Nuestro homenaje a Pietro Ingrao

Pietro Ingrao cumple cien años el próximo día 30 de marzo. Imposible resumir en unas pocas líneas su trayectoria política en el Partido Comunista de Italia y en las formaciones que le han sucedido, se necesitaría un libro voluminoso; y sus aportaciones a la teoría política han ido incluso más allá de su talla de dirigente. Como homenaje al luchador y al maestro, los blogs hermanos En campo abierto, Desde mi cátedra, En Campo abierto,  Metiendo bulla, Punto y Contrapunto  y Según Baylos hemos creído oportuno volver a airear el discurso que pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 4 octubre de 2002, en la ceremonia en la que recibió la distinción de Doctor Honoris Causa de dicha institución académica.

11S: un amargo presente
Pietro Ingrao

Era el mes de julio de 1936. Había cumplido 21 años. Era estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma, en la plenitud de mi juventud. La agresión del gobierno fascista italiano a la joven República española fue el trauma, la ocasión desconcertante que me orientó (diré: me obligó) a la conspiración antifascista: a aquel empeño en la batalla política que después ha marcado toda mi existencia. Empezó para mí, en aquellos años, una confraternidad con el antifascismo español en el exilio, que se prolongó en el tiempo, y se acompañó con el encuentro de la fascinante poesía española del siglo XX: Machado, Lorca y Rafael Alberti.

En este largo camino de mi vida he esperado ardientemente que los horrores, las masacres, la pila de víctimas que han marcado la época que he vivido, fueran solamente un amargo recuerdo: casi como la culminación de una locura a la que nos llevaron el capitalismo en su fiebre de la época fordista y, por su parte, los errores fatales del estalinismo. Después me engañé cuando, tras la caída de la URSS, pensé que se podía abrir un espacio nuevo para frenar la carrera de armamentos. No fue así. Cuando cayó el Muro de Berlín en pedazos, vimos que volvía la guerra en una zona crucial del mundo: en la península arábiga, que es un punto de juntura entre Europa, Asia y África. Hoy la cuestión de la guerra ve otro capricho. Ante todo ha sido un turbio y ambiguo pasaje orientado a relegitimar la intervención de las armas en nombre de un deseo de justicia. Recordad: fue la grave acción militar de la OTAN en Serbia, justificada en nombre de la democracia y la liberación de los pueblos destrozados por el déspota Milosevic. Vinieron los sermones de la "guerra justa". Y alguno en Europa se lanzó incluso a evocar un término supremo y antiguo. Habló de "guerra santa".

En verdad, en aquella ocasión de los Balcanes también se lanzó y alimentó (al menos por parte de algunos autores) la esperanza y la imagen de una purificación de la guerra: como si, apartándose del fango del territorio y moviéndose en la pureza de las grandes alturas de la atmósfera, pudiese y se quisiera golpear solamente (con la sabiduría de las técnicas modernas) los medios militares del adversario. Es lo que he llamado la ilusión (o el engaño) de la "guerra celeste". Brotó (¿lo recordáis?) aquella consoladora representación del piloto americano atravesando las orillas atlánticas, allá en la calma solitaria de los cielos lanzó la bomba inteligente, volviendo a casa, a la patria americana, limpio de manchas.

¡Qué horror! Sin embargo, vino la guerra de Afganistán y el ataque del cielo se ha mezclado con la cancelación de la ciudad, con los estragos civiles, con la máquina de las armas, dirigiéndose a los altiplanos y a los pliegues de la tierra. Y, paso a paso, cayeron amargamente las justificaciones éticas, las representaciones salvíficas, los sermones moralizantes.

Verdaderamente hasta ahora no han sido cancelados los vínculos formales que, en muchas Constituciones europeas y en la Carta de las Naciones Unidas, limitan el recurso a las armas. Todavía siguen ahí tales vínculos, escritos en leyes solemnes. Simplemente sucede que se han descabalgado o, de hecho, hechos trizas. El artículo 11 de la Constitución de mi país, que consiente sólo la guerra de defensa, se ha roto, sin que sobre ello haya sorpresa, ni escándalo, ni siquiera una discusión en el Parlamento o algunas aclaración del Presidente de la República, que observa sobre tal violación un religioso silencio.

Y hay algo que me espanta todavía más. Es el hecho amargo que, en nuestros países, el sentido común no se alarma, no tiembla. Hay que decir esta amarga verdad. Ojead los libros, oíd las palabras de los gobernantes, echadle un vistazo a los debates parlamentarios. Veréis que ha desaparecido la palabra "desarme". Ya no la usa nadie. Es, en este sentido amplio y angustioso que yo hablo de "normalización de la guerra". Se ha liquidado el espanto, el horror que sobrecogió a mi generación, que en aquel mayo de 1945, nos hizo jurar que nunca más debería volver la masacre.

¡Cómo mentíamos! Mirad hoy, mirad cómo se discute ahora, en estos días, abiertamente de un ataque a Irak y se invoca la "guerra preventiva". Quien habla no es un político descerebrado o un gacetillero fanfarrón. Hoy lo propone al mundo, como obligación ineludible y urgente, el Presidente de los EE.UU., el jefe de la potencia más grande de la Tierra. Y eso sucede sin escándalo. No se reúnen con angustia los parlamentos. No suenan las campanas de las iglesias, Los sindicatos no convocan huelgas. Atención: se ha convertido en normal la "guerra de prevención", invocada por el país que se considera el guía del mundo.

¿En qué se funda esta revalorización y normalización de la guerra, y, por qué el pacifismo tiene hoy una restringida minoría?

Quiero, solamente, aludir a una explicación que, por comodidad y brevedad, llamaré "técnica". La verdad es que no entra en mis conocimientos la criba de las grandes innovaciones tecnológicas y de los nuevos saberes que han dilatado y revolucionado los sistemas de alarma, la trama de los conflictos, la combinación de las estrategias entre tierra, mar y aire. Sin embargo, tengo "in mente" los fuertes cambios acaecidos en la relación políticosocial entre la vida del hombre sencillo y las masas de civiles, de un lado, y, de otra parte, en lo que se ha convertido la guerra en este cambio de siglo.

Me parece indudable que, en los últimos decenios, se está desarrollando (¿o retornando?) la connotación "especializada" de la práctica de la guerra. Parece que ha desaparecido o empalidecido aquella connotación totalizante que viene clamorosamente desde principios del "Novecento": aquel camino que, a partir del conflicto mundial de 1914, vio alinearse a millones de hombres en los frentes de varios continentes. Durante años y años, y en una condición humana radicalmente diversa del vivir civil: aquella guerra de masas en el fango de las trincheras que pronto fue dilatándose hasta atrapar al conjunto de las naciones, las ciudades lejanísimas del frente, la vida de los desarmados, las mujeres y los niños. En suma, la guerra de masas. La guerra mundial como la llamábamos.

Hoy las obligaciones prevalentes, el núcleo central de la acción bélica parecen nuevamente confiados a los soldados de oficio: a ciudadanos y ciudadanas que aceptan (o incluso piden) ser llamados a practicar la ciencia de la guerra, con sus tecnologías refinadas y sus riesgos de muerte. El matar colectivo, en nombre del poder público, vuelve a ser una tarea noble y ambicionada, bajo el aspecto de las retribuciones, del rango social y del reconocimiento público. Y la existencia de estos cuerpos especializados en el matar, en nombre de la comunidad pública, aparece como una nueva división de responsabilidades que permite a los civiles garantías de protección y sabiduría especializada para dedicarse (digámoslo de ese modo) serenamente al objetivo de la paz. Así, el soldado Ryan (¿recordáis la famosa película?) puede quedarse tranquilamente en su ciudad, ya que un adecuado "ejército de oficio" echa sobre sus espaldas el cruento y "nuevamente" noble oficio de la guerra.

De ahí que se podría pensar que esta revalorización de las armas y su relanzamiento como nervio y recurso central de la política se apoyen sobre operaciones de desagravio de masas de civiles y sobre eso de la lejanía (de su horizonte) del peligro a una vuelta de las pruebas terribles vividas en dos trágicas guerras mundiales (y aún, otra más). Y se puede pensar que Bin Laden y la feroz masacre de las Torres Gemelas (intencionadamente y con una espectacular audacia) han querido e intentado volver a lanzar al horno de la guerra de masas a "los civiles" del enemigo americano para sembrar en su ánimo nuevamente el espanto de la guerra, el miedo de masas de las masacres de masas. ¿Fue ese el feroz reto? No lo sé. Sé que los terribles acontecimientos a los que me he referido y el hecho de que nosotros queramos atrapar los acontecimientos reabren ásperas preguntas sobre el sentido y las formas que asume la política cuando se abre el Tercer Milenio y en la época de la globalización: un momento en que el capitalismo (desagregados a escala planetaria los momentos del producir y del consumir) vuelve a desorientar y dividir las nuevas subjetividades sociales que, en el curso del trágico "Novecento" habían puesto en discusión sus poderes y parámetros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, de esta victoria no brotan ni la primavera del Tercer Milenio ni la calma de una estación segura de sus reglas íntimas. Retorna también sobre el trono, con arrogancia (y con una duda interior) la ciencia del matar; y vuelve, además, incluso sobre aquel vértice del mundo occidental donde (tras la trágica derrota de los "rojos") parecía que florecería una calma sabiduría irrefutable.

Entonces, en aquel 1936, el fragor de las armas sobre vuestra tierra y la masacre de Guernica cambiaron mi existencia, metiéndome dentro del conflicto. No pensaba, nunca lo habría pensado que habiendo tenido la fortuna de vivir casi un siglo, habría tenido finalmente que volver a la pregunta elemental sobre el derecho y sobre la forma del matar colectivo a nuestros semejantes; y que ese arte viniera hoy presentado, incluso, como instrumento de "educación" del mundo, de sabia "prevención".

Intervención de Pietro Ingrao en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona en su nombramiento como doctor Honoris causa el 4 de octubre de 2002

La traducción del italiano es de José Luis López Bulla.

Con Luis García Montero

Joaquín Aparicio Tovar

Hace un año era poco pensable que podríamos estar tocando con nuestras manos en este año electoral un cambio en el panorama político y social. Que ese cambio se llegue a producir está por ver. Los vicios de una vieja politiquería, que tanto daño han hecho a una venerable organización como Izquierda Unida, presente en todas las luchas sociales de estos funestos años, no se destierran de un día para otro, como estamos viendo en la Comunidad de Madrid.

Pero el anhelo de verdadero cambio ha prendido en una gran parte de la ciudadanía y trae, a pesar de los pesares, una fresca brisa de esperanza. Las cosas, en efecto, no están hoy igual que hace un año. Sin duda hay muchas personas de gran honestidad que con su esfuerzo están empeñadas en la recuperación de los derechos expoliados, trabajando por la construcción de un mundo en el que el estado de derecho, la igualdad, la fraternidad dejen se ser palabras corrompidas sin otro contenido que el de armas arrojadizas para reprimir a aquellos que, precisamente, las reivindican en su recto sentido. Luís García Montero es una de esas personas que merece ser destacada por haber dado el paso de aceptar su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid en medio de las turbulencias de Izquierda Unida. No debe haber sido cómodo tomar esa decisión que muchos entendemos llena de generosidad. Con sus intervenciones regulares en medios de comunicación, con sus ensayos y su poesía desde hace tiempo viene luchando por un espacio público en el que los ciudadanos tengan en sus manos su propio destino en “un tiempo de barbarie naturalizada” en el que quienes “procuran cumplir con las leyes de la razón son vistos como extraños”. Frente a las segregadoras e insultantes desigualdades, el aumento de los privilegios y el embrutecimiento colectivo ha dado el paso de entrar en la confrontación de la arena política para hacer valer, también por ese medio, el respeto que merecemos “por aquello que compartimos con todos los demás, no por aquello que nos diferencia ¿sabe usted con quién está hablando? Con un simple ciudadano”[1].

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[1] Las frases entrecomilladas están tomadas de su libro Inquietudes bárbaras, Anagrama, Barcelona, 2008. 

LO QUE NO VALE PARA ALEMANIA TAMPOCO VALE PARA GRECIA. ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA

Las respuestas a la crisis de 2008 no discurrieron por la exigencia de responsabilidades a los causantes de la misma y por medidas que, analizadas sus causas, las eliminaran.  Altas autoridades del Banco de España, por ejemplo, vinieron a decir que la búsqueda de responsables estaba fuera de lugar. Impunes de sus fechorías la oligarquía financiera transnacional ha pasado al ataque para configurar un mundo en el que su poder económico aumenta, el valor del trabajo se degrada cada vez más y la mayoría de los ciudadanos, en consecuencia, se empobrece y tiene menos derechos. Es decir, se está degradando la democracia que tantas luchas y esfuerzos ha costado. Una auténtica regresión histórica que obliga, de nuevo, a la acción, a la lucha de los de abajo (la inmensa mayoría) contra los de arriba, dado que estos han sido los que con saña han empezado ahora tan brutal la agresión.  El pueblo griego ya ha empezado y ha puesto al descubierto el profundo autoritarismo de la Comisión Europea y de los dirigentes de los Estados de la moneda única, liderados por los de Alemania.

W. Schäuble, el ministro de Finanzas de Alemania, no para de proferir insultos y amenazas al nuevo gobierno griego, al que ha tildado de irresponsable, pero se encuentra en un atolladero. El pueblo griego ha dado un mandato al Gobierno de Syriza para que corrija las desastrosas políticas que, impuestas por la troika, han empobrecido Grecia. Es decir, el titular de la soberanía ha dado un mandado muy claro a sus representantes políticos y ante él están respondiendo. Nada pues de irresponsabilidad. Frente a este incuestionable hecho Schäuble, aunque no lo explicita, no puede evitar reconocer que las elecciones son una de las maneras de expresión de la democracia cuyos resultados no se pueden ignorar, como pretende. Frente a tan incontestable hecho, y para neutralizar su potencia, ha afirmado que también deben respetarse otras elecciones que se han hecho en los distintos países de la Unión monetaria y, por lo tanto, el Gobierno griego debe seguir con las “reformas”. Conviene destacar por su crueldad algunas de ellas como son la privatización de todo lo que queda de público como ferrocarriles, aeropuertos, edificios públicos, hospitales, etc…Como ha dicho Lettieri,  todo “un programa de rapiña en beneficio de las oligarquías privadas griegas e internacionales, como sucedió en los países de la vieja economía comunista tras el colapso de la Unión Soviética”, y, en segundo lugar, desregular las relaciones laborales dando más poder al empresario acabando con la negociación colectiva sectorial, facilitar el despido libre, bajadas de salarios…Todo esto nos suena mucho a los españoles. Pero la máxima crueldad se aprecia cuando piden que se revisen o eliminen las medidas sociales de choque contra la pobreza en la que más de un 30 por ciento de la población ha caído, como la subida del salario mínimo, los comedores escolares gratuitos, las ayudas para pagar la electricidad en los hogares sin recursos, la recuperación de la asistencia sanitaria para los excluidos de ella, la recuperación de pagas extra de las pensiones eliminadas con anterioridad. En resumen, la Comisión Europea y el eurogrupo están tratando de imponer  el desmantelamiento del Estado social reconocido en la Constitución griega y  para ello apelan a que Grecia está en una Unión con otros socios cuyas reglas debe respetar. Pues bien, el halcón Schäuble debería recordar lo que su propio Tribunal Federal Constitucional dejó claro en su sentencia de 30 de junio de 2009, en la que revisó la compatibilidad con su Constitución de la ley por la que Alemania ratificó el Tratado de Lisboa.

En aquella sentencia el Tribunal venía a decir que mientras no exista un pueblo europeo titular de la soberanía de una hipotética Federación Europea, ésta reside en cada uno de los pueblos organizados en los Estados miembros y por ello, la integración europea, construida mediante la atribución de competencias soberanas de los Estados, no puede realizarse de manera tal que impida a éstos retener las facultades suficientes para la formación política de las circunstancias sociales, culturales y económicas de la vida. La Unión Europea no puede deteriorar el sistema jurídico democrático de Alemania alterando las estructuras esenciales de sus sistema constitucional como son las establecidas en el art. 1 de la Constitución, que reconoce la protección de la dignidad humana y la vinculación del poder a los derechos fundamentales y en el 20, que declara que Alemania es un estado federal, democrático y social en el que el poder emana del pueblo y,  “contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen derecho de resistencia cuando no fuera posible otro recurso”. Son los pueblos de los Estados miembros los poseedores del poder constituyente y la Constitución alemana no permite que ninguno de los poderes del Estado disponga de los elementos esenciales de la misma. El Tribunal Federal Constitucional vigilará que tampoco la Unión Europea transgreda la identidad constitucional, que está protegida por una “garantía de eternidad” (incluso frente al legislativo nacional) en tanto el constituyente no diga otra cosa, hay que entender.

En una línea parecida se pronunció el Tribunal Constitucional español en la Declaración 1/2004 al establecer que en la atribución de competencias a la UE hay “límites materiales, no recogidos expresamente en el precepto constitucional, pero que implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esencial del propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras constitucionales básicas y del sistema valores y principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, en el que los derechos fundamentales adquieren sustantividad propia (art. 10.1 CE)”.  La consecuencia es clara, lo que no vale para Alemania (ni como se ve para España) no vale tampoco para Grecia, cuyos poderes públicos están obligados a respetar la dignidad de la persona que resulta del respeto de los derechos fundamentales y el Estado Social y Democrático de Derecho, de lo que no pueden abdicar por mucho que se lo pidan poderes de la Unión Europea, poderes que, sin duda, están actuando “ultra vires”. De la actuación bochornosa de nuestro Gobierno mejor guardar prudente silencio, la educación lo pide, como máximo habría que decir que el servilismo nunca ha dado buenos resultados.

Para hacer ver estas cosas ¿No sería hora de plantearse la convocatoria de manifestaciones ante las embajadas Alemanas en toda Europa para salvar a los trabajadores alemanes y europeos de la rapacidad de los poderes financieros? 

REVERTIR LAS REFORMAS QUE HAN DEGRADADO EL VALOR DEL TRABAJO Y LA DEMOCRACIA

           Desde 1980, en que se promulgó, el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido, salvo error,  52 reformas. La inmensa mayoría de las mismas ha ido en el camino de “flexibilizar” las relaciones de trabajo mediante la progresiva degradación de lo que constituye el núcleo del Derecho del Trabajo, es decir, las garantías que protegen a la persona que trabaja para preservar un cierto grado de su dignidad. Casi siempre la justificación de tal degradación ha sido la necesidad de luchar contra el desempleo, con lo que de modo implícito o explicito se da por asumido que la existencia de tales garantías son un freno a la creación de empleo. Los mentores de estas “reformas” vienen a decir que aumentando los poderes unilaterales del empresario aumentará el empleo. Que la realidad haya negado de modo contundente la veracidad de ese razonamiento no ha impedido que de pertinaz manera se haya insistido en la misma línea. El Derecho del Trabajo ha sido sometido a una degradación progresiva para convertirlo en un epifenómeno de una espuria política de empleo cuyo evidente fracaso, ¡que sarcasmo!, se trata de justificar por la insuficiencia de las “reformas”, que si no han funcionado es porque la degradación de derechos de los trabajadores no ha sido suficiente.  “Más madera”, piden los asilvestrados líderes de la patronal y otros talibanes del dogma neoliberal que ocupan relevantes puestos en la UE y otros organismos internacionales, como en aquella película de los hermanos Marx en que el propio tren en el que viajaban acabó consumido, una metáfora coherente con su pretensión de enterrar al Estado Social y Democrático de Derecho, aquel que según el presidente del Banco Central Europeo ha muerto. Es una lucha iniciada hace algo más de 30 años años por las élites oligárquicas contra la inmensa mayoría de la ciudadanía que ahora se ha radicalizado. No son respuestas a la “crisis”, es el intento de establecer un nuevo orden político, social y económico que consagre y aumente la desigualdad y limite los derechos políticos. Es decir, la degradación de la democracia.

               Para que esa operación se consume es necesario imponer por diversos medios (el miedo es uno de los más eficaces) la resignación de la ciudadanía, la aceptación de que no hay alternativas. Una manifestación de esa resignación es dar por hecho que no hay vuelta atrás en los recortes de derechos de los trabajadores, que cada reforma laboral es un giro de tuerca más en la misma dirección sin posibilidad de reversión.

                  Pero ahora las cosas están cambiando, desde las reformas de 2010 y de 2011 la agresión es tan radical que no cabe sino una respuesta amplia restauradora de derechos. En la esfera de Parapanda, Jose Luís López Bulla, ante unas afirmaciones del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en las que prometía la derogación de la reforma laboral del PP, recordaba que Gramsci dejó escrito: «El movimiento histórico nunca vuelve atrás y no existen restauraciones in toto», de lo que deducía que  de lo que se trata entonces no es de restaurar, sino de reconstruir (http://lopezbulla.com.es/2014_08_01_archive.html), por eso pedía leer la letra pequeña de esa promesa, que, en todo, caso bienvenida sea.  

              En 2010 los sindicatos confederales presentaron una iniciativa legislativa popular sobre los aspectos más importantes de la relación de trabajo que no fue tenida en cuenta por la mayoría parlamentaria de entonces y mucho menos por la actual. Tal vez se haya echado de menos un proyecto sindical de “máximos” que armase la respuesta ideológica a las brutales agresiones que los trabajadores están sufriendo. Ahora el grupo parlamentario Izquierda Plural, el 7 de octubre de 2014, ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición no ley para promover el derecho al trabajo digno. A través de 50 propuestas ya podemos ver la letra pequeña de aquella tan necesaria reconstrucción. Tales propuestas se refieren a lo que es la esencia del Derecho del Trabajo como el acceso al empleo; a los “ejes transversales de la relación de trabajo”, en donde se pone especial énfasis en el derecho a la igualdad y no discriminación y auténtica conciliación de vida laboral y profesional; a la formación profesional y los contratos formativos; a la causalidad en el contrato de trabajo; a una  nueva regulación del contrato a tiempo parcial; a la contratación temporal, la clasificación y la movilidad profesional; al salario y sus garantías; a la flexibilidad interna negociada; a  la externalización productiva; al despido , en donde entre otras muchas medidas se propone que la opción por la readmisión o la indemnización en los despidos declarados improcedentes corresponda al trabajador y, finalmente y como no podía ser de otro modo,  a un conjunto de propuestas protectoras de la libertad sindical, la autonomía colectiva y la eficacia de los convenios colectivos.

                El día 24 de octubre, en la sala Clara Campoamor del  Congreso de los Diputados, se organizó un acto público sobre esta propuesta que fue presentado por Jose Luís Centella y en el que intervinieron Paloma López y Ernest Urtasun, del Parlamento Europeo, Joan Coscubiela, del Congreso de los Diputados, Ignacio Fernandez Toxo, Secretario General de CCOO, y Toni Ferrer, Secretario de Acción Sindical de UGT. El acto fue clausurado por Cayo Lara, Presidente del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural. De este acto se da una más extensa referencia el blog hermano Según Antonio Baylos http://baylos.blogspot.com.es), lo que excusa que aquí se insista en su noticia.

               Muchas señales indican que un nuevo ciclo se ha abierto y que a esa continua degradación de derechos de los trabajadores en breve se le podrá aplicar aquella frase de la canción de Carlos Puebla “y llegó el comandante y mandó parar”, siendo el comandante el movimiento sindical, los nuevos movimientos sociales y una nueva mayoría política reconstructora de la democracia y los derechos sociales.

UMBERTO ROMAGNOLI ANALIZA LA REFORMA LABORAL ESPAÑOLA

Una historiografía muy asentada atribuye al derecho del trabajo un rol de pedagogía de masas, sosteniendo, no sin razón, que habría educado a multitud de artesanos desplazados por la irrupción de la gran manufactura y a campesinos no del todo campesinos, en la idea que la cosa más conveniente que se pudiera hacer sería la de no secundar el sentimiento de justicia ofendido por las formas de dependencia impuestas por el capitalismo moderno en  los lugares de producción extraños a los esquemas cognitivos sedimentados en la memoria colectiva de las generaciones precedentes. Al contrario, convenía inventarse el modo de prepararse para luchar contra la desigualdad ridiculizada por George Orwell : respecto de su subordinado, el empleador es “más” igual. Sea en el momento en el que estipula el contrato o bien en la fase de ejecución de la relación que deriva de éste. Por ello el horizonte de sentido en el que se ha desarrollado el derecho del trabajo del siglo XX estaba marcado por la aceptación compartida de una exigencia propia de los países más prósperos y lustrosos protagonistas de la revolución industrial: la de atenuar los efectos de la asimetría estructural que está en el origen de una supremacía de hecho enemiga del principio de igualdad tan querido por la cultura jurídica (no solo) liberal-democrática. Hoy, sin embargo, los neoliberales no pueden oír hablar de ello sin que les acometan mareos. En efecto, aun glorificando la autonomía negocial de los individuos como símbolo y a su vez vehículo de libertad, querrían persuadirnos de que el retorno a un decisionismo empresarial lo menos condicionado posible, y por consiguiente la negación de la contractualidad misma, acabará por beneficiar al propio trabajador.

“Esta – escriben los autores del preámbulo de una importante ley española del 2012 – es una reforma en la que ganan todos porque se propone satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos”.

Entonces será por eso que concede al empleador la posibilidad de administrar unilateralmente la relación laboral dando por supuesto, aunque de forma púdicamente velada,  que el contrato sólo vincula al trabajador subordinado, y de adaptar sus cláusulas a la situación de la empresa. En efecto, el empresario tiene la facultad de introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo contractualmente no previstas ni previsibles en el momento constitutivo del contrato. Lo que cuenta es que sean útiles para preservar o aumentar la productividad empresarial y sobre todo que sean decididas por él.

Las decisiones pueden ser adoptadas en una cantidad de materias enunciadas de forma aproximativa por la ley. Desde los sistemas retributivos a la movilidad funcional y geográfica, o la distribución de la jornada laboral. Es cierto que el interesado puede impugnar la decisión y el magistrado ordenar la restitución de la condición injustificadamente cambiada por iniciativa de la contraparte. Pero se puede apostar con seguridad que el trabajador no manifestará nunca su disenso. Ni en la forma de demanda al juzgado, porque los despidos por causas empresariales son facilitados por reglas más permisivas que las señaladas, ni en la forma de dimisión, desincentivada maliciosamente por una indemnización por cese de contrato significativamente inferior a la prevista como indemnización por despido improcedente (20 días de salario en vez de 33, por año de antigüedad).

Si la decisión tiene carácter individual, su ejecutividad se subordina a la previa comunicación al trabajador directamente interesado; si tiene carácter colectivo, para ser ejecutiva, debe ser precedida de un período de consultas con la representación sindical legalmente existente o, si no existe ésta como sucede a menudo en las pequeñas empresas, con una representación ad hoc formada por tres trabajadores “democráticamente elegidos” (¿?) por la plantilla o designados por los sindicatos más representativos, aunque en todo caso y en ausencia de acuerdo, la decisión empresarial producirá los efectos queridos. No parece que la praxis de las modificaciones colectivas con acuerdo pueda difundirse y generalizarse. De hecho, el acuerdo alcanzado equivale a una presunción iuris et de iure de la causa que justifica la modificación, de manera que viene así consolidada.

Es decir que cándido como una paloma y astuto como una serpiente,  el legislador español ha trazado un modelo que no pone límites al dominio de las razones económicas, técnicas, organizativas y productivas evocadas a cada momento, con la reiteración de un mantra. No se ha dado cuenta que con ello ha acabado por decretar la muerte del contrato que instituye la relación de trabajo. A la postre, no hay contrato que se exima del riesgo de circunstancias sobrevenidas que,  siendo diferentes del acontecimiento que haga imposible su cumplimiento, son sin embargo incompatibles con la representación de la realidad que el contratante se ha hecho en el momento en el que ha pactado sus obligaciones. Si bien, a la pregunta “¿quién soporta el riesgo de que la ejecución del contrato de trabajo no se corresponda con las expectativas de éste?” el legislador español responde confiándose por completo a la autodeterminación del empleador. He aquí por qué, en presencia de un corpus de reglas especiales que, como las descritas, se plasman en el principio de la irresistibilidad de las exigencias objetivas de la empresa interpretadas discrecionalmente por el empresario, no se puede sino echar de menos el equilibrio de la tutela que ofrece el derecho común de los contratos. Como hacen todos los Códigos civiles de los distintos países, también el que está vigente en España prohíbe que el aleas contractual se desplace de una de las partes del contrato a la otra, y dispone que el cumplimiento de los contratos no puede ser dejado al arbitrio de una de las partes del mismo.

Una posterior y vistosa excepción al derecho común consiste en la facultad de suspender la eficacia del contrato de trabajo o de reducir las horas trabajadas “mandando a la movilidad” diríamos los italianos, a los empleados en caso de restructuración técnico-organizativa o en casos de coyuntura negativa de mercado provocada por “pérdidas actuales” o incluso meramente “previstas”, con el consenso colectivo – si se alcanza – y en todo caso sin autorización administrativa. La decisión empresarial es objeto de consultas y de un eventual acuerdo colectivo con una representación sindical (también con la “ad hoc”) blindado por ser ininpugnable salvo que esté viciado de fraude o dolo. En su defecto, se notificará a la autoridad pública competente que, a su vez, la comunicará al ente encargado de reconocer la prestación.

Por otra parte la autonomía negocial no solo es despedazada cuando se expresa a nivel individual. Tampoco la autonomía negocial colectiva goza de respeto alguno. Más aún, su despertar tras el largo sueño franquista ha sido turbado por una irrupción comparable a la que realiza el art. 8 de la ley italiana del 2011, pero aún más devastadora (si ello fuera posible).

En efecto, el legislador no se limita a celebrar la apología de la negociación colectiva de proximidad. Tras haber promovido la derogabilidad del convenio colectivo de ámbito superior por parte de la negociación de empresa, que podrá concluirse “en cualquier momento” incluso en ausencia de cláusulas de reenvío en gran número de materias, se regula cuidadosamente la iniciativa empresarial (motivada con las mismas razones que justifican los despidos colectivos) para desaplicar el convenio colectivo en cuya esfera de eficacia entra la empresa al borde de una crisis, aunque esta solamente se presuma. Un nuevo acuerdo volverá a determinar las condiciones de trabajo tras un “período de consultas”. Si no se llega a un acuerdo, las condiciones de trabajo serán fijadas por un laudo pronunciado por un arbitraje obligatorio. ¡Ah, qué no se haría para procurarse la confianza de los mercados!. Si los estados deudores de la UE fueran a la escuela, no habría ninguna duda: el primero de la clase sería España.

El complejo mecanismo que desarticula a los sindicatos a los que se pide que negocien colectivamente aun sabiendo que podría ser un tiempo desperdiciado,  tiene las propiedades de las “reformas estructurales” en la acepción que muestra Wolfgang Streeck: también éste se encuentra pre-ordenado a la finalidad de eludir, marginar y eliminar a los sujetos “de cualquier orden y grado” esto es, in primis,al sindicato, que se oponen a las dinámicas del mercado. Con toda seguridad, el corpulento mecanismo normativo tiene un olor fuerte de inconstitucionalidad, y de hecho impresiona negativamente el confuso razonamiento del Tribunal Constitucional español que, constituido en amplísima medida por magistrados designados por la derecha parlamentaria, ha rechazado los primeros recursos de inconstitucionalidad de la reforma laboral con la impasibilidad del testigo que ve como apalean a un perro que se está ahogando.

En cualquier caso, no me atrevo a hipotizar que incluso esta problemática solución de la reforma española represente una innovación capaz de producir un efecto – imitación en un país como Italia donde los mass media son tan indulgentes (o desinformados) al punto de alabar de manera desmesurada “el modelo español”. Sólo se que la reforma  gusta en primer lugar porque enfatiza la idea de que el despido por motivos inherentes a las exigencias empresariales no es valorado como una extrema ratio a la que se puede recurrir sólo en circunstancias de especial gravedad, sino como una modalidad de gestión ordinaria de la empresa. Gusta también porque reduce de forma significativa el coste de la extinción del contrato de trabajo que haya sido desautorizada por improcedente ante el control judicial. Ahora el coste se aproxima a la media europea. En vez de 45 días por año de servicio, con un máximo de 42 mensualidades, ahora son 33 días con un tope de 24 meses.

Se comprende por tanto por qué los duelistas del debate que se ha vuelto a abrir  sobre el art. 18 del Estatuto de los Trabajadores italiano reformado por la ley Formero-Monti del 2012 insisten sobre las reglas apenas apuntadas. El caso es que también en Italia tiene éxito la opinión según la cual la recuperación de la economía no puede sino suponer un retroceso de la legalidad en los lugares de trabajo  de la que la readmisión del trabajador injustamente despedido es precisamente parte integrante. Más aún, es su columna central. Tanto lo es que en la enorme área productiva de la que está ausente, la cotidianeidad de la relación laboral se caracteriza por la suspensión de hecho de la tutela legal, porque frente al riesgo de perder fácilmente el puesto de trabajo quien lo ocupa está dispuesto a considerar como un mal menor el sacrificio de todos (o casi) sus otros derechos. Por lo tanto, al arrebatar cualquier legitimidad a la pretensión del empleador de comportarse como señor absoluto del puesto de trabajo, la readmisión constituye la consecuencia más incisiva de la posición que rechaza asignar sistemáticamente prioridad a las exigencias empresariales sobre el interés del empleado a la continuidad de la relación. Pese al énfasis mostrado por el legislador español  su objetividad no es un a priori científico sino el resultado de un cálculo de conveniencia y en consecuencia un juicio sobre la calidad de los intereses en conflicto. Un juicio que, por definición, no es neutral si puede pronunciarlo sólo uno de los interesados. Éste tiene que atribuirse a un sujeto imparcial. Como por definición, lo es el juez, con o sin toga.

JULIO SANGRIENTO. TODOS CON PALESTINA

Joaquín Aparicio Tovar

El final de este mes me julio de 2014 esta resultado de lo más penoso. Por López Bulla  tuvimos la triste noticia de la segunda muerte de Gramsci por medio del cierre de L’Unitá, el diario que fundara hace 90 años. Los escándalos de corrupción nos anonadan en un momento en que las vacaciones anestesian las conciencias y el PP sigue con sus tropelías, entre las que no es menor la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el desmantelamiento del Derecho del Trabajo. Pero sobre todo ello cae encima de toda la humanidad la vergüenza de lo que no cabe sino calificar como genocidio del Estado de Israel sobre la población de Gaza. ¿Cómo es posible que una vez más no se pueda impedir que el ejército de Israel masacre niños, destruya domicilios y escuelas, incluso de la ONU, bombardee la única central eléctrica de Gaza, destruya, en fin, hospitales?

Criticar al Estado de Israel no es hacer un ejercicio de antijudaismo. No. Muchos judíos son contrarios a las barbaridades que hace el ejército israelí. Ahí tenemos el ejemplo señero del gran maestro Barenboim, con nacionalidad argentina, israelita, española y honoraria palestina porque todavía Palestina no es un Estado. Precisamente si algo nos han enseñado grandes escritores judíos como Primo Levi, es que en nombre de la persecución de ciertos ideales, por muy aposentados que están en una comunidad, no se puede eliminar al disidente. Los nazis empezaron por los comunistas, siguieron por otros grupos como gitanos y la solución final contra los judíos. Hoy la excusa del terrorismo no puede justificar la masacre de la población palestina. El conflicto palestino-israelí es tan profundo y complejo que no puede abordarse desde unas breves líneas como estas, ahora lo que se impone es la emoción, y la llamada al cese de los ataques y a la solidaridad.

Por eso se difunde aquí la petición desesperada que la ASOCIACIÓN MÉDICA HISPANO-PALESTINA ha hecho. Se necesita material y personal sanitario para atender a los miles de heridos que se están produciendo. También se pueden hacer donaciones dinerarias para comparar material. Los teléfonos de contacto son: Yamil Abu Saada 0034886494329; Ahmad Maaruf 0034607307065; Mohamed Amor 0034695836541 (Embajada de Palestina).  La cuenta bancaria a la que hacer donaciones es: Bankia IBAN: ES39 2038 1173 7860 00484825.

EL JARDÍN DE LOS DERECHOS. A propósito de la Sentencia de la Audiencia Nacional en el asunto del Parlament de Catalunya

Joaquín Aparicio Tovar

No es frecuente, aunque casos “haberlos hay los”, que los tribunales en sus sentencias hablen a los justiciables, esto es, al común de los mortales, con un lenguaje preciso, claro, elegante y a la vez con excelente rigor técnico. La Sentencia de 7 de julio de la Audiencia Nacional sobre el asunto de las manifestaciones en torno al Parlament de Catalunya lo ha hecho de manera excepcional. En su fallo absuelve a la gran mayoría de los imputados de los delitos de los que estaban acusados. Los cuidados comentarios que ya se han hecho, como el de Antonio Baylos[1], al que es obligado remitirse, excusan volver a insistir en algunos de sus aspectos. A lo que aquí conviene basta señalar que en la sentencia se pueden destacar dos partes, tan elaborada una como la otra. En la primera se hace un pormenorizado análisis de la prueba que trae como consecuencia la anulación de las pruebas incriminatorias para la casi totalidad de los acusados. En la otra se hace una magnífica reflexión sobre los derechos fundamentales de manifestación y libertad de expresión dentro del orden constitucional en una sociedad democrática, que tiene entre sus valores superiores al pluralismo político, la libertad, la igualdad y la justicia. Ambas partes están íntimamente ligadas.

Era previsible que la derecha española, cada vez más montaraz, y su jauría mediática saliese en tromba contra el fallo absolutorio, pero llama la atención que un otrora prestigioso diario, hoy sedicente “diario global”, haya caído hasta casi el insulto (“delirante”) para pasar a la amenaza de sainete (“por ahí no se puede pasar”). Cabe preguntarse sobre las covachuelas en las que se destilan tales delirios de grandeza y donde salen esos poderes de pontificar en términos tan groseros que tal diario se autoatribuye. También es llamativo que en apoyo de sus descalificaciones haya seleccionado opiniones de reputados juristas, entre ellas la del prestigioso fiscal Mena quien, con una mentalidad que podríamos decir burocrática, viene a decir que, una vez comprobada la inconsistencia de la prueba, no tiene ningún sentido que el ponente se haya metido “en ese jardín”, es decir, en el razonamiento sobre los derechos. 

Las democracias representativas, en general, tienen el gran problema, como ya señaló Bobbio, de que son poco representativas y por ello es necesario que los procesos de toma de decisiones mejoren los canales de representación si se tiene algún respeto al  principio democrático. La concertación social, por ejemplo, ha sido uno de ellos en Europa. En España ese problema es todavía más agudo porque  en la Constitución los mecanismos de participación popular, a diferencia de otros países europeos, están en la práctica cegados. La iniciativa legislativa popular queda en manos de la mayoría parlamentaria y no existe el referéndum vinculante sobre materias concretas que puedan preocupar a la ciudadanía, como fue el caso del agua en Italia en donde un referéndum prohibió su privatización.  A ello hay que sumar que las malas prácticas de los partidos mayoritarios, y una turbia campaña de los medios de comunicación dominantes, han dado lugar a un creciente alejamiento de los ciudadanos de las instituciones políticas.

Pero junto a esas sombras nuestra Constitución también tiene luces. Los derechos son la luz de la Constitución, como dijera Capella. Una luz que ahora, con las políticas que se aplican con todo rigor, se está apagando y frente a ese estado de cosas es sano, en una sociedad democrática, que los ciudadanos se hagan oír. Para eso están los derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, que son, como el derecho de huelga, derechos de participación en la vida política. Derechos, por cierto, que también ahora  se pretende dejar reducidos a una pequeña candelita. Ahí están las manifestaciones del ministro Fernández, el de Interior, sobre la llamada Ley de Seguridad Ciudadana. Dejemos hablar a la sentencia: “La libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación, íntimamente vinculados como cauces de la democracia participativa, gozan de una posición preferente en el orden constitucional, por lo que han de ser objeto de una especial protección y necesitan “de un amplio espacio exento de coacción, lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez ni temor” (STc 110/2000, Fj 5) […] Cuando los cauces de expresión y de acceso al espacio público se encuentran controlados por medios de comunicación privados, cuando sectores de la sociedad tienen una gran dificultad para hacerse oír para intervenir en el debate político y social, resulta obligado admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta y a la crítica, como mecanismos de imprescindible contrapeso en una democracia que se sustenta sobre el pluralismo, valor esencial, y que promueve la libre igualdad de personas y grupos para que los derechos sean reales y efectivos, como enuncia la Constitución en su título preliminar.”

Este es el jardín al que nos quiere llevar la sentencia, el jardín de los derechos. El jardín ha sido visto en las culturas que han conformado nuestra civilización como un lugar utópico unido a la idea de paraíso. El Jardín era el nombre que Epicuro eligió para la escuela que fundó en unos tiempos, como estos, de crisis, de crisis total de la polis. Allí, como nos dice E. Lledó, “Epicuro había hecho frente a uno de los ejes sobre el que tantas veces gira la ideología del poder, y que deja al descubierto ese dualismo que permite practicar lo contrario de lo que, en teoría, defiende”. Por eso fue atacado y por algo muy parecido está siendo atacada esta sentencia por aquellos a los que se les llena la boca de la palabra constitución reducida a hueca retórica sin contenido. Esta sentencia está por el contrario llena de contenido y por eso debería ser leída en los lugares de trabajo, mercados, plazas, centros de enseñanza, tabernas y allí donde se junten más de cuatro personas para contribuir a que toda la ciudadanía entre en el jardín de los derechos para su goce, cada vez más reservado a una minoría privilegiada.

[1] http://baylos.blogspot.co.uk/2014/07/represion-penal-y-derecho-de.html