EN RECUERDO DE TONY BENN

El viernes pasado falleció Tony Benn. Fue durante 50 años miembro de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico a donde llegó elegido a los 25 años por el partido laborista. También fue ministro en los gabinetes de Harold Wilson, primero, y de James Callaghan después. En la esfera de Parapanda hace pocos días López Bulla (1) destacaba la inanidad de ese señor que ocupa la Moncloa, llamado Rajoy, que, sin una idea propia conocida, se limita a cumplir obediente los mandatos de los poderos del dinero frente a un conservador de tomo y lomo como Churchill que era capaz de tomar por si mismo decisiones sin esperar lisonjear a los de su clase social. Tony Benn siempre pensó por si mismo y no se sometió a los dictados de su partido. Cuanto más avanzaba en edad, tanto más se rejuvenecía y se iba por el camino de la izquierda, como ya Harold Wilson apreció. Renunció a su puesto en la Cámara de los Lores que por su aristocrático origen le correspondía. Firme defensor de los sindicatos y de los derechos sociales. Pacifista militante abogó por el desarme nuclear, abanderó luchas contra todas las guerras, aún a costa de soportar los insultos de los nacionalistas furiosos, como cuando la de las Malvinas. Uno se puede preguntar ¿cómo es posible que militase en el mismo partido que Tony Blair, el de la guerra de Iraq?

Pero no es la primera vez que vemos a gente valiosa moverse en un complicado equilibrio entre tacticismo de la política diaria y el mundo de las ideas emancipadoras. Desde luego lo que Tony Benn quería no tenía mucho que ver con lo que pensaba y practicaba Blair. Benn decía que para controlar a la gente primero se la asusta y después se la desmoraliza. Se les deja sin esperanza, pero una nación educada, saludable y segura de si misma es más difícil de gobernar, de ahí su radicalismo democrático al defender derechos sociales y la acción sindical. No es muy alentador vivir en un mundo que va a echar de menos a gente como Tony Benn o el ya desaparecido hace unos años Michel Foot.

Radio Parapanda. JLLB LA POLÍTICA EN LA CALLE. Homenaje a Tony Benn

Carta del escritor Italo Calvino a favor del aborto.

Cuando la segunda ola de feminismo se encontraba en su momento de plenitud, en 1975, el escritor Italo Calvino envió una carta al intelectual Claudio Magris, como respuesta a su artículo en contra del aborto llamado “The Deluded”, publicado en el periódico italianoCorriere della sera.

A continuación las palabras de Calvino:

Traer a un niño al mundo tiene sentido sólo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. Si no, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal. Un ser humano se convierte en humano no sólo por la convergencia causal de ciertas condiciones biológicas, sino a través del acto de voluntad y amor de otras personas. Si este no es el caso, la humanidad se vuelve —lo cual ya ocurre— no más que una madriguera de conejos. Una madriguera no libre sino constreñida a las condiciones de artificialidad en las que existe, con luz artificial y alimentos químicos.

Sólo aquellas personas que están 100% convencidas de poseer la capacidad moral y física no sólo de mantener a un hijo sino de acogerlo y amarlo, tienen derecho a procrear. Si no es el caso, deben primeramente hacer todo lo posible para no concebir y si conciben, el aborto no representa sólo una triste necesidad sino una decisión altamente moral que debe ser tomada con completa libertad de conciencia. No entiendo cómo puedes asociar la idea del aborto con el concepto de hedonismo o de la buena vida. El aborto es un hecho espeluznante.

En el aborto la persona que es vulnerada física y moralmente es la mujer. También para cualquier hombre con conciencia cada aborto es dilema moral que deja una marca, pero ciertamente aquí el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre, que cada hombre debería morderse la lengua tres veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en este infierno. Déjame decirte que eres verdaderamente responsable, por decir lo mínimo. Yo no me burlaría tanto de las “medidas de higiene profiláctica”, ciertamente nunca te has sometido a rasgarte el vientre. Pero me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales.

Lamento que tal divergencia de opiniones en estas cuestiones éticas básicas haya interrumpido nuestra amistad.

Italo Calvino, con claridad y con gran profundidad, pone en esta carta las cosas en su sitio.  Traer seres humanos al mundo no es, o mejor, no debería ser, solo consecuencia de una actividad  biológica. Si para la adopción el Estado toma, con buen criterio, toda una serie de precauciones que tienden en sustancia a comprobar la idoneidad de los adoptantes, no se ve porqué no se deben adoptar precauciones semejantes de cara a la concepción biológica. Negar la fuerza de la atracción sexual y sepultarla bajo su condena no evita que exista y que el sexo se practique. Lo sensato entonces sería fomentar una adecuada educación de ciudadanía, una de cuyas partes es la educación sexual. Pero en España la moralidad que trata de imponer la iglesia católica, no solo a su grey, si no a todo el mundo, niega el sexo como fuente de placer y propugna políticas que erradiquen la educación sexual lo que lleva a muchas personas a la procreación cuando en modo alguno  la deseaban y, en tantos casos, no teniendo la mínima idoneidad de ser padres. ¡ Basta de tanta hipocresía como la que rezuma el anteproyecto de ley de aborto del PP! Es otra muestra de su empeño en hacer de  l@s español@s súbdit@s y no ciudadan@s libres.

COSPEDAL TE ODIA

Un amigo de Castilla –La Mancha me ha mandado el correo de más abajo que me permito reenviaros. La situación que estamos viviendo en España es alarmante. La desigualdad aumenta, los derechos sociales son pisoteados, los trabajadores cada vez más sometidos al terror del despido y condenados a soportar reducciones salariales. Los ricos cada día son más ricos. El PP trabaja para ellos. Pero ese partido lo tiene claro, ante las previsibles protestas pone en marcha, primero la represión policial-administrativa, segundo la represión penal, tercero dificulta el acceso a la justicia aumentando las tasas. Como debe ser. La justicia solo para quien pueda pagarla. Ya  no son solo los derechos sociales, también los derechos civiles y políticos los que están en riesgo. En todo ese panorama destaca la Sra. Cospedal, cuyo franquismo vital le rezuma por todos los poros de su piel y en el  rictus de su cara. Si lo estimáis oportuno podéis adheriros al manifiesto y difundirlo. Un abrazo

Queridas amigas y amigos;

Los últimos tiempos, como bien sabéis, están resultando duros y riesgosos para el trabajo político. Tanto es así que las multas y sanciones están lloviendo por doquier, incluso a personas que no se encontraban en los lugares donde se dice haber cometido ilícitos penales y/o administrativos. Por ello, desde IU-CLM se ha lanzado esta campaña mediática que intenta, en clave de humor, denunciar públicamente los excesos y la violencia del poder público. Si lo entendéis oportuno, por favor firmad el manifiesto que un grupo de notables trabajadores de la política ha elaborado y, en su caso, dadle difusión por vuestros canales sociales:

http://www.cospedalteodia.org/. Merece la pena leer las acusaciones que se les hace a estos compañeros, que el día 16-D tendrán un ulterior juicio por insultos tan graves como “Marín, gorrino, trabaja de interino”.

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA DICTADURA

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LA DICTADURA FRANQUISTA 1939-1977. La insoportable banalidad del mal.

Autor: Manuel Ortiz Heras. Editorial Bomarzo. Albacete, 2013.

Escribe: Joaquín Aparicio Tovar

El 27 de noviembre ha tenido lugar en la Librería popular de Albacete la presentación del libro que más arriba se indica.  El titular de este blog tuvo el honor de decir unas palabras a modo de presentación, antes de que el autor, protagonista de la noche, dialogase largo y tendido con un público culto, atento y perspicaz. Estas son, más o menos, las palabras de presentación

Eric Hobsbawn dejó escrito: “ El historiador deja la futurología para otros. Pero tiene una ventaja sobre ellos: la historia lo ayuda, si no a predecir el futuro, si a reconocer en el presente lo que es nuevo desde un punto de vista histórico; y, quizá, a partir de aquí, a arrojar cierta luz sobre el futuro”.

Pero, también, podríamos añadir, a identificar lo que en el presente persiste del pasado para su explicación y para que pueda haber una transmisión de la experiencia de generaciones pasadas hacia las sucesivas a fin de de construir un futuro mejor, un futuro de progreso, no de regresiones.

Este libro de Manuel Ortiz ayuda a comprender mejor la persistencia de rasgos del franquismo incrustados en el sistema político actual, que a muchos ya les cuesta llamar democrático. Es un libro escrito por un historiador, pero no está dirigido a un público académico que tiene la historia como objeto de su profesión. Pero es un libro de historia, escrito con todo el rigor científico, al que se la ha dado una forma que ha reducido hasta lo imprescindible el aparato bibliográfico a pié de página para facilitar su lectura a los no especialistas.

Su tesis central es que en el régimen franquista “la violencia se manifestó de forma poliédrica y mutó a lo largo de aquellos cuarenta años porque no fue exclusivamente un instrumento de la dictadura en la inmediata posguerra sino una característica del régimen que duró hasta sus últimos momentos, llegando a impregnar todos los aspectos de la vida cotidiana de la población”. Está en la esencia del régimen y no fue reactiva, sino premeditada, exaltó una cultura de la violencia, como el fascismo italiano y nazismo alemán, que pervivió a lo largo de toda su existencia. Los bandos y ordenes de Queipo de Llano, reproducidos en el libro, son claros: “ Serán pasados por las armas, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados en número igual de afiliados, arbitrariamente elegidos”, como lo son también las instrucciones del director de la sublevación militar, Emilio Mola: “ Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo”…”¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España”…”Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. 

En el libro se muestran las distintas formas que adoptó la violencia y cómo se fue adaptando a los cambios sociales y económicos y a la propia evolución del régimen. La violencia impregno toda la vida cotidiana de la población y produjo una socialización del miedo, un “miedo paralizante”. La población acosada fijó su prioridad en la supervivencia.

Es falsa la idea de que el régimen fue violento al principio y luego se hizo apacible convirtiéndose en una “dictablanda”. El autor muestra como Julián Grimau fue el último torturado y asesinado tras la pantomima de un juicio militar, en 1963, por hechos supuestamente ligados a la Guerra Civil, pero la violencia permanece y reprime protestas que ya no están ligadas a sucesos del periodo de la guerra, sino son fruto de los cambios socioeconómicos. Pero el régimen sigue con la exaltación de la cultura violenta y la mística de la guerra y los caídos de su bando, con cuya memoria se quiere justificar la continuidad de la represión de los opositores. 

El libro explica tanto las diversas formas de violencia, como los cambios que se iban produciendo según los distintos periodos históricos. Así, en la postguerra o fase de consolidación del régimen hay una violencia brutal y extremada ejercida tanto por el ejército, constituido como instrumento esencial de la represión, como por bandas de civiles fascistas alentadas y protegidas por el ejército, las fuerzas represivas y los oligarcas. Solo entre 1939 hasta el 1944 se calcula tuvieron lugar 250.000 ejecuciones, en un país que estaba en torno a los 24.000.000 de habitantes. Una cifra espeluznante. A esas ejecuciones hay que sumar las muertes por desnutrición, enfermedades, los exilados y las cárceles llenas. España era un enorme penal. Muchas personas sospechosas de no ser afectas al régimen, y que  no estaban en la cárcel, tenían sobre si la espada de Damocles de los Expedientes de Responsabilidades Políticas que daban lugar a la depuración de los cuerpos de funcionarios, cosa que ocurrió con muchos maestros y profesores de enseñanzas medias y de universidad, o daban lugar al expolio de los bienes y la condena a la miseria. Se buscaba crear y mantener en la gente una sensación de incertidumbre. Después la violencia fue cambiando, pero no cedió. El franquismo, sostenido sobre todo por los Estados Unidos, el Vaticano y Gran Bretaña, se vio favorecido por el anticomunismo de la guerra fría y siguió practicando una violencia atroz. Por ejemplo, entre 1954 y 1963 hubo 50 ejecuciones por delitos políticos.

En el llamado desarrollismo, el régimen ya se ha consolidado, por eso no necesita la extremada violencia de los primeros años, pero siguió siendo implacable, aunque la violencia era más “aleatoria”, lo que servía para extender un miedo difuminado en la población. Se repetían los asesinatos y muertes por disparos de la policía y las torturas en las comisarias (Billy el niño es solo uno de los muchos torturadores de esa época). 

El periodo llamado de la transición  (de 1975, fecha de la muerte del dictador, a finales de 1978, fecha de promulgación de la Constitución) se ha presentado como modélico y pacifico. Nada más lejos de la realidad, como nos muestra este libro. Por ejemplo, hay más de 60 muertos por disparos de la policía entre 1975 y 1982. Por eso, con todo acierto este libro lleva la violencia franquista hasta 1977, porque con la muerte del dictador no murió la dictadura. La violencia en esta fase se centró mucho en la represión de conflictos sociolaborales. Llama la atención la cifra de 2.745 detenidos por motivos políticos y sociales entre enero de 1977 y marzo de ese mismo año, siendo ministro Martín Villa.

Aunque no está explícitamente dicho en el libro, hay algo en este periodo que recuerda la primera la fase de la guerra y postguerra, cual es que la violencia se ejerce tanto por las Fuerzas de Orden Público como por bandas de ultraderechistas fascistas que actuaban en complicidad y tolerancia con la policía, como fue el caso de la masacre de los Abogados de Atocha.

Los aspectos más brutales de la violencia franquista estaban acompañados de otras manifestaciones. El autor describe muy bien la violencia administrativa, pues para muchas cosas de la vida cotidiana, como el permiso de conducir o la obtención del pasaporte, era necesario un certificado de buena conducta expedido por la policía, que en muchos casos no se le daba a un peticionario, pero sin resolución formal denegatoria y así quedaba en una situación de espera desesperante. Ahora este tipo de violencia asoma las orejas con la nueva ley de seguridad ciudadana que el PP va a tramitar en las Cortes. También describe la violencia moral, en la que tenía un papel relevante la Iglesia Católica desde el púlpito y el confesionario y, sobre todo, estableciendo la moral que celosamente los poderes civiles se encargaban de hacer cumplir. Esa violencia llevaba aparejada la violencia de género con un aplastante machismo que impregnaba toda la vida y masacraba la libertad de las mujeres. La cultura y la educación fueron blanco directo de la represión franquista, que traba imponer los valores más tradicionales tratando de exterminar los de la cultura y educación que  la República llevó adelante.

La violencia laboral fue especialmente dura. A los salarios de hambre se añadían la criminalización de los sindicatos y de la acción colectiva y el autoritarismo en la empresa. El franquismo veía al proletariado, producto de la modernización que socavaba las bases del sistema oligárquico tradicional, como un enemigo por la osadía de expresar sus aspiraciones de emancipación, especialmente en la II República. La explotación del trabajo de los reclusos mediante las Colonias Penitenciarias Militarizadas y los Batallones de Trabajo son especialmente elocuentes. Se utilizó el trabajo de los reclusos para hacer obras públicas y para ponerlo al servicio de empresas privadas. Entre 1939 y 1946 los beneficios ascendieron a 100.000 millones de pesetas de las de entonces. Una cantidad enorme. Todavía en los años 70, podemos leer en este libro, el constructor Banús se aprovechó de este sistema. Se disparaba a los trabajadores que repartían octavillas llamando a una huelga y se condenaba a duras penas de prisión a quienes constituían sindicatos clandestinos, como es el caso de los condenados de las Comisiones Obreras en el sumario 1001, en diciembre de 1973.

La justicia fue elemento esencial en la violencia franquista y hoy padecemos las consecuencias de que no hubiera una reconversión este aparato del Estado. Todos los jueces comprometidos en la represión siguieron en sus puestos y promocionaron con posterioridad. Era una justicia de clase, que en la jurisdicción penal castigaba con inusitada dureza delitos de hurto y robo que muchos de ellos eran producto de la necesidad y la pobreza.

Tras lo leído en este libro, cabe pensar que todas estas manifestaciones de violencia dieron lugar a que el régimen franquista, usando la mentira sostenida sobre el miedo, instaló en una parte de la población una representación falsa sobre la realidad de España y sobre su carácter profundamente violento que hoy todavía se pretende mantener. Esa violencia trata de extirpar los valores de emancipación puestos en circulación por la Ilustración, a los que considera antiespañoles, como ya hemos visto que decía Mola.

El pensamiento totalitario está presente en el discurso de alguien como el presidente Rajoy cuando dice que “los españoles” apoyan sus medidas, cuando lo cierto es que solo una minoría le ha votado. Pero los otros, aun mayoría, no deben de ser españoles, españoles de bien. Es la vieja idea franquista de la antiespaña. También asoma el pensamiento totalitario cuando se pone por encima de la libertad y la igualdad el orden, una determinada manera de entender la seguridad y la posesión de algunos bienes materiales individuales, aunque sean modestos, como cada día vemos más en el discurso oficial y en las leyes que se están promulgando. Pero para que esos valores se instalen hoy en amplias capas de la población, a parte de la utilización de los medios de persuasión para crear opinión, es importante que siga funcionando la falsa representación del franquismo a la que se acaba de aludir. Una representación que para que funcione necesita banalizar la extremada violencia en la que se instaló de modo permanente. Es lo que se hace cuando se dice que la violencia solo existió en los primeros años, pero que fue reactiva y semejante a la violencia republicana y, además,  se oculta la que siguió. Por eso es tan oportuno el subtitulo de este libro que no es una mera cita culterana de Hannah Arendt. 

¿PORQUÉ HABLAN DE SOSTENIBILIDAD CUANDO EN REALIDAD SON RECORTES DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN?

Todo hace pensar que el Proyecto de Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, hoy en trámite en Congreso, se convertirá en Ley con los votos del PP y el rechazo de la oposición, como ha ocurrido con otras importantes leyes. Se consumará entonces otro tremendo recorte a los derechos sociales, ahora a la pensión de jubilación. Fuentes del Gobierno ya  lo han cifrado en 33.000 millones de euros, mientras expertos externos consideran que la cifra es mucho mayor. Será un quebrantamiento claro de la suficiencia de las prestaciones de la Seguridad Social impuesta a los poderes públicos por los artículos 41 y 50 CE y un incumplimiento palmario del programa electoral del partido que sustenta al Gobierno, que se intentan justificar corrompiendo el lenguaje. Se dice que se garantiza la suficiencia de las pensiones, cuando en realidad se reducen, y la sostenibilidad del sistema, que, sin embargo, es puesta en cuestión para justificar el recorte.

Si los poderes públicos tomasen en serio los mandatos constitucionales (“los poderes públicos mantendrán un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante los estados de necesidad”, dice el art. 41 CE)  no habría lugar al debate de la sostenibilidad. Es un debate que está mal enfocado porque se ha desplazado la discusión sobre los medios para cuestionar el fin. La mera duda ya ofende. El mensaje catastrofista de que las pensiones no se podrán pagar en el futuro solo es posible si hay un poder público que incumple sus obligaciones impuestas por la Constitución. La obligación de los legisladores es buscar los medios para cumplir el fin, que no se puede discutir porque la “opción por la Seguridad Social”, para decirlo con palabras de Alonso Olea, ya está tomada por el constituyente de 1978. Pero, además, Seguridad Social no es cualquier cosa, está protegida por una garantía institucional que obliga a preservar sus rasgos esenciales, entre los que hay que destacar la Solidaridad, que no es aquí una palabra hueca de uso propagandístico. Se expresa a través de dos técnicas muy concretas: la ruptura de la relación sinalagmática entre lo que se aporta y lo que se recibe, y la consideración conjunta de contingencias.  

Cuando se habla de ruptura de la relación sinalagmática entre lo aportado y lo percibido se quiere decir que la Seguridad Social es una institución corporativa que crea un ámbito jurídico en el que los sujetos incluidos en su campo de aplicación, a resultas de la posición que ocupen en el mismo, tendrán que soportar cargas (obligaciones) y ventajas (derechos), pero no hay una relación directa entre cargas y ventajas, entre aportaciones y prestaciones. Esa técnica exige, para su correcto funcionamiento, un sistema financiero de reparto, es decir, que lo actuales activos financien las prestaciones de los actuales pasivos, lo que da lugar a una solidaridad intrageneracional (sanos con enfermos), e intergeneracional (jóvenes con viejos). La consecuencia es que la ley establece que la suficiencia de la prestación no está directamente ligada a la capacidad contributiva de los sujetos,  a lo aportado. Es decir, da lugar a que se produzca una redistribución de rentas desde los que más tienen a los que menos tienen. Pero esto lleva al asunto de la contributividad que, tal y como se está entendiendo últimamente, emponzoña el debate de la sostenibilidad y conduce a la inevitabilidad de los recortes. La contributividad no quiere decir otra cosa que los sujetos obligados a hacerlo deben contribuir al sostenimiento del Sistema. Las opciones pueden ser hacerlo mediante impuestos o mediante cuotas calculadas sobre los salarios. Nuestro Sistema, como otros, utiliza un esquema mixto.

Las cotizaciones calculadas sobre los salarios tienen la ventaja de que son finalistas, están afectadas al fin de garantizar las prestaciones. Cuando el art. 86 de la LGSS clasifica las prestaciones, lo hace según su modo de financiación y llama contributivas a las prestaciones económicas que enumera, que se financian “básicamente” con cotizaciones. Pero no está impidiendo otros medios de financiación, como podrían ser los impuestos.  La contributividad correctamente entendida se debe predicar entonces del conjunto del Sistema, pero no de la relación de cotización y la relación de prestación de cada sujeto individual, que hay que insistir, son independientes.   

Pero la contributividad da un viraje hacia lo individual cuando se la acompaña de los criterios de proporcionalidad, entendida no con un postulado de ponderación,  y de equidad alejada de la idea aristotélica. Desde 1997 la equidad no es más que un reforzamiento de la proporcionalidad entendida como relación directa entre lo aportado y lo percibido por cada sujeto individual, que no tiene en cuenta la redistribución de rentas y, por tanto, se aleja de la solidaridad. El juego combinado de la proporcionalidad, la equidad y la  contributividad que se hace ahora supone introducir un razonamiento propio de los sistemas de capitalización dentro de uno de reparto e induce al equívoco (aunque solo lo sea en la mentalidad de los sujetos protegidos) de una restauración de la relación silagmática entre cuota y prestación, cosa que está vedada en Seguridad Social.

Diseñar un Factor de Sostenibilidad, como hace el proyecto citado, sin preguntarse  sobre la suficiencia de la prestación, sino como explícitamente se decía en el Informe de los expertos nombrados “ad hoc” por el Gobierno (p.30), “nace para moderar el crecimiento de las pensiones si los recursos del sistema no son capaces de soportar un crecimiento mayor”, y al tiempo se mueve en la idea de financiación por cuotas y la de contributivitividad que se acaba de señalar, es evidente que tiene que llevar al equilibrio presupuestario  de la LO 2/2012, de 27 de abril, por la vía de la reducción de las prestaciones individuales, cosa que ya estaba predeterminada al utilizar los falsos argumentos de la demografía y el déficit. En la Exposición de Motivos del Proyecto puede leerse que “en 1900, la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años, mientras que en la actualidad es de 19 años […] en cifras absolutas, el número de pensiones que se prevé para el año 2052 pasaría de los 9 millones actuales a 15 millones”, es decir, un incremento del 66,7 % en cuarenta años, pero con manifiesta insustanciabilidad pasa por alto que “desde 1900 la riqueza de nuestro país ha crecido 24 veces y la población tan solo una vez y media” y no tiene en cuenta que, aun en el supuesto de que los datos de 2052 coincidieran con las previsiones (lo que es más que dudoso), en sí mismo eso no sería un problema, como no lo fue que en solo 20 años  (desde 1985 a 2005) hubiera un incremento de personas mayores de 65 años  del 77 %, pero no hubo especiales problemas porque los ocupados fueron un 72 % más en ese mismo periodo.

El déficit actual de la Seguridad Social debe encararse mejorando los ingresos del Sistema y para ello, entre otras muchas actuaciones, se deben, en primer lugar, mejorar los salarios, se deben incentivar los convenios de sector, frente a la tendencia actual de favorecer el convenio de empresa o, simplemente, la de no negociar convenios. Los salarios en España son escandalosamente bajos. El salario medio en 2013 se ha situado en 1639 € al mes. Un 15%  inferior a la media europea. Pero el que cobran la mayoría de los trabajadores es mucho más bajo porque las diferencias salariales son notables. La caída del poder adquisitivo desde 2012 ha sido 2,3%. Estos datos son coherentes con que desde 2012 la participación de las rentas del trabajo en el PIB ha caído por debajo del 50%, mientras que las del capital han superado esa cifra, con el consiguiente aumento de la desigualdad. Y, sobre todo, se ha de cambiar la política económica para conseguir el pleno empleo, que es un objetivo voluntariamente abandonado por las élites económicas y políticas en el poder en España y en Europa.    

El Factor de Sostenibilidad se define en el Proyecto como “un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la fórmula que se regula en esta norma, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes”.  Es un razonamiento propio del seguro y no de Seguridad Social. Viene a decirse que, dado que los longevos se aprovechan más del Sistema, hay que penalizarles con un coeficiente reductor en el cálculo inicial de su pensión. Lo sorprendente es que se dice que eso se hace por equidad, porque los que se jubilaron antes tienen una esperanza de vida menor y se aprovecharan menos del sistema. Pero esto es pasar de la contributividad general a la individual e ir en contra de la esencial idea de la sociabilidad del riesgo al culpabilizar al anciano de serlo. Habría que recordar, además, que la esperanza de vida no quiere decir que los sujetos protegidos, que son siempre personas de carne y hueso, vayan a vivir esos años, algunos ni de lejos lo harán. Las diferencias de clase, de género, de profesión se dejarán sentir. En concreto, puesto que las mujeres tienen una esperanza de vida más larga que los hombres, serán penalizadas, lo que con casi total seguridad es un caso de discriminación indirecta prohibida.  

El proyecto de ley, como hacía el Informe de los expertos del Gobierno, pretende cambiar, para la revalorización de las pensiones, la referencia al Índice de Precios al Consumo (hoy en el art. 48 de la Ley General de la Seguridad Social) por el nuevo Índice de Revalorización, lo que solo puede explicarse por el deseo de conseguir desde 2014 el recorte de las pensiones y el consiguiente ahorro en las mismas.  El nuevo Índice tomaría en cuenta determinadas variables a las que se aplica un llamado factor alfa fijado discrecionalmente cada 5 años  y que oscila entre un 0,25 y un  0,33. El incremento de las pensiones no podrá ser inferior al 0,25 por 100, ni superior al 0,25 por 100 del IPC. Esto es alejarse de la aspiración a la suficiencia de la prestación establecida en la Constitución y contrario al art 12.3 de la Carta Social Europea (ratificada por España) que dice así: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad social, las Partes Contratantes se comprometen: A  esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de seguridad social....”

El problema no está en la sostenibilidad, sino en la suficiencia de las pensiones. Quién está en la miseria, de facto no tiene derechos. En España el 70 % de las pensiones medias contributivas no llegan a 1000€ al mes (un 25% más baja que la media de la UE), la pensión media de jubilación es de 972,15€ al mes, un 59,5 % € del salario medio, la pensión asistencial no puede ser superior a 5.108,6€ al año (unos 426€ al mes) y el 26 % de los hogares tienen por referencia a un pensionista. Con este panorama salarial y de pensiones y con  el desempleo en el 26 %, introducir un Factor de Sostenibilidad y un Índice de Revalorización  que de modo automático traerá una reducción de la pensión, es contrario a lo previsto en nuestra Constitución. Las pensiones en España deben subir y no por ello serán insostenibles. Según datos del Eurostat, en 2010 nuestro gasto en pensiones era de 10,7%  del PIB, mientras que el gasto medio en el UE era del 13%. La presión fiscal en España es del 32,6%, mientras que en la UE es del 40%. Es decir, hay un largo camino que nos queda por recorrer para mejorar las pensiones y alcanzar mayores cotas de igualdad.

Reducir la pensión es un camino para favorecer a la parte más acomodada de la población la huida a los fondos privados de pensiones, es decir, proteger al capital financiero culpable de la desastrosa situación en que nos encontramos. Así hay que entender la previsión de que la aplicación del Factor de Sostenibilidad se difiera a 2019 a fin de que los ciudadanos sean informados y “puedan tomar medidas”. Ya se sabe quiénes pueden hacerlo. Lo que se pretende es dar un paso más en la conversión de la deuda privada (de las entidades financieras sobre todo) en deuda pública. Ya se han destinado al sistema financiero quebrado más de 40.000 millones de euros que no se van a recuperar, como ha informado el presidente del FROB, mientras que el ministro de Economía dijo que no iba a costar nada a los ciudadanos. Esa cantidad ha pasado a engrosar la deuda pública, lo que conlleva a exigir que a los 11.000 millones de recortes en educación y sanidad se añadan ahora los de la pensión de jubilación.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE EXPLICAR ALGUNAS COSAS

En 1937 Pablo Neruda escribió un hermoso poema titulado “Explico algunas cosas” en el que daba cuenta de un cambio importante de su poesía y del abandono de “la metafísica cubierta de amapolas”. Ya había sido asesinado su amigo Federico García Lorca. Hoy, el presidente de nuestro Tribunal Constitucional también debería explicar algunas cosas. En estos tiempos la memoria colectiva es frágil, parece como si estuviera sufriendo la enfermedad de Alzheimer y, por eso mismo, conviene recordar algunas cosas de nuestro reciente pasado. Una de ellas fue la hostilidad con que la derecha española recibió el advenimiento del Tribunal Constitucional y, más en concreto, una parte del poder judicial.  Se le acusaba de ser “un tribunal político” frente al poder judicial que, por supuesto,  no lo era. En ese mismo sector judicial estaba muy extendida la idea de que la Constitución era “programática”, y que la función de los tribunales consistía en resolver las pretensiones de los justiciables aplicando las leyes, no la Constitución. Se pueden encontrar algunas decisiones de ciertos tribunales que confirman lo dicho. Hoy ese tipo de decisiones, por fortuna, parecen piezas arqueológicas, pero para que esto sea así ha sido fundamental la aportación académica, el buen hacer de otros muchos jueces y magistrados y, de modo determinante, la labor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en estos años se ha ganado prestigio, respeto, legitimidad, en definitiva, por el rigor de los argumentos esgrimidos en sus sentencias. 

Pero aquella hostilidad inicial ha estado siempre latente y en los últimos años se han hecho evidentes los intentos de erosionar el prestigio adquirido, hasta el punto que no se ha dudado en recurrir, en momentos muy concretos,  a insidiosos ataques a través  los medios de formación de opinión. La militancia en el PP del magistrado Pérez de los Cobos, posteriormente elegido Presidente, en este contexto, no deja de ser problemática. Porque aunque en si en sí misma no se considere causa de incompatibilidad, como han entendido la mayoría de los magistrados y magistradas del TC, no puede obviarse la profunda crisis en la que está sumida la sociedad española, crisis no solo económica, sino política y moral, que afecta todas las instituciones del Estado y obliga a una mayor transparencia y exquisito comportamiento a quienes ocupan cargos públicos.

Los partidos políticos, como dice la Constitución en su título preliminar “son un instrumento fundamental para la participación política” y, por ello, prima facie, militar en un partido, no puede ser en modo alguno motivo de menosprecio o infravaloración social. Todo lo contrario. La actividad política es una de las más nobles actividades a las que puede dedicarse un o una  ciudadana, y si bien es cierto  que no tiene porque quedar canalizada en exclusiva a través de los partidos, no lo es menos que quienes opten por hacerlo de esa forma, también deben gozar de dicha nobleza si la práctica de ese partido discurre en el respeto  a los valores democráticos, como también pide nuestra Constitución. Cuando un partido no condena el franquismo, tolera actitudes fascistas o incurre repetidamente en corrupción,  la nobleza de la actividad política desaparece. 

Hay también una práctica que se compadece mal con los valores democráticos cual es la ocupación de las instituciones más importantes del aparato del Estado para usarlas como apéndice de propio partido. Algo de esto es lo que puede estar pasando en la actualidad en España desde que el PP alcanzó la mayoría absoluta en las Cortes, por arte del birlibirloque de la ley electoral. Un ejemplo de la ocupación de las instituciones pueden ser las maniobras para conseguir el nombramiento como magistrado del Tribunal Constitucional de alguna persona con escuálidos méritos, pero de fidelidad demostrada a los dictados de las fuerzas de la derecha. Y es  en este contexto donde la militancia del actual presidente “cruje”, una militancia que fue ocultada en el trámite correspondiente ante el Senado. “Las apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que, en una sociedad democrática, los Tribunales deben inspirar “, dijo el propio Tribunal Constitucional en la STC 162/1999.  

El Dr. Pérez de los Cobos debería dar, en pos de la exigible transparencia y exquisito comportamiento, algunas explicaciones sobre su papel como  de administrador único de una sociedad fundada en 2003 llamada Labour Prospectives, dedicada a la “elaboración de estudios en el ámbito de las relaciones laborales, análisis de la negociación colectiva y asesoramiento general en el ámbito social”.  Esa sociedad suspendió sus actividades cuando el actual presidente fue nombrado magistrado constitucional, en estricto cumplimiento de la prohibición de desarrollar actividad profesional o mercantil que impone el art. 159.4 de la Constitución, pero parece que hasta ese momento tuvo una no desdeñable actividad a juzgar por facturaciones de los años 2009 y 2010 que superan en mucho el salario anual de un catedrático universitario. Sería bueno que, para despejar cualquier duda de imparcialidad objetiva (no haber tomado postura previa sobre el tema que se debata en el Tribunal) y subjetiva (no haber tenido relaciones indebidas con las partes) se aclarase qué estudios o asesoramientos,  quién y para quién se han realizado.  Por otro lado, a la vista de la dedicación universitaria del Dr. Pérez de los Cobos, debería también explicar la compatibilidad de su condición de administrador único de la citada sociedad con la de profesor a tiempo completo que implica la prohibición de actividades profesionales o mercantiles. La  legislación universitaria da la posibilidad de que los profesores a tiempo completo suscriban contratos por servicios remunerados con personas físicas o jurídicas siempre que quien facture sea la Universidad, que retendrá para sí misma el 20 por ciento del importe total.

Todos estos extremos deberían de ser explicados si el Presidente quiere que la legitimidad del Tribunal no sufra menoscabo.

¡VIVA CHILE, VIVA MI PUEBLO, VIVAN LOS TRABAJADORES!

Hace 40 años, la avaricia de unos depredadores, la traición de unos serviles,  la infamia de unos malvados y  la hipocresía de unos pusilánimes rastreros hundieron a sangre y fuego en Chile las aspiraciones de un pueblo a vivir con dignidad. Las huellas de la dictadura y del neoliberalismo que implantó siguen presentes en tan hermoso país, aunque hoy hay una efervescencia que no había en muchos años y algo más que la sanción moral cayó sobre algunos sapos iscariotes  de aquella repugnante dictadura. Conviene recordar hoy el mensaje que Salvador Allende hizo poco antes de morir:

¡Trabajadores de mi patria!: Tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gis y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile, viva mi pueblo, vivan los trabajadores!

Estas son mis últimas palabras, teniendo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que , por lo menos, habrá una sanción moral que castigará la felonía, la cobardía, la traición.

La traición, la felonía imperan hoy en Europa y en particular en España en la que un partido corrupto gobierna traicionando sus promesas electorales. Tienen que abrirse también en España las grandes alamedas por las que pase el aire limpio y detrás una gigantesca  muchedumbre alegre y fraterna para la que este periodo sea  solo una pesadilla de una casi olvidada noche con resaca.

Joaquín Aparicio Tovar. Santiago de Chile, 26 de septiembre de 2013.