LA REFORMA PENAL: cerrando el círculo de la disciplina de clase

 Juan M. Terradillos Basoco

Afirmar que el Derecho penal es, entre otras cosas, un instrumento de control social en manos del poder, es tanto como instalarse en el terreno de lo obvio. Constatar que la ley penal es utilizada como espurio refuerzo de políticas extrapenales de coyuntura, a costa de los principios garantizadores que han venido, mal que bien, legitimándola, es harina de costal bien diferente.

Basta una lectura, siempre recomendable, de los penalistas ilustrados –Beccaria, Filangieri, Feuerbach, por ejemplo– para advertir que las leyes penales tutelan, o pretenden tutelar, los bienes jurídicos más caros a una determinada ideología, la asentada en el poder. La naturaleza más o menos democrática de cada opción político-criminal depende, así, de la asunción de esos bienes jurídicos como propios por sectores más o menos amplios de población.

Los modelos penales más autoritarios, sin embargo, olvidan esa vocación de tutela de bienes jurídicos, para asumir explícitamente la consecución de otros objetivos: protección del partido único y del orden público mediante la intimidación policial, en el Código Rocco italiano de 1930; implantación de la moralidad, la rectitud y el sentido católico de la vida, en el franquista Código Penal de 1944; respeto al sano sentimiento del pueblo en la reforma penal alemana de 1935.

No se trata de ejemplos asimilables a la situación actual. Pero hoy, las propuestas de Derecho penal de emergencia, de Derecho penal del enemigo, de tolerancia cero, de ley y orden, etc., vuelven a incidir en la postergación de lo que, para el pensamiento penal ilustrado, era el objetivo básico, la tutela de bienes jurídicos a través de la prevención del delito. Posiblemente ese sea el talón de Aquiles de la reforma penal adelantada por el Gobierno del Partido Popular a lo largo de los últimos meses: más que a lograr ese objetivo, parece dirigida a asegurar la vigencia de sus políticas económicas.

Si estas políticas, con la reforma laboral a la cabeza, están contribuyendo a la pauperización de amplias capas de población, la reforma penal proyectada por Ruiz Gallardón se adelanta, sabiamente, a los acontecimientos y garantiza el pleno y pacífico despliegue de aquéllas, aunque sea al precio de convertir el Derecho penal en ariete de clase.

Tras la huelga general del 29 de marzo, el Ministro de Interior anunció que partidos políticos y sindicatos responderían penalmente por los delitos cometidos por sus afiliados participantes en manifestaciones convocadas por aquellos. El 31 de octubre el Ministro de Justicia, sin desmentir ni confirmar lo anterior, manifestó, en sede parlamentaria, su propósito de acabar con el “privilegio” que supone la exclusión de partidos políticos y sindicatos del régimen general de exigencia de responsabilidad criminal a las personas jurídicas.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas, ampliamente aceptada en Derecho comparado, fue incorporada al ordenamiento español en los últimos meses de mayoría parlamentaria socialista. Se pretendía con ello responder eficazmente a la criminalidad económica y financiera protagonizada por sujetos económicos que actúan prácticamente siempre bajo la forma de sociedades mercantiles. De ahí que el Código Penal español decidiera castigar, además de a la persona física responsable, a la sociedad, cuando sus representantes y directivos, o sujetos no debidamente controlados por éstos, actúen delictivamente por cuenta de aquélla y en su provecho. A subrayar que para que puedan responder penalmente las personas jurídicas, se requiere un comportamiento delictivo de sus directivos, representantes o de personas “sometidas a la autoridad” de éstos.

Quedan excluidos de esta norma las administraciones públicas, las entidades públicas empresariales, los partidos políticos y sindicatos, y aquellas organizaciones que ejerzan potestades públicas, que ejecuten políticas públicas o que presten servicios de interés económico general. La razón es obvia: su disolución, suspensión o clausura de establecimientos, que, son entre otras, las penas previstas para las personas jurídicas, podría tener efectos que van mucho más allá de lo que puede lícitamente ser pretendido por la norma penal. No puede olvidarse que, en lo atinente a los sindicatos, la Constitución les atribuye la representación y defensa de los intereses generales de los trabajadores, responsabilidad que no puede ser cancelada por una sentencia penal condenatoria.

La razonable exclusión de los sindicatos no significa impunidad. Las personas físicas que actúen aprovechándose de la estructura sindical siguen siendo, faltaría más, responsables penalmente. Pero también lo es el propio sindicato cuando haya sido creado, como artificial cobertura, para eludir responsabilidades penales.

Por el contrario, sí opera en la impunidad la empresa-persona jurídica en ciertos casos: en el ámbito de la criminalidad económica, la regla general es que responda penalmente; sin embargo nuestro Código Penal dispone que no lo hará cuando se trate de delitos contra los derechos de los trabajadores. Y sobre esta cuestión guardan silencio tanto las declaraciones gubernamentales como los proyectos de reforma. También los portavoces de la oposición.

Si ya existen cauces para exigir responsabilidad criminal a sindicalistas y sindicatos delincuentes, ¿qué sentido tiene, dos semanas antes de una huelga general, la amenaza parlamentaria del Ministro de Justicia? ¿Está anunciando que pretende la disolución de los sindicatos o la suspensión y recorte de sus actividades por hechos delictivos cometidos por los participantes en manifestaciones, reuniones y demostraciones de protesta? ¿Es que piensa el señor Ministro que esos participantes, incluso cuando sean militantes sindicalistas, están “sometidos a la autoridad” de los directivos de la persona jurídica? ¿No está confundiendo el señor Ministro –Botella dixit– peras con manzanas?

A su vez, el “Proyecto de reforma del Código Penal en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social”, ya en tramitación parlamentaria, castiga el disfrute indebido de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, lo que supone una nueva intromisión en ámbitos infraccionales de mínima entidad. Se criminaliza, en efecto, al trabajador que defrauda, percibiendo indebidamente prestaciones, cualquiera que sea su cuantía. Pero cuando la defraudación –eludiendo el pago de cuotas, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando de deducciones también indebidas– sea protagonizada por el empleador, solo alcanzará la categoría de delito si excede de 50.000 euros. Sorprende la inquisitorial persecución del fraude de bagatela, sobradamente cubierto por el Derecho administrativo sancionador, cuando, simultáneamente, el RDL 12/2012 aprueba una amnistía fiscal que no solo exonera de responsabilidad penal a los titulares de bienes no declarados sino que, además, los premia con un tipo impositivo inferior al propio de la tributación regular.

Al margen del Derecho penal, el Proyecto de Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Borrador de Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pretenden suprimir el acceso gratuito, por parte de los trabajadores, a la Justicia en el orden social, en el contencioso y en los procesos concursales. De un plumazo se acabaría con uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el trabajador para controlar, en materias que le son vitales, el poder de decisión del empresario.

Y todo ello al margen de la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Reforma del Código Penal presentado al Consejo de Ministros el pasado 11 de octubre. Al margen del Anteproyecto de la prisión permanente revisable –después de veinticinco años de cumplimiento–, de la custodia de seguridad –privación de libertad de hasta diez años de duración subsiguiente y acumulada al cumplimiento de la pena de prisión impuesta–, de la calificación del hurto en cualquier cuantía como delito, etc.

Hay que sospechar que el Ministerio de Justicia pretende hurtar al debate parlamentario centrado en el Anteproyecto de reforma del Código Penal, las innovaciones dirigidas sin tapujos a la imposición de una disciplina penal de clase. Quizá porque se acepta que la forma natural de contacto de las capas de población económicamente subalternas con el Derecho es la exclusivamente represiva. ¿Para cuándo una reforma que cierre el círculo, incorporando al Derecho vigente un precepto del tenor del art. 222 del Código Penal de 1944, que castigaba con pena de prisión la mera participación en “las huelgas de obreros”?

¡A LA HUELGA!

Joaquín Aparicio Tovar

A esta huelga hay que ir por necesidad. Hay un malestar generalizado por la actual situación pero la mayoría de la población no ve una alternativa, lo que es un buen caldo de cultivo para el fomento de las peores pasiones de los seres humanos hábilmente estimuladas por quienes han provocado esta situación, los detentadores del poder económico transnacional, a través, entre otros instrumentos, de sus huestes mediáticas. 

La historia nos muestra que en situaciones parecidas estas manipulaciones trajeron el fascismo.  Hoy asistimos a la intoxicación del virus de la antipolítica, que no es otra cosa que expandir la enfermedad del autoritarismo antidemocrático.  Un ejemplo nos lo ha dado un personaje de zarzuela de la derecha española, que en sí mismo sería irrelevante si no fuera porque expresa el persistente modo de ver el mundo del pensamiento reaccionario propio de la clase acomodada española ahora muy en sintonía con el neoliberalismo. Ese personaje ha llegado a decir que los sindicatos no están legitimados para cuestionar con medidas de acción como la huelga la política económica dictada por las élites del dinero. Critican que otros que no son ellos hagan otra política y de una forma diferente. Son los políticos de la derecha que claman contra “la política”. Es un flagrante ejemplo de pensamiento autoritario protofascista porque, precisamente, se produce cuando el partido gobernante hace una política clamorosamente distinta a la que sostuvo en su programa electoral.  En estas condiciones la huelga es una necesidad porque es una forma de corregir la viciosa política dominante de “no hay alternativa” en un impulso de revitalización democrática.

Es una forma de que los trabajadores defiendan la dignidad que la reforma contralaboral  les expropia al dar a los empresarios un poder tan extraordinario que convierte a la empresa en un territorio de autoritarismo patronal. Es una forma de luchar por el pleno empleo para que los trabajadores sean ciudadanos con derechos y no seres aterrorizados por la amenaza de desempleo. Es una forma de que los estudiantes y los enseñantes digan no a la destrucción de la enseñanza pública y de calidad que traerá más ignorancia, desigualdad y pobreza. Es una forma de que los trabajadores de la sanidad se rebelen contra la explotación mercantil de su trabajo, un trabajo que no se compensa con los salarios (más bien exiguos), sino con la satisfacción profesional de saber que está dirigido a la mejora de los pacientes, no de los bolsillos de unos accionistas que se enriquecen haciendo a la salud objeto de tráfico comercial. Es una necesidad, en fin, para la construcción de una sociedad en la que, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy, las desigualdades y la libertad sean reales para poder ofrecer a la mayoría de sus miembros un presente y un futuro en el disfrute de los derechos y de los bienes que hagan posible el desarrollo de la personalidad.

Es necesaria porque cuando las instituciones representativas del Estado actúan a favor, no de la mayoría de los ciudadanos, sino de una minoría oligárquica que detenta el poder económico, en especial el financiero (ahí están los desahucios), son los ciudadanos los que tienen que ir a la acción paralizando la actividad productiva y el consumo para exigir otra política.  El cambio de política es posible, solo hace falta la fuerza de la unión de la inmensa mayoría de las personas dañadas en esta guerra de clases que los poderosos han desencadenado con ellas para acabar en Europa con una de las mejores herencias del siglo XX: El Estado Social y Democrático de Derecho. Esta huelga, en concreto, no gusta a las clases dirigentes porque, por primera vez, no se circunscribe al ámbito español, sino que, recuperando una vieja tradición del movimiento obrero, es una respuesta supranacional europea a la transnacionalidad del capital marcando un camino a seguir.

UN REFERENDUM EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Sin derechos no hay democracia. Tampoco hay democracia cuando se violentan las formas y procedimientos marcados en la Constitución para la adopción de las leyes, así como cuando se altera la relación entre representante y representado hasta degradar a este último a la vieja condición de súbdito.  En las democracias  representativas la perversión del principio democrático  se acentúa cuando el representante utiliza los diversos mecanismos que el sistema le ofrece para actuar al margen del representado.  Una de de las peores corrupciones es la conversión de las elecciones en un instrumento de selección de los gobernantes con la mediación del dinero que controla la propaganda y los medios de formación de la opinión. Una vez celebrada la elección la degradación de la democracia está servida cuando el gobernante elegido se siente investido del poder de actuar al margen de cualquier compromiso con los electores para satisfacer a la oligarquía que detenta el poder económico y tanto tuvo que ver en su elección. 

El Estado Social y Democrático de Derecho, propio de las sociedades europeas de la segunda postguerra mundial y proclamado en nuestra Constitución con la forma política en que España se constituye, es un modo de mejorar las deficiencias de las democracias liberales oligárquicas mediante el reconocimiento de los derechos sociales y la orientación de toda la actividad de los poderes públicos a los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En esta forma de Estado los sindicatos son piezas esenciales de la estructura constitucional y la concertación social un medio eficaz de mejorar las limitaciones de la representación política.  Si la vida democrática fuera sana, recordar estas evidencias sería un mero ejercicio de pedagogía académica, que nunca está de más, pero cuando insistir en lo evidente se ha convertido en una apremiante necesidad en la vida pública, es señal de la preocupante degradación de los valores democráticos que se está produciendo en España ( y en Europa) en estos momentos.

El PP obtuvo en las elecciones de 2011 el respaldo de aproximadamente 10.500.000 electores (una importante cantidad pero minoría del censo) que le permitieron, merced a la ley electoral, obtener una holgada mayoría absoluta. En contraste, el PSOE en las anteriores elecciones obtuvo algo más de 11.000.000 de votos y no obtuvo esa mayoría. En el 2011 los electores castigaron a este último partido, que se había embarcado en una política de recortes de derechos sociales y de sometimiento a los poderes económicos, cuyo ejemplo final fue la artera reforma de la Constitución, pactada con el PP. Es bien conocido que el programa que el PP presentó a los electores en su campaña excluía el recorte de derechos, sin embargo, una vez instalado en el poder político, de inmediato despreció la concertación social y ha llevado a cabo el más brutal recorte de derechos sociales que se haya hecho desde la promulgación de la Constitución, con la consecuencia de que está aumentando enormemente el desempleo, la desigualdad  ha llegado en España a ser una de las más altas de la UE (34 puntos del índice Gini), y la pobreza y la miseria ya afectan a una gran parte de la población. Esas medidas, además, se están adoptando con un desprecio a las formas más elementales del funcionamiento parlamentario, que, no hay que olvidar, es el medio en el que deberían expresarse los representantes del titular de la soberanía: el pueblo. La justificación del Gobierno del PP es que esos recortes se hacen porque no hay otra alternativa posible a la crisis  y, como única solución, es la que también exigen “los mercados” y los organismos supranacionales e internacionales. Pero esa justificación es falsa y antidemocrática, como cada día que pasa se puede apreciar con más claridad. En 2007 España tenía una deuda pública en torno al 37 por ciento del PIB, una de las más bajas de la UE,  y, en lugar de déficit, presentaba un superávit del 1,5 del PIB, pero la deuda privada era (y es) enorme. En la actualidad la deuda pública ronda el 80 por ciento del PIB y sigue subiendo, con unos intereses altísimos cuyo pago acaba en las manos de empresas financieras y socava los recursos que deberían estar destinados, por ejemplo, a educación y sanidad. Lo que está haciendo el Gobierno es simplemente convertir la enorme deuda privada de los bancos y las empresas (las familias ya la están pagando o les están desahuciando) en deuda pública. Es decir, el pueblo debe pagar las insensatas y egoístas decisiones económicas que la oligarquía española y no española (los bancos alemanes y franceses también están detrás de todo esto) adoptaron aprovechando la ausencia de regulaciones y controles públicos, que previamente habían conseguido imponer como dogma universal. No es cierto que “la economía”, como si fuera un designio de la naturaleza frente al que nada se puede hacer, se imponga a la política, no, se trata de una decisión política que utiliza argumentos extraídos de una concreta narración económica para hacer prevalecer los intereses de la clase social que conforma la oligarquía financiera. Lo que está ocurriendo se ajusta con toda exactitud a lo que Marx y Engels dijeron en 1848 cuando calificaban al poder público como el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa.

Pero, llegados a este punto, cabe preguntarse por el valor y la esencia de la democracia. Si se cree que la democracia es la mejor manera de organizar la convivencia, entonces no cabe duda de que hay que repudiar la degradación de las formas y los contenidos (los derechos) que se está produciendo. Es hora de hacer otra política y de que el Gobierno, si quiere tener algo de legitimación democrática, deje de ser ese Consejo de Administración de la oligarquía y convoque directamente al pueblo para que se pronuncie sobre aspectos tan esenciales para su bienestar como es la política de recortes de derechos que está sufriendo, que, sin duda, tiene “la especial transcendencia” que pide el art. 92 de la Constitución para ser sometida a referéndum consultivo, que debería ser vinculante.

 Es bien sabido que nuestra Constitución tiene una fuerte impronta autoritaria al no admitir (como la Constitución italiana, por ejemplo) consultas directas a la ciudadanía en forma de referéndum que puedan incluso derogar leyes aprobadas por las Cortes. Tampoco las élites dirigentes de la Unión Europea aceptan de buen grado la llamada a las urnas del pueblo para que se pronuncie sobre asuntos concretos que le afectan. Parece que quedaron escarmentadas con los rechazos populares en Francia y Holanda a la llamada Constitución europea, pero el caso más escandaloso fue su violenta reacción ante el intento del Gobierno griego de Papandreu de llamar al pueblo a referéndum para que se pronunciase sobre las exigencias del rescate. Tan violenta que impidieron el referéndum y provocaron la dimisión de aquel gobierno para imponer uno “tecnocrático”. Sin embargo, ante el grave deterioro de la convivencia civilizada que se está produciendo en España no cabe si no reaccionar con la convocatoria de un referéndum, pues el gran riesgo es que de esta crisis se acabe saliendo dentro de muchos años (como dice el refrán “no hay mal que cien años dure”)  pero con mucha más pobreza, más desigualdad, menos libertad y, por ende, con menos democracia.

LOS DERECHOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA ENTRE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y LA EMERGENCIA DEMOCRÁTICA

Ha terminado el Curso de Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales que en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla –La Mancha, en su sede de Toledo. El Curso empezó el día 10 de septiembre y durante dos semanas los 24 participantes han estado debatiendo y estudiando sobre el tema genérico que encabeza esta entrada. Este curso empezó su andadura en 1988 en la Universidad de Bolonia con el impulso de Pedro Guigelmeti y Umberto Romagnoli y desde hace varios años continúa su andadura en la Universidad de Castilla-La Mancha con la colaboración de las universidades de Bolonia, Ferrara, Venecia y Verona.

Todas aquellas personas que han participado en las distintas ediciones del Curso han formado un grupo multinacional que cada año se reúne en un lugar distinto del continente a debatir sobre un tema de actualidad. Es una milagrosa fraternidad que con una gran pluralidad ideológica el nexo común de aspirar a una sociedad civilizada en la que se respeten los derechos sociales y sean la base de la convivencia. El objetivo del curso este año ha sido indagar cómo la llamada “emergencia económica”, que tan utilizada ha sido a finales de los 90 y en  los años iniciales del nuevo siglo en América Latina, está dando lugar en Europa a un cambio de paradigma que pone en cuestión, no solo el estado social, sino también el estado democrático, tal y como había venido siendo entendido hasta tiempos recientes. La gran cuestión es si Europa saldrá de esta crisis más empobrecida y menos civilizada. O dicho de otro modo, si las libertades del “mercado” serán inmunes a la participación democrática, a las decisiones políticas, generando con ello fuertes desequilibrios en el reparto de la riqueza. Por lo estudiado en estas dos semanas las perspectivas no son muy alentadoras si  no se produce una mayor integración política en Europa y se corrijan los grandes déficits  de democracia.

El Curso de este año ha contado con la participación de los profesores Joaquín Aparicio, Carlos Berzosa, Miguel Rodriguez-Piñero, Alberto Montero, Joaquín Pérez Rey, Berta Valdés, Laura Mora, Gerardo Pisarello, Joaquín Nieto, Director de la Oficina de la OIT en España, Torcuato di Tella, sociólogo y actual embajador de Argentina en Roma, Federico Martelloni, Donata Gotardi, Luigi Mariucci, Gian Guido Balandi, Andrea Lassandari y Umberto Romagnoli. Rodolfo Benito tuvo una importante intervención dando una profunda visión sindical del conflicto social que se está generando en Europa.

ITALIA: UN REFERÉNDUM SOBRE EL TRABAJO

Nota editorial. La red de blogs que configuran la blogosfera de Parapanda tienen  el gusto de publicar la traducción al castellano de un artículo de Umberto Romagnoli, publicado en el diario Il Manifesto del 14 de septiembre pasado, en el que explica y toma partido por la iniciativa de convocar un referéndum en el que los italianos decidan si mantienen o derogan dos normas que se han introducido en el ordenamiento jurídico italiano con ocasión de la crisis (2011 y 2012), y que afectan a dos aspectos esenciales de las relaciones laborales. En una, la norma italiana permite que los convenios de empresa puedan no aplicar los convenios colectivos nacionales de sector ni una parte sustancial de la legislación laboral en aquellas empresas o centros de trabajo donde así se pacte con el empleador. En la otra, se modifica el régimen italiano sobre el despido vigente desde 1970 en el sentido de que el despido declarado improcedente tiene como efecto la readmisión del trabajador. Esta readmisión obligatoria que era la regla general del despido injustificado queda ahora reducida al despido disciplinario, mientras que se sustituye por una indemnización en los casos de despidos objetivos o por causas económicas, aunque el régimen legal al que se llegó tras un pacto transversal con el gobierno Monti que incluía también al Partido Democrático es más complicado y embrollado. La iniciativa del referéndum  busca, en este sentido, derogar las modificaciones introducidas en este cambio legal último.

En el artículo, Romagnoli – que forma parte del comité impulsor del referéndum – explica el sentido de este referéndum y sus objetivos. Una contribución especialmente sugerente para el caso español, en donde la protesta social se vertebra en torno a la exigencia de un referéndum sobre las políticas antisociales y fracasadas del gobierno del PP.

Con el referéndum regresa la política

Umberto Romagnoli

La historia del trabajo, ya se sabe, es una historia de rescate y de chantaje. Pero el chantaje no ha tenido nunca la imprudente visibilidad, la dureza y la extensión que ha adquirido desde el caso FIAT en Pomigiliano  hasta ahora. Es algo que está a la vista de todos, pero que no está bien decirlo. Es políticamente incorrecto. De hecho, como era inevitable, la iniciativa por el referéndum en materia de trabajo ha suscitado las airadas reacciones de la politique politicienne. Se ha dicho que la iniciativa era improponible, inoportuna, sin criterios. Prescindiendo del contenido de las preguntas depositadas ante el Tribunal Supremo hace pocos días, y ello de un lado porque nuestros políticos suelen comportarse así, de otro porque entendían que los “difíciles pero avanzados compromisos” obtenidos  - respecto a la reforma del art. 18 del Statuto dei Lavoratori  sobre el despido – no podían ser discutidos de nuevo o, haciendo honor a la regla según la cual no se debe molestar al conductor, todo lo más les correspondía ajustarlos sólo a ellos mismos.

Por el contrario, la instancia del referéndum y la campaña que seguirá para la recogida de firmas sirven para sustraer la regulación del trabajo del opaco bricolaje de las transacciones privadas y para restituir a la política del derecho del trabajo la centralidad que le corresponde en el debate público. En definitiva, la politique politicienne no ha ni siquiera concebido la sospecha de que la participación popular se haya solicitado para transmitir a la población – que, sin saber aún con qué ley electoral se procederá a votar en las elecciones de abril 2013, no puede tampoco imaginar las características del futuro gobierno – un mensaje de tranquilidad y de esperanza. La tranquilidad de saber que la recuperación de la normal dialéctica política de cuya autenticidad se está perdiendo el gusto y el recuerdo, no sólo es lícita, sino que es posible aquí y ahora la esperanza de contribuir a dar una estable perspectiva de desarrollo en un área crucial de las relaciones sociales: el trabajo asalariado – al que el Doctor Strangelove que por más de diez años ha formado parte del los espacios de gobierno quería  despojar del derecho a tener derechos.

Al decir esto me refiero no tanto a las preguntas del referéndum que, revisitando críticamente la regulación del despido que se desprende de la reforma de la ministra de trabajo Fornero, prevé el retorno a la versión originaria del art. 18 del Statuto dei Lavoratori, sino más bien a la pregunta sobre el art. 8 de uno de los innumerables decretos-leyes anti-crisis emanados en los últimos días del gobierno dimitido de Berlusconi.

Es cierto que el tema del despido como objeto de las preguntas del referéndum, ha producido (por inercia, por pereza mental o quizá por ignorancia) un efecto – vampiro sobre la prensa escrita, pero la normativa que constituye el objeto del artículo 8 del decreto-ley anti-crisis es mucho más devastadora. Y lo es porque amenaza la misma existencia del derecho del trabajo como parte del ordenamiento general provista de una identidad y de una organicidad propia. Es un semi-elaborado que, confeccionado en medio de una situación comparable (no sin razón) con la que acompaña a la retirada de un ejército en fuga, debe haber creado serias dificultades incluso a quienes aprobaron su conversión en ley, dado que se votó simultáneamente un orden del día proveniente de la oposición en la que se prometí volver a examinar este tema. En efecto, previendo que la “negociación colectiva de proximidad” (es decir, periférica, empresarial y/o territorial) pueda derogar in peius no sólo los convenios sectoriales de ámbito estatal, sino también gran parte de la legislación aplicable a la relación de trabajo, la norma sanciona el definitivo y prácticamente total abandono del principio de inderogabilidad de las reglas producidas por las fuentes constitucionalmente legitimadas del derecho del trabajo, además de suponer la evaporación del principio según el cual a trabajo igual deben corresponder iguales derechos, económicos y de cualquier tipo. Es decir, es la primera vez que un legislador vende su función a sujetos privados. Es claro que en la historia de los parlamentos modernos no hay antecedentes de este tipo. Por eso nadie me puede culpar de haber adoptado una “actitud militante” si, teniendo “el privilegio de poder hablar a la opinión pública en nombre de algo que tenga que ver con cultura y política”, comento favorablemente la petición de una consulta popular sobre el trabajo. Es cierto que, como ha escrito Gustavo Zagreblesky en La Repubblica del 19 de julio, “en el clima cargado de final de legislatura hay que resistir a la llamada a las armas”, lo que no es fácil. Pero el reconocido jurista no habría creído nunca que pudiese ser tan poco complicado mantener las debidas distancias incluso al hablar de un referéndum derogatorio que, a su manera, implica de por sí “una llamada a las armas”. El caso es que esta vez la derogación tiene por objeto una opción normativa que no daña solo a una parte, sino a todas. También a los empresarios, salvo aquellos que han desarrollado un despiadado instinto predatorio  y prefieren el mercado de las reglas a las reglas del mercado. Es extraño, pero el gobierno Monti  no se ha dado cuenta de ello y no ha depurado el ordenamiento.

Nada original, sin embargo, es el segmento de la reforma de la ministra de trabajo Fornero que los impulsores del referéndum proponen formatear. De la innovación, frente a lo que se declaró como propósitos expresos, puede decirse que, si  bien lesiona bastante a los trabajadores, no agrada en la misma manera al mundo de las empresas. La norma que ha sustituido al art. 18 es laberíntica, retorcida, contradictoria. Se diría que es el producto del exceso de conciencia que atormenta a la insegura ministra de trabajo: lo atestigua la obsesiva y casi maníaca búsqueda de distinciones pseudo-conceptuales y de hiper-correctismos cuya intrincada armazón hace del conjunto legislativo un concentrado de irracionalidades. Quizá a los pandectistas del siglo XIX no les habría disgustado una manifestación tan aguda de formalismo abstracto. Pero también los súbditos de ayer, si hubieran podido manifestar sus opiniones con la libertad de los ciudadanos de hoy, se las habrían dicho de todos los colores.

Il Manifesto, 14 septiembre 2012

LOS ECOS DE LA CELEBRACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA DE PARAPANDA LLEGAN AL MAR DEL PLATA.

Willy Jaimbuad, atento seguidor de los acontecimientos de la esfera paparandeña, nos comunica que la noticia del nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Parapanda ha provocado un temblor telúrico en el Mar del Plata cuyas consecuencias, por el momento, no están bien evaluadas, pero cuando la polvareda levantada está empezando a reposar parece que se atisba una desaceleración del movimiento centrífugo del sindicalismo porteño que en los últimos tiempos ha dado lugar a la ruptura en dos de la unitaria CTA y a la apertura de fisuras en la peronista CGT que no se sabe como podrían acabar. Ya se sabe que la pluralidad sindical se justifica y se teoriza, pero también que la unidad se deshace en la práctica mientras se predica un discurso que dice lo contrario: “¡Unidad, Unidad! Pero tu por aquí y yo por allá.”

El nacimiento de la Federación Sindical Unitaria de Paparanda (AVANCE DE LA UNIDAD SINDICAL) ha sido como un revulsivo en aquellas tierras y aguas, hasta el punto que tras la ingestión en señal de alegría de algunas copas de malbec algunos sindicalistas de diversa clase y condición se han puesto en acción para seguir el ejemplo. Está por ver si el movimiento centrífugo  anterior se sustituye por uno centrípeto. Parece ser que una selecta representación de estos sindicalistas ha pedido una reunión con los dirigentes de la nueva Federación en la afamada localidad de Fuentealbilla, encomendándose todos ellos al santo laico Andrés Iniesta. Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos en medio de los afanes de la Marcha a Madrid del 15 de septiembre.

PACO FERNÁNDEZ BUEY

Ayer sábado, 25 de agosto, el mismo día que se celebraba el 68 aniversario de la liberación de París en el que por primera vez se reconocía y honraba a los republicanos españoles que entraron los primeros en la ciudad con los tanques de la división Leclerc, fallecía Paco Fernández Buey, una de las personas imprescindibles. Muchos en la meseta no tuvimos el privilegio de tratarle en persona, pero eso no era obstáculo para sentirle como alguien próximo, porque en sus en sus escritos se traslucía una bondad que hacía sentir al lector la presencia cordial de un compañero y amigo. Un amigo empeñado en las más hermosas utopías en las que todo ser humano se puede reconocer.

Su cultura inmensa iba acompañada de una enorme curiosidad y honestidad intelectual. Es una delicia, por ejemplo, leer sus páginas sobre la cultura y el arte del quattrocento italiano en las que reflexiona sobre la visión de los pintores de la ciudad ideal.  Era un maestro en tantas cosas, pero sobretodo en alentar una conciencia crítica que no renuncia a llamarse comunista pero se aleja del dogmatismo y autoritarismo. Con cierta tristeza uno se siente inclinado a pensar que con las pérdidas de gente como Sacristán, Vázquez Montalbán y ahora Fernández Buey son muchas las pérdidas de personas imprescindibles, pero como se nos anima en el blog hermano Metiendo Bulla, nos quedan sus escritos y su enseñanzas.