el enorme poder que sigue detentando su clase oligárquica.

No puede negarse que en Chile se han dado pasos importantes para recuperar la memoria colectiva de su historia reciente, dignificar a las victimas de la dictadura y castigar a los asesinos, aunque haya sido no sin dificultades. El Estado chileno ha creado un esplendido museo de los derechos humanos en la capital, Santiago, que es un ejemplo a seguir para otros países (como por ejemplo España). En ese museo muchos visitantes no pueden contener las lágrimas de la emoción. Hay zonas del mismo que se recomienda no visiten los jóvenes menores de 14 años, que en todo caso deben ir acompañados de adultos. Ver una auténtica sala de torturas con los instrumentos originales que los militares usaban convulsiona incluso a los espíritus más robustos. Es una pieza importante en la construcción de una cultura y una conciencia cívica que se expresa como un clamor con el grito: ¡NUNCA MÁS!

2. Pero al mismo tiempo la dictadura ha dejado impreso en la sociedad chilena un modo de entender las relaciones de trabajo y los derechos sociales que los diversos Gobiernos democráticos posteriores y sus correspondientes mayorías parlamentarias no han podido o no han querido modificar. Para empezar no han cambiado la actual Constitución redactada en la etapa final de Pinochet que es seriamente cuestionable. El movimiento por una nueva asamblea constituyente no ha sido, por el momento, capaz de imponerse. La libertad de prensa no ha tenido un gran cambio. Los medios de comunicación están concentrados en manos de una oligarquía que no deja espacio a una opinión pública plural. Más que libertad de prensa hay libertad de empresa que obstruye los caminos de una información veraz.

3. Chile fue uno de los primeros países de América Latina que reconoció el derecho de sindicación, si bien lo fue como reacción de las clases conservadoras frente a un incremento de la actividad sindical libre, ilegal o alegal. Una ley de 1924 reguló el derecho a fundar sindicatos. Era una ley autoritaria bajo la cual la personalidad de los sindicatos se concedía por el Presidente de la República, establecía una fuerte fiscalización de su  vida interna por la Inspección de Trabajo, prohibía la negociación colectiva en la agricultura, así como la sindicación en el sector público. También imponía conciliaciones obligatorias para solución de conflictos. Como en otros países, hubo una continua evolución hacia el reconocimiento de una auténtica libertad sindical. En 1931, entre otras cosas, frente a la anterior negociación por empresas,  se empezó a permitir la negociación colectiva sectorial a los sindicatos de oficio y se reconoció el derecho de huelga con la prohibición del esquirolaje. En 1964 se reconoció el derecho sindical pleno a los trabajadores de la agricultura y en 1968 se crearon comisiones tripartitas que negociaban condiciones mínimas por ramas de la producción. El reconocimiento constitucional  efectivo de la libertad sindical tuvo que esperar a 1971, con la llegada al poder del Gobierno de Unidad Popular de Allende. En 1973 la tasa de sindicación era del 34 por ciento, la más alta jamás habida. En 1972 hubo una experiencia muy interesante: los “cordones industriales”, que fueron formas de organización autogestionaria en algunas empresas como reacción a la “huelga patronal” (en especial en el sector del transporte por carretera, fundamental en Chile) que provocó una situación de desabastecimiento de muchos productos en el país.

4. La política laboral de la dictadura que se impuso en 1973 tiene dos etapas bien diferenciadas, pero que tienen en común la feroz represión de toda disidencia.  La primera etapa es aquella en la que se intentó imponer un modelo propio de los militares  caracterizado por una especie de integración corporativa de los sindicatos afines, al estilo de lo que llevó a cabo el franquismo en España. Implicaba, por supuesto, la supresión de la auténtica libertad sindical que sería sustituida por un organismo integrador que consideraba el interés de la empresa un valor superior que no podía ser puesto en cuestión. En consecuencia, la huelga quedaba proscrita, pero sería posible una negociación por ramas de actividad aunque sin autonomía sindical.

Ese modelo no llegó a tener una auténtica implantación y a partir de 1975 lo que se impuso fue el llamado Plan Laboral de los civiles neoliberales afectos a la dictadura, que llevaron a cabo por la fuerza de las armas la “revolución conservadora” de Reagan y Thatcher. El autor del Plan Laboral fue el ministro José Piñera, recién regresado de los Estados Unidos, en donde había hecho su doctorado. Sus ideas son un reflejo de las de Friedman y Hayek.  Proponía “modernizaciones” en siete áreas para entronizar el libre mercado. Estas eran la de trabajo, la previsión social, educación, salud, justicia, agricultura y administración. No en todas estas áreas se llevaron a cabo, pero en algunas las transformaciones fueron profundas y demoledoras. En previsión social se privatizaron los Seguros Sociales cambiando el sistema financiero de reparto por el de capitalización privada y obligatoria, lo que ha dado lugar hoy a una desprotección y empobrecimiento de la mayoría de la población incluida en el esquema y a un enriquecimiento de las entidades financieras. Lo curioso es que los militares y los Carabineros (policía militarizada) no consintieron ir a la capitalización privada y permanecieron en su Seguro Social. Criminales pero no idiotas.

La educación fue considerada como un bien objeto de tráfico comercial, lo que trajo la expansión de todo tipo de centros educativos privados, incluidas las universidades, muchas de ellas de calidad ínfima. Los estudiantes universitarios tiene que contraer créditos, que tardan años en devolver, para pagar su educación. Esta situación provocó masivas protestas en las calles en 2012-2013, que contribuyeron a un cambio de signo político en 2014, como más adelante se indicará. En la Justicia se suprimió la jurisdicción especializada de lo social para remitir el conocimiento de los pleitos laborales a la costosa y lenta jurisdicción civil. Solo bien entrados los años 90 del pasado siglo se consiguió restaurar la jurisdicción social tras arduos esfuerzos de las asociaciones de abogados laboralistas y algunos académicos.

El Plan Laboral de la dictadura aceptaba reconocer de modo formal la libertad sindical, sobre todo para evitar un boicot de los sindicatos norteamericanos AFL-CIO contra las exportaciones chilenas. En realidad los sindicatos resultantes de ese plan son una caricatura de sindicatos. No puede haber sindicatos de sector o rama de actividad, están prohibidos, solo pueden ser de empresa. La negociación colectiva tampoco puede ser sectorial, sino también solo de empresa. Hay un pluralismo sindical a ultranza con una competencia entre los sindicatos y otros grupos negociadores en la empresa como si fuera un mercado, con la consecuencia de que el empresario acaba eligiendo el sindicato con el que negocia. Dada la estructura de las empresas chilenas, los sindicatos son minúsculos. El 53 por ciento de ellos tiene menos de 40 afiliados. En la idea de Piñera la negociación colectiva no ha de ser un mecanismo de redistribución de ingresos o riqueza en el país. La sindicación, aún hoy, ha caído al 14 por ciento y la cobertura de los convenios colectivos solo alcanza al 8,4 por ciento de los trabajadores.

La huelga solo podía ser admitida en la fase de negociación de un convenio colectivo, pero se permitía (y se permite) al empresario la sustitución de los trabajadores huelguistas por otros contratados “ad hoc”, con lo cual, las pocas veces que se utiliza, es un instrumento absolutamente ineficaz. Se legalizó el esquirolaje. Este plan puede resumirse en que es extremadamente rígido e intervencionista en lo colectivo, pero abstencionista y flexible en la relación individual que está dominada por la voluntad unilateral del empresario.

5. La transición a la democracia está siendo extremadamente lenta. Tras perder un plebiscito sobre su continuidad en el poder en 1988, Pinochet aceptó negociar una reforma constitucional con algunos partidos (entre los que no estaba el Comunista, que seguía siendo ilegal) que acabó dando lugar a la actual constitución que data de 1989 y que, entre otras cosas, reservaba a Pinochet cargo de senador vitalicio. Desde 1990, con la excepción del periodo 2010 a 2014 en que ganó las elecciones la derecha chilena con el presidente Piñera, hermano del autor del Plan Laboral de la dictadura, los gobiernos han sido de la Concertación por la Democracia, una coalición de partidos en la que los más importantes han sido la democracia cristiana y el partido socialista. Desde 1990 al 2000 hubo dos presidentes demócratas cristianos, Adlwin y Frei  (el primero con Pinochet como jefe del ejercito) y, salvo el paréntesis ya citado de Piñera, los socialistas Lagos y Bachelet, que ha revalidado el cargo en 2014.  Pues bien, durante todo ese periodo el Plan Laboral de la dictadura no se tocó, ni, como en Argentina, no se volvió a un sistema público de previsión social. Las protestas estudiantiles de 2012-2013 contra la mercantilización de la educación contribuyeron a la pérdida del poder por la derecha.  Los partidos de la oposición, agrupados en la coalición Nueva Mayoría, con la novedad de que incluye al Partido Comunista, se comprometieron a llevar a cabo serias reformas en la educación. Reformas que están en curso y que los grupos económicos privados pretenden que las universidades privadas reciban subvenciones sin discriminación frente a las públicas.

Sobre la reforma del Plan Laboral en la Nueva Mayoría había bastante ambigüedad aunque, finalmente, se presentó un proyecto de ley, ahora en discusión en el Senado, que no cambia los elementos esenciales de aquel Plan. Mantiene la negociación colectiva por empresa, da más posibilidades para que en las empresas los sindicatos negocien medidas de “flexibilidad” en horario, salario, tiempo de trabajo, organización de trabajo, etc…La huelga solo será posible dentro de proceso de negociación de un convenio colectivo y, esta es la parte más positiva, limita la capacidad del empresario para sustituir a trabajadores huelguistas, aunque no se prohíbe. Hará falta el acuerdo con el sindicato de la empresa para extender un convenio negociado a la totalidad de los trabajadores, aún a los no sindicados. Este aspecto es criticado por los empresarios pues argumentan que es imponer una especie de obligatoriedad de la sindicación. Los argumentos para no cambiar los aspectos esenciales del Plan de la dictadura son siempre los mismos, esto es, introducir la negociación colectiva sectorial, reconocer la libertad sindical, incluida la huelga, limitar los poderes organizativos del empresario será malo para la economía nacional. Pero mantener esa opinión es un sarcasmo cuando se observa que casi el 50 por ciento de los asalariados a tiempo completo gana menos de 337 € al mes, y de esos, el 17 por ciento menos de 218 €, en un país en el que los precios no están muy alejados de los de España y en el que los servicios públicos distan mucho de ser gratuitos. Los datos disponibles (2013) muestran que, de acuerdo con el índice Gini, Chile  es el país con más desigualdad de todos los de la OCDE. Un triunfo del neoliberalismo que muestra así su esencia violenta y antidemocrática como es propio de las clases oligárquicas cuyo poder sigue siendo intocado.

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[1] Algunos de los datos usados en este articulo han sido tomados de K. Narbona: “Una historia del tiempo presente: lo que cambió el plan laboral de la dictadura”, publicado por la Fundación Sol, en septiembre 2015. www.fundacionsol.

EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

La “revolución conservadora” que se desató en Estados Unidos y Gran Bretaña con los Gobiernos de Reagan y Thatcher generó una larga onda ideológica que, bajo el manto de una denigración de lo público y exaltación de lo privado,  trajo consigo la adopción de políticas de privatización de servicios y empresas públicas. Esas políticas no se circunscribieron al mundo anglosajón, ni a los años ochenta del pasado siglo, sino que se extendieron por todo el mundo y han continuado hasta la actualidad.

España no ha sido una excepción, aunque la furia privatizadora ha tenido su apogeo en los años en los que el Gobierno ha sido ocupado por el partido de la derecha, sin que fuera una práctica desconocida por los gobiernos socialistas.  Los efectos de las políticas privatizadoras ha sido muy negativos, con dramáticas consecuencias en vidas humanas, como los accidentes de ferrocarril en Gran Bretaña debidos a insuficientes inversiones en las infraestructuras privatizadas con reducción alarmante de los niveles de seguridad, lo que dio lugar a llamativos accidentes con victimas mortales. La sanidad, la educación, el suministro de agua, la energía, las comunicaciones y otros servicios, como la limpieza viaria o la atención domiciliaria a personas en estado de dependencia tampoco escaparon a la ola privatizadora.

En España la acentuación de las políticas privatizadoras a partir de 2008 ha encontrado una fuerte resistencia social alimentada por la evidencia del deterioro de la calidad de los servicios cuando estos han pasado a gestión en manos privadas, del mismo modo que ha visto como una falacia la supuesta mayor eficacia y ahorro de costes que se decía traía lo privado. En adición a ello se ha ido desvelando que las operaciones privatizadoras han sido la cobertura de mayúsculos escándalos de corrupción. Todo ello ha provocado un deterioro de la calidad de la democracia.

Tal vez por ello, las últimas elecciones municipales han traído significativos cambios en el gobierno de los más importantes municipios de España en los que candidaturas alternativas han triunfado con programas de regeneración democrática que incluían pretensiones de recuperar la gestión pública de servicios otrora privatizados.

Hay una corriente que en cierto modo recupera las clásicas doctrinas del servicio público de las que León Duguit es un eximio representante. Tienen completa vigencia sus ideas sobre la insuficiencia de la representación y la soberanía como legitimación  del mayor poder de los gobernantes. Hay ciertas obligaciones que se les imponen en relación con los gobernados cuya realización es la justificación de su mayor fuerza. La interdependencia social es el fundamento de esas obligaciones. En un mundo tan complejo como el actual pretender que el individuo es un ser autónomo capaz con sus solas fuerzas de proveerse en el mercado de lo que necesita para la satisfacción de sus necesidades es una mistificación que si se mantiene es por la enorme presión de los medios de persuasión en manos de grandes grupos económicos, pero no resiste su cotejo con los hechos. El servicio público, entendido como “toda actividad cuyo cumplimiento ha de ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por intervención de la fuerza gobernante”[1], debe volver a ser el centro de la actuación de los poderes públicos. Hay bienes comunes, como el agua, que han sido objeto de tráfico mercantil, lo que da a entes privados un poder enorme sobre la vida de la colectividad y eso no es compatible con la idea de una vida en común civilizada.  

Volver a la esfera del servicio público todas estas actividades y bienes no es tarea sencilla porque el marco jurídico actual pone enormes trabas. Es fácil privatizar, pero difícil la vuelta a lo público. El derecho de la Unión Europea no facilita mucho las cosas, pero es el marco del que hay que partir por el juego de los principios de primacía y autonomía en sus relaciones con los derechos de los Estados Miembros. La libre prestación de servicios es una de las libertades fundamentales de la Unión y el concepto de servicio del art. 57 TFUE es bastante amplio y difuso. Ciertamente hay cierto espacio para utilizar la vía de las “exigencias imperativas” que puedan justificar restricciones a la libre prestación de servicios reconocida en el art. 56 TFUE, pero no es tarea sencilla. Mucho más problemática sería la situación si se llega a suscribir el TTIP o, peor todavía, el TiSA (Trade in Services Agreement) que la Unión Europea, Estados Unidos y unos 30 otros países están negociando en secreto al margen de la Organización Mundial del Comercio para ir más lejos en la liberalización del “comercio de servicios” de lo previsto en el Acuerdo General del Comercio de Servicios.

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[1] Leon Duguit, Las transformaciones del Derecho Público y Privado, Comares, Granada, edición de 2007, p. 28.

LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA HONRA LA MEMORIA DE MANUEL RAMÓN ALARCÓN

El viernes 18 de septiembre la Universidad de Sevilla ha rendido un homenaje en memoria de Manuel Ramón Alarcón, que nos dejó en el mes de mayo pasado.

Manuel Ramón Alarcón fue catedrático de las Universidades Autónoma de Barcelona y, posteriormente, de la Pompeu Fabra en las que creó una fecunda escuela. Un andaluz en Cataluña que supo ganarse el respeto, la amistad y la consideración de todos cuantos le conocieron y con su enorme capacidad para construir, como diría Julia López, contribuyó de modo decisivo a la consolidación de la joven Universidad Pompeu Fabra, hasta el punto que un importante número de personas de su claustro le pidieron que diese el paso para ser rector de la misma. Pero decidió, por el contrario, volver a la ciudad y a la universidad en las que se había formado, a su Universidad de Sevilla, aunque manteniendo siempre estrechos vínculos con las universidades catalanas por las que pasó.

Era debido, por tanto, que la de Sevilla honrase su memoria, como lo ha hecho, organizando dos actos. Uno, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en el que se glosaron algunos de los temas más destacados de su labor científica del profesor Alarcón, y otro, un acto institucional, por la tarde, en el magnifico paraninfo de la antigua Fabrica de Tabacos, en el que se destacaron diversos aspectos de su personalidad en su vinculación con la Universidad y con el Tribunal Supremo.  En el primero de ellos participaron, en primer lugar, Antonio Martín Valverde, quién dirigió su tesis doctoral sobre el derecho de asociación sindical en los orígenes del Derecho del Trabajo, Francisco Pérez Amorós y Eduardo Rojo, ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona. El primero de ellos glosó las aportaciones de Manuel Ramón Alarcón sobre la ajeniedad como criterio delimitador del trabajo asalariado y el segundo sobre las peculiaridades del empleo público. Tras estas exposiciones, Joaquín Aparicio Tovar, de la Universidad de Castilla-La Mancha, trató sobre el principio “pro operario” como base definitoria del ordenamiento laboral y Jaime Castiñeira Fernández, Santiago González Ortega y María Fernanda Fernández López, de la de Sevilla, trataron respectivamente sobre tiempo de trabajo, los principios del Sistema de Seguridad Social y las peculiaridades de la modalidad procesal de conflicto colectivo.

Jesús Cruz Villalón fue el organizador de este homenaje junto con José Manuel Gómez Muñoz, profesores de la Universidad anfitriona. Ambos participaron en el acto institucional con el Rector de la Universidad, Miguel Ángel Castro, y con Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Consejero Permanente de Estado, Fernando Salinas, Magistrado del Tribunal Supremo, Julia López, de la Universidad Pompeu Fabra y Rafael Sanchez-Barriga, del Colegio de Abogados de Sevilla.  

Ha sido un emotivo y justo homenaje que ha servido para dar a conocer a mucha gente aspectos de la rica y generosa personalidad de Manuel Ramón, algunos poco conocidos,  contribuyendo así a la perduración de su memoria.

La transición del Estado social y democrático

COMIENZA LA EDICIÓN DE 2015 DEL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EXPERTAS/OS LATINOAMÉRICANAS/OS EN RELACIONES LABORALES

El lunes 14 de septiembre han dado comienzo las actividades del citado Curso en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la ciudad de Toledo. 30 personas procedentes de casi todos los países de Latinoamérica van estar trabajando durante dos semanas sobre la problemática actual del Estado Social y Democrático de Derecho, según el programa que más abajo se adjunta.

La transición del Estado Social y Democrático de       Derecho: ¿Hacia dónde?

 Toledo, del 14 al 25 de septiembre de 2015

Una vez más, el Curso de Especialización para Expertas/os  Latinoamericanas/os en Relaciones Laborales continúa, este año 2015, la magnífica iniciativa que cuenta ya con treinta años de historia y que ha generado una amplia y activa red de ex participantes diseminados por toda América Latina. Es más, viene a dar cuenta de ella y expresa la voluntad de no interrumpir los contactos con una amplia audiencia de interesadas/os potenciales. Es de destacar que la edición de este año continúa y profundiza la colaboración entre Universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia, Verona y Castilla-La Mancha, con una ya larga vinculación al Curso. Como en otras ocasiones, cuenta con la importante participación de destacados miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en este caso con el Director de la Oficina de la OIT en España.

El tema elegido, como siempre se ha hecho en el Curso, es de enorme actualidad y viene determinado por lo que está sucediendo en los últimos tiempos. La crisis del 2008 afectó de modo principal a países que, aparentemente, durante años habían estado al abrigo de situaciones de este tipo, es decir, los países considerados centrales en el orden económico y político mundial, en especial los Estados Unidos de América y los Estados Miembros de la Unión Europea. En estos momentos ya pueden observarse transformaciones profundas que no son meras respuestas a esa crisis. En los países de la Unión Europea la crisis ha sido aprovechada para modificar el estado de cosas del mundo posterior a la segunda guerra mundial. En efecto, una de las buenas herencias en Europa del terrible y dramático siglo XX fue el alumbramiento del Estado Social y Democrático de Derecho que suponía un modo de entender la democracia más allá del respeto de ciertas formas y procedimientos (estado de derecho) establecidas en la Constitución. Implicaba un compromiso de los poderes públicos con los valores de la libertad, la justicia, el pluralismo político y, en especial, con la igualdad, así como con el reconocimiento de una dimensión social de todos los derechos fundamentales, además de los específicos de esta naturaleza. El derecho del trabajo y el de la seguridad social, en ese esquema, son piezas fundamentales. El Estado Social y Democrático de Derecho, que  es un modo de avanzar y profundizar en el principio democrático, en estos momentos está puesto en cuestión.

PROGRAMA

Coordinador General: Pedro Guglielmetti

Lunes, 14 de septiembre.

10.-10.30: Entrega de materiales y Acto de bienvenida en la Universidad de Castilla-La Mancha. Saludo a los participantes por autoridades académicas de la Universidad de Castilla-La Mancha.

10.30-11.00: Recorrido por los conventos de san Pedro Mártir y de Madre de Dios, sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM en Toledo.

11.00-12.00. Conferencia inaugural: ¿De qué hablamos cuando hablamos del Estado Social y Democrático de Derecho? María Emilia Casas Baamonde, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid y Ex Presidenta del Tribunal Constitucional.

12.00-13.00: Debate

13.15.- Almuerzo de bienvenida

16.00: Puesta en común de las realidades nacionales.

21.00: Cena.

Martes, 15 de septiembre.

10.00-11.00:  La degradación de las garantías constitucionales de los derechos sociales en un estado de emergencia económica no declarado. Antonio Baylos Grau. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-La Mancha.

11.00-11.45. Debate

11.45-12.15. Pausa

12.12-13.15. El déficit democrático en el proceso de integración europea: El ESDD  ¿límite en la atribución de competencias a la UE? Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo Ferrer, Consejero de Estado, ex Presidente del Tribunal Constitucional.

13.15-14.00.- Debate

14.15: Almuerzo.

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Miércoles, 16 de septiembre.

10.00-11.00. Postfordismo, precariedad y transformación del espacio-empresa como nuevas realidades laborales. Fernando Rocha, sociologo, Fundación 1º de Mayo.

11.00-11.45.- Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. Gobernanza económica y su impacto en la negociación colectiva. Francisco Trillo Párraga, Profesor Contratado doctor Universidad de Castilla-La Mancha.

13.15-14.00. Debate

14.15.- Almuerzo

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Jueves, 17 de septiembre.

10.00-11.00. La ruptura del pacto social europeo de postguerra y del pacto sexual del patriarcado: La necesidad de un nuevo pacto constituyente. Laura Mora Cabello de Alba. Profesora Contratada Doctora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-la Mancha

11.00-11.45- Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. La reestructuración de los Sistemas de Seguridad Social. Joaquín Aparicio Tovar.Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Castilla-la Mancha.

13.15-14.00.- Debate

14.15. Almuerzo

16.30. Mesa redonda: Sindicatos y asociaciones empresariales ante la transición del Estado Social y Democrático de Derecho.  Juan José Gonzalez Rodriguez, Secretario de Política Institucional y Comunicación de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha y Felix Peinado, Secretario General de la Confederación Empresarial de Castilla-La Mancha.

21.00: Cena.

Viernes, 18 de septiembre.

10.00-11.00. ¿Qué fue de la estabilidad en el empleo? Joaquín Pérez Rey Profesor Titular de Derecho del Trabajo. Universidad Castilla-La Mancha.

11.00-11.45.- Debate

11.45.-12.15. Pausa

12.15-13.15. La gobernanza económica de la UE frente a la crisis. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Juan Ignacio Palacio Morena, Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Castilla-La Mancha.

13.15-14.00.- Debate

14.15. Almuerzo

21.00. Cena para quienes se queden en Toledo.

Lunes 21

10.00-11.00.- El Tribunal Supremo ante las profundas reformas de la legislación laboral. Jesús Gullón, Presidente de la Sala 4ª (social) del Tribunal Supremo.

11.00-11.45.- Debate

11.45.-12.15. Pausa

12.15-13.15.- El programa de la OIT contra las desigualdades. Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT en España.

13.15-14.00.- Debate

14.15. Almuerzo

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Martes 22

10.00-11.00. El papel del sindicato. Andrea Lassandari, Professore  Ordinario. Universidad de Bolonia.

11.00-11.45. Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. El reforzamiento de los poderes empresariales. Federico Martelloni, Ricercatore confermato. Universidad de Bolonia.

13.15-14.00.- Debate

14.15. Almuerzo

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Miércoles 23

10.00-11.00. La gobernanza europea de la política del trabajo. Donata Gottardi, Professoressa ordinaria. Universidad de Verona, ex parlamentaria europea.

11.00-11.45. Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. Gobernanza económica y justiciabilidad de los derechos laborales. Laura Calafà,Professoressa asociata, Universidad de Verona.

13.15-14.00. Debate

14.15.  Almuerzo.

16.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena.

Jueves 24

10.00-11.00. La temporada de reformas. Luigi Mariucci, Professore Ordinario. Universidad de Venecia  y Guido Balandi, Professore Ordinario. Universidad de Ferrara

11.00-12.00. Debate

11.45-12.15. Pausa

12.15-13.15. ¿Qué queda del derecho del trabajo del siglo XX? Umberto Romagnoli, Professore Ordinario. Universidad de Bolonia.

13.15-14.00. Debate

14.15.  Almuerzo.

16.30-18.30: Trabajo en grupos.

21.00: Cena de clausura.

Viernes 25

10.00-11.15: Mesa redonda: La idea del derecho del trabajo, hoy. Umberto Romagnoli, Luigi Mariucci, Guido Balandi, Antonio Baylos, Joaquín Aparicio.

11.30-12.45.- Exposición de trabajos de grupos.

12.45-13.15: Acto de clausura y entrega de Diplomas.

13.15.- Foto de familia.

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Los partidarios de la independencia de Cataluña, para apoyar la creación de un estado catalán, han puesto en circulación, entre otras, esta frase publicitaria: "La Seguridad Social española es franquista", y parece que se han quedado tan anchos. Nada hay objetable en que haya una parte de la ciudadanía catalana defienda la opción independentista en un debate democrático. Tampoco hay nada que objetar a que en ese debate las distintas corrientes de opinión lancen campañas publicitarias, pero lo que no es aceptable es que esa publicidad sea falsa porque, cuando eso ocurre, el descrédito debe caer sobre los falsarios.

Este es el caso de la frase que aquí se comenta que, por decirlo de manera educada, es un anacoluto de marca mayor.
Dar con propiedad el calificativo de franquista a algo solo se puede hacer cuando los elementos previamente identificados de lo que se entiende por franquismo están presentes en esa cosa así calificada. ¿Qué elementos franquistas han conformado y están presentes en el Sistema español de Seguridad Social? No lo explica esa publicidad. Afirmar que la actual Seguridad Social es franquista porque durante aquella dictadura se promulgó la Ley de Seguridad Social ( primero, en 1963, como ley de bases y luego, en 1966, como texto articulado y posteriormente otras muchas normas) es un puro disparate. En puridad,  durante la dictadura franquista no llego a tomar cuerpo una auténtica Seguridad Social porque, entre otras importantes cosas, no se llego a alcanzar ni la universalidad subjetiva de cobertura (toda la población) ni la objetiva (protección frente a todas las contingencias alumbradas por el ideal de cobertura de aquella época). La legislación franquista en esta materia toma las técnicas sobre seguros sociales que estaban en circulación en Europa en un evidente intento de búsqueda de una legitimidad que un régimen impuesto por las armas no tenía, al  tiempo que trataba de responder a los cambios socioeconómicos que se estaban produciendo. En puridad, solo puede se hablar de Seguridad Social en España ya con la democracia. Puesto que la actual Seguridad Social, como no puede ser de otro modo, es fruto de una continua evolución, podría del mismo modo ser calificada de republicana porque también en su origen histórico tiene aportaciones de aquel periodo, como la obligatoriedad empresarial del aseguramiento del accidente de trabajo y de las enfermedades profesionales, hecha en 1932, que todavía hoy subsiste.

Lo que importa es ver si una técnica de protección social responde al concepto de lo que es Seguridad Social o no, y uno de los elementos esenciales de ese concepto es el principio solidario que exige romper la relación sinalagmatica (equivalencia contractual) entre lo que se aporta y lo que se recibe como prestación, para así poder llevar a cabo una redistribución de rentas de los que más tienen en favor de los que menos tienen. Es claro que quien pretenda crear un estado independiente, para buscar legitimación, tiene que ofrecer la creación de un Sistema de Seguridad Social, pero ¿han dicho los independentistas cómo lo van a conformar? ¿Va a ser redistributivo? ¿cómo va a ser la gestión? ¿Van a dar espacio a los fondos de pensiones? ¿Cómo va a ser la financiación, sobre salarios o mediante impuestos? La verdad es que, visto que Convergencia i Unió ha votado primero con el PSOE, pero después con el PP  los mas duros recortes de prestaciones, cabe pensar que una Seguridad Social catalana, si es que mereciese ese nombre, dejaría mucho que desear. Menos todavía gestionada por gente que hace ese tipo de publicidad, porque si algo caracteriza a la Seguridad Social española es su buena gestión.